Erik Alejandro de Avila Gonzalez

Expediente 1624/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1624/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Erik Alejandro de Avila Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual acusa recibo del diverso 36691/2022, emitido por este órgano jurisdiccional, de veinte de diciembre del año próximo pasado, con el que se le remitió el original del juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes. Asimismo, informa que acepta la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avoca al conocimiento del asunto, mismo que fue radicado bajo el número 28/2023, de su registro. Por otra parte, solicita se le remita los informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables. En razón de lo anterior, como lo solicita la autoridad oficiante, se ordena remitir vía interconexión las constancias que obran agregadas en autos a fojas 53 a 79, consistentes en: 1.- Oficio 22719/2022, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devolvió parcialmente diligenciado el exhorto 277/2022, orden 439/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se ordenó notificar a la parte quejosa, así como, a las autoridades responsables el auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós. 2.- Informe de suspensión de plano rendido por la Jefa de Departamento Encargada de la Estancia Provisional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dependiente del Instituto Nacional de Migración. Sin necesidad de solicitar el acuse respectivo, toda vez que es generado por la misma vía. En otro orden de ideas, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. ARCHIVO.- Que de conformidad con el artículo 21, inciso j)1 del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 8.1.2. 102 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este cuaderno de antecedentes es DESTRUIBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un expediente en el que se declaró la incompetencia de este órgano jurisdiccional; además, a juicio del suscrito, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Bajo ese panorama, consérvese este expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años contado a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este cuaderno de antecedentes, y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del cuaderno de antecedentes, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 277/2022, orden 439/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se ordenó notificar a la parte quejosa, así como, a las autoridades responsables el auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós. Asimismo, del exhorto en cita, se advierte que el Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado, tuvo imposibilidad de entregar los oficios 36617/2022, 36619/2022, 36620/2022 y 36622/2022, dirigidos a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Chiapas, Jefe de Departamento de Servicios Operativos y Atención al Migrante adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas y Comandante de la Policía de Protección Federal adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, todos con sede en Tuxtla Gutiérrez, ante la inexistencia de las citadas autoridades, en tal virtud, toda vez que en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del asunto y remitió los autos al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para su conocimiento; en tal virtud, resérvese de acordar lo conducente y de la remisión de la constancia de cuenta, hasta en tanto, se tenga conocimiento a cuál órgano fue turnado. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y dese de baja la presente comunicación. Sin que sea necesario acusar recibo de estilo, en razón de que el mismo fue generado de forma automática. Por otro lado, se tiene por recibido el informe de suspensión de plano rendido por la Jefa de Departamento Encargada de la Estancia Provisional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dependiente del Instituto Nacional de Migración, ahora bien, por los motivos expuestos en párrafos que anteceden, resérvese de acordar lo conducente y de la remisión de dicho informe, hasta en tanto, se tenga conocimiento a cuál órgano fue turnado. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Sergio Alberto López Cruz, en favor de Erik Alejandro de Ávila González, contra actos de las siguientes autoridades: 1.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 2.- Subdirector de Área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 3.- Jefe de Departamento de Servicios Operativos y Atención al Migrante adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez; 4.- Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. 5.- Director de la Estación Migratoria Denominada Siglo XXI, con sede en Tuxtla Gutiérrez; y, 6.- Comandante de la Policía de Protección Federal adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Control electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1624/2022-II-B. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: *** Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." CONSIDERACIONES PREVIAS En virtud que la demanda fue presentada vía electrónica a través Oficialía de Correspondencia Común del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, sin firma autógrafa ni electrónica, este órgano jurisdiccional procede a atender los actos reclamados por ser de los prohibidos por los artículos 22 de la Constitución General de la República y 15 de la Ley de Amparo y en atención a lo dispuesto en el artículo 3º último párrafo del citado ordenamiento, y se reservará proveer lo que corresponda, respecto del diverso acto que hace consistir en la aprobación, emisión, promulgación y aplicación, del artículo 111 de la Ley de Migración, reclamado al Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ALOJAMIENTO PROLONGADO. Ahora, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención de la parte quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que los directos quejosos sean puestos en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe consistir necesariamente en que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, su detención debe ser excepcional. Además, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. De ese modo, si en el caso particular en el capítulo de hechos el promovente expone que el directo quejoso fue detenido por Agentes del Instituto Nacional de Migración el dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, y trasladado a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo cual consiste en la detención de migrantes en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal respecto del cual proceda conceder la suspensión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a Erik Alejandro de Ávila González, respecto de los actos reclamados consistentes en el aseguramiento, detención y privación de libertad, con motivo del alojamiento en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el efecto de que si, a la fecha, el directo agraviado tiene más de treinta y seis horas alojado o retenido en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, SEA PUESTO EN INMEDIATA LIBERTAD, debiendo las autoridades responsables dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Criterio similar asumió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, por resolución pronunciada en sesión extraordinaria de diez de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de queja 183/2022. SUSPENSIÓN DE PLANO ORDEN DE TRASLADO Ahora bien, resulta importante destacar que en el caso particular el promovente expone que "La orden de traslado expedida por las autoridades responsables para mover al quejoso a cualquier otra estación migratoria del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y/O CENTRO DE ASEGURAMIENTO DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN". Precisado lo anterior, es importante traer a colación los artículos 22 constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. ..." Ley de Amparo "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. ..." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En el caso particular, el juicio constitucional lo promovieron en representación del directo quejoso, en el que señaló como acto reclamado destacado, el siguiente: la posible orden de traslado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a otra Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, sin embargo, es inconcuso que deviene improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano sobre dicho acto. Al respecto, las supuestas consecuencias que de dichos actos emanan revisten la característica de ser futuros e inciertos, contra los cuales, es improcedente conceder la medida cautelar, pues al respecto depende de la autoridad migratoria, en ejercicio de sus facultades legales, para determinar si ha lugar o no a la orden de traslado; además, no hay certeza sobre su inminente concretización, dado que las manifestaciones del promovente son los únicos datos con los que se cuenta para pronunciarse sobre la medida suspensional. En relación con la naturaleza de los actos reclamados, por regla general, sólo los actos futuros de inminente realización, y no los futuros e inciertos, son susceptibles de ser suspendidos, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutará en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa de la parte quejosa o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. Apoya lo expuesto, la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 571, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que comparte este tribunal, que dice: "SUSPENSIÓN, PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS INMINENTES, NO ASÍ EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Los actos Futuros de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de servir como materia a la medida cautelar; sólo procede ésta si se tiene certidumbre acerca de su realización por tratarse de actos inminentes." SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO RESPECTO DE LA INCOMUNICACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON FINES DE DEPORTACIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO. Respecto del acto reclamado consistente en la posible incomunicación, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a Erik Alejandro de Ávila González, para el efecto de que a la brevedad se le haga efectivo su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, tomando en cuenta que ello es un derecho fundamental vigente en nuestro país, asimismo, para que en lo inmediato se le permita tener contacto con sus representantes legales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 206, Décima época, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en el territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos; uno de ellos, cuya importancia resulta trascendental, es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país en el territorio en el que se encuentre. Así, en nuestro ordenamiento jurídico, dicho derecho está contenido en los artículos 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y 128, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), (1) de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", sostuvo que en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: 1) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2) todos aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano, lo que implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. En ese sentido, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en la Constitución Federal, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, por lo que es incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país." Así como la diversa tesis de jurisprudencia de la referida Primera Sala, con registro digital 2015594, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 204, del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. Del artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares derivan, para el extranjero detenido en territorio mexicano, los siguientes derechos: 1) las autoridades deben informar al extranjero que ha sido detenido, o que se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país, la información de dicho derecho debe ser inmediata y no puede demorarse bajo ninguna circunstancia; 2) el extranjero tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su respectivo consulado; 3) una vez que el extranjero decide que desea contactar a la oficina consular de su país, la autoridad debe informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención, comunicación que deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva; y, 4) la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, para que ésta le brinde a aquél una asistencia inmediata y efectiva. Ahora bien, este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben especificarse: a) la exigencia de asistencia consular en el proceso penal tiene especial proyección debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden afectarse; b) la asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, para evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero; y, c) la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural de éste. Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede concebirse como un mero requisito de forma, pues cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero suplir sus carencias, a través de los medios que el artículo 36 citado pone a su disposición, no sólo limita sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada." Y la diversa jurisprudencia de dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con registro digital 2015592, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 200, Décima Época, Materias Constitucional, Penal, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN. El derecho fundamental citado, contenido en el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. No obstante, su intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas, a saber: 1) de carácter humanitario, pues los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a sus familiares o a las personas de su confianza y se aseguran de que se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad, 2) de protección, ya que la presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos contra los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verán sometidos; y, 3) la relativa a una asistencia técnico jurídica, en virtud de que la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta. Así, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales." En consecuencia, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que el quejoso Erik Alejandro de Ávila González, no sea objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco de la privación de la libertad con fines de deportación fuera de procedimiento, para el efecto de que no se ejecute la orden de deportación de la parte quejosa, siempre y cuando dicho mandamiento se hubiere emitido fuera de procedimiento. Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata las autoridades responsables en términos del artículo 109 de la Ley de Migración les haga saber a la parte quejosa su derecho como presentado: ? Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrán tener acceso; ? Informarles el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que soliciten el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desean, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; pueden solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ? Tienen derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Lo anterior es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta, por tanto, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales. ? Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; Informarles su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Acceder a comunicación telefónica; Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre de la parte quejosa por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de la parte quejosa, deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, registro digital 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso los directos quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país de los extranjeros. Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le de trámite a la solicitud que plantea la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le den trámite a la solicitud que planteen los quejosos respecto de su situación migratoria. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que esté a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que gire las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. REQUERIMIENTO ESPECIAL Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentre notificada de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que ha dado a la medida cautelar concedida; asimismo, deberán informar si en su base de datos ESTUVO REGISTRADO EL QUEJOSO DESDE EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN hasta el momento en que rindan su informe de suspensión de plano; de igual forma deberán indicar a qué lugar fue reubicado, esto es, informar si de la citada base de datos de las estaciones migratorias de esta Entidad Federativa o bien de toda la República existe registro relativo al ingreso o reingreso del directo quejoso; así como la fecha exacta y motivo por el cual, en su caso, dicha parte hayan egresado. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, que arroja la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA POR EXHORTO URGENTE En consideración a que en el escrito de cuenta se advierte que la quejosa se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en consecuencia, con fundamento en el numeral 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto urgente al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al Actuario Judicial de su adscripción, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de que localice a la parte quejosa Erik Alejandro de Ávila González; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente:  Vocear o llamar a la directa quejosa, en el lugar respectivo;  Notificarle el presente auto;  Dar fe del estado físico en que se encuentra la parte quejosa.  Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad. Así también, se solicita al Actuario Judicial del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que por turno le corresponda la comunicación enviada, que entregue los oficios que a continuación se citan, notificando la presente suspensión de plano, de los cuales se deberán anexar a dicha comunicación, así como copia de la demanda de amparo, solicitando de la manera más atenta al Juzgado exhortado, los imprima tantas veces sea necesario, a fin de notificar los siguientes oficios a la autoridades: No Oficio Autoridad 36617/2022 TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 36618/2022 SUBDIRECTOR DE AREA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA SIGLO XXI, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 36619/2022 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS OPERATIVOS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ 36620/2022 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ 36621/2022 DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DENOMINADA SIGLO XXI, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ 36622/2022 COMANDANTE DE LA POLICÍA DE PROTECCIÓN FEDERAL ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉREZ De igual manera, en aras de tutelar el artículo 17 Constitucional, se faculta al referido actuario, de ser necesario, testar la denominación incorrecta, y colocar, a puño y letra, el nombre correcto de las citadas autoridades responsables a fin de notificarles lo antes referido, o a las autoridades donde sea localizado el directo quejoso. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al funcionario judicial que realice la diligencia, para que la lleve a cabo cumpliendo con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Hecho lo anterior, sírvase devolverla la brevedad posible, adjuntando la constancia de notificación que al efecto haya recabado. INCOMPETENCIA Sin que se estime necesario proveer sobre la admisión de la demanda, debido a que este juzgado considera que no es competente para conocer del juicio por las siguientes razones: Esto es así, partiendo de las reglas fundamentales que en materia de competencia prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: 1) será competente el juez de Distrito en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Las notas diferenciales de las reglas de competencia establecidas por el artículo en cita fueron precisadas por la Tercera Sala del alto tribunal jurisdiccional del país, en la tesis 3ª. XLIX/93, publicada en la página trece, Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que textualmente dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." De lo anterior, se advierte que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, a efecto de detener la ejecución, si el acto es de aquellos que por su naturaleza son susceptibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Esa finalidad ha quedado plasmada en diversas tesis de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, como la sustentada por la entonces Segunda Sala, publicada en la página ciento treinta y cuatro, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que literalmente dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución. Así como también, la tesis de la entonces Segunda Sala, publicada en la página setenta y tres, volúmenes 217-228, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que refiere: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Consecuentemente, se colige que es competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto; si son varios actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutarlo o si la responsable ejerce sus funciones en el lugar de la ejecución. En esa tesitura, debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, debido a que de esa manera el gobernado tiene un pronto acceso a la protección de sus derechos y porque la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio, aun ya concluido, al cumplimentar la sentencia; aunado a que para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. Como en la especie, los actos reclamados se hacen consistir sustancialmente en: ? La aprobación, emisión, promulgación y aplicación, del artículo 111 de la Ley de Migración. ? Detención o alojamiento prolongado por más de 36 horas. ? La incomunicación. ? La privación de la libertad con fines de deportación, expulsión y retorno a su país de origen, asimismo, fuera de procedimiento. La orden de traslado. En tales condiciones, es de concluir, indudablemente, que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de este asunto, puesto que son los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los que tienen jurisdicción en el territorio en que se quieren se ejecuten los actos reclamados por parte de las autoridades responsables: 1.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 2.- Subdirector de Área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 3.- Jefe de Departamento de Servicios Operativos y Atención al Migrante adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez; 4.- Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. 5.- Director de la Estación Migratoria Denominada Siglo XXI, con sede en Tuxtla Gutiérrez; y, 6.- Comandante de la Policía de Protección Federal adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Ello en razón que el promovente refiere que se encuentra alojado en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por tanto, con apoyo en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez que corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia y acusar el recibo correspondiente Sin que sea necesario formar el cuaderno de antecedentes respectivo, por la vía en que será remitido el presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramit es.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies1 y 263,2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas Y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre del año en curso, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; por exhorto a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano