Ericka Elizabeth Canche Haas
Expediente 686/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ericka Elizabeth Canche Haas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintidós de abril del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se desechó la demanda. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible.
- Principal
Vista la razón actuarial de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en la que el Actuario adscrito asentó la imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por la misma, por los motivos que expone; por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del citado proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos que reclama del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese bajo el número 686/2021-VIII. Ahora bien, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la promovente en la demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En el caso, de una revisión integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que los actos reclamados por la quejosa, los siguientes: 1) De la Universidad Autónoma de Yucatán, la negativa contenida en el oficio de diecisiete de febrero de dos veintiuno, de darle trámite a su solicitud de juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, que presentó el nueve de febrero del propio año, con motivo de la negativa a reconocerla como de la Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química de dicha universidad, para el periodo 2021-2023, derivado del procedimiento de las elecciones ocurrido el veinticinco de enero de dos mil veintiuno. 2) Del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente JDC-002/2021, por medio de la cual declaró su legal incompetencia para conocer del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por la ahora quejosa, como alumna de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán con motivo de la negativa a reconocerla como del Presidenta de la Sociedad de Alumnos de dicha facultad; y decretó medidas de protección a fin de evitar cualquier peligro en su integridad física y psicológica, hasta que se reconozca o no su encargo como Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química 3) Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Superior, en el expediente SUP-JDC-328/2021, que confirmó la resolución de tres de marzo del año en curso, dictada por el citado Tribunal Estatal y dejo intocadas las medidas de protección. Ahora bien, este órgano de control constitucional advierte que, respecto del acto reclamado descrito en el inciso 1) se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." En términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando su presentación se haga fuera de los casos que se prevé la ley de la materia en el artículo 17 en relación con el 18 de la citada ley. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo..." "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción que antecede se aprecia que el plazo para presentar la demanda es de quince días salvo ciertas excepciones que establece el propio numeral, como son: cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años; y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En el caso, el acto reclamado en estudio consiste en la negativa de la Universidad Autónoma de Yucatán contenida en el oficio de diecisiete de febrero de dos veintiuno, de dar trámite a la solicitud de la quejosa, de un juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, que presentó el nueve de febrero del propio año, con motivo de la negativa a reconocerla como |||Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad Química de dicha universidad, para el periodo 2021-2023, derivado del procedimiento de las elecciones ocurrido el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por lo que dicho acto no se encuentra en los supuestos de excepción que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por tanto, se rige por la regla general y el plazo para su presentación es de quince días, contados a partir de cualquiera de los supuestos indicados. Cabe señalar que, no se soslaya que en la demanda de amparo, en el capítulo correspondiente, la quejosa expresa el acto reclamado de la Universidad Autónoma de Yucatán, como la omisión de conocer sobre los hechos ocurridos el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, respecto al procedimiento de las elecciones del Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad Química de dicha universidad, para el periodo 2021-2023.; sin embargo, del mencionado capítulo, se aprecia que la propia quejosa de lo que se duele en cuanto a dicha autoridad, es de la vulneración de derechos que dice haber sufrido con motivo de la declaración de incompetencia de la universidad en un asunto que le compete por ser un proceso que se llevó a cabo en la Facultad de Química; y se aprecia que el proceso a que se refiere, es el ciado procedimiento de elecciones ocurridas el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, así como la negativa respectiva del Director de dicha facultad, de reconocerla como del Presidenta de la Sociedad de Alumnos de esa escuela. Luego, debido a que contra esa negativa a reconocerla como del Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad Química de dicha universidad, la quejosa promovió ante la Universidad Autónoma de Yucatán un juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, que presentó el nueve de febrero del propio año, y a ello recayó el oficio de diecisiete de febrero del año en curso, y precisamente este es el acto en el que dicha universidad se declaró incompetente para conocer del planteamiento de la quejosa con motivo de la aludida negativa a reconocerla con el carácter señalado; y es por ello que tal oficio constituye el acto reclamado en el presente asunto, puesto que es esa determinación y no otra en la que dicha autoridad se declaró incompetente para conocer del procedimiento promovido por la quejosa y como se aprecia no se trata de un acto omisivo, sino que ya existe una determinación por medio de la cual la universidad no accedió a conocer del juicio promovido por la ahora quejosa por considerarse incompetente para tal efecto, siendo por tanto el acto reclamado. Puntualizado lo anterior, de las propias manifestaciones hechas por la parte quejosa en su demanda de amparo, se obtiene que el citado oficio reclamado le fue notificado el diecisiete de febrero del año en curso. En ese tenor, desde el día siguiente al que tuvo conocimiento de ese oficio, comenzó a transcurrir el plazo de quince días que señala el artículo 18 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda, por lo tanto, ese plazo comenzó a correr el dieciocho de febrero y concluyó el diez de marzo dos mil veintiuno. Luego, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veinte de abril del año en curso, resulta extemporánea en cuanto al citado acto. En efecto, con base en lo narrado aprecia que respecto al acto reclamado consistente en la negativa de la Universidad Autónoma de Yucatán contenida en el oficio de diecisiete de febrero de dos veintiuno, de dar trámite a la solicitud de la quejosa, de un juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Sin que se esté en alguno de los supuestos de excepción previsto en dicho precepto. Ahora bien, en relación con el acto reclamado descrito en el punto 2) consistente en la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en el expediente JDC-002/2021, por medio de la cual declaró su legal incompetencia para conocer del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por la ahora quejosa, como alumna de la Facultad de Química de Universidad Autónoma de Yucatán con motivo de la negativa a reconocerla como Presidenta de la Sociedad de Alumnos de dicha facultad; y decretó medidas de protección a fin de evitar cualquier peligro en su integridad física y psicológica, hasta que se reconozca o no su encargo como Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo. Por su parte, en relación con el acto reclamado en el punto 3) consistente en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-328/2021, que confirmó citada la resolución de tres de marzo del año en curso, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones IV y XV y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Carta Magna. Las aludidas causales en lo conducente, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en contra de las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; y en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia. Bajo ese contexto, respecto al acto reclamado del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, consistente en la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno dictada en el expediente JDC-002/2021, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto de que se trata es una resolución emitida por una autoridad en materia electoral. Por su parte, en relación con el diverso acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de las fracciones citadas del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario tener presente, el numeral 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tener relación con la fracción XXIII del citado numeral 61 de la Ley de Amparo. Así dicho precepto constitucional dispone: "Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.(.] Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: [.] V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; De lo anterior se advierte que la Carta Magna, otorga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia (con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 del mismo texto supremo), atribuyendo a las resoluciones que emita, el carácter de definitivas e inatacables. En efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el órgano facultado para revisar la conformidad constitucional de los actos y resoluciones que en la materia tomaran las autoridades electorales estatales, de tal forma que se recalcó el concepto de ese tribunal, como el máximo órgano electoral, fuera federal o no, con la salvedad de la competencia de la Suprema Corte en tratándose de leyes electorales; además, de conferirle expresamente la inatacabilidad de sus decisiones. Asimismo, la definitividad e inatacabilidad de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevista en el artículo 99 constitucional, alcanza a dejarlo al margen, no sólo de los medios de impugnación ordinarios, sino también de los medios de control constitucional, como lo es el juicio de amparo, sin ignominia alguna para la garantía de justicia que tutela la Constitución misma, pues, la literalidad del artículo constitucional así lo establece, y así como de su interpretación, histórica, teleológica, prospectiva y funcional, que lo confirman. En ese orden de ideas, en cuanto a la resolución reclamada de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-328/2021, que confirmó la citada resolución de tres de marzo del año en curso, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en el expediente JDC-002/2021, por medio de la cual declaró su legal incompetencia para conocer del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por la ahora quejosa, como alumna de la Facultad Química de Universidad Autónoma de Yucatán con motivo de la negativa a reconocerla como del Presidenta de la Sociedad de Alumnos de dicha facultad; y decretó medidas de protección a fin de evitar cualquier peligro en su integridad física y psicológica, hasta que se reconozca o no su encargo como Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones IV, XV y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 99, párrafo cuarto, fracción V de la Carta Magna, puesto que el acto fue dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además, proviene de un procedimiento que está comprendido dentro de aquéllos que la propia Constitución reserva a dicho Tribunal para resolver en forma definitiva e inatacable. Así también que, la autoridad que emitió el acto reclamado, lo es la Sala Superior, que pertenece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que se traduce al mismo tiempo, en una determinación dictada por una autoridad competente en materia electoral. Bajo ese orden de ideas, como la quejosa en el presente juicio de amparo combate la aludida resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que incluso, debe decirse además, superó la primigenia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, es inconcuso que se actualizan las hipótesis normativas mencionadas en párrafos que anteceden, toda vez que se trata de una resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, funcionando en Sala, por ende, se dictó por una autoridad en materia electoral, cuya determinación es inatacable. Es aplicable por analogía la tesis P. X/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época Registro: 170405, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Constitucional, Página: 11, que señala: AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación histórica, teleológica, prospectiva y funcional, así como de la literalidad del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral -con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, que otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación competencia para resolver las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Ley Suprema-, y que las resoluciones que emita en los asuntos de su competencia serán definitivas e inatacables, se advierte que las resoluciones del indicado órgano jurisdiccional quedan al margen no sólo de los medios de impugnación ordinarios, sino también de los extraordinarios, como el juicio de garantías. En esa virtud, resulta improcedente el amparo directo que se promueva contra las resoluciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita al resolver los asuntos de su competencia." En esas condiciones, y al actualizarse las mencionadas causales de improcedencia de manera manifiesta e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ericka Elizabeth Canché Haas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, y como autorizadas a las personas que indica para los efectos que solicita. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos que reclama del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese bajo el número 686/2021-VIII. Ahora bien, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la promovente en la demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En el caso, de una revisión integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que los actos reclamados por la quejosa, los siguientes: 1) De la Universidad Autónoma de Yucatán, la negativa contenida en el oficio de diecisiete de febrero de dos veintiuno, de darle trámite a su solicitud de juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, que presentó el nueve de febrero del propio año, con motivo de la negativa a reconocerla como de la Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química de dicha universidad, para el periodo 2021-2023, derivado del procedimiento de las elecciones ocurrido el veinticinco de enero de dos mil veintiuno. 2) Del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente JDC-002/2021, por medio de la cual declaró su legal incompetencia para conocer del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por la ahora quejosa, como alumna de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán con motivo de la negativa a reconocerla como del Presidenta de la Sociedad de Alumnos de dicha facultad; y decretó medidas de protección a fin de evitar cualquier peligro en su integridad física y psicológica, hasta que se reconozca o no su encargo como Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química 3) Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Superior, en el expediente SUP-JDC-328/2021, que confirmó la resolución de tres de marzo del año en curso, dictada por el citado Tribunal Estatal y dejo intocadas las medidas de protección. Ahora bien, este órgano de control constitucional advierte que, respecto del acto reclamado descrito en el inciso 1) se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." En términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando su presentación se haga fuera de los casos que se prevé la ley de la materia en el artículo 17 en relación con el 18 de la citada ley. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo..." "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción que antecede se aprecia que el plazo para presentar la demanda es de quince días salvo ciertas excepciones que establece el propio numeral, como son: cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años; y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En el caso, el acto reclamado en estudio consiste en la negativa de la Universidad Autónoma de Yucatán contenida en el oficio de diecisiete de febrero de dos veintiuno, de dar trámite a la solicitud de la quejosa, de un juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, que presentó el nueve de febrero del propio año, con motivo de la negativa a reconocerla como |||Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad Química de dicha universidad, para el periodo 2021-2023, derivado del procedimiento de las elecciones ocurrido el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por lo que dicho acto no se encuentra en los supuestos de excepción que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por tanto, se rige por la regla general y el plazo para su presentación es de quince días, contados a partir de cualquiera de los supuestos indicados. Cabe señalar que, no se soslaya que en la demanda de amparo, en el capítulo correspondiente, la quejosa expresa el acto reclamado de la Universidad Autónoma de Yucatán, como la omisión de conocer sobre los hechos ocurridos el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, respecto al procedimiento de las elecciones del Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad Química de dicha universidad, para el periodo 2021-2023.; sin embargo, del mencionado capítulo, se aprecia que la propia quejosa de lo que se duele en cuanto a dicha autoridad, es de la vulneración de derechos que dice haber sufrido con motivo de la declaración de incompetencia de la universidad en un asunto que le compete por ser un proceso que se llevó a cabo en la Facultad de Química; y se aprecia que el proceso a que se refiere, es el ciado procedimiento de elecciones ocurridas el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, así como la negativa respectiva del Director de dicha facultad, de reconocerla como del Presidenta de la Sociedad de Alumnos de esa escuela. Luego, debido a que contra esa negativa a reconocerla como del Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad Química de dicha universidad, la quejosa promovió ante la Universidad Autónoma de Yucatán un juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, que presentó el nueve de febrero del propio año, y a ello recayó el oficio de diecisiete de febrero del año en curso, y precisamente este es el acto en el que dicha universidad se declaró incompetente para conocer del planteamiento de la quejosa con motivo de la aludida negativa a reconocerla con el carácter señalado; y es por ello que tal oficio constituye el acto reclamado en el presente asunto, puesto que es esa determinación y no otra en la que dicha autoridad se declaró incompetente para conocer del procedimiento promovido por la quejosa y como se aprecia no se trata de un acto omisivo, sino que ya existe una determinación por medio de la cual la universidad no accedió a conocer del juicio promovido por la ahora quejosa por considerarse incompetente para tal efecto, siendo por tanto el acto reclamado. Puntualizado lo anterior, de las propias manifestaciones hechas por la parte quejosa en su demanda de amparo, se obtiene que el citado oficio reclamado le fue notificado el diecisiete de febrero del año en curso. En ese tenor, desde el día siguiente al que tuvo conocimiento de ese oficio, comenzó a transcurrir el plazo de quince días que señala el artículo 18 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda, por lo tanto, ese plazo comenzó a correr el dieciocho de febrero y concluyó el diez de marzo dos mil veintiuno. Luego, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veinte de abril del año en curso, resulta extemporánea en cuanto al citado acto. En efecto, con base en lo narrado aprecia que respecto al acto reclamado consistente en la negativa de la Universidad Autónoma de Yucatán contenida en el oficio de diecisiete de febrero de dos veintiuno, de dar trámite a la solicitud de la quejosa, de un juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Sin que se esté en alguno de los supuestos de excepción previsto en dicho precepto. Ahora bien, en relación con el acto reclamado descrito en el punto 2) consistente en la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en el expediente JDC-002/2021, por medio de la cual declaró su legal incompetencia para conocer del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por la ahora quejosa, como alumna de la Facultad de Química de Universidad Autónoma de Yucatán con motivo de la negativa a reconocerla como Presidenta de la Sociedad de Alumnos de dicha facultad; y decretó medidas de protección a fin de evitar cualquier peligro en su integridad física y psicológica, hasta que se reconozca o no su encargo como Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo. Por su parte, en relación con el acto reclamado en el punto 3) consistente en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-328/2021, que confirmó citada la resolución de tres de marzo del año en curso, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones IV y XV y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Carta Magna. Las aludidas causales en lo conducente, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en contra de las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; y en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia. Bajo ese contexto, respecto al acto reclamado del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, consistente en la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno dictada en el expediente JDC-002/2021, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto de que se trata es una resolución emitida por una autoridad en materia electoral. Por su parte, en relación con el diverso acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de las fracciones citadas del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario tener presente, el numeral 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tener relación con la fracción XXIII del citado numeral 61 de la Ley de Amparo. Así dicho precepto constitucional dispone: "Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.(.] Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: [.] V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; De lo anterior se advierte que la Carta Magna, otorga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia (con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 del mismo texto supremo), atribuyendo a las resoluciones que emita, el carácter de definitivas e inatacables. En efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el órgano facultado para revisar la conformidad constitucional de los actos y resoluciones que en la materia tomaran las autoridades electorales estatales, de tal forma que se recalcó el concepto de ese tribunal, como el máximo órgano electoral, fuera federal o no, con la salvedad de la competencia de la Suprema Corte en tratándose de leyes electorales; además, de conferirle expresamente la inatacabilidad de sus decisiones. Asimismo, la definitividad e inatacabilidad de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevista en el artículo 99 constitucional, alcanza a dejarlo al margen, no sólo de los medios de impugnación ordinarios, sino también de los medios de control constitucional, como lo es el juicio de amparo, sin ignominia alguna para la garantía de justicia que tutela la Constitución misma, pues, la literalidad del artículo constitucional así lo establece, y así como de su interpretación, histórica, teleológica, prospectiva y funcional, que lo confirman. En ese orden de ideas, en cuanto a la resolución reclamada de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-328/2021, que confirmó la citada resolución de tres de marzo del año en curso, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en el expediente JDC-002/2021, por medio de la cual declaró su legal incompetencia para conocer del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por la ahora quejosa, como alumna de la Facultad Química de Universidad Autónoma de Yucatán con motivo de la negativa a reconocerla como del Presidenta de la Sociedad de Alumnos de dicha facultad; y decretó medidas de protección a fin de evitar cualquier peligro en su integridad física y psicológica, hasta que se reconozca o no su encargo como Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones IV, XV y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 99, párrafo cuarto, fracción V de la Carta Magna, puesto que el acto fue dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además, proviene de un procedimiento que está comprendido dentro de aquéllos que la propia Constitución reserva a dicho Tribunal para resolver en forma definitiva e inatacable. Así también que, la autoridad que emitió el acto reclamado, lo es la Sala Superior, que pertenece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que se traduce al mismo tiempo, en una determinación dictada por una autoridad competente en materia electoral. Bajo ese orden de ideas, como la quejosa en el presente juicio de amparo combate la aludida resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que incluso, debe decirse además, superó la primigenia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, es inconcuso que se actualizan las hipótesis normativas mencionadas en párrafos que anteceden, toda vez que se trata de una resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, funcionando en Sala, por ende, se dictó por una autoridad en materia electoral, cuya determinación es inatacable. Es aplicable por analogía la tesis P. X/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época Registro: 170405, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Constitucional, Página: 11, que señala: AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación histórica, teleológica, prospectiva y funcional, así como de la literalidad del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral -con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, que otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación competencia para resolver las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Ley Suprema-, y que las resoluciones que emita en los asuntos de su competencia serán definitivas e inatacables, se advierte que las resoluciones del indicado órgano jurisdiccional quedan al margen no sólo de los medios de impugnación ordinarios, sino también de los extraordinarios, como el juicio de garantías. En esa virtud, resulta improcedente el amparo directo que se promueva contra las resoluciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita al resolver los asuntos de su competencia." En esas condiciones, y al actualizarse las mencionadas causales de improcedencia de manera manifiesta e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ericka Elizabeth Canché Haas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, y como autorizadas a las personas que indica para los efectos que solicita. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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