ERICK SAMUEL BAUTISTA MIRANDA y Otros.
Expediente 332/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ERICK SAMUEL BAUTISTA MIRANDA y Otros.
- Erick Samuel Bautista Miranda
Actuaciones
- Principal
Vista certificación se advierte que el auto de once de abril de dos mil diecinueve por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja; por tanto, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedentey archívese este asunto como totalmente concluido. e hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, se ordena hacer anotación en carátula
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Erick Samuel Bautista Miranda y Jaqueline Asención Mendoza, por conducto de su defensor particular Néstor Alejandro Rosales Franco, contra los actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 332/2019. DESECHAMIENTO Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, por lo que hace a los actos reclamados que los quejosos hacen consistir en 1.- la imposición a los inconformes como medida cautelar la prisión preventiva necesaria de once de septiembre de dos mil dieciocho y, 2.- la audiencia de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" Del numeral transcrito se observa que, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los actos contra los cuales no se promueva la demanda de garantías dentro del plazo previsto en la ley. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo de manera textual establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales transcritos se advierte la existencia de un plazo genérico de quince días para promover la demanda de garantías y cuatro reglas especiales para su promoción, cuando el acto reclamado se encuentre dentro de alguna de las hipótesis previstas en el primer arábigo. Por su parte, el segundo arábigo indica la forma en que se contará dicho plazo, el cual será desde el siguiente a aquél en que haya: I. Surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. II. Tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. III. Ostentado sabedor de los referidos actos. En el caso, para realizar el cómputo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe atender a la hipótesis precisada con el inciso a), es decir, a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la determinación controvertida, conforme a la ley del acto que se reclame. Como se precisó, el acto reclamado emana de un procedimiento de naturaleza penal regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su artículo 82, fracción I, inciso a) y en su último párrafo, dispone, en lo que interesa, que las notificaciones se practicaran de forma personal, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos. Asimismo, indica que se entiende que son personales las realizadas en audiencia, entre otros supuestos; de igual manera, dicho tipo de notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas. Por su parte, el artículo 84, primer párrafo, del mismo ordenamiento prevé las resoluciones se notifiquen dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión, debiéndose tener por notificados las personas que acudieron a la audiencia en que se dicta alguna de ellas o en la que se desahoguen diligencias. Entonces, conforme a la ley que rige el acto, tratándose de notificaciones personales el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr a partir del día siguiente al en que del que surta efectos la notificación de la resolución controvertida, lo que en la especie ocurre el día hábil siguiente al que se practicó la notificación. En el caso, se advierte que el once de septiembre de dos mil dieciocho, el juez responsable dentro de la causa penal 1316/2018 Puebla, con la presencia de los quejosos Erick Samuel Bautista Miranda y Jaqueline Asención Mendoza, así como del asesor jurídico o defensor particular respectivo, resolvió imponer a los referidos peticionarios la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el juez de la causa dentro del citado proceso con la presencia de los impetrantes, así como del asesor jurídico o defensor particular respectivo, resolvió decretar auto de vinculación a proceso en contra de los aludidos inconformes, prevaleciendo la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Resoluciones estas que constituyen los actos reclamados por la parte quejosa. De lo anterior, debe destacarse que al haberse emitido los actos reclamados en audiencia con la presencia de los quejosos y su asesor jurídico o defensor particular, en términos de lo antes expuesto se advierte que el propio once y diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho se notificó de manera personal a los peticionarios las audiencia y las determinaciones aquí controvertidas. De este modo, el plazo para la presentación de la demanda en contra en primer acto reclamado (imposición de la medida cautelar de prisión preventiva) comenzó a correr el trece de septiembre de dos mil dieciocho, finalizando el cuatro de octubre del mismo año. El término se contabiliza a partir del trece de septiembre de dos mil dieciocho que corresponde al día hábil siguiente al en que surte efectos la notificación de la determinación emitida en la audiencia de once de septiembre de dos mil dieciocho, mismo que se contabiliza previo descuento de los días catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre del año dos mil dieciocho, al ser inhábiles. De este mismo modo, por lo que se refiere al segundo de los actos reclamados (audiencia en la que se decretó auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos) el plazo para la presentación de la demanda comenzó a correr el diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho, finalizando el nueve de octubre de ese mismo año. El plazo se computa a partir del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho que corresponde al día hábil siguiente al en que surte efectos la notificación de la determinación emitida en audiencia de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mismo que se contabiliza previo descuento de los días veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta de septiembre, seis y siete de octubre del año dos mil dieciocho, al ser inhábiles. Lo anterior, en virtud de que a través de la demanda no se plantea un amparo contra leyes o contra el procedimiento de extradición (que debe promoverse en treinta días); tampoco, se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (que puede reclamarse en el lapso de ocho años), ni se promueve por un núcleo de población comunal o ejidal respecto de actos que puedan tener como efecto privarlos total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios (respecto de los que el plazo es de siete años) y tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (en que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo). Por lo que la demanda de amparo fue presentada con posterioridad al cuatro y nueve de octubre de dos mil dieciocho, por lo que su presentación fue extemporánea, pues de acuerdo con la boleta de turno se aprecia que se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el diez de abril de dos mil diecinueve. Atento al cómputo antes realizado, se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 248/2014 contenido en la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), cuyo rubro y texto son el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." De igual manera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Del análisis de la demanda de amparo se desprende que los promoventes también reclaman del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, los siguientes actos: 1.- La omisión por parte de la autoridad judicial responsable de señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia sobre revisión, sustitución o modificación de las medidas cautelares de prisión preventiva necesaria. 2.- La omisión del juez de la causa de señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso. 3.- La omisión por parte de la autoridad responsable de señalar día y hora para que se lleve a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal de donde derivan los actos reclamados. Sin embargo, respecto a dichos actos el juicio de amparo es notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, lo que conduce a desecharla de plano, en conformidad con lo previsto en el artículo antes citado. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, los artículos 134, fracción IV y 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. II. III. IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. De lo transcrito se advierte que contra la omisión de atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal procede el recurso de queja; por lo que si en el caso concreto se controvierte la omisión por parte de la juez responsable de atender las solicitudes para señalar fecha para que se lleven a cabo la audiencia sobre revisión, sustitución o modificación de las medidas cautelares de prisión preventiva necesaria, la suspensión condicional del proceso y la audiencia intermedia dentro del proceso 1316/2018 Puebla, esta abstención procesal es impugnable a través del recurso previsto en los artículos 134, fracción IV, y 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede obtener subsanar la omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida, del acto que se reclama a través del presente juicio de amparo, el cual estaba obligado a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Así, se advierte que los inconformes no satisfacen el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hacen ver la promovente del amparo. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de queja aludido por parte del promovente del amparo, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al Licenciado Felipe Solís Aguilera y a la diversa persona que indica de manera restringida, esto es, únicamente se le autoriza para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, por no contar con el registro de su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, no ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el "Boletín Judicial de esta Entidad Federativa y el Correo electrónico", en virtud que el Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, autoriza a las partes a tener acceso al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, asimismo, otorga el permiso para que se notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en los asuntos a las partes, no así para notificar por vía electrónica a través de sistemas tecnológicos que no sean del Consejo de la Judicatura Federal; máxime que en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo es necesario que las partes previamente hayan obtenido la firma electrónica, lo que en el caso no se advierte. En relación a lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión a los promoventes de amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal a fin de notificarles de manera personal el presente proveído así como los subsecuentes en el lugar de su reclusión, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Puebla, corriéndole traslado con copia certificada o autorizada de los autos que se lleguen a dictar y de las promociones que integren el expediente, con excepción de aquéllas presentadas por los impetrantes de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De igual manera, en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Finalmente, no es óbice a lo anterior el hecho de que la parte quejosa no hay exhibido el original o copia certificada del instrumento notarial que anexa para acreditar su personería, pues a nada practico llevaría prevenir a la parte quejosa que los exhibiera, cuenta habida que como se advierte en párrafos precedentes se desechó la demanda de amparo.
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