Erick Sánchez Solís
Expediente 451/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Erick Sánchez Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Téngase al Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, acusando recibo del oficio 17969/2023 mediante el cual se le remitió un legajo certificado del expediente ********************. De lo anterior, se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído del dieciocho de agosto del año en curso. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de ser conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se concedió la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del trece de julio de esta anualidad, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas. En atención a lo anterior, devuélvanse al Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, el tomo de pruebas I, que remitió en apoyo a su informe justificado. Por lo que se requiere a la citada autoridad para que dentro del término de tres días legalmente computado remita el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización vigente a esta fecha, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de julio de dos mil veintitrés. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta y seis minutos del trece de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 451/2023-VI, promovido por ********************, por derecho propio, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por las partes. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que no fueron formulados por las partes. Se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 451/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: I. ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. II. El diecisiete de abril de dos mil veintitrés este Órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, y se emplazó al tercero interesado. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: - La resolución del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés que confirmó el proveído del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés en el expediente 262/2013, del índice del juez responsable. TERCERO. El Juez Tercero Familiar Del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado que se le atribuye. CUARTO. No habiéndose invocado de manera destacada causa de improcedencia, este Órgano de Control Constitucional procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. El quejoso señala como conceptos de violación lo siguiente: a. Que le causa perjuicio que se decrete que el asunto se encontraba concluido; sin embargo, permitió y acordó la solicitud como medida provisional, para que se le descontara nuevamente la pensión alimenticia, contradiciendo lo argumentado en el auto que se combate y en la sentencia del recurso de revocación. b. Le causa perjuicio el que se tenga que realizar otro juicio, ya que si en su momento el a quo, permitió y autorizó modificar el convenio por medio de una sola petición solicitada como media provisional sin formular un juicio, y lo acordó favorable modificando dicho convenio, es contradictorio a lo argumentado en el fallo del a quo, dejándolo en estado de indefensión y una clara violación al debido proceso ya que en el momento en que el a quo permitió la modificación de dicho convenio, dejó de tener firmeza y es viable que se modifique dicha determinación a razón que ya no fue cosa juzgada. c. Es una evidente violación a los derechos humanos esenciales, plasmados en la carta magna, ya que el fallo emitido por el a quo en el recurso de revocación ya que pretende se realice otro juicio, cuando en su momento sin notificarle previamente, se haya modificado el convenio como una medida provisional. d. Es en detrimento en su patrimonio, ya que su hijo de nombre Erick Yael Sánchez Villagómez actualmente tiene la mayoría de edad y ya no se encuentra estudiando y tiene un empleo, y aunque se le notificó de manera personal de lo solicitado, no realizo manifestación alguna, tal y como obra en autos de la sentencia que se recurre. Son infundados los conceptos de violación, conforme se expone enseguida: De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierten, que la parte quejosa se duele de la resolución del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés que confirmó el proveído del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés en el expediente 262/2013, del índice del juez responsable. Ahora, en dicho proveído del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se estableció que: - Con el escrito de cuenta se tiene por presentado a ********************, visto su contenido, con fundamento en los artículos 1.134, 1.136, 1.138 y 1.213 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en virtud que el presente asunto se encuentra terminado por convenio pactado por ambas partes, no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, en atención a que no se pueden modificar las medidas dictadas en este sumario, sino que deberá ser mediante nuevo juicio tal y como lo prevé el último de los numerales citados, en la relatadas condiciones se encuentran expeditos sus derechos para que los haga valer mediante nuevo juicio, para el caso de que exista cualquier cambio de circunstancia. Inconforme con esa determinación, el quejoso promovió recurso de revocación, el cual se resolvió el veintiuno de marzo pasado, bajo las siguientes consideraciones: - El ahora recurrente en esencia se duele del auto combatido, por no haberse acordado de conformidad lo solicitado en la promoción 227/2023 presentada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en la que solicitó se dejara sin efecto la medida provisional, que según dijo, fue decretada respecto de los alimentos, para que se realice la cancelación de la medida provisional. - El acuerdo recurrido denegó esa solicitud y lo sujetó al contenido del artículo 1.213 del Código de Procedimientos Civiles, es decir a la instauración de un nuevo juicio, sin embargo, se duele el recurrente de que ese proceder trastoca el principio de economía procesal y se aplica deficientemente los artículos 1.134, 1.136 y 1.138 de la ley adjetiva de la materia. - Tal argumento esgrimido, evidentemente deviene infundado porque el principio de economía procesal y los principios rectores del proceso, previstos por los numerales que cita el recurrente, de forma alguna tienen por objeto trastocar el debido proceso, de tal manera que si el presente asunto, en efecto, se trata de un asunto total y definitivamente concluido derivado del convenio celebrado por las partes y elevado a categoría de cosa juzgado, resulta más que claro que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 1.213 citado por el propio inconforme y que sirvió de sustento a este juzgador para emitir el proveído que ahora se combate, y por ende se justifica legalmente, sujetar al recurrente a la instauración de un nuevo juicio para la cancelación de los alimentos que pretende. - Lo anterior es así, porque conforme a dicho numeral, las sentencias dictadas en los juicios de alimentos, solo tendrán la calidad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción, y en el caso concreto, derivado del convenio celebrado por las partes y aprobado judicialmente, nos encontramos ante una cosa juzgada; pero si el ahora recurrente, con motivo de que su hijo y acreedor alimentario ha adquirido la mayoría de edad, pretende cancelar su deber de proporcionar alimentos a éste, por disposición expresa de ese precepto jurídico, debe de tramitarlo mediante un nuevo juicio, sin que el principio de economía procesal justifique, como erróneamente lo pretende el recurrente, prescindir de ese nuevo procedimiento, por la sencilla razón que inexiste fundamento jurídico para ello. - No pasa inadvertido para este juzgador, que el recurrente pretende justificar su postura, en el hecho que, según lo dice, este órgano jurisdiccional con anterioridad estableció una medida provisional en favor de su contraria, porque ordenó efectuar un descuento del 20% de sus ingresos en una fuente laboral que no se estableció en el convenio, y sin que se sujetara a su contraria a la instauración de una nuevo juicio, por ello, pretende que este juzgador ordene la cancelación de los alimentos que tiene decretados, dado que su hijo mayor de edad no efectuó manifestación alguna al haber sido notificado para que se manifestara respecto de los alimentos que solicitó su madre en su representación. - Sin embargo, aun colocados en el supuesto de que lo afirmado por el recurrente sea acertado, es decir que se haya determinado una medida provisional para la parte contraria, sin necesidad de que promoviera nuevo juicio, ello en sí mismo no traduce en procedente su petición, porque la negativa para que se acordara de conformidad su solicitud, tiene su fundamento en un precepto jurídico que le fue invocado en la determinación combatida, y que actualiza claramente el caso en el que se encuentre el recurrente, es decir, con base en lo previsto en el artículo 1.213 ya citado. - Asumir una postura diferente como la que pretende el impetrante, conllevaría a considerar que a procedencia de su petición, se sustentaría, no en un fundamento de derecho, si no en la manera en cómo se acordó diversa petición de su contraria, que dicho sea de paso es, diametralmente distinta a lo peticionado por el inconforme, lo que no resultaría apegado a derecho y al debido proceso. - Al margen de lo anterior, debe destacarse que, resulta desafortunada la apreciación que tiene el recurrente de las actuaciones que integran el presente sumario, dado que si bien es cierto, las partes celebraron convenio para dar por terminadas sus controversias, y en ese sentido el veintiocho de agosto de dos mil trece establecieron como monto de la pensión alimenticia que debería proporcionar el deudor alimentario a su acreedor el 20% de las percepciones obtenidas por el aquí recurrente en su fuente de empleo desarrolladora de imagen s.a de c.v., y por otro lado la señora María del Roció Villagómez Avilés, mediante una promoción presentada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, solicitó con el carácter de medida provisional que se generara oficio a la nueva fuente de empleo del obligado alimentario system safety s.a de c.v. - No menos cierto resulta que, al margen de la denominación que le haya asignado la solicitante a su petición, la determinación que acordó de conformidad esa solicitud y ordenó efectuar el descuento a la nueva fuente de empleo del recurrente, no podría de forma alguna tener la calidad de una medida provisional, en razón de que las medidas provisionales se establecen de manera temporal mientras dura el procedimiento y hasta el dictado de la sentencia definitiva, en el caso concreto, si ya existe aprobado judicialmente un convenio celebrado por las partes y que adquirió la calidad de cosa juzgada, se hace patente que no existe la posibilidad de que la orden de descuento a la fuente laboral del inconforme determinado en el acuerdo veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, tenga el carácter de una medida provisional. - Baste dar lectura a la determinación que acordó dicha solicitud para poder advertir que en realidad se trató de un acto de ejecución en relación al convenio celebrado por las partes, dado que la obligación alimenticia ya se encontraba establecida y definida en su quantum, es decir el 20% de las percepciones del obligado alimentario, de ahí que por ello en el proveído señalado, se hizo referencia que esa determinación se emitía en cumplimiento a lo ordenado en la audiencia inicial, razón por la cual, se encuentre justificada su emisión, y por ende, no puede servir de sustento al recurrente para pretender justificar y fundar su punto de inconformidad. - Por esas razones, devienen infundados los agravios expuestos por el recurrente porque al tratarse el presente asunto de un procedimiento especial de violencia familiar, en el artículo 2.355 del Código Procesal Civil se encuentra expresamente prevista la posibilidad de dictar durante el proceso medidas de protección como las que aparecen impuestas en el auto recurrido, que incluso, dado su carácter cautelar y de inminente urgencia, pueden ser impuestas desde la admisión de la demanda sin necesidad de que deba prevenirse a la parte actora para que acompañe documentos o pruebas que justifiquen los hechos constitutivos de violencia en que funde su pretensión. Circunstancias por las que devienen infundados los argumentos de la parte quejosa. Ello es así, dado que las manifestaciones hechas valer en los referidos conceptos de violación, no atacan las consideraciones tomadas por la responsable al emitir la resolución reclamada, sin producir argumento alguno que confronte lo resuelto por el juez responsable. En ese tenor, es evidente que esos actos reclamados deben subsistir por inatacados, máxime si se toma en cuenta que los conceptos de violación que se formulen deben estar encaminados a controvertir los fundamentos de la resolución o acto que se impugnan, toda vez que el juicio de amparo tiene por objeto estudiar el acto que se combate en atención a los motivos de inconformidad que éste causa al impetrante de amparo y, si en el presente asunto, se esgrimen razonamientos que no atacan el mismo, es incuestionable que este Juzgado de Distrito debe declararlos infundados. Además, la autoridad responsable al emitir la determinación reclamada, citó los artículos aplicables al caso, y expresó los motivos por los cuales se pronunció en el sentido en que lo realizó, sin que el quejoso realizara manifestación respectiva a efecto de controvertir esas cuestiones. Por tanto, ante la omisión de la parte quejosa de exponer tales razonamientos, producen que las consideraciones en que se sustentó la determinación que se reclama se mantenga firme para regir el sentido de este, razón por la cual los conceptos de violación resultan inatendibles. En las narradas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación y al no haberse demostrado la transgresión alegada de garantías, sin advertir este Órgano de Control Constitucional motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Sobre tales premisas, dado lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, respecto de los actos en estudio. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en términos de lo señalado en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de tres días concedido al tercero interesado **********, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito, sin que lo hubiera hecho; se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del cinco de junio del año en curso; por lo cual, hágansele ésta y las subsecuentes notificaciones por medio de la lista electrónica que genera este Juzgado de Distrito. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a la citada parte tercero interesada con el contenido del informe justificado que obra en autos, para que exprese lo que a su derecho convenga. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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