Erick Sosa Hernández y/o Erik Sosa Hernández
Expediente 1150/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Erick Sosa Hernández y/o Erik Sosa Hernández
Actuaciones
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA: A los autos la demanda signada por *****, contra actos del Director General del Centro de Reinserción Social de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. En ese sentido, por motivo manifiesto se entiende aquello que logra advertirse de manera clara y patente, mientras que indudable es algo de lo cual se tiene certeza y/o plena seguridad; entonces, para efectos del juicio de amparo debe entenderse como la actualización, sin lugar a dudas, de una causa de improcedencia, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Entonces, en cumplimiento a esa obligación, se examinó la demanda del quejoso y se detectó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad, por las razones jurídicas que a continuación se exponen: De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Luego, conforme a lo dispuesto en los ordinales 115 y 117, fracción III , del ordenamiento legal citado, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediata, pues de lo contrario, quedarían sin materia como acontece con las órdenes de traslado, los internos deberán acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado juez, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Como se ve, el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia, presenta las siguientes características: El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez de ejecución para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez, de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el juez reparará la afectación. Tal petición genera la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, para examinarse de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De ese recurso conocerá la alzada y revisará la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación, y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme a lo expuesto, si una persona privada de su libertad reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como es una orden de traslado, debe agotar el recurso denominado control judicial, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Pues dicho procedimiento judicial cumple todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento, porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado; y, es en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Sobre todo porque el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor del establecido para otorgarla. Condicionante que el control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, porque si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, ese control judicial ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando, atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social; lo cual otorga la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia, la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En suma, las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De hecho, porque la suspensión que prevé tiene los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, pero también porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer. Sustentan lo anterior las tesis de rubros siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" y "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". En ese contexto, si el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro centro de reinserción social -o bien el cambio a una diferente celda o área- y el quejoso manifestó que tiene conocimiento de que será traslado, se considera que desatendió el recurso ordinario previo a la promoción del presente juicio de amparo. Luego, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, el quejoso debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentaron los quejosos, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular, la que opera con el principio de definitividad, pues la orden de traslado debe impugnarla primero a través del medio judicial mencionado con antelación. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el lugar que indica en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único e Profesionales del Derecho, y las restantes personas solo para oír y recibir notificaciones por carecer de dicho registro. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
- Principal
A los autos la demanda signada por *****, contra actos del Director General del Centro de Reinserción Social de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. En ese sentido, por motivo manifiesto se entiende aquello que logra advertirse de manera clara y patente, mientras que indudable es algo de lo cual se tiene certeza y/o plena seguridad; entonces, para efectos del juicio de amparo debe entenderse como la actualización, sin lugar a dudas, de una causa de improcedencia, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Entonces, en cumplimiento a esa obligación, se examinó la demanda del quejoso y se detectó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad, por las razones jurídicas que a continuación se exponen: De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Luego, conforme a lo dispuesto en los ordinales 115 y 117, fracción III , del ordenamiento legal citado, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediata, pues de lo contrario, quedarían sin materia como acontece con las órdenes de traslado, los internos deberán acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado juez, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Como se ve, el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia, presenta las siguientes características: El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez de ejecución para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez, de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el juez reparará la afectación. Tal petición genera la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, para examinarse de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De ese recurso conocerá la alzada y revisará la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación, y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme a lo expuesto, si una persona privada de su libertad reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como es una orden de traslado, debe agotar el recurso denominado control judicial, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Pues dicho procedimiento judicial cumple todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento, porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado; y, es en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Sobre todo porque el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor del establecido para otorgarla. Condicionante que el control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, porque si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, ese control judicial ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando, atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social; lo cual otorga la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia, la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En suma, las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De hecho, porque la suspensión que prevé tiene los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, pero también porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer. Sustentan lo anterior las tesis de rubros siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" y "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". En ese contexto, si el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro centro de reinserción social -o bien el cambio a una diferente celda o área- y el quejoso manifestó que tiene conocimiento de que será traslado, se considera que desatendió el recurso ordinario previo a la promoción del presente juicio de amparo. Luego, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, el quejoso debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentaron los quejosos, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular, la que opera con el principio de definitividad, pues la orden de traslado debe impugnarla primero a través del medio judicial mencionado con antelación. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el lugar que indica en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único e Profesionales del Derecho, y las restantes personas solo para oír y recibir notificaciones por carecer de dicho registro. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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