Erick Vladimir Barradas Ortiz

Expediente 200/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
200/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Erick Vladimir Barradas Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser DESTRUIDO, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser DESTRUIDO, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser DESTRUIDO, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser DESTRUIDO, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 200/2023, promovido por*** contra actos del Encargado y/o Titular de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 2. Fiscal Primera, 3. Fiscal Segunda, 4. Fiscal Tercera, por sí y como encargada de la 6. Fiscalía Quinta, 5. Fiscal Cuarta, y 7. Fiscal Sexto, todos Especializados en Investigación en Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, con sede en esta ciudad, y el 8. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de detención y/o aprehensión y/o presentación y su ejecución. La Fiscal Tercera, como encargada de la 6. Fiscalía Quinta, Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, con sede en esta ciudad, también negó el acto consistente en la integración de una carpeta de investigación. La parte quejosa no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por su parte la 2. Fiscal Primera, 3. Fiscal Segunda, 4. Fiscal Tercera, 5. Fiscal Cuarta, y 7. Fiscal Sexto, todos Especializados en Investigación en Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, omitieron pronunciarse en cuanto al acto consistente en la integración de una carpeta de investigación; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos. Por su parte, el 8. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, negó la existencia del acto consistente en la integración de una carpeta de investigación; sin embargo, dado que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Policía actúa bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de su función investigadora, y debido a que en el párrafo que antecede se tuvo como cierto el acto reclamado de dichos fiscales relativo a la integración de la indagatoria; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado de aquella autoridad policial. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, este órgano de control constitucional estima que respecto del acto consistentes en la integración de una carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen*** De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que reclama el peticionario de amparo es la integración de una carpeta de investigación. Ahora, es menester precisar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la participación del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. En consecuencia, es improcedente la demanda de amparo que se promueve en contra de la integración de la carpeta de investigación, dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, no se advierte algún acto de molestia concreto del que derive en la afectación real y actual a algún derecho subjetivo, que legitime al impetrante a instar este juicio constitucional, pues incluso en el considerando tercero de este fallo se declaró la inexistencia de los actos reclamados tendentes a privarlo de la libertad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por el Agente del Ministerio Público adscrito; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de radicación se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se*** ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por*** contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo y por los motivos expuestos en el tercero y quinto. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Incidental

    Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 200/2023, promovido por*** contra actos del 1. Encargado y/o Titular de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con residencia en esta ciudad, y otras autoridades*** TERCERO. Las autoridades responsables, Fiscal Tercera, como encargada de la 6. Fiscalía Quinta Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno con sede en esta ciudad, y 8. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba; negaron la existencia de la totalidad de los actos reclamados. La 2. Fiscal Primera, 3. Fiscal Segunda, 4. Fiscal Tercera, 5. Fiscal Cuarta, y 7. Fiscal Sexto, todos Especializados en Investigación en Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de detención y/o aprehensión y/o presentación y su ejecución. El quejoso no aportó prueba alguna que desvirtúe las negativas de las autoridades responsables precisadas en este apartado, razón por la cual se niega la suspensión definitiva de los actos indicados en este considerando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo*** CUARTO. Por su parte, la 2. Fiscal Primera, 3. Fiscal Segunda, 4. Fiscal Tercera, 5. Fiscal Cuarta, y 7. Fiscal Sexto, todos Especializados en Investigación en Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno con sede en esta ciudad, fueron omisos en pronunciarse respecto del diverso acto reclamado consistente en la integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto que se les reclaman a las autoridades omisas señaladas en el párrafo que antecede. En relación con el acto consistente en la integración de una carpeta de investigación, resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que ésta detendría la investigación de los hechos y con ello, se paralizaría dicho procedimiento, el cual es de orden público, e impediría al Fiscal realizar la función encomendada por el artículo 21 constitucional, esto es, la investigación y persecución de los delitos, de ahí que, ante el conflicto del interés particular del quejoso con el de la Sociedad y el Estado, debe prevalecer el interés colectivo. En consecuencia, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de dichos actos. Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve*** ÚNICO. Se NIEGA a*** la suspensión definitiva que solicitó en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, y por los motivos ahí expuestos. Notifíquese

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