Eridani Estrada Durán, En Representación S. B. E.
Expediente 763/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 763/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eridani Estrada Durán, En Representación S. B. E.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente para constancia. Devolución de documentos. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con dieciséis minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintidós (foja 65 vuelta), en audiencia pública de derecho, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Arturo Sánchez Analco, Secretario con quien actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la correspondiente al juicio de amparo 763/2021-VI, promovido por Eridani Estrada Durán, en representación de la niña S.B.E.; sin la asistencia de las partes ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo y anexos (fojas 2 a 21); Auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el que se admitió la demanda de amparo y se negó la suspensión de plano a la parte quejosa (fojas 22 a 36); La diligencia de vinculación al procedimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado (fojas 78 a 85); Proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo a la parte quejosa desistiéndose del presente juicio de amparo y se le requirió, para que al momento de la notificación del citado auto, o bien, en el plazo de tres días, se presentara ante este Juzgado, a fin de que ratificar el escrito por el que se desistía del juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría con la tramitación del presente juicio (fojas 44 y 45); Proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, en el que se le hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa decretado en el diverso de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno y se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo (foja 46); Todo lo anterior obra en autos. Por otro lado, se CERTIFICA: 1. Que las autoridades responsables [1] Secretaria de Salud Federal, [2] Subsecretario de Prevención y promoción de la Salud; y [3] Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, no rindieron sus informes justificados, no obstante de estar notificadas mediante oficios 23015/2021, 23016/2021 y 23017/2021 los cuales se encuentran notificados por estafeta el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. 2 Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 3. Que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos; con lo que se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. En relación con la falta de informe de las autoridades responsables, provéase lo que corresponda en el momento oportuno. Con lo que se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la quejosa con su demanda de amparo y las allegadas por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala (fojas 58 a 63). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza; sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario da cuenta que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: En virtud de que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DE LA AUDIENCIA. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y el Juez procede a dictar: S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 763/2021-VI, promovido por Eridani Estrada Durán, en representación de la niña S.B.E.; y, R E S U L T A N D O Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Eridani Estrada Durán, en representación de la niña S.B.E.; demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "[.] AUTORIDADES RESPONSABLES: -Tiene ese carácter las autoridades ordenadoras: A. Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud Federal, que autorizó la norma impugnada. (.) B. Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que reviso la norma impugnada. (.) C. Dr Ricardo Cortés Alcalá, Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, que elaboró la norma impugnada. (.) -Y las autoridades ejecutoras: A. Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud Federal, ya señalado también como autoridad ordenadora y a quien se atribuye el carácter de ejecutora bajo el siguiente orden de ideas: 1. Si bien de la norma impugnada se desprende que corresponderá la aplicación de la vacunación antiCOVID-19 al "Operativo Correcaminos", de la cual se señala como Coordinador General al presidente de la República y se señala la colaboración de 32 coordinadores estatales. 2. Sin embargo no se señala como responsable del cumplimiento al "Coordinador General", por que como obra en autos del Amparo Indirecto 86/2021 del Décimo Primer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, el departamento jurídico del Ejecutivo delega su representación en tema de vacunas a la Secretaria de Salud. 3. Así mismo, que los anexos donde se mencionan a dichos coordinadores estatales no presentan dirección alguna o datos que permitan su ubicación idónea, lo que da a pie a que no sean localizables, como obra en autos del Amparo Indirecto 510/2021 del Juzgado Primero del Estado de Hidalgo. 4. Otra, que con fundamento en el "ACUERDO por el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2021, artículo segundo, se tiene que la Secretaria de Salud, dirigirá a las brigadas especiales del acuerdo en comento, mismas brigadas que corresponden al Operativo Correcaminos. 5. Por lo que en el anterior orden de ideas, esta autoridad es competente para llevar acabo el cumplimiento de la medida suspensiónal, por si misma, o en ejercicio de sus facultades atribuidas por el Acuerdo anteriormente mencionado." "CAPITULO IV OMISIONES Y ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables se les reclama solidariamente: La norma denominada: POLITICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-Cov2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO. DOCUMENTO RECTOS Versión 6. Publicado a través del sitio web www.coronavirus.gob.mx., con fecha 28 de abril de 2021 (28/04/2021), con número de referencia PNRVC-04122020, elaborada por la autoridad señalada como responsable Dr Cortés Alcalá, revisada por la autoridad señalada como responsable Dr López Gatell Ramírez y autorizada por la autoridad señalada como responsable Dr Alcocer Varela, difundida a través del sitio web institucional mencionado. La Norma impugnada se localiza espáticamente a través del enlace https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/11May2021 PNVx COVID.pdf. y su objeto es definir la política nacional de vacunación contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa COVID-19. De la norma impugnada, como se desarrolla en los conceptos de violación correspondiente, se reclama concretamente; el privar al grupo etario de los menores de edad (supuesto en el que se encuentran mis representados) del acceso a la vacuna, en los términos de omisión legislativa, inconstitucional, inconvencional, y discriminación. El documento rector de vacunación es un documento técnico-normativo impugnable en amparo en calidad de norma y como tal, es susceptible de omisiones legislativas, las cuales se traducen en intransigencias que vulneran el derecho a la protección de la salud consagrado en el 4to constitucional para los suscritos, y que de igual manera debe someterse a un escrutinio profundo de los controles de convencionalidad al ser planteado por este juicio de amparo y de forma ex officio, toda vez que al impedir al menor de edad el acceso a la vacunación anticovid-19, las deja en estado de indefensión siendo susceptibles de presentar daños de imposible reparación en la salud, e incluso la vida, violando el principio de progresividad de los derechos humanos. De igual forma, esta misma exclusión injustificada de la norma, nos presupone en estado de discriminación." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente del amparo manifestó que se violaron en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1° segundo y tercer párrafo y 4° cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional registró la demanda de amparo con el número 763/2021, se negó la suspensión solicitada y se admitió a trámite la misma, por lo que pidió a las autoridades responsables su informe de la suspensión de oficio y plano y justificado, ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado carece de ejecución y la demanda de amparo se presentó dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en el artículo 2º y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, que considera es de imposible reparación. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y las constancias integrantes del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: De [1] Secretario de Salud Federal; [2] Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; [3] Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud: La omisión de aplicar a la niña de iniciales S.B.E., la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. La omisión de aplicar la vacuna correspondiente a dicha adolecente. Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Aunado a que, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el solicitante de la protección constitucional, y no únicamente a lo que en apariencia manifestó, en virtud de que sólo de esta manera se logra resolver de manera congruente entre lo pretendido y lo resuelto. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia P./J. 40/2000, siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como, en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Es inexistente el acto reclamado atribuido al [1] Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; y, [2] Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud. A efecto de verificar la inexistencia de la negativa reclamada a las autoridades responsables señaladas con antelación, debe indicarse que, en principio, resulta necesario precisar que en el presente juicio de amparo, el acto reclamado lo constituye una omisión, por lo que en principio corresponde a las autoridades responsables acreditar que no incurrieron en tal conducta, esto, siempre y cuando se trate de cuestiones que se encuentran en el ámbito de sus atribuciones y además que por ley están obligadas a realizar las actuaciones respectivas, por tener competencia legal para ello y estar constreñidas por la ley u otros actos autoritarios. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales, por lo que un acto omisivo atribuido a la autoridad, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el sólo hecho de incurrir en la omisión por sí misma a partir de criterios subjetivos. Sirve de apoyo, en la parte conducente, la tesis la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. " Sobre ese tenor, debe señalarse que el once de noviembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios las acciones que en el mismo se indica, el cual es del tenor siguiente: "[.] ACUERDO Artículo Primero.- Se instruye a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que resuelvan la procedencia de otorgar a los solicitantes el registro sanitario de insumos para la salud en un plazo menor al mencionado en los Acuerdos de equivalencia que hasta la fecha se hayan emitido por la primera, así como para que se establezcan plazos menores en aquéllos que se emitan con posterioridad. Artículo Segundo. La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberán analizar, conforme al marco jurídico aplicable, la pertinencia de disminuir los documentos que se requieren en los Acuerdos de equivalencia, sin que ello implique que se deje de garantizar la calidad, seguridad y eficacia que deben satisfacer los medicamentos e insumos de salud que en los mismos se indican. TRANSITORIO Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. [.]". De lo anterior se advierte que el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que resolvieran la procedencia de otorgar a los solicitantes el registro sanitario de insumos para la salud en un plazo menor al mencionado en los Acuerdos de equivalencia que hasta la fecha se hubieran emitido por la primera, así como para que se establecieran plazos menores en aquéllos que se emitieran con posterioridad. De igual forma, indicó que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberían analizar, conforme al marco jurídico aplicable, la pertinencia de disminuir los documentos que se requirieran en los Acuerdos de equivalencia, sin que ello implicara que se dejara de garantizar la calidad, seguridad y eficacia que deberían satisfacer los medicamentos e insumos de salud que en los mismos se indicaran. En congruencia con lo anterior, el seis de enero de dos mil veintiuno el Secretario de Salud expidió el Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero siguiente, en el que estableció lo siguiente: "[.] ACUERDO ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Salud dará a conocer la Política Nacional de Vacunación a que se refiere el artículo anterior, a través del sitio web www.coronavirus.gob.mx. TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ARTÍCULO SEGUNDO.- La Política Nacional de Vacunación a que se refiere el artículo Primero del presente Acuerdo, deberá estar disponible en el sitio señalado en artículo Segundo, a más tardar el día hábil siguiente a la entrada en vigor del presente instrumento". De lo anterior se aprecia que en dicho ordenamiento se emitió con la finalidad de dar a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México; de igual modo, se precisó que la Secretaría de Salud daría a conocer dicha política en el sitio web www.coronavirus.gob.mx. Asimismo, en la página electrónica http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/, aparece el documento intitulado Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, el cual se autorizó por el Secretario de Salud el ocho de diciembre de dos mil veinte -cuya última actualización se llevó a cabo el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno-. Acotado lo anterior, de la demanda de amparo se desprende que la niña quejosa reclama la omisión de aplicar a su favor la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Sobre ese tenor, en la especie, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México y la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, se advierte que la autoridad encargada de autorizar la Política de Vacunación mencionada es el Secretario de Salud Federal. En consecuencia, es claro que la omisión reclamada del [1] Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; [2] Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, resulta inexistente porque quien está constreñido a garantizar el derecho a la salud del quejoso a través de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México es el Secretario de Salud Federal, dado que él autorizó la Política de Vacunación mencionada. Tiene apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región cuyos datos de localización, rubro y texto son: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado del [1] Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; [2] Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existe dicho acto que se reclama de las autoridades responsables indicadas, ello con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos reclamados. La autoridad responsable Secretario de Salud Federal omitió rendir su informe justificado, no obstante estar notificado para ello, tal como se advierte de la constancias de recepción de estafeta que obra glosada en autos (foja 77), que recibió el tres de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les atribuyó. Además, la existencia de la omisión reclamada se acredita con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, publicada en la página electrónica http://vacunacovid.gob.mx/ wordpress/documentos-de-consulta/, que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al encontrarse publicada en la página de la Secretaría de Salud, de la que se aprecia que los menores de 12 a 17 años de edad sin factores de riesgo no están contemplados en la aludida Política de Vacunación. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." QUINTO. Oportunidad respecto a los actos reclamados. Ahora, respecto a la negativa reclamada por la parte quejosa y en virtud del carácter de la misma, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo mientras subsistan dicha negativa, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo (quince días). SEXTO. Causas de improcedencia. En razón de que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, tal y como lo determina el artículo 62, último párrafo, de la Ley de Amparo; lo procedente es examinar si en el caso se actualiza un motivo de improcedencia. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Análisis de la causa de improcedencia. Hecho notorio. Para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio que de la consulta realizada en la página oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, se advierte que ya se encuentra disponible el registro para los adolescentes de 15 años o más de edad sin comorbilidades, como los menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por su parte, el diverso numeral 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Asimismo, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Máxime que de las constancias agregadas en autos, se advierte que en el Estado de Tlaxcala, la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, estableció la estrategia de vacunación para personas de 15 y 17 años de edad sin comorbilidades, en diversos municipios del estado, así como el calendario de aplicación de vacunas, con las siguientes imágenes: Bajo esa tesitura, si se toma en consideración que la directa parte quejosa, a la presente fecha, cuenta con una edad de quince años (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por sus representantes legales y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexaron a aquélla); es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. En esa virtud, se estima que la omisión de aplicar a la niña de iniciales S.B.E., la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, así como la omisión de aplicar la vacuna correspondiente a dicha adolecente, han cesado en sus efectos, puesto que la directa parte quejosa a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, hasta la fecha, está en posibilidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de quince años o más sin comorbilidades, y dotarlo de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo proteger la vida y supervivencia de la directa parte quejosa menor de edad. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Jurisprudencias y tesis. Los criterios invocados en la presente sentencia, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 892/2021, promovido por Eridani Estrada Durán, en representación de la niña S.B.E., en contra del acto reclamado y por las autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y sexto de esta resolución.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Autoridad informa. Agréguese el oficio signado por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de once de enero del año en curso, y al efecto manifiesta que no se encontró registro alguno en relación a la vacunación de la menor de iniciales ********************., y como consecuencia dicha menor no ha recibido ninguna de las dosis de la vacuna contra el Covid-19. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, uno de febrero de dos mil veintidós. Autoridad solicita información Agréguese el oficio signado por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo, en el Estado de Tlaxcala, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el once de enero de dos mil veintidós, informa que para remitir las constancias solicitadas es necesario el nombre completo de la menor quejosa, así como su Clave Única de Registro de Población. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire, remítase a la autoridad oficiante la información solicitada, en el entendido que deberá procurar el resguardo de dicha información al tratarse de datos personales de dicha infante. En el entendido que el plazo concedido en auto de once de enero de dos mil veintidós, para informar si la menor de iniciales S.B.E., cuenta con registro con el cuadro completo de vacunación contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19), o bien, si ya fue aplicado el biológico a dicha menor, contará a partir de la notificación del presente proveído. Apercibida que en caso de no cumplir con lo indicado en el párrafo que antecede, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, por desacato a un mandato judicial, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante quien actúa asistido, del licenciado Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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