Erick Ruiz Maldonado

Expediente 532/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
532/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Erick Ruiz Maldonado

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio 2610/2018, de cinco del mes y año en curso, signado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 11333/2018, del índice de este tribunal colegiado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción en su momento oportuno, tal como lo señala la fracción I del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que Erick Ruíz Maldonado, haya interpuesto reclamación en contra del proveído de diez del mes y año en curso, por el que se desechó su demanda de derechos fundamentales, se declara que el mismo ha causado estado; en consecuencia, devuélvase el expediente laboral 886/2017, al Juez Tercero de los Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en esta ciudad, solicitándole acuse recibo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio 2349/2018, de cinco del mes y año en curso, signado por el Juez Tercero de los Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en esta ciudad, al que anexa la demanda de derechos fundamentales de Erick Ruíz Maldonado, por propio derecho, en contra de la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el citado juez, en el expediente 886/2017; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. Ahora, de las constancias que integran el referido expediente, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Carmina Mejía Sánchez, por propio derecho, mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecisiete, ante el Juzgado Tercero de los Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en esta ciudad, promovió juicio de divorcio incausado en contra de Erick Ruíz Maldonado (fojas 1 a 9). 2. Por acuerdo de cuatro de octubre siguiente, el juez de primera instancia registró el asunto con el número de expediente 886/2017 y previo cumplimiento al requerimiento de esa misma fecha, en proveído de ocho de noviembre posterior, ordenó emplazar a la parte demandada (fojas 10 y 12). 3. Seguida la secuela procesal, el treinta de agosto del año en curso, se dictó sentencia cuyos puntos resolutivos son: ".Primero: Se ha tramitado legalmente el divorcio incausado, promovido por Carmina Mejía Sánchez, en contra de Erick Ruíz Maldonado.- Segundo: Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a Carmina Mejía Sánchez con Erick Ruíz Maldonado, que se encuentra asentado en el acta de matrimonio número doscientos cincuenta y dos (252), a foja número ciento setenta y siete mil setenta y uno (177071), del libro cero dos (02), de fecha de registro catorce de diciembre de dos mil diez, levantada por el Oficial cero uno (01) del Registro Civil del Municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, por tanto, cesan los efectos de dicho matrimonio, es decir, las partes, quedan en aptitud para contraer nuevo matrimonio civil, si a sus intereses y voluntad conviene.- Tercero: Es factible aprobar y elevar a categoría de cosa juzgada las clausulas: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y SÉPTIMA, previstas en el convenio de fecha diecinueve de agosto de dos mil diecisiete; por encontrarse apegado a lo que establece el artículo 116 de la Ley Sustantiva Civil vigente en el Estado de Tlaxcala.- Cuarto: Se otorga la guarda y custodia provisional del menos Jonathan Ruiz Mejía, a favor de Carmina Mejía Sánchez.- Quinto: En relación a la sociedad conyugal, por las consideraciones legales vertidas en el presente fallo, se declara que la misma no existe, por lo tanto, no hay sociedad conyugal que disolver.- Sexto: La presente resolución no admite recurso alguno, por lo tanto, se declarar que la misma ha causado ejecutoria por ministerio de ley, en consecuencia, previo el pago de los derechos correspondientes, gírese oficio al que se anexe copia certificada de la presente resolución al Oficial cero uno (01) del Registro Civil del Municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, a fin de que proceda a realizar la anotación marginal respectiva, así como hacer publicar un extracto de la resolución durante quince días.- Séptimo: Se ordena girar oficio al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, para que en el término de un año posterior a la fecha en que se declare ejecutoriada la sentencia de divorcio, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio de Carmina Mejía Sánchez, y realice visitas domiciliaras e informe al juez sobre las condiciones de salud, físicas, educativas y emocionales en que se desarrolle la convivencia de su hijo Jonathan Ruiz Mejía, con sus padres Carmina Mejía Sánchez y Erick Ruíz Maldonado. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 132 bis, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Octavo: Así también, en términos del artículo 272 bis fracciones I, III, IV, V, VI y VII del Código Civil vigente, se requiere a Carmina Mejía Sánchez y Erick Ruíz Maldonado, quienes ejercen la patria potestad y la custodia provisional de Jonathan Ruiz Mejía, para que en un término de cinco días justifiquen si han cumplido con los deberes que señalan las fracciones antes señaladas." (fojas 51 a 58) 4. Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente asunto. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo de Erick Ruíz Maldonado, se advierte que reclama lo relativo a la aprobación de la totalidad del convenio exhibido por Carmina Mejía Sánchez. Previamente, se estima necesario puntualizar que la sentencia en general puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento; como acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. Ello, como lo ha sostenido el Alto Tribunal del país en los siguientes criterios: Jurisprudencia registro 244766, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Quinta Parte, Séptima Época, Materia Común, emitida por la entonces Cuarta Sala, que dice: "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente". Tesis aislada CLXXVI/2007, registro 170728, publicada en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, Materia Común, de la Segunda Sala del mismo Tribunal Constitucional, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE ATENDER A ÉSTA COMO ACTO JURÍDICO DE DECISIÓN, Y NO AL DOCUMENTO QUE LA REPRESENTA. Ese Alto Tribunal ha sostenido que la sentencia es una relación lógica de antecedentes dados para llegar a una conclusión que resuelva la controversia sometida al juzgador, constituida por la conclusión lógica de sus antecedentes, y por las proposiciones que fijen su sentido, la cual puede considerarse como acto jurídico de decisión y como documento. Así, en el primer supuesto la sentencia consiste en la declaración del juzgador respecto a determinada solución, en tanto que el segundo constituye sólo la representación de ese acto jurídico; de tal guisa, la sentencia documento sólo es la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De lo anterior resulta que el principio restitutorio contenido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, conforme al cual la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, está supeditado a lo resuelto única y exclusivamente en la sentencia como acto jurídico de decisión, y no en el documento que la representa. Esto es, los alcances restitutorios de la ejecutoria deben materializarse sobre los derechos de los gobernados legítimamente tutelados en la decisión del órgano jurisdiccional, en correspondencia con la litis planteada y las garantías que se consideraron violadas, pues de no ser así la ejecutoria de amparo podría ser instrumento de actos contrarios a la propia sentencia, a las leyes y al orden público que subsiste en el cumplimiento de ésta. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar en la inconformidad el cumplimiento de la sentencia de amparo, debe atender a ésta como acto jurídico de decisión". Resultan ilustrativas también en relativo a que la sentencia constituye un acto jurídico y un documento impreso, las siguientes consideraciones contenidas en la ejecutoria de donde derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ".La sentencia documento, constituye, en cambio, una actuación judicial que observa los requisitos formales que la ley dispone. La sentencia acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución; mientras que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es únicamente la prueba de esa resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que los principios de indivisibilidad e inmutabilidad de la sentencia se apliquen únicamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, cuando en una sentencia documento se contengan dos soluciones jurídicas, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas sea combatida de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley. De ahí que, cuando en un caso como el que ahora es objeto de contradicción de criterios, exista un medio ordinario de defensa para combatir una (sic) las determinaciones contenidas en la sentencia documento, será obligación del particular agotar tal recurso por cuanto hace a dicho acto jurídico; sin que ello signifique, según se ha explicado, que se esté dividiendo la resolución, pues lo único que se está distinguiendo es la existencia de dos determinaciones jurídicas (dos sentencias acto jurídico), representadas en un mismo documento, susceptibles de impugnarse por distintos caminos". Conforme a lo expuesto, es evidente que cuando en una sentencia documento se contengan dos soluciones jurídicas, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas sea combatida de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley. De ahí que, cuando exista un medio ordinario de defensa para combatir las determinaciones contenidas en la sentencia documento, será obligación de la parte quejosa agotar tal recurso por cuanto hace a dicho acto jurídico; sin que ello signifique, que se esté dividiendo la resolución, pues lo único que se está distinguiendo es la existencia de dos determinaciones jurídicas (dos sentencias acto jurídico). Ahora, la parte quejosa impugna la aprobación de convenio exhibido por Carmina Mejía Sánchez, es decir una cuestión inherente a la disolución del vínculo matrimonial. El artículo 1465 ter, del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, establece: "Artículo 1465 Ter.- La resolución del juez en la que se declare el divorcio no admitirá recurso alguno. Las demás resoluciones que se dicten dentro del juicio de divorcio serán recurribles de acuerdo a lo establecido en lo conducente para los juicios en materia familiar". Del precepto legal transcrito se desprende que en contra de lo resuelto respecto de la disolución del vínculo matrimonial no procede recurso alguno; sin embargo, cuando se resuelve lo concerniente a cuestiones inherentes como en el caso acontece, éstas serán recurribles, pues son resoluciones dictadas dentro del juicio de divorcio. Asimismo, el precepto 510 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, establece: "Artículo 510.- La apelación es el recurso que tiene por objeto que el Tribunal Superior de Justicia confirme, revoque o modifique la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia". Como quedó precisado en párrafos que anteceden, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo relativo a la aprobación de la totalidad del convenio exhibido por Carmina Mejía Sánchez, que constituye una sentencia que resolvió el fondo del asunto, contra la cual procede el recurso de apelación, pues dicho medio de impugnación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la determinación en comento. En el caso, de las actuaciones que integran el expediente 886/2017 se advierte que el quejoso no interpuso el recurso de apelación, en contra de la aprobación del convenio exhibido por Carmina Mejía Sánchez. Por tanto, ya que el impetrante de amparo no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la legislación estatal -recurso de apelación-, se desecha la demanda de derechos fundamentales propuesta, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, con el precepto 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en número ciento cuatro, Unidad Real del Valle, de esta ciudad; y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Sánchez Merchant, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal a Radames Guevara Vázquez, María Isabel Hernández y José Florencio Arzola Flores. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Erick Ruíz Maldonado, por propio derecho, en contra de la sentencia definitiva de treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Tercero de los Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en esta ciudad, en el expediente 886/2017.

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