Erick Rodriguez Estevez
Expediente 864/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Erick Rodriguez Estevez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciocho de septiembre del año en curso, que tuvo por desechada la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en que se tuvo por desechada la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Agreguese una razón actuarial mediante la cual el actuario informa la imposibilidad para notificar al quejoso xxxx, el proveído de dieciocho de septiembre pasado, por las razones expuestas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al impetrante por lista el citado proveído, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto. MISMO QUE DICE: Agreguese el escrito de cuenta, mediante el cual manifiesta que la devolución del vehículo marca Peugeot, tipo RCZ, serie xxxx, negro, placas de circulación xxxx de la Ciudad de México, en la carpeta de investigación xxxx, la solicitó de manera verbal al agente del Ministerio Público y no por escrito, además que la respuesta que se le dio fue de la misma manera. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para, en caso de que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, del análisis oficioso que se realiza a la demanda de amparo debe decirse que ésta debe desecharse, por lo que se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Precisado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclamó: La ilegal puesta a disposición del vehículo Peugeot, tipo RCZ, serie xxxx, negro, placas de circulación xxxx de la Ciudad de México, en la carpeta de investigación xxxx. Actos de investigación respecto del vehículo Peugeot, tipo RCZ, serie xxxx, negro, placas de circulación xxxx de la Ciudad de México, en la carpeta de investigación xxxx. En este orden de ideas, respecto de los citados actos reclamados este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6° todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ..." Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que, entre otros, rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el que establece como regla general a seguir para la procedencia del sumario constitucional, que éste únicamente puede promoverse por aquélla persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado por sí, por representante legal o por su apoderado; apreciándose que en caso excepcional, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverse por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, en los siguientes supuestos de procedibilidad: 1. Puede promover el representante legal o apoderado; 2. Puede promover cualquier otra persona en su nombre, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento criminal; 3. Podrá promover por conducto de su defensor o de cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley; 4. Podrá promover cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, o destierro, extradición, desaparición forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado esté imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Pues bien, en el caso particular el presente juicio de amparo resulta improcedente, respecto de los actos consistentes en la puesta a disposición del citado vehículo, así como respecto de los actos de investigación en la carpeta 2343/2019/UF, reclamados al agente del Ministerio Público, en atención a que dichos actos no lesionan los derechos fundamentales del quejoso, ya que, en su caso, el acto de autoridad que pudiera lesionarlos sería la resolución en la que el representante social se pronuncie en relación con la devolución del vehículo. Lo anterior es así, pues de la demanda y del escrito en que se desahogó la prevención se obtiene que el impetrante no ha enderezado solicitud en relación con la devolución del vehículo cuya propiedad aduce le pertenece, en la que exprese los motivos por los cuales considera que debe levantarse el supuesto aseguramiento, pues de considerar lo contrario, este juzgador se estaría sustituyendo en la autoridad investigadora y en su competencia legal para proveer sobre las solicitudes que se le turnaban como encargado de la investigación, lo que no está legalmente permitido. En esas condiciones, toda vez que los citados actos consistentes en la puesta a disposición y actos de investigación respecto del vehículo Peugeot, tipo RCZ, serie xxxx, negro, placas de circulación xxxx de la Ciudad de México, en la carpeta de investigación xxxx, en este momento no causan daño o perjuicio a las personas contra las que se iniciaron las investigaciones; por ser de orden público, según lo establece el artículo 21 Constitucional, que en lo atinente dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquéllas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y en su caso integrar la correspondiente carpeta de investigación, siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos al gobernado. En ese sentido para el caso de que se tramitara una carpeta de investigación ésta previo a su consignación se integra con una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° del mismo ordenamiento legal en cita. Máxime que como ya se precisó, la autoridad responsable no ha emitido un acuerdo en el que niegue categóricamente la devolución del vehículo, siendo insuficiente para acreditar su afectación el hecho de que haya efectuado gestiones verbales para obtener la satisfacción de su pretensión, pues será hasta que se califique la viabilidad de la solicitud cuando pueda ser materia de análisis el acto de la autoridad responsable, previa satisfacción del principio de definitividad que en el caso deba observarse.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Escrito signado por el quejoso ***. Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa ***, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su numeral 2º, expídanse a su costa las copias que solicita, por conducto de la persona que autorizó para oír y recibir notificaciones en el proemio de su escrito inicial de demanda, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos, quien deberá identificarse a satisfacción de este Juzgado.
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