Erick Roberto Paredes Mijangos

Expediente 1046/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 31 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1046/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Erick Roberto Paredes Mijangos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1046/2022-VI-A, promovido por ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGOS, contra los actos que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el diecinueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGOS, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama al Juez Tercero Mercantil y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se registró la demanda de que se trata con el número 1046/2022-VI-A y se previno a la parte quejosa a fin de que proporcionara dos copias más de su escrito de demanda y anexos; a lo que dio cumplimiento mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco siguiente. En consecuencia, por auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante resolución de diez de junio de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, en la que este órgano jurisdiccional negó el amparo y protección de la Justicia Federal. CUARTO. Recurso de revisión y reposición del procedimiento. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el que mediante ejecutoria de cinco de julio de dos mil veintitrés, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento a fin de prevenir al impetrante del amparo para que precisara si deseaba ampliar su demanda en cuanto a sus conceptos de violación y por los datos desconocidos que para él derivaran del informe justificado remitido por la autoridad responsable. QUINTO. En virtud de lo anterior, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, mediante proveído de once de julio de dos mil veintitrés, se previno al quejoso para que dentro del término de quince días manifestara si ampliaba su demanda en los términos señalados. SEXTO. Posteriormente, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de agosto del presente año, la parte impetrante del amparo, dio cumplimento al requerimiento realizado. Sin embargo, en auto de siete de agosto del año en curso, al estimarse que la grafía que constaba en el ocurso de mérito, no coincidía con la que aparecía en la demanda inicial, se previno al quejoso para que compareciera a ratificar las firmas cuestionadas; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. SÉPTIMO. Diligencia de ratificación. En fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés, compareció el promovente ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGO, y bajo protesta de decir verdad ratificó como suya la firma que obraba al calce del escrito de ampliación de demanda, por haber sido puesta de su puño y letra. OCTAVO. Admisión de la ampliación de demanda. Por auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la ampliación de demanda, por lo que se ordenó dar a la Representante Social Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. NOVENO. Tramitación oficiosa de una prueba en materia de caligrafía y grafoscopía. En el mismo proveído, se ordenó el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de determinar la autenticidad de las firmas contenidas en el escrito inicial de demanda y escrito de ampliación, es decir, si fueron puestas del puño y letra del quejoso ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGOS. Motivo por el cual se solicitó al Delegado de la Procuraduría General de la República, se sirviera proporcionar un perito en la citada materia y se dio vista a las partes para que si era su deseo, señalaran un perito que se asociara con el nombrado por el juzgado o rindiera su dictamen por separado. DÉCIMO. Designación de peritos. Mediante diligencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a Guadalupe Oropeza Ruiz aceptando el cargo de perito oficial de este Juzgado para el que fue propuesta. DÉCIMO PRIMERO. Dictamen pericial. Por auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a la Perito oficial rindiendo su dictamen, el cual ratificó mediante diligencia de dieciocho siguiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir el quejoso ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGOS, fundamentalmente, en: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 875/2020 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, así como todo lo actuado en el mismo. TERCERO. Las autoridades responsables Juez Tercero Mercantil y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron el acto que se les reclama; sin embargo, realizaron manifestaciones que evidencian su certeza; en consecuencia, se desvirtúa tal negativa y deberán tenerse como ciertos los actos que se les reclaman. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo IXV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Actualización de causas de improcedencia. Resulta de explorado derecho que las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente y aun de oficio por ser ésta una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia 814, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5° y 6° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Los numerales 5 y 6 del propio ordenamiento legal indican: ARTÍCULO 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha ley. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, en el entendido de que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de amparo el quejoso, en el entendido de que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual al quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo solamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° comentado en el párrafo anterior, ya sea que el quejoso lo haga por sí, por conducto de su representante legal o apoderado, o por cualquier otra persona, en los casos y procedimientos específicos, previstos en la mencionada ley. De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, se deduce que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo el cumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, lo cual implica que en el escrito de demanda correspondiente, mediante el cual se promueva la instancia de amparo, deberá estar plasmada la voluntad del directo quejoso o de su representante, por lo regular, mediante el asentamiento de su firma. Sentado lo anterior, debe decirse que como quedó establecido, en el presente asunto, de manera oficiosa, se designó un perito oficial para que analizara la firma del escrito de demanda y del escrito de ampliación que se cuestionaron, para lo cual se ordenó el desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopía. Bajo ese tenor, el experto oficial que al efecto designó este órgano jurisdiccional, de nombre Guadalupe Oropeza Ruiz, al desahogar el dictamen respectivo concluyó: "PRIMERA.- NO CORRESPONDEN POR SU EJECUCIÓN DE ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGO, LAS FIRMAS QUE SE UBICAN EN LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS NUMERALES: 1.- ESCRITO INICIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO DE FECHA TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRÉS (SIC), EL CUAL SE UBICA A FOJAS DE LA 2 A LA 12 DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA. LAS FIRMAS CUESTIONADAS SE LOCALIZAN CADA HOJA AL MARGEN Y EN LA ÚLTIMA HOJA EN LA PARTE SUPERIOR. 2.- ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE FECHA TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL SE ENCUENTRA GLOSADO AL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA. LA FIRMA CUESTIONADA SE LOCALIZA AL CALCE DE LA HOJA". SEGUNDA.- SÍ CORRESPONDE POR SU EJECUCIÓN DE ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGO, LA FIRMA QUE SE UBICA EN EL DOCUMENTO DESCRITO EN EL NUMERAL: 3.- ACTA DE RATIFICACIÓN DE FIRMA DE FECHA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL SE ENCUENTRA GLOSADO AL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA. LA FIRMA CUESTIONADA SE LOCALIZA DENTRO DEL RECUADRO QUE CONTIENE LAS LEYENDAS "EL COMPARECIENTE" EN LA PARTE SUPERIOR, Y LA LEYENDA "ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGO" EN LA PARTE INFERIOR". Ahora, el valor de la prueba pericial queda a la prudente apreciación del juzgador, facultad que se desprende de los artículos 197 y 211, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo; sistema de valoración de pruebas que se funda en la sana crítica, en el que interfieren las reglas de la lógica con la experiencia del juez. Al respecto, cabe citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN. De acuerdo con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., la valoración de la prueba pericial queda al prudente arbitrio del juzgador, quien tomando en cuenta las demás constancias y las razones técnicas expresadas por los peritos, debe inclinarse por aquel o aquellos peritajes que le merezcan mayor convicción." Asimismo, es pertinente hacer referencia a la tesis emitida por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica lo siguiente: "PERITOS, PRUEBA DE. El perito, como colaborador del juez, no sólo ayuda a comprobar el hecho, sino también a apreciarlo y aun cuando no decide la controversia si desempeña una función de asesoramiento que el Juez debe atender en cuanto suple con sus conocimientos técnicos su falta de aptitudes para constatar a apreciar un hecho, quedando facultado para apreciar el mérito probatorio de los dictámenes, teniendo en cuenta las circunstancias; sin embargo el juez puede apartarse del resultado de la prueba pericial cuando tenga convicción contraria, pero ello lo obliga a expresar los fundamentos de esa convicción, que no puede determinar libremente, toda vez que el pronunciamiento debe ser el resultado de un análisis crítico de las bases en que se apoyan los dictámenes en relación con los antecedentes suministrados por las partes; por ende, si dichos dictámenes son suficientemente fundados y sus conclusiones uniformes, debe reconocerles pleno valor probatorio; consecuentemente, el juez no puede apartarse de las conclusiones de los peritos, mientras no encuentre en autos pruebas concluyentes que justifiquen ese apartamiento y exprese las razones de la discrepancia con los dictámenes." En este orden de ideas, el dictamen emitido por la perito es analizado y valorado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los cuales se colige que el órgano jurisdiccional tiene la más amplia libertad para apreciar y determinar el valor de la prueba pericial. Dicho lo anterior, tal dictamen pericial tiene valor probatorio pleno, pues en él de forma exhaustiva se expusieron las razones del porqué se llegó a la conclusión que la firma que aparece en el escrito de demanda de amparo y en el escrito de ampliación de la misma, no corresponden a la del promovente. Ello es así, en virtud de que la firma que calza en los citados escritos (dubitable) presenta contundentes diferencias con relación a las que estampó ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGO, en la comparecencia de ocho de agosto del año en curso (indubitables), en cuanto a sus características de orden general y grupo de gestos gráficos; lo que fue destacado por la perito que emitió la opinión profesional y que no fue desvirtuado por el citado promovente. En el dictamen rendido por la perito oficial, ésta señaló que procedió a realizar un estudio minucioso de todas las firmas aportadas como elementos indubitados del promovente, con el fin de conocer y establecer sus características identificatorias del orden general y grupo de gestos gráficos, las cuales mostraban una serie de características que eran propias del ejecutante de la propia grafía. Que una vez establecidas las particularidades de las firmas base de cotejo y cuestionadas, efectuó una confronta formal de las características evaluadas, de las que se desprendieron que entre las firmas indubitadas y las dubitadas, existían una serie de contundentes diferencias en cuanto a sus características del orden general y grupo de gestos gráficos. Concluyendo, se reitera, que las firmas cuestionadas no correspondían por su ejecución, al promovente del amparo. Por lo tanto, tal opinión es suficiente e idónea para generar convicción a este Juzgado de Distrito de que las firmas puestas en los escritos de fecha trece de abril de dos mil veintidós y tres de agosto de dos mil veintitrés, no fueron plasmadas por el quejoso ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGO. Lo anterior es así, porque dicho dictamen cuenta con las bases técnicas necesarias y contiene razonamientos y datos que producen convicción a este órgano jurisdiccional para arribar a la conclusión de que las firmas plasmadas en el escrito de demanda y su escrito de ampliación, no provienen del puño y letra del promovente, puesto que los estudios realizados por la experta no se excedieron de los cuestionamientos que se formularon para tal efecto, además, efectuó los análisis con base en las muestras de escritura realizadas en presencia del personal de este Juzgado, con relación a las firmas cuestionadas. Además, los métodos de estudio de la perito oficial, se hicieron consistir, en el deductivo, inductivo, analítico, descriptivo y comparativo, en el que se analizaron, en forma minuciosa y detallada, las características de orden general y particularidades gráficas de las firmas base de cotejo y de la cuestionada. Para lo cual realizó un análisis en relación a las peculiaridades de índole general de las grafías cuestionadas, tales como dirección, inclinación, habilidad escritural, espontaneidad, velocidad, presión y tensión en línea, y por lo que se refiere a las particularidades de los gestos gráficos de las mismas, trazo vertical inicial, cimas de los trazos verticales, tercer y cuarto trazo vertical, trazo envolvente y punto. Estudio del que obtuvo, como quedó de manifiesto, que existen gestos gráficos distintos entre la firma base de cotejo y las firmas cuestionadas, y al respecto de manera textual señaló: "Una vez realizados los estudios anteriores se desprende que entre las firmas indubitadas y las firmas dubitadas descritas en los numerales 1 y 2 a nombre de ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGO, existen una serie de contundentes DIFERENCIAS en cuanto a sus características de orden general y grupo de gestos gráficos." Incluso, acompañó al mismo las fotografías correspondientes de esas firmas, y de las cuales a simple vista se aprecian rasgos distintos, los cuales fueron advertidos por el suscrito, lo que motivó a que se iniciara de oficio el desahogo de la prueba citada cuyo resultado quedó de manifiesto. Y en el que se concluyó que las firmas que obran en el escrito de demanda y en el de ampliación, no provenían del mismo origen gráfico respecto de las ofrecidas para cotejo. En esas condiciones, el dictamen en alusión, al contar con las bases técnicas necesarias y contener los razonamientos y datos que producen convicción, aunado a que no fue objetado por la parte quejosa, es por lo que este órgano jurisdiccional determina otorgarle valor probatorio pleno, para establecer que las firmas cuestionadas del escrito de demanda presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, así como en el memorial presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, no corresponden a ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGO. Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio de la Séptima Época, sostenido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. Al valorar el juzgador la prueba pericial debe tomar en consideración las razones que los peritos emiten para sustentar sus opiniones, apreciando todos los matices del caso y atendiendo a todas sus circunstancias, sin más límite que el impuesto por las normas de la sana crítica, de la lógica y de la experiencia, para formarse una convicción respecto del dictamen que tenga más fuerza probatoria". Por lo tanto, se concluye que no está cumplido el requisito de instancia de parte agraviada, pues en la demanda de amparo no se incorporó la voluntad del quejoso, al no producir efecto alguno una firma que no es auténtica. Sirven de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." Así como la diversa tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que indica lo que sigue: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." En consecuencia procede sobreseer en este juicio constitucional con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, situación que impide analizar el fondo del asunto. De conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver en sesión de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, los amparos en revisión 263/2018, 264/2018, 265/2018, 266/2018 y 267/2018 de su índice, derivados de los juicios de amparo 89/2018-I-A, 90/2018-II-A, 91/2018-III-A, 92/2018-IV-A y 93/2018-V-A, correspondientes al índice de este Juzgado de Distrito. QUINTO. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado. Toda vez que en el presente asunto se determinó que la firma que obra en la demanda de amparo promovida por ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGO, y en su escrito de ampliación, no fueron puestas de su puño y letra. Por tanto, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción I, del artículo 261, de la Ley de Amparo, ya que con su proceder intentó engañar a esta autoridad a fin de obtener un beneficio indebido, ello, no obstante de que se le hizo de su conocimiento que si se producía con falsedad, incurriría en la conducta prevista en el numeral antes señalado. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ERICK ROBERTO PAREDES MIJANGO, en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones y el fundamento expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Dese vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, tal y como se dispone en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veintitrés de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el oficio firmado por la perito oficial Guadalupe Oropeza Ruiz; mediante el cual, rinde su dictamen pericial en materia de caligrafía y grafoscopía. En mérito de lo anterior, prevéngasele, para en el término de tres días legalmente computados, se presente ante este Juzgado Federal, a fin de ratificar el contenido del mencionado dictamen. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, podría hacerse acreedora a una multa por el equivalente al valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). En apoyo a lo anterior, se invoca en lo conducente y por analogía, la tesis 1ª.LXIV/2015 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1390, Tomo II, del mes de Febrero de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y a la letra refiere: "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL. El precepto citado, al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes y obligar a los de las demás partes del juicio a hacerlo, vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, toda vez que si la prueba pericial se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor; ello, en concordancia con el criterio establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 2/2004-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 7/2005 (1). En efecto, la ratificación de los dictámenes periciales hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, susceptible de analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial se emita por una persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o alterarse sin que tenga conocimiento el perito nombrado. Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia válida para cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad lógico-jurídica que lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte del perito oficial, pues de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el inculpado; de ahí que la opinión pericial que no sea ratificada constituye una prueba imperfecta, en virtud de que para otorgar certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el dictamen, es indispensable que lo ratifique el perito oficial que lo formuló". Notifíquese, haciéndolo personalmente a Guadalupe Oropeza Ruiz y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PERITO OFICIAL DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el oficio firmado por la perito oficial Guadalupe Oropeza Ruiz; mediante el cual, rinde su dictamen pericial en materia de caligrafía y grafoscopía. En mérito de lo anterior, prevéngasele, para en el término de tres días legalmente computados, se presente ante este Juzgado Federal, a fin de ratificar el contenido del mencionado dictamen. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, podría hacerse acreedora a una multa por el equivalente al valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). En apoyo a lo anterior, se invoca en lo conducente y por analogía, la tesis 1ª.LXIV/2015 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1390, Tomo II, del mes de Febrero de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y a la letra refiere: "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL. El precepto citado, al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes y obligar a los de las demás partes del juicio a hacerlo, vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, toda vez que si la prueba pericial se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor; ello, en concordancia con el criterio establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 2/2004-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 7/2005 (1). En efecto, la ratificación de los dictámenes periciales hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, susceptible de analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial se emita por una persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o alterarse sin que tenga conocimiento el perito nombrado. Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia válida para cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad lógico-jurídica que lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte del perito oficial, pues de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el inculpado; de ahí que la opinión pericial que no sea ratificada constituye una prueba imperfecta, en virtud de que para otorgar certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el dictamen, es indispensable que lo ratifique el perito oficial que lo formuló". Notifíquese, haciéndolo personalmente a Guadalupe Oropeza Ruiz y cúmplase

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