Erik Alberto Flores Díaz
Expediente 995/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno
- Erik Alberto Flores Díaz
- Marco Antonio Robles Suarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las relativas a la notificación de las partes -autoridad responsable y tercera interesada, terceros interesados, quejoso y fiscal federal de la adscripción-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por la autoridad responsable y la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa y la representación social adscrita. El juez acuerda: Se tienen por hechas tales manifestaciones y por perdido el derecho a las demás partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Sotero Mendoza Córdova, en su carácter de defensor particular de ********************, contra el acto atribuido al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito depositado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el treinta siguiente, por razón de turno, a este juzgado de distrito, Sotero Mendoza Córdova, en su carácter de defensor particular de ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad precisada en el proemio de esta sentencia y por el acto reclamado que más adelante se precisará. Trámite. Mediante acuerdo de siete de julio de dos mil veintitrés, previo requerimiento de cuatro del citado mes y año, se admitió la citada demanda; se pidió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de esta adscripción, quien formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. El veinticinco de julio del presente año, se reconoció el carácter de terceros interesados a Marco Antonio Robles Suárez y Eligia García Miranda -padres de la víctima Saúl Adam Robles García- y al agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que así ocurrió. Audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto omisivo atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra en la jurisdicción territorial de este órgano judicial. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La omisión de vigilar que el imputado ******************** -durante la investigación complementaria y en la etapa intermedia- haya gozado de una defensa técnica adecuada. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, pues al rendir informe justificado si bien negó el acto específico que se le atribuye, lo cierto manifestaciones que evidencian su certeza, es decir, la existencia del proceso penal seguido contra el imputado, aquí quejoso.. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó dicho juzgador a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 836/2021, de su índice, así como el disco compacto que contiene audio y video de los antecedentes del acto reclamado; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: Mediante resolución de veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 836/2021, el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, libró orden de aprehensión contra ********************, por su posible participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado (premeditación, alevosía y ventaja), previsto y sancionado en los artículos 252, 253, fracción I, 258, 259, 260, 262 y 262 Bis, fracción III, del Código penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio del adolescente Saúl Adam Robles García. El cinco de septiembre de dos mil veintidós, se ejecutó la citada orden de captura, y se puso al imputado a disposición del juez de primer grado; asimismo, el seis de septiembre siguiente, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, en la que, a petición de aquél, se resolvió su situación jurídica y se le vinculó a proceso por su probable participación en la comisión del citado injusto; asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, acorde a lo señalado en el precepto 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Seguida la secuela procesal, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la investigación, por lo que se requirió a la representación social cumpliera con lo dispuesto en el precepto 324 del citado código; el nueve de febrero siguiente, se tuvo a la representación formulando acusación contra ********************, por el hecho señalado con antelación; se corrió traslado a la parte ofendida, al imputado y a su defensa. En la misma fecha, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia intermedia, la cual tuvo lugar el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la que se tuvo a la fiscalía formulando acusación en contra del directo quejoso y a la defensa del imputado contestado dicha acusación; asimismo, se dictó auto de apertura a juicio oral, en la cual, entre otras cuestiones, se admitieron las pruebas ofrecidas por la fiscalía, así como documentales y evidencia material-; la defensa y asesor jurídico particular, por su parte, no ofrecieron medios de prueba. Etapas las anteriores -complementaria en intermedia- en las que descansa el acto reclamado en esta vía constitucional. Finalmente, el veintinueve de mayo del año en curso, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate de juicio oral -sin que a la fecha, obre constancia de que se hubiere desahogado-; asimismo, el diecinueve de junio siguiente, se tuvo al imputado -directo quejoso-, designando como se defensor particular a Sotero Mendoza Córdova, cargo que aceptó y protestó el veintidós de junio de ese año. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la citada Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de "primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [...]" Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo será improcedente, cuando concurran los supuestos siguientes: El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado. No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, Haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese sentido, la característica de los juicios o de los procedimientos seguidos en forma de juicio, están integrados por diversas fases entrelazadas entre sí que guardan una concatenación lógica y que conllevan un objetivo final, que termina con la declaratoria respectiva. Atento a esta circunstancia, tanto el juicio como ciertos procedimientos que tienen esa forma, al conformarse por varias etapas, una vez que concluida cada una de ellas se hace imposible retrotraer las cosas al estado de la etapa anterior, es decir, cualquier violación ocurrida y que no fue debidamente impugnada o subsanada, no puede ser materia de un nuevo análisis, ya que queda irreparablemente consumada al pasar de una etapa a otra. Por ello, para la actualización de la causa en cita, es necesario que se trate de un mismo procedimiento lineal donde exista una concatenación entre sus etapas y que consumen de forma irreparable las posibles violaciones que se den en la anterior; de ahí que en procesos que se tramiten en forma independiente y autónoma, no puede existir tal vinculación. En el caso concreto, se señala como acto reclamado la omisión del juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, de vigilar que el imputado -directo quejoso- ******************** -durante la investigación complementaria y en la etapa intermedia- haya gozado de una defensa técnica adecuada. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de derechos, en específico las remitidas por el citado juez responsable, se advierte que en audiencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés se decretó la apertura del juicio oral y, en la misma data, se emitió la versión escrita; asimismo, que por oficio HER/US/04709/2023, se remitió la causa penal 836/2021, al tribunal de Enjuiciamiento, y el veintinueve de mayo del año en curso, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de debate de juicio oral. Por tanto, en el momento en que el juez de Enjuiciamiento recibió los autos, dio inicio formal y materialmente la etapa de juicio oral; formal, porque así lo dispone expresamente la propia norma jurídica y, material, porque es hasta ese momento -y no antes- cuando el tribunal de Enjuiciamiento llega a tener conocimiento del asunto al comenzar a fungir como autoridad rectora del procedimiento penal. Ahora, si el acto reclamado lo constituye la omisión del juez responsable de vigilar que el imputado ******************** -durante la investigación complementaria y en la etapa intermedia- haya gozado de una defensa técnica adecuada, dicha violación ya no puede analizarse en esta instancia constitucional, pues si bien ello aconteció durante etapas previas a la de juicio oral, lo cierto es que el proceso penal ya transitó a dicha fase, al momento en que el juez de Enjuiciamiento recibió los autos del proceso penal 836/2021; máxime si se toma en consideración que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de debate de juicio oral. Por tanto, la omisión reclamada ya no puede ser estudiada sin variar la nueva situación jurídica -etapa de juicio-, en la que, como se dijo, se inició formal y materialmente al recibir el juez de Enjuiciamiento los autos del proceso penal respectivo. Ello, se reitera, atento a que el proceso está constituido por diversas secciones o periodos, dedicados cada uno de ellos al desenvolvimiento de determinadas actividades, concluido cada periodo no es posible retroceder al anterior, es decir, es un conjunto de actos sistemáticamente regulados, que se cumplen en forma gradual, progresiva y concatenada, sucediéndose en diversos grados o etapas, en función de un orden preclusivo y ligados de manera tal que cada uno es, en principio, consecuencia del anterior y presupuesto del que le sigue. De ahí que resulte improcedente el estudio de la omisión reclamada, pues el proceso penal se encuentra en una etapa diversa. A mayor abundamiento, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios ha sostenido que dicho principio orienta al proceso penal en la lógica de cierre de etapas y oportunidad para alegar, esto es, se parte de la base de que cada una de las etapas procesales en las que se divide -investigación, intermedia y de juicio-, cumplan la función para la cual fueron diseñadas y, una vez agotada la primera, se avance a la siguiente, sin que exista la posibilidad de regresar a la anterior o reabrirla. Tales consideraciones están contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), que establece: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." En ese tenor, el juez de enjuiciamiento ya no puede retrotraer el proceso de la etapa del juicio oral a la etapa intermedia cuando esta última ya fue clausurada -al recibir los autos- pues de hacerlo así se violaría el principio constitucional de continuidad previsto en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho principio ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo, por lo que resulta evidente la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior; por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. Es ilustrativa a tales consideraciones, la tesis 1a. LI/2018 (10a.), de título: "PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE HACER VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA CORRESPONDIENTE." No se soslaya por este juzgador que el acto reclamado por el solicitante del amparo se hace consistir en una omisión acaecida en el proceso penal que se le sigue -adecuada defensa-; sin embargo, con la decisión adoptaba no se deja en estado de indefensión al directo quejoso ********************, ya que puede ser introducida como una violación procesal dentro de la etapa del juicio oral susceptible de ser analizada en amparo directo. Ello, acorde a las consideraciones contenidas en las tesis aisladas 1a. XXIV/2022 (11a.) y 1a.XXV/2022 (11a.), de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL QUE PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 173, APARTADO B, DE LA LEY DE AMPARO." y "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL. LA POSIBILIDAD DE ANALIZARLAS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE PONEN DE MANIFIESTO COMO CONSECUENCIA DEL DEBATE ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, NO CONSTITUYE UNA INTROMISIÓN EN EL ACTUAR DE LOS JUZGADORES QUE INTERVINIERON EN FASES ANTERIORES." Por último, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la defensa de la parte quejosa y la representación de la adscripción, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." V. Decisión En esa virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Sotero Mendoza Córdova, como defensor de ********************, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Incorporación de oficio. Glósese a los autos el oficio con anexo de cuenta que remitió la jefa de Causas y Atención Ciudadana del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acató el requerimiento emitido el treinta de octubre pasado, y al respecto, remitió constancias relativas a la causa penal de origen 836/2021. Pruebas. De conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Incorporación de oficio. Glósese a los autos el oficio de cuenta que remitió el juez Oral de lo Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa de recibo el oficio 18227/2023, por medio del cual se le informó que se concedió la suspensión definitiva en la presente incidencia. Asimismo, la responsable de mérito indicó el veinticuatro de marzo del presente año se dictó auto de apertura a juicio oral, el cual se remitió en la etapa intermedia y actualmente ya se encuentra pendiente la audiencia de juicio oral. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA LA PARTE TERCERO INTERESADA MARCO ANTONIO ROBLES SUÁREZ Y ELIGIA GARCÍA MIRANDA, EN SU CARÁCTER DE PADRES DE LA VICTIMA SAÚL ADAM ROBLES GARCÍA (FINADO), EL PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES (SE SEÑALA NUEVA FECHA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL)
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