Erick Sanchez Jimenez

Expediente 725/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
725/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Alis Vanesa Castro Castro
  • Erick Sanchez Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, en la que, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 3 destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CONSERVABLE Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 171 , fracción IIl, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el cuaderno de suspensión que deriva del presente juicio es conservable, pues se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 252 , del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. 1 Artículo 17. Conservación integra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y se encuentren en los siguientes supuesto: III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva. 2 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 4 TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con cincuenta minutos del tres de agosto de dos mil veintitrés, Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Judith Ventura Ávila, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 725/2023, promovido por Alis Vanesa Castro Castro y Erick Sánchez Jiménez por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales J.E.S.C., G.A.R.C. y C.N.C.C, contra los actos que reclama del Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con sede en Tapachula, Chiapas. La Secretaria hace constar la inasistencia de la partes. A continuación, la Secretaria da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 04-18 2 Auto admisorio. 21-26 3 Emplazamiento a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 28 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe con justificación: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con sede en Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Niega 34-40 Al respecto la Juez, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el periodo probatorio, y la Secretaria hace constar que fueron ofrecidas por las siguientes partes: NO. PARTE PRUEBAS FOJA 1 Quejosos Alis Vanesa Castro Castro y Erick Sánchez Jiménez por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales J.E.S.C., G.A.R.C. y C.N.C.C. Documental 19 2 Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con sede en Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Documentales 40 vuelta a 46 Al respecto la Juez, acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas dichas probanzas y desahóguense sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre el de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que ninguna de las partes las formuló; por lo que se les tiene por precluido tal derecho. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda.625/2023625/2023 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 725/2023. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Alis Vanesa Castro Castro y Erick Sánchez Jiménez por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales J.E.S.C., G.A.R.C. y C.N.C.C., mediante escrito recibido el trece de junio de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y por los actos que más adelante serán precisados. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de quince de junio de dos mil veintitrés, se radicó el asunto bajo el número de juicio de amparo 725/2023, se admitió a trámite la demanda de trato, dando la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitando informe justificado a la autoridad responsable, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; puesto que el lugar de ejecución del acto reclamado en el presente juicio, se encuentra dentro del ámbito espacial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción y además, deriva de un procedimiento del orden administrativo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con sede en esta ciudad: La dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. La omisión de admitir a trámite la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el quejoso. La expedición del citatorio de cinco de junio de dos mil veintitrés, recaído a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. La falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado [CUR]. La omisión de inscribir al Registro Nacional de Población al quejoso, para la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP). La omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de la entrega de la constancia de trámite a que alude el artículo 22 de la Ley sobre refugiados. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados citados con antelación. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, con el oficio COMAR/JUR/7133/2023, así como con la copia certificada del proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dicha potestad admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a la parte quejosa Alis Vanesa Castro Castro y Erick Sánchez Jiménez por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales J.E.S.C., G.A.R.C. y C.N.C.C.. Medios de prueba que tienen valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública, con fundamento en los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, por tratarse de un documento expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por lo que así debe tenerse para todos los efectos legales procedentes, pues aceptó que los quejosos sí realizaron la solicitud de refugiado y admitió a trámite el mismo, ordenando la expedición a su favor de la constancia de trámite y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada, con registro IUS 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previamente al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, debe examinarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. A efecto de determinar lo conducente, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del señalado numeral 62. En ese sentido, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se debe sobreseer el presente juicio al sobrevenir el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá. El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la primera, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que con oficio COMAR/JUR/7133/2023, así como con la copia certificada del proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, la responsable hizo del conocimiento que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a la parte quejosa Alis Vanesa Castro Castro y Erick Sánchez Jiménez por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales J.E.S.C., G.A.R.C. y C.N.C.C.. Asimismo, le requirió para que compareciera ante el Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula Chiapas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a realizar el llenado de formulario de registro, toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la Constancia de Trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado de formulario de detención de necesidades; lo anterior, para la continuación de su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Esa determinación, le fue notificada vía correo electrónico a la parte quejosa el veintidós de junio de dos mil veintitrés, tal y como se advierte de las documentales que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado (foja 41 vuelta) así como por medio de lista el diecinueve de julio de la presente anualidad, mediante la vista que se le otorgó del informe justificado rendido por la potestad responsable. Entonces, si la parte quejosa acudió a solicitar la protección constitucional por la omisión en la admisión y tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, expedición del citatorio de cinco de junio de dos mil veintitrés, la falta de expedición de la constancia de trámite, así como la omisión de inscribirlos al Registro Nacional de Población, para la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y de permitir el acceso a servicios de salud en consecuencia a su actuar. Luego, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, pues la potestad responsable citada, admitió a trámite formalmente la solicitud de refugiado de los multicitados quejosos, ordenando la emisión de la constancia de trámite, así como el CURP de refugiados, previa comparecencia ante sus oficinas para desahogar los requisitos necesarios para su expedición; de manera que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Sin que obste, que ante el incumplimiento de la parte quejosa de los requisitos impuestos por la autoridad responsable, en auto de tres de julio de dos mil veintitrés (foja 44) se desechara el trámite correspondiente. Lo anterior, pues no existe una omisión en la admisión y tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, ni falta de expedición de la constancia de trámite, inscribirlos al Registro Nacional de Población, para la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP) así como una afectación por la expedición del citatorio de cinco de junio de dos mil veintitrés y el no permitir el acceso a servicios de salud en consecuencia a su actuar. Por el contrario, se admitió a trámite formalmente su solicitud, ordenándose la expedición de los documentos de referencia, siempre que se cumpliera con la prevención decretada en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés. Entonces, el actuar de la autoridad responsable otorga a la parte quejosa la restitución de sus derechos humanos, como lo hubiera obtenido ante una eventual concesión de la sentencia de amparo, pues sus efectos se traducirían en expedir de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), encontrándose sujeto a que los quejosos cumplan con los requisitos legales para su expedición; esto es, no obliga a la emisión de facto de las constancias peticionadas, sino que su expedición depende del cumplimiento de los requisitos que se impongan en la admisión del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se destaca que, si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto; aunado a que la causal de improcedencia estudiada, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado, continúa establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En las condiciones antes apuntadas, esto es, que en el presente juicio se ha actualizado la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito, entonces se hace innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable, ya que resultaría ocioso estudiarla al quedar demostrada la anteriormente mencionada, y si, en su caso, operará alguna otra causa, ésta no cambiaría el sentido de la presente resolución. Orienta lo anterior la jurisprudencia que es del rubro: "BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo en términos del considerando cuarto de esta resolución, por lo que hace a la autoridad responsable y actos referidos en el segundo de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula y anexos. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Finalmente, en atención a lo anterior, se estima innecesario el envío del oficio que se ordenó girar en proveído que antecede. Notifíquese

  4. Incidental

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado, de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, y anexos que acompañan, a través del cual rinde informe relativo a la suspensión definitiva decretada a favor de los aquí quejosos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para los efectos legales procedentes. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la citada autoridad responsable a las personas propuestas en su informe; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la comunicación de cuenta.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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