Erick Pérez Barrientos
Expediente 433/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Erick Pérez Barrientos
- ERICK PÉREZ BARRIENTOS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que mediante proveído de cuatro de enero del año en curso, se ordenó el archivo presente asunto, sin hacerse pronunciamiento alguno respecto al juicio de amparo 434/2017-III-B, acumulado al presente juicio de amparo; en tales condiciones; glósese el original del incidente de suspensión 434/2017-III-B, en el estado que se encuentra; y no así el duplicado, ya que el mismo deberá obrar por cuerda separada; en razón de que el mismo, es susceptible de destrucción. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el acumulado 434/2017-III-B, es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído; por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda y sentencia respectivas; asimismo, por cuanto hace al incidente de suspensión, se conservara la suspensión provisional y resolución interlocutoria, toda vez que las mismas fueron concedidas, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; glósese el original del incidente de suspensión en el estado en que se encuentra; y no así el duplicado, ya que el mismo deberá obrar por cuerda separada; en razón de que el mismo, es susceptible de destrucción. Archívese este expediente como asunto concluido. Devuélvase al Juez Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral, adscrita al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, la copia de audio y video grabación, misma que adjuntó al rendir su informe justificado, desglosándose de los autos la foja 43, dejándose en su lugar la certificación correspondiente. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído; por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda y sentencia respectivas; asimismo, por cuanto hace al incidente de suspensión, se conservará la suspensión provisional y resolución interlocutoria, toda vez que las mismas fueron concedidas, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 433/2017 y su acumulado 434/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Erick Pérez Barrientos, a través de su defensora Lucía Hernández Vargas, promovió juicio de amparo en el que como autoridad responsable señaló a la Jueza Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, de quien reclamó el auto de vinculación a proceso de dieciséis de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa 27/2017; y su correspondiente ejecución. SEGUNDO. Por auto de once de mayo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo bajo el número de amparo 433/2017; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, quienes lo rindieron con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, se emplazó al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable y a la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de uno de junio de dos mil diecisiete, se ordenó tramitar el incidente de acumulación de autos, respecto del juicio de amparo 434/2017 al diverso 433/2017, ambos del índice de este juzgado, por lo que se suspendió el procedimiento. Por resolución de seis de julio del presente año, se declaró procedente la acumulación respecto del juicio de amparo 434/2017, promovido por Leticia Cuacuila Aldama, al diverso juicio de amparo 433/2017, promovido por Erick Pérez Barrientos, ambos del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estrado. Mediante auto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se acumularon los juicios de amparo 434/2017, promovido por Leticia Cuacuila Aldama, al diverso juicio de amparo 433/2017, promovido por Erick Pérez Barrientos, se ordenó reanudar el procedimiento y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción 1, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a una autoridad circunscrita a la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la Novena Época, estableció la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso y lograr la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, de abril de 2004, de la Novena Época, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos de los criterios transcritos, debe precisarse que el acto reclamado del que se duele el quejoso Erick Pérez Barrientos, en el presente juicio de amparo 433/2017, es: El auto de vinculación a proceso de dieciséis de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del proceso 27/2017, por el delito de homicidio previsto y sancionado por los artículos 224 y 226, en relación con los diversos 17, fracción I, 18 primer párrafo y 21, fracción III del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo; y su correspondiente ejecución. Por otra parte, se precisa que el acto reclamado del que se duele la quejosa Leticia Cuacuila Aldana, en el presente juicio de amparo 434/2017, es: El auto de vinculación a proceso de dieciséis de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del proceso 27/2017, por el delito de homicidio previsto y sancionado por los artículos 224 y 226, en relación con los diversos 17, fracción I, 18 primer párrafo y 21, fracción III del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo; y su correspondiente ejecución. Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". TERCERO. No es cierto el acto reclamado, por la impetrante del amparo Leticia Cuacuila Aldana, en el presente juicio de amparo 434/2017, a la Directora del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, por así haberlo manifestado al rendir sus respectivos informes de ley, sin que la parte quejosa aportara elemento de prueba alguno tendiente a desvirtuar tal negativa, razón por la cual el acto que se le combate deviene inexistente. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es sobreseer en esta parte del presente juicio de amparo, únicamente por cuanto a tales autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción lV, de la Ley de Amparo. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doscientos ochenta y cuatro, visible en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Igualmente sirve de apoyo, por exacta aplicación, la tesis jurisprudencial número 4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dicho informe, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". CUARTO. La Jueza Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral adscrita al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en su carácter de autoridad responsable, al rendir su informe justificado, reconoció la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las copias certificadas de la causa judicial 27/2017 y el disco compacto en formato de video grabación, que la autoridad jurisdiccional responsable remitió en apoyo a su informe justificado; las primeras a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, dado que las documentales son públicas por contener transcripciones certificadas realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias a él encomendadas por disposición de la Ley; los cuales para efectos del juicio de amparo adquieren el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Quinta Época, consultable en el Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena" De igual forma, cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 203 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el Director del Centro del Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, en su carácter de autoridad ejecutora, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto que se le reclama, por el quejoso Erick Pérez Barrientos. QUINTO. Previamente al examen de los conceptos de violación, debe dejarse establecido que el auto de vinculación a proceso de dieciséis de abril del año dos mil diecisiete, reclamado en el presente juicio de amparo 433/2017, se dictó en contra de Erick Pérez Barrientos; por su probable participación en el hecho que la Ley señala como delito de homicidio previsto y sancionado por los artículos 224 y 226, en relación con los diversos 17, fracción I, 18 primer párrafo y 21, fracción III del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo; y su correspondiente ejecución. En el presente caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, conforme a la cual procede la suplencia de la deficiencia de la queja, aún ante la ausencia de conceptos de violación, debido a que el acto reclamado es un auto de vinculación a proceso en el cual los quejosos tienen el carácter de imputados. Como sustento a la afirmación que antecede se cita la jurisprudencia P./J.5/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Noven Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, (febrero de 2006), visible en la página 9, la cual es del rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica.". Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso Erick Pérez Barrientos, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir acorde al numeral antes invocado. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, que revela un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que de la interpretación del primer párrafo, del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo, y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación de los imputados o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que los inculpados sean presentados ante el Juez de garantías a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [artículo 20 Constitucional]). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del artículo 20, Constitucional (reformado), para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Situación diversa a la que acontece en el sistema mixto o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Ahora bien, a efecto de determinar los requisitos que en su dictado deben reunirse, resulta menester reproducir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma, como de fondo. A. Requisitos formales: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. Requisitos de fondo: 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; 2. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro V, Tomo III, Febrero de 2012, cuyo rubro y texto dicen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". Establecido lo anterior, procede examinar si la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil diecisiete, por la Jueza Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en la causa judicial 27/2017, en la que dictó al quejoso Erick Pérez Barrientos, auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de homicidio, ilícito previsto y sancionado por los artículos 224 y 226, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo, cumple con los requisitos de forma y fundo antes precisados. En primer orden, es de indicar que el acto reclamado se emitió cumpliendo con las formalidades esenciales requeridas para ello; lo que es así porque, en cuanto a los: A. Requisitos formales. 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. Lo que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas, por virtud de los cuales ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, al afectar de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal del imputado al constreñirlo a continuar un proceso, el auto de vinculación reclamado, constituye un acto de molestia que además de cumplir los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe satisfacer las exigencias de constar por escrito, proceder de una autoridad judicial competente, y encontrarse debidamente fundado y motivado. Lo que se sustenta, además, en lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.23 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece publicada en la página 1286, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y NO SÓLO EN FORMA ORAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El dictado de un acto de molestia de esta naturaleza, afecta de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal de los gobernados al constreñirlos a continuar un proceso, ya sea en libertad o bien recluidos en un centro penitenciario, por lo cual, además de cumplirse con los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben satisfacerse las exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, esto es que: conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado, y se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; sin que el artículo 2, inciso c), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, releve de esa obligación a la autoridad responsable, aun cuando aluda expresamente a que sólo la acusación y la sentencia -como resoluciones- tengan que asentarse por escrito, pues de una interpretación armónica y sistemática de sus artículos 65, 69 y 296, se concluye que el auto de vinculación a proceso debe constar por escrito y no únicamente en forma oral.". De ese modo, se destaca que dentro de las constancias que obran en el juicio, se advierte la copia certificada de la resolución de dieciséis de abril de dos mil diecisiete, por medio de la cual la Jueza Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, dictó en contra del aquí quejoso Erick Pérez Barrientos auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho denominado por la ley como delito de homicidio. En relación a la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que de conformidad con Declaratoria del Congreso de la Unión en la que se establece la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a nivel federal en la Ciudad de México, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 2°, fracción VI, 8°, fracción I, 50 bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Jueza Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, señalado como responsable, es competente para emitir el auto de vinculación a proceso reclamado por el quejoso Erick Pérez Barrientos, en razón que los hechos delictivos investigados, se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal del Estado; asimismo éste aconteció el día seis de abril del año dos mil diecisiete, dentro de la jurisdicción en la que ejerce potestad la autoridad responsable, esto es, sobre la calle los Ángeles del Municipio de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala. En consecuencia, el requisito a que se ha hecho referencia, se encuentra satisfecho. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el indiciado solicite que el plazo de prórroga sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Luego, de la copia certificada de la causa judicial 27/2017, como de los discos audio visuales remitidos por la autoridad responsable, se advierte que el quejoso solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el auto de vinculación a proceso se dictó dentro del término que establece la Carta Magna. De esta forma se cumplió con el plazo constitucional dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso. Además, con lo aquí expuesto, queda de manifiesto que también se satisface el siguiente requisito: 3. Que se haya formulado imputación. Lo que es así, porque conforme lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Por tanto, como ya se expuso, de la reproducción del audio video respectivo, se desprende que el agente Ministerio Público formuló imputación en contra del hoy quejoso, por su probable intervención en los hechos determinados por la ley como delito de homicidio, ilícito previsto y sancionado por los artículos 224 y 226, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, en la audiencia inicial de dieciséis de abril del año dos mil diecisiete. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En relación a ello, el arábigo 312 del citado Código Nacional, establece que formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el propio Código; lo que fue observado, según se aprecia de la reproducción del audio video relativo a la audiencia inicial de dieciséis de abril del año dos mil diecisiete, en la que a pregunta formulada por la Juez de Control, a los aquí quejosos expresaron que sí entendían la imputación hecha en su contra; y luego ejerció su derecho a no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito, se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar al ahora quejoso el auto de vinculación a proceso que reclama por esta vía, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 224 y 226, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por el Ministerio Público al momento de formular imputación, sin variarlos. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En la resolución de dieciséis de abril de dos mil diecisiete, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso, en contra del ahora quejoso, por el hecho con apariencia del delito antes referido, fueron tomados en consideración los datos de prueba reseñados por el fiscal investigador, expresándose las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución de los delitos en cuestión. B. Los requisitos de fondo son: l. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente y que fueran tomados en consideración por el Juez del Sistema Penal de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Sobre este punto, en el auto de vinculación a proceso, únicamente se contiene la información proporcionada por el Ministerio Público derivada de la investigación realizada, que el Juez responsable, consideró como datos suficientes que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y en el que el estándar probatorio se rigió por el grado de razonabilidad de los datos que, a criterio del juzgador, establecieron que se cometió un hecho ilícito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso lo cometió. Es importante destacar que tales datos no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que, en la postura asumida por la propia fiscalía, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial; la prueba, por su parte, será exclusivamente aquella desahogada en la audiencia principal de juicio oral, tal como lo contempla el último párrafo del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo estos lineamientos, se establece que la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos obtenidos por el agente del Ministerio Público en una primera etapa de investigación que por la cercanía temporal con el hecho delictivo le compete exclusivamente a éste, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con los indiciados respecto de la labor que viene desarrollando en su contra. En tales condiciones, la Juez de Control debe resolver la situación jurídica de la persona imputada con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones vertidas por la fiscalía, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, caso en el cual podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido. Por otro lado, se impone destacar que con base al nuevo modelo de sistema de justicia penal de corte acusatorio en México, y en atención al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige para el dictado de un auto de vinculación a proceso, la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la responsabilidad en forma probable, pues en la fracción III, del numeral 316 del citado Código, se prevé que debe justificarse la existencia únicamente de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo. Por identidad jurídica, sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible a foja 1942, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de dos mil doce, Tomo 3, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación.". Ahora bien, resulta necesario examinar si los datos de prueba valorados por el Juez responsable, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en el hecho que la ley señala como delictuoso, imputado a los impetrantes del juicio; datos de prueba que el Ministerio Público citó al momento de formular imputación contra del quejoso, a saber: 1. El de inicio de siete de abril de dos mil diecisiete, en la que se recibió una llamada telefónica por parte del despachador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, del número de emergencia 911, en la que se pone del conocimiento que se encuentra un masculino, en calidad de desconocido, sobre la calle Los Ángeles, a la altura del panteón Municipal de Santa Catarina Ayometla, con lo que se dio inicio a la investigación correspondiente. 2. Informe pericial médico legal y forense de levantamiento de cadáver, reconocimiento y necropsia número 1115/2017, de siete de abril de dos mil diecisiete, signado por la doctora Mercedes Hernández Conde, dictamen dentro del cual refiere que siendo las cero horas del siete de abril de dos mil diecisiete, se constituyó en compañía de policía de investigación, así como la perito en criminalística de campo, en la calle Los Ángeles, del Municipio de Ayometla, Tlaxcala, lugar en donde tuvo a la vista sobre el camino de terracería, un cuerpo sin vida, siendo precisamente el ahora víctima, el que se encontraba vestido y descalzo, en posición decúbito dorsal, con el rostro hacía arriba, quien presentó las lesiones siguientes: a) La causa de muerte de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo, por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a asfixia, mecánica por estrangulación. b) La lesión que causó la muerte fue por un agente constrictor en el cuello. c) El cronotanatodiagnóstico al momento del levantamiento de cadáver, es de dos a tres horas previas a la intervención de la perito, tomando en consideración el clima, lugar del hallazgo, condiciones de vestimenta, así como la causa de muerte y signos tanatológicos. d) Tipo de muerte violenta: es decir fue homicidio. e) Todas las lesiones que presentó el cadáver de la hoy víctima se produjeron antemortem. 3. Dictamen pericial en materia de criminalística de campo, con número de registro 119, de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, signado por la perito en criminalística de campo licenciada Brenda Aracely Verde Saavedra, en el que se establece, que siendo las cero una cuarenta horas, del día siete de abril del año dos mil diecisiete, se trasladó en compañía de la médico legista y oficiales de la policía de investigación, específicamente a la calle Los Ángeles, del centro del Municipio de Ayometla, Tlaxcala, refiriendo que este, a un piso de terracería, con trazo vial de norponiente a suroriente y viceversa, refiriendo que en dicho lugar localizan en el lado sur poniente de la mencionada calle, un poste de luz a unos tres metros de este, localizan el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual se encontraba vestido y descalzo, en posición decúbito dorsal, de igual manera en este dictamen, refiere que se pudo trasladar a la interseción formada por la calle Vicente Guerrero, de la sección Tercera de Guardia, Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, localizado en el sur de estos estos inmuebles, destinados a casa habitación y a la altura de esta intersección, se observa que sobre la calle Vicente Guerrero, se encontraba acordonada, localizado un vehículo automotor marca Volkswagen, línea Beetle, color plateado, con placas de circulación XWP-44-62 particulares, que presentaba daños por impacto contra cuerpo duro y en el cual se observan tiene manchas de color rojizo, de tipo hemático, en su lado izquierdo de la puerta del citado vehículo. 4. Dictamen en materia de química forense, con el número de dictamen 249/2017, de siete de abril de dos mil diecisiete, signado por la perito Esther Báez Ahuatzi, en la que se concluyó que en la muestra de sangre recabada al cadáver de la hoy víctima, si se identificó la presencia de alcohol etílico, en una concentración de 173.42 mg/dl. 5. Informe preliminar número P.I. 97/2017, suscrito por elementos de la Policía de Investigación Vicente Martínez Alvarado, Eduardo Licurgo Mendieta Morales y Alfredo Domínguez Aguilar, de siete de abril de dos mil diecisiete. 6. Informe preliminar número P.I. 98/2017, suscrito por los elementos de la Policía de Investigación Vicente Martínez Alvarado, Eduardo Licurgo Mendieta Morales y Alfredo Domínguez Aguilar, de siete de abril de dos mil diecisiete, que la unidad vehicular Volkseagen tipo Beetle, color gris, se encuentra registrado a nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo. 7. Acta de inspección de lugar y levantamiento de cadáver, realizado por el Policía de Investigación Vicente Martínez Alvarado, de siete de abril de dos mil diecisiete, en el que se estableció que en la calle los Ángeles de la colonia centro del Municipio de Santa Catarina Ayometla, fue observado un poste de concreto, de alumbrado público y a tres metros de este, pudo localizar a una persona del sexo masculino, quien se encontraba vestido únicamente con calcetines, en posición decúbito dorsal y localizo a treinta y ocho centímetros del cadáver una huella de neumáticos. 8. Inspección ocular a cargo del Policía de Investigación Vicente Martínez Alvarado, de siete de abril de dos mil diecisiete, en la cual se expuso que al estar constituido en la calle Vicente Guerrero, Seccción Tercera de Guardía, del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, establece que tiene a la vista un vehículo Volkswagen, línea Beetle, color plateado, en el cual se observan daños por impacto contra cuerpo duro, asimismo, refiere que se observan manchas de color rojizo en el lado izquierdo a nivel de la puerta. 9. Dictamen en materia de química, de siete de abril del presente año, signado por la perito Esther Báez Ahuatzi, quien concluyó que las manchas presentadas en el interior y exterior del vehículo marca Volkswagen, línea Beetle, color gris, con placas de circulación XWP-4462, particulares del Estado de Tlaxcala, son manchas hemáticas de origen humano. 10. Acta de reconocimiento de cadáver a cargo de Alejandro Diyarza Meza, de siete de abril del año en curso. 11. Reconocimiento de cadáver a cargo de Rosario Diyarza Cuahutencos de siete de abril del actual. 12. Entrevista de Juan de Luna Santiago, elementos de la Policía Municipal de Ayometla, Tlaxcala, de siete de abril del dos mil diecisiete. 13. Entrevista de Guillermo Conde Cortes, elemento policiaco Municipal de Ayometla, Tlaxcala, de siete de abril del dos mil diecisiete. 14. Entrevista de Cristóbal Caballero Vázquez, elemento de la Policía Municipal de Ayometla, Tlaxcala, de siete de abril del dos mil diecisiete. 15. Dictamen en materia de criminalística de campo, con número de llamada 99/2017, oficio 6434/2017 de ocho de abril de dos mil diecisiete, signado por la perito Maricruz Rivera Murillo. Datos de prueba, respecto de los cuales el Juez responsable adecuadamente señaló que con dichos datos de prueba se llegaba a la conclusión de que se justificaba el hecho que la Ley señala como el delito de homicidio, previsto en el artículo 224, del Código Penal vigente en el Estado; considerando en lo conducente, lo siguiente: "[.] Asimismo, se establece de una manera indiciaria, se justifican los elementos del hecho que la ley prevé como delito de homicidio, toda vez que se considera que existen datos suficientes para estimar que José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo, fue privado de la vida, debido a la conducta desplegada por otra persona, llegando a esta conclusión en virtud de que la causa de la muerte lo fue insuficiencia respiratoria aguda secundaría a asfixia mecánica por estrangulación, lo que hace llegar a concluir que debió prevenir de conducta de persona diversa a la propia víctima la generadora de esa asfixia mecánica por estrangulación, con lo cual se estima que hasta este momento, de manera indiciaría, con los datos que aportó la Agente del Ministerio Público en su solicitud de vinculación a proceso, puede concluirse que existen datos suficientes para estimar que existe el hecho que la ley señala como delito, concretamente el de homicidio, que se encuentra previsto en el artículo 224 del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala, al existir de manera indiciaría el dato de que la hoy víctima respondió al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo, quien tenía sesenta años, de estado civil soltero, por ende se justifica la existencia previa de la vista y quien fue privado de la vida mediante la conducta de estrangulación. Estimado por ello, que se encuentran datos suficientes para estimar que existe la privación de la vida y como lo establece la Ley General de Salud en sus artículos 343, 344 y 345; siendo que dicha privación de la vida se estima proviene de persona puesto diversa a la propia víctima y por tanto, es atribuible a otra persona puesto que de manera razonable, se considera que el estrangulamiento que presentó la hoy víctima no pudo generarse por una conducta auto infligida por el ahora occiso, todo ellos nos lleva a concluir que se debe tener por inexistente el hecho que la ley señala como delito de homicidio en el artículo 224 del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala.". Por otra parte, también fue correcto que la responsable haya tenido por demostrada la probable responsabilidad de los inculpados en términos del artículo 21, fracción III, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, con los datos de prueba con los que se tuvo por demostrado el cuerpo del delito de homicidio, con lo que se estableció: [.] Toda vez que la probable autoría o participación en términos del artículo 21 fracción III del Código Penal de Tlaxcala, consistente en el hecho de participar en la ejecución de hechos de manera conjunta con otro u otros autores, se puede concluir que, en el presente caso, con la información aportada por la Agente del Ministerio Público, se establece razonablemente la probabilidad de que los imputados sean las personas que lo cometieron de manera conjunta, tomando en consideración que de lo narrado por los policías municipales, se desprende que las únicas personas que se encontraban en el interior del vehículo, instantes después de que fuera sacado el cuerpo de la hoy víctima, lo eran los hoy imputados; además, esto se corrobora nuevamente en el hecho de que después de impactar el vehículo con otro vehículo y una barda, los únicos que estaban en el vehículo eran los ahora imputados.- Por ello, al concatenar lo narrado por los policías municipales con lo dictaminado por la perito en criminalística en el sentido de que la hoy víctima fue lesionada en el interior del vehículo, el cual se encontraba en su interior impregnado en el asiento frontal izquierdo, en el área de cabecera, de manchas de color rojizo de aspecto hemático, asimismo impregnado en el costado izquierdo y en toda la cara posterior del mismo, abarcando manija plástica del la izquierdo, asiento delantero derecho, siendo este el del copiloto, con manchas hemáticas, abarcando área de cabecera, así como el asiento posterior del vehículo Beetle, color gris, los cuales además de las manchas por impregnación, tenía embarradura de color rojizo, de aspecto hemático, predominando estas manchas del lado izquierdo, de igual forma en la parte posterior del compartimiento central de los asientos de este vehículo, así como en los asientos frontales, se presentan diversas manchas de color rojizo de aspecto hemático, por escurrimiento y el toldo en la parte interna, presenta manchas hemáticas, por embarradura, impregnación y proyección, siendo que de acuerdo al dictamen en materia de química, de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, signado por la perito Esther Báez Ahuatzi, concluyó que las manchas presentadas en el interior y exterior del vehículo marca Volkswagen, tipo Beetle, color gris, con placas de circulación XWP-4462, particulares del Estado de Tlaxcala, son manchas hemáticas de origen humano; de lo anterior, se puede concluir que existe la probabilidad de que son los ahora imputados las personas que causaron las lesiones y concretamente los que causaron la asfixia por estrangulamiento, mediante el uso de la cinta que fue localizada alrededor del cuello de la víctima, quien en vida respondiera al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo.- con lo cual, se estima existente la probabilidad de que la causa de la muerte de la víctima quien en vida respondiera al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo, fue causada por Leticia Cuacuila Aldana y Erick Pérez Barrientos, aproximadamente entre las veintidós horas con cuarenta minutos y las veintitrés horas cuarenta minutos del seis de abril de dos mil diecisiete, en el interior del vehículo marca Volkswagen, tipo Beetle, color gris, con placas de circulación XWP-44-62, particulares del Estado de Tlaxcala, esto en el Municipio de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala.- Lo anterior se establece con base a la pericial, en materia de medicina legal, relativa a la necropsia practicada al cuerpo de la ahora víctima, que fue incorporada como dato de prueba por la Agente del Ministerio Público, la cual señala el horario aproximado en que debió ser privado de la vida, siendo aproximadamente entre las veintidós horas con cuarenta minutos y las veintitrés horas con cuarenta minutos del seis de abril de dos mil diecisiete, siendo coincidente dicho horario con los hechos que fueron presenciados por los elementos de policía municipal, de donde se puede fijar de manera lógica y razonable que, en un grado de lo probable, los ahora imputados Leticia Cuacuila Aldana y Erick Pérez Barrientos, fueron las personas que cometieron la conducta tanto de lesiones a la hoy víctima, así como el de realizar el estrangulamiento que generó la privación de la vida; ello de manera conjunta puesto que ambos imputados se encontraban en el interior del vehículo, al momento en que se daban a la fuga, en los hechos que fueron narrados durante la exposición de la solicitud de la vinculación a proceso por la Agente del Ministerio Público. De lo expuesto hasta este momento se puede establecer que Leticia Cuacuila Aldana y Erick Pérez Barrientos,se consideran coautores, en virtud de establecer de manera razonable que Leticia Cuacuila Aldana y Erick Pérez Barrientos, tenían el dominio funcional del hecho y que estaban actuando de común acuerdo, por tanto ambos imputados se estima responden de la totalidad del resultado, consistente en la privación de la vida de la persona que respondiera al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo.". Bajo estos lineamientos, resultan infundados los conceptos de violación sustentados por el quejoso en el sentido de que las pruebas aportadas por la representante social, no fueron valoradas debidamente por la responsable y son insuficientes para considerar su probable responsabilidad en la comisión del hecho delictuoso; lo expuesto por el quejoso es infundado puesto que el grado de valoración de los elementos de prueba es mínimo ya que solo se requieren indicios que justifiquen la existencia de un hecho y la probable participación, y será hasta la etapa posterior donde se tendrá que hacer una valoración integral de los datos de prueba, para establecer si acreditan la responsabilidad plena del hoy quejoso. Por otra parte, de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, se consideran suficientes para advertir razonablemente la probabilidad del hoy quejoso es una de las personas que lo cometieron de manera conjunta, tomando en consideración que de lo narrado por los policías municipales, de los que se desprende que las únicas personas que se encontraban en el interior del vehículo, instantes después de que fuera sacado el cuerpo de la hoy víctima, lo eran los hoy imputados; además, esto se corrobora nuevamente en el hecho de que después de impactar el vehículo con otro vehículo y una barda, los únicos que estaban en el vehículo eran los ahora imputados, lo cual relacionado con todo los elementos aportados por la representación social, y con ello se considera que participaron en su carácter de coautores materiales en términos de lo establecido por el artículo 21, fracción III. Asimismo, correctamente consideró que se encontraban reunidos los requisitos señalados en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir un auto de vinculación a proceso y que, hasta ese momento procesal, no se actualizaba, alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Consideraciones que este órgano jurisdiccional estima adecuadas. Asimismo, el juez responsable tomó en consideración las consideraciones vertidas por la defensa del quejoso; ya que del auto de vinculación a proceso, se advierte que sí atendió a cada una de las consideraciones vertidas por dicha defensa, tal como se advierte del análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. Superando con los datos de prueba, tal como correctamente lo sostuvo el juez responsable, la Agente del Ministerio Público, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de las personas implicadas, de ahí que el acto de vinculación a proceso se estime ajustado a derecho; pues dicho juez, valoró la racionalidad de los argumentos de los contendientes y en base en ello resolvió. Sin que tampoco se advierta que al dictar el auto de vinculación a proceso, el juez responsable, violara en perjuicio del promovente, lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 20, Constitucionales, en relación con los numerales 12, 13, 68, 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue que pudo concluir que hasta este momento, y en atención a las consideraciones vertidas, era procedente dictar el auto de vinculación a proceso al imputado, hoy quejoso, acatando las exigencias establecidas para tal efecto, como probable partícipe en el hecho que la ley establece como el delito de homicidio. Efectivamente, contrario a lo manifestado por el quejoso, la jueza responsable, sí narró de forma precisa y circunstanciada la intervención del imputado, hoy quejoso, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar; tal como ya quedó demostrado. Sin que sea cierto que los datos de prueba, se contrapongan con la puesta a disposición, sino que por el contrario, en atención a dichos datos de prueba, fue que la jueza responsable, tuvo elementos suficientes para concluir que se había perpetrado el delito de homicidio, y que los hoy imputados, fueron quienes lo llevaron a cabo. En atención a lo anterior, es claro que la jueza responsable, no violó el principio de presunción de inocencia; pues como ya se concluyó, en la especie, si existen datos de pruebas de la cual se desprende la existencia del delito de robo y la responsabilidad por parte del imputado, hoy quejoso. Sirve de apoyo, la tesis visible en la página 1797, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE CONSIDERARSE EN LOS CASOS EN QUE SE TIENE DERECHO A LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN.- Cuando la autoridad responsable se niega a prorrogar el plazo para que el inculpado cumpla con los requerimientos que aquélla le impone a efecto de ejercer su derecho a la libertad provisional bajo caución, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos viola sus garantías individuales al no otorgarle las facilidades inherentes para acceder al beneficio de forma inmediata; lo anterior, tomando en consideración el principio universal de presunción de inocencia del que todo inculpado goza, consistente en ser tratado como inocente hasta en tanto su culpabilidad no haya sido probada y declarada mediante una sentencia definitiva, con independencia de las sospechas o los cargos que sobre él recaigan". De igual forma, sirve de apoyo la tesis visible en la página 1186, Tomo XXV, Mayo de 2007, Constitucional, Penal, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.- El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia". Máxime que, tal como se adelantó, del auto de vinculación a proceso reclamado, se advierte que la jueza responsable, cumplió con el principio de presunción de inocencia, pues se le otorgaron los derechos del acusado y en atención a que su responsabilidad penal quedó demostrada a través de una actividad probatoria de cargo, que se obtuvo de manera lícita, y se valoraron conforme a las correspondientes reglas procesales, fue que le dictó el auto de vinculación en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 2295, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES.- De acuerdo con la tesis P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", este principio aparece implícito en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos principios de debido proceso legal y el acusatorio dando lugar a que el acusado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia, sino que incumbe al Ministerio Público acreditar la existencia de los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del inculpado. Al tenor de estos lineamientos se colige que el principio de inocencia se constituye por dos exigencias: a) El supuesto fundamental de que el acusado no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria; lo que excluye, desde luego, la presunción inversa de culpabilidad durante el desarrollo del proceso; y, b) La acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución al sujeto, lo que determina necesariamente la prohibición de inversión de la carga de la prueba. Ahora bien, el primer aspecto representa más que una simple presunción legal a favor del inculpado, pues al guardar relación estrecha con la garantía de audiencia, su respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para garantizar al acusado la oportunidad de defensa previa al acto privativo concreto; mientras que el segundo se traduce en una regla en materia probatoria, conforme a la cual la prueba completa de la responsabilidad penal del inculpado debe ser suministrada por el órgano de acusación, imponiéndose la absolución si ésta no queda suficientemente demostrada, lo que implica, además, que deben respetarse los lineamientos generales que rigen para la prueba en el proceso penal y su correcta justipreciación, pues los elementos de convicción que se consideren para fundar una sentencia de condena, deben tener precisamente el carácter de pruebas y haber sido obtenidos de manera lícita. Así, la presunción de inocencia se constituye en el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales y que sea capaz de enervar al propio principio". Además, cuando la presunción de inocencia que en principio opera a favor del inculpado, aparece desvirtuada en la causa penal, como en la especie acontece, a éste le corresponde la carga de la prueba. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia visible en la página 1105, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL.- Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo". Sin que sea correcto que la jueza responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, únicamente hubiera valorado las pruebas que convenían; ya que de la lectura integral de la resolución reclamada, se advierte que dicha jueza responsable, sí analizó y valoró cada uno de los datos de prueba, expresando los motivos y circunstancias que tomó en consideración para arribar a la conclusión alcanzada; expresando inclusive las consideraciones respecto de las pruebas periciales, de las entrevistas, e informes; de ahí que los argumentos del quejoso, devengan infundados. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación, y sin que exista queja deficiente que se deba suplir conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por los quejosos. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Encargado del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala, por cuanto que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Resulta aplicable en lo conducente la Jurisprudencia 91 visible en la página 72, Tomo VI del Apéndice invocado, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". SEXTO. Previamente al examen de los conceptos de violación, debe dejarse establecido que el auto de vinculación a proceso de dieciséis de abril del año dos mil diecisiete, reclamado en el presente juicio de amparo 434/2017, se dictó en contra de Leticia Cuacuila Aldama; por su probable participación en el hecho que la Ley señala como delito de homicidio previsto y sancionado por los artículos 224 y 226, en relación con los diversos 17, fracción I, 18 primer párrafo y 21, fracción III del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo; y su correspondiente ejecución. En el presente caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, conforme a la cual procede la suplencia de la deficiencia de la queja, aún ante la ausencia de conceptos de violación, debido a que el acto reclamado es un auto de vinculación a proceso en el cual la quejosa tiene el carácter de imputada. Como sustento a la afirmación que antecede se cita la jurisprudencia P./J.5/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Noven Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, (febrero de 2006), visible en la página 9, la cual es del rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica.". Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa Leticia Cuacuila Aldama, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir acorde al numeral antes invocado. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, que revela un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que de la interpretación del primer párrafo, del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo, y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación de los imputados o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que los inculpados sean presentados ante el Juez de garantías a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [artículo 20 Constitucional]). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del artículo 20, Constitucional (reformado), para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Situación diversa a la que acontece en el sistema mixto o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de la inculpada, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Ahora bien, a efecto de determinar los requisitos que en su dictado deben reunirse, resulta menester reproducir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma, como de fondo. A. Requisitos formales: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. Requisitos de fondo: 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; 2. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro V, Tomo III, Febrero de 2012, cuyo rubro y texto dicen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". Establecido lo anterior, procede examinar si la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil diecisiete, por la Jueza Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en la causa judicial 27/2017, en la que dictó a la quejosa Leticia Cuacuila Aldama auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de homicidio, ilícito previsto y sancionado por los artículos 224 y 226, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo, cumple con los requisitos de forma y fondo precisados. En primer orden, es de indicar que el acto reclamado se emitió cumpliendo con las formalidades esenciales requeridas para ello; lo que es así porque, en cuanto a los: A. Requisitos formales. 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. Lo que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas, por virtud de los cuales ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, al afectar de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal del imputado al constreñirlo a continuar un proceso, el auto de vinculación reclamado, constituye un acto de molestia que además de cumplir los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe satisfacer las exigencias de constar por escrito, proceder de una autoridad judicial competente, y encontrarse debidamente fundado y motivado. Lo que se sustenta, además, en lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.23 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece publicada en la página 1286, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y NO SÓLO EN FORMA ORAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El dictado de un acto de molestia de esta naturaleza, afecta de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal de los gobernados al constreñirlos a continuar un proceso, ya sea en libertad o bien recluidos en un centro penitenciario, por lo cual, además de cumplirse con los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben satisfacerse las exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, esto es que: conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado, y se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; sin que el artículo 2, inciso c), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, releve de esa obligación a la autoridad responsable, aun cuando aluda expresamente a que sólo la acusación y la sentencia -como resoluciones- tengan que asentarse por escrito, pues de una interpretación armónica y sistemática de sus artículos 65, 69 y 296, se concluye que el auto de vinculación a proceso debe constar por escrito y no únicamente en forma oral.". De ese modo, se destaca que dentro de las constancias que obran en el juicio, se advierte la copia certificada de la resolución de dieciséis de abril de dos mil diecisiete, por medio de la cual la Jueza Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, dictó en contra de la aquí quejosa Leticia Cuacuila Aldama auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho denominado por la ley como delito de homicidio. En relación a la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que de conformidad con Declaratoria del Congreso de la Unión en la que se establece la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a nivel federal en la Ciudad de México, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 2°, fracción VI, 8°, fracción I, 50 bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Jueza Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, señalado como responsable, es competente para emitir el auto de vinculación a proceso reclamado por la quejosa Leticia Cuacuila Aldama, en razón que los hechos delictivos investigados, se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal del Estado; asimismo éste aconteció el día seis de abril del año dos mil diecisiete, dentro de la jurisdicción en la que ejerce potestad la autoridad responsable, esto es, sobre la calle los Ángeles del Municipio de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala. En consecuencia, el requisito a que se ha hecho referencia, se encuentra satisfecho. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el indiciado solicite que el plazo de prórroga sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Luego, de la copia certificada de la causa judicial 27/2017, como de los discos audio visuales remitidos por la autoridad responsable, se advierte que el quejoso solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el auto de vinculación a proceso se dictó dentro del término que establece la Carta Magna. De esta forma se cumplió con el plazo constitucional dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso. Además, con lo aquí expuesto, queda de manifiesto que también se satisface el siguiente requisito: 3. Que se haya formulado imputación. Lo que es así, porque conforme lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Por tanto, como ya se expuso, de la reproducción del audio video respectivo, se desprende que el agente Ministerio Público formuló imputación en contra de la hoy quejosa, por su probable intervención en los hechos determinados por la ley como delito de homicidio, ilícito previsto y sancionado por los artículos 224 y 226, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, en la audiencia inicial de dieciséis de abril del año dos mil diecisiete. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En relación a ello, el arábigo 312 del citado Código Nacional, establece que formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el propio Código; lo que fue observado, según se aprecia de la reproducción del audio video relativo a la audiencia inicial de dieciséis de abril del año dos mil diecisiete, en la que a pregunta formulada por la Juez de Control, a la aquí quejosa expresó que sí entendía la imputación hecha en su contra; y luego ejerció su derecho a no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito, se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar al ahora quejoso el auto de vinculación a proceso que reclama por esta vía, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 224 y 226, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por el Ministerio Público al momento de formular imputación, sin variarlos. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En la resolución de dieciséis de abril de dos mil diecisiete, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso, en contra del ahora quejoso, por el hecho con apariencia del delito antes referido, fueron tomados en consideración los datos de prueba reseñados por el fiscal investigador, expresándose las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución de los delitos en cuestión. B. Los requisitos de fondo son: l. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente y que fueran tomados en consideración por el Juez del Sistema Penal de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Sobre este punto, en el auto de vinculación a proceso, únicamente se contiene la información proporcionada por el Ministerio Público derivada de la investigación realizada, que el Juez responsable, consideró como datos suficientes que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y en el que el estándar probatorio se rigió por el grado de razonabilidad de los datos que, a criterio del juzgador, establecieron que se cometió un hecho ilícito y que existe la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa lo cometió. Es importante destacar que tales datos no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que, en la postura asumida por la propia fiscalía, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial; la prueba, por su parte, será exclusivamente aquella desahogada en la audiencia principal de juicio oral, tal como lo contempla el último párrafo del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo estos lineamientos, se establece que la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos obtenidos por el agente del Ministerio Público en una primera etapa de investigación que por la cercanía temporal con el hecho delictivo le compete exclusivamente a éste, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con los indiciados respecto de la labor que viene desarrollando en su contra. En tales condiciones, la Juez de Control debe resolver la situación jurídica de la persona imputada con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones vertidas por la fiscalía, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, caso en el cual podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido. Por otro lado, se impone destacar que con base al nuevo modelo de sistema de justicia penal de corte acusatorio en México, y en atención al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige para el dictado de un auto de vinculación a proceso, la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la responsabilidad en forma probable, pues en la fracción III, del numeral 316 del citado Código, se prevé que debe justificarse la existencia únicamente de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo. Por identidad jurídica, sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible a foja 1942, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de dos mil doce, Tomo 3, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación.". Ahora bien, resulta necesario examinar si los datos de prueba valorados por el Juez responsable, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en el hecho que la ley señala como delictuoso, imputado a los impetrantes del juicio; datos de prueba que el Ministerio Público citó al momento de formular imputación contra del quejoso, a saber: 1. El inicio de siete de abril de dos mil diecisiete, en la que se recibió una llamada telefónica por parte del despachador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, del número de emergencia 911, en la que se pone del conocimiento que se encuentra un masculino, en calidad de desconocido, sobre la calle Los Ángeles, a la altura del panteón Municipal de Santa Catarina Ayometla, con lo que se dio inicio a la investigación correspondiente. 2. Informe pericial médico legal y forense de levantamiento de cadáver, reconocimiento y necropsia número 1115/2017, de siete de abril de dos mil diecisiete, signado por la doctora Mercedes Hernández Conde, dictamen dentro del cual refiere que siendo las cero horas del siete de abril de dos mil diecisiete, se constituyó en compañía de policía de investigación, así como la perito en criminalística de campo, en la calle Los Ángeles, del Municipio de Ayometla, Tlaxcala, lugar en donde tuvo a la vista sobre el camino de terracería, un cuerpo sin vida, siendo precisamente el ahora víctima, el que se encontraba vestido y descalzo, en posición decúbito dorsal, con el rostro hacía arriba, quien presentó las lesiones siguientes: a) La causa de muerte de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo, por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a asfixia, mecánica por estrangulación. b) La lesión que causó la muerte fue por un agente constrictor en el cuello. c) El cronotanatodiagnóstico al momento del levantamiento de cadáver, es de dos a tres horas previas a la intervención de la perito, tomando en consideración el clima, lugar del hallazgo, condiciones de vestimenta, así como la causa de muerte y signos tanatológicos. d) Tipo de muerte violenta: es decir fue homicidio. e) Todas las lesiones que presentó el cadáver de la hoy víctima se produjeron antemortem. 3. Dictamen pericial en materia de criminalística de campo, con número de registro 119, de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, signado por la perito en criminalística de campo licenciada Brenda Aracely Verde Saavedra, en el que se establece, que siendo las cero una cuarenta horas, del día siete de abril del año dos mil diecisiete, se trasladó en compañía de la médico legista y oficiales de la policía de investigación, específicamente a la calle Los Ángeles, del centro del Municipio de Ayometla, Tlaxcala, refiriendo que este, a un piso de terracería, con trazo vial de norponiente a suroriente y viceversa, refiriendo que en dicho lugar localizan en el lado sur poniente de la mencionada calle, un poste de luz a unos tres metros de este, localizan el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual se encontraba vestido y descalzo, en posición decúbito dorsal, de igual manera en este dictamen, refiere que se pudo trasladar a la interseción formada por la calle Vicente Guerrero, de la sección Tercera de Guardia, Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, localizado en el sur de estos estos inmuebles, destinados a casa habitación y a la altura de esta intersección, se observa que sobre la calle Vicente Guerrero, se encontraba acordonada, localizado un vehículo automotor marca Volkswagen, línea Beetle, color plateado, con placas de circulación XWP-44-62 particulares, que presentaba daños por impacto contra cuerpo duro y en el cual se observan tiene manchas de color rojizo, de tipo hemático, en su lado izquierdo de la puerta del citado vehículo. 4. Dictamen en materia de química forense, con el número de dictamen 249/2017, de siete de abril de dos mil diecisiete, signado por la perito Esther Báez Ahuatzi, en la que se concluyó que en la muestra de sangre recabada al cadáver de la hoy víctima, si se identificó la presencia de alcohol etílico, en una concentración de 173.42 mg/dl. 5. Informe preliminar número P.I. 97/2017, suscrito por elementos de la Policía de Investigación Vicente Martínez Alvarado, Eduardo Licurgo Mendieta Morales y Alfredo Domínguez Aguilar, de siete de abril de dos mil diecisiete. 6. Informe preliminar número P.I. 98/2017, suscrito por los elementos de la Policía de Investigación Vicente Martínez Alvarado, Eduardo Licurgo Mendieta Morales y Alfredo Domínguez Aguilar, de siete de abril de dos mil diecisiete, que la unidad vehicular Volkseagen tipo Beetle, color gris, se encuentra registrado a nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo. 7. Acta de inspección de lugar y levantamiento de cadáver, realizado por el Policía de Investigación Vicente Martínez Alvarado, de siete de abril de dos mil diecisiete, en el que se estableció que en la calle los Ángeles de la colonia centro del Municipio de Santa Catarina Ayometla, fue observado un poste de concreto, de alumbrado público y a tres metros de este, pudo localizar a una persona del sexo masculino, quien se encontraba vestido únicamente con calcetines, en posición decúbito dorsal y localizo a treinta y ocho centímetros del cadáver una huella de neumáticos. 8. Inspección ocular a cargo del Policía de Investigación Vicente Martínez Alvarado, de siete de abril de dos mil diecisiete, en la cual se expuso que al estar constituido en la calle Vicente Guerrero, Sección Tercera de Guardía, del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, establece que tiene a la vista un vehículo Volkswagen, línea Beetle, color plateado, en el cual se observan daños por impacto contra cuerpo duro, asimismo, refiere que se observan manchas de color rojizo en el lado izquierdo a nivel de la puerta. 9. Dictamen en materia de química, de siete de abril del presente año, signado por la perito Esther Báez Ahuatzi, quien concluyó que las manchas presentadas en el interior y exterior del vehículo marca Volkswagen, línea Beetle, color gris, con placas de circulación XWP-4462, particulares del Estado de Tlaxcala, son manchas hemáticas de origen humano. 10. Acta de reconocimiento de cadáver a cargo de Alejandro Diyarza Meza, de siete de abril del año en curso. 11. Reconocimiento de cadáver a cargo de Rosario Diyarza Cuahutencos de siete de abril del actual. 12. Entrevista de Juan de Luna Santiago, elementos de la Policía Municipal de Ayometla, Tlaxcala, de siete de abril del dos mil diecisiete. 13. Entrevista de Guillermo Conde Cortes, elemento policiaco Municipal de Ayometla, Tlaxcala, de siete de abril del dos mil diecisiete. 14. Entrevista de Cristóbal Caballero Vázquez, elemento de la Policía Municipal de Ayometla, Tlaxcala, de siete de abril del dos mil diecisiete. 15. Dictamen en materia de criminalística de campo, con número de llamada 99/2017, oficio 6434/2017 de ocho de abril de dos mil diecisiete, signado por la perito Maricruz Rivera Murillo. Datos de prueba, respecto de los cuales el Juez responsable adecuadamente señaló que con dichos datos de prueba se llegaba a la conclusión de que se justificaba el hecho que la Ley señala como el delito de homicidio, previsto en el artículo 224, del Código Penal vigente en el Estado; considerando en lo conducente, lo siguiente: "[.] Asimismo, se establece de una manera indiciaria, se justifican los elementos del hecho que la ley prevé como delito de homicidio, toda vez que se considera que existen datos suficientes para estimar que José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo, fue privado de la vida, debido a la conducta desplegada por otra persona, llegando a esta conclusión en virtud de que la causa de la muerte lo fue insuficiencia respiratoria aguda secundaría a asfixia mecánica por estrangulación, lo que hace llegar a concluir que debió prevenir de conducta de persona diversa a la propia víctima la generadora de esa asfixia mecánica por estrangulación, con lo cual se estima que hasta este momento, de manera indiciaría, con los datos que aportó la Agente del Ministerio Público en su solicitud de vinculación a proceso, puede concluirse que existen datos suficientes para estimar que existe el hecho que la ley señala como delito, concretamente el de homicidio, que se encuentra previsto en el artículo 224 del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala, al existir de manera indiciaría el dato de que la hoy víctima respondió al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo, quien tenía sesenta años, de estado civil soltero, por ende se justifica la existencia previa de la vista y quien fue privado de la vida mediante la conducta de estrangulación. Estimado por ello, que se encuentran datos suficientes para estimar que existe la privación de la vida y como lo establece la Ley General de Salud en sus artículos 343, 344 y 345; siendo que dicha privación de la vida se estima proviene de persona puesto diversa a la propia víctima y por tanto, es atribuible a otra persona puesto que de manera razonable, se considera que el estrangulamiento que presentó la hoy víctima no pudo generarse por una conducta auto infligida por el ahora occiso, todo ellos nos lleva a concluir que se debe tener por inexistente el hecho que la ley señala como delito de homicidio en el artículo 224 del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala.". Por otra parte, también fue correcto que la responsable haya tenido por demostrada la probable responsabilidad de los inculpados en términos del artículo 21, fracción III, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, con los datos de prueba con los que se tuvo por demostrado el cuerpo del delito de homicidio, con lo que se estableció: [.] Toda vez que la probable autoría o participación en términos del artículo 21 fracción III del Código Penal de Tlaxcala, consistente en el hecho de participar en la ejecución de hechos de manera conjunta con otro u otros autores, se puede concluir que, en el presente caso, con la información aportada por la Agente del Ministerio Público, se establece razonablemente la probabilidad de que los imputados sean las personas que lo cometieron de manera conjunta, tomando en consideración que de lo narrado por los policías municipales, se desprende que las únicas personas que se encontraban en el interior del vehículo, instantes después de que fuera sacado el cuerpo de la hoy víctima, lo eran los hoy imputados; además, esto se corrobora nuevamente en el hecho de que después de impactar el vehículo con otro vehículo y una barda, los únicos que estaban en el vehículo eran los ahora imputados.- Por ello, al concatenar lo narrado por los policías municipales con lo dictaminado por la perito en criminalística en el sentido de que la hoy víctima fue lesionada en el interior del vehículo, el cual se encontraba en su interior impregnado en el asiento frontal izquierdo, en el área de cabecera, de manchas de color rojizo de aspecto hemático, asimismo impregnado en el costado izquierdo y en toda la cara posterior del mismo, abarcando manija plástica del la izquierdo, asiento delantero derecho, siendo este el del copiloto, con manchas hemáticas, abarcando área de cabecera, así como el asiento posterior del vehículo Beetle, color gris, los cuales además de las manchas por impregnación, tenía embarradura de color rojizo, de aspecto hemático, predominando estas manchas del lado izquierdo, de igual forma en la parte posterior del compartimiento central de los asientos de este vehículo, así como en los asientos frontales, se presentan diversas manchas de color rojizo de aspecto hemático, por escurrimiento y el toldo en la parte interna, presenta manchas hemáticas, por embarradura, impregnación y proyección, siendo que de acuerdo al dictamen en materia de química, de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, signado por la perito Esther Báez Ahuatzi, concluyó que las manchas presentadas en el interior y exterior del vehículo marca Volkswagen, tipo Beetle, color gris, con placas de circulación XWP-4462, particulares del Estado de Tlaxcala, son manchas hemáticas de origen humano; de lo anterior, se puede concluir que existe la probabilidad de que son los ahora imputados las personas que causaron las lesiones y concretamente los que causaron la asfixia por estrangulamiento, mediante el uso de la cinta que fue localizada alrededor del cuello de la víctima, quien en vida respondiera al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo.- con lo cual, se estima existente la probabilidad de que la causa de la muerte de la víctima quien en vida respondiera al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo, fue causada por Leticia Cuacuila Aldana y Erick Pérez Barrientos, aproximadamente entre las veintidós horas con cuarenta minutos y las veintitrés horas cuarenta minutos del seis de abril de dos mil diecisiete, en el interior del vehículo marca Volkswagen, tipo Beetle, color gris, con placas de circulación XWP-44-62, particulares del Estado de Tlaxcala, esto en el Municipio de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala.- Lo anterior se establece con base a la pericial, en materia de medicina legal, relativa a la necropsia practicada al cuerpo de la ahora víctima, que fue incorporada como dato de prueba por la Agente del Ministerio Público, la cual señala el horario aproximado en que debió ser privado de la vida, siendo aproximadamente entre las veintidós horas con cuarenta minutos y las veintitrés horas con cuarenta minutos del seis de abril de dos mil diecisiete, siendo coincidente dicho horario con los hechos que fueron presenciados por los elementos de policía municipal, de donde se puede fijar de manera lógica y razonable que, en un grado de lo probable, los ahora imputados Leticia Cuacuila Aldana y Erick Pérez Barrientos, fueron las personas que cometieron la conducta tanto de lesiones a la hoy víctima, así como el de realizar el estrangulamiento que generó la privación de la vida; ello de manera conjunta puesto que ambos imputados se encontraban en el interior del vehículo, al momento en que se daban a la fuga, en los hechos que fueron narrados durante la exposición de la solicitud de la vinculación a proceso por la Agente del Ministerio Público. De lo expuesto hasta este momento se puede establecer que Leticia Cuacuila Aldana y Erick Pérez Barrientos,se consideran coautores, en virtud de establecer de manera razonable que Leticia Cuacuila Aldana y Erick Pérez Barrientos, tenían el dominio funcional del hecho y que estaban actuando de común acuerdo, por tanto ambos imputados se estima responden de la totalidad del resultado, consistente en la privación de la vida de la persona que respondiera al nombre de José Alejandro Bartolomé Diyarza Castillo.". Bajo estos lineamientos, resultan infundados los conceptos de violación sustentados por el quejoso en el sentido de que las pruebas aportadas por la representante social, no fueron valoradas debidamente por la responsable y son insuficientes para considerar su probable responsabilidad en la comisión del hecho delictuoso; lo expuesto por la quejosa es infundado puesto que el grado de valoración de los elementos de prueba es mínimo ya que solo se requieren indicios que justifiquen la existencia de un hecho y la probable participación, y será hasta la etapa posterior donde se tendrá que hacer una valoración integral de los datos de prueba, para establecer si acreditan la responsabilidad plena de la hoy quejosa. Por otra parte, de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, se consideran suficientes para advertir razonablemente la probabilidad de la parte hoy quejosa es una de las personas que lo cometieron de manera conjunta, tomando en consideración que de lo narrado por los policías municipales, de los que se desprende que las únicas personas que se encontraban en el interior del vehículo, instantes después de que fuera sacado el cuerpo de la hoy víctima, lo eran los hoy imputados; además, esto se corrobora nuevamente en el hecho de que después de impactar el vehículo con otro vehículo y una barda, los únicos que estaban en el vehículo eran los ahora imputados, lo cual relacionado con todo los elementos aportados por la representación social, y con ello se considera que participaron en su carácter de coautores materiales en términos de lo establecido por el artículo 21, fracción III. Asimismo, correctamente consideró que se encontraban reunidos los requisitos señalados en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir un auto de vinculación a proceso y que, hasta ese momento procesal, no se actualizaba, alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Consideraciones que este órgano jurisdiccional estima adecuadas. Asimismo, el juez responsable tomó en consideración las consideraciones vertidas por la defensa de la quejosa; ya que del auto de vinculación a proceso, se advierte que sí atendió a cada una de las consideraciones vertidas por dicha defensa, tal como se advierte del análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. Superando con los datos de prueba, tal como correctamente lo sostuvo el juez responsable, la Agente del Ministerio Público, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de las personas implicadas, de ahí que el acto de vinculación a proceso se estime ajustado a derecho; pues dicho juez, valoró la racionalidad de los argumentos de los contendientes y en base en ello resolvió. Sin que tampoco se advierta que al dictar el auto de vinculación a proceso, el juez responsable, violara en perjuicio del promovente, lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 20, Constitucionales, en relación con los numerales 12, 13, 68, 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue que pudo concluir que hasta este momento, y en atención a las consideraciones vertidas, era procedente dictar el auto de vinculación a proceso al imputado, hoy quejoso, acatando las exigencias establecidas para tal efecto, como probable partícipe en el hecho que la ley establece como el delito de homicidio. Efectivamente, contrario a lo manifestado por el quejoso, la jueza responsable, sí narró de forma precisa y circunstanciada la intervención del imputado, hoy quejosa, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar; tal como ya quedó demostrado. Sin que sea cierto que los datos de prueba, se contrapongan con la puesta a disposición, sino que por el contrario, en atención a dichos datos de prueba, fue que la jueza responsable, tuvo elementos suficientes para concluir que se había perpetrado el delito de homicidio, y que los hoy imputados, fueron quienes lo llevaron a cabo. En atención a lo anterior, es claro que la jueza responsable, no violó el principio de presunción de inocencia; pues como ya se concluyó, en la especie, si existen datos de pruebas de la cual se desprende la existencia del delito de robo y la responsabilidad por parte del imputado, hoy quejosa. Sirve de apoyo, la tesis visible en la página 1797, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE CONSIDERARSE EN LOS CASOS EN QUE SE TIENE DERECHO A LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN.- Cuando la autoridad responsable se niega a prorrogar el plazo para que el inculpado cumpla con los requerimientos que aquélla le impone a efecto de ejercer su derecho a la libertad provisional bajo caución, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos viola sus garantías individuales al no otorgarle las facilidades inherentes para acceder al beneficio de forma inmediata; lo anterior, tomando en consideración el principio universal de presunción de inocencia del que todo inculpado goza, consistente en ser tratado como inocente hasta en tanto su culpabilidad no haya sido probada y declarada mediante una sentencia definitiva, con independencia de las sospechas o los cargos que sobre él recaigan". De igual forma, sirve de apoyo la tesis visible en la página 1186, Tomo XXV, Mayo de 2007, Constitucional, Penal, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.- El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia". Máxime que, tal como se adelantó, del auto de vinculación a proceso reclamado, se advierte que la jueza responsable, cumplió con el principio de presunción de inocencia, pues se le otorgaron los derechos del acusado y en atención a que su responsabilidad penal quedó demostrada a través de una actividad probatoria de cargo, que se obtuvo de manera lícita, y se valoraron conforme a las correspondientes reglas procesales, fue que le dictó el auto de vinculación en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 2295, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES.- De acuerdo con la tesis P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", este principio aparece implícito en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos principios de debido proceso legal y el acusatorio dando lugar a que el acusado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia, sino que incumbe al Ministerio Público acreditar la existencia de los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del inculpado. Al tenor de estos lineamientos se colige que el principio de inocencia se constituye por dos exigencias: a) El supuesto fundamental de que el acusado no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria; lo que excluye, desde luego, la presunción inversa de culpabilidad durante el desarrollo del proceso; y, b) La acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución al sujeto, lo que determina necesariamente la prohibición de inversión de la carga de la prueba. Ahora bien, el primer aspecto representa más que una simple presunción legal a favor del inculpado, pues al guardar relación estrecha con la garantía de audiencia, su respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para garantizar al acusado la oportunidad de defensa previa al acto privativo concreto; mientras que el segundo se traduce en una regla en materia probatoria, conforme a la cual la prueba completa de la responsabilidad penal del inculpado debe ser suministrada por el órgano de acusación, imponiéndose la absolución si ésta no queda suficientemente demostrada, lo que implica, además, que deben respetarse los lineamientos generales que rigen para la prueba en el proceso penal y su correcta justipreciación, pues los elementos de convicción que se consideren para fundar una sentencia de condena, deben tener precisamente el carácter de pruebas y haber sido obtenidos de manera lícita. Así, la presunción de inocencia se constituye en el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales y que sea capaz de enervar al propio principio". Además, cuando la presunción de inocencia que en principio opera a favor del inculpado, aparece desvirtuada en la causa penal, como en la especie acontece, a éste le corresponde la carga de la prueba. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia visible en la página 1105, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL.- Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo". Sin que sea correcto que la jueza responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, únicamente hubiera valorado las pruebas que convenían; ya que de la lectura integral de la resolución reclamada, se advierte que dicha jueza responsable, sí analizó y valoró cada uno de los datos de prueba, expresando los motivos y circunstancias que tomó en consideración para arribar a la conclusión alcanzada; expresando inclusive las consideraciones respecto de las pruebas periciales, de las entrevistas, e informes; de ahí que los argumentos del quejoso, devengan infundados. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación, y sin que exista queja deficiente que se deba suplir conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por la quejosa Leticia Cuacuila Aldama. Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. En otro aspecto, pese que a que las partes no expresaron su oposición para que se publicaran su nombre y datos personales, este juzgado de oficio, ordena la protección de datos personales en acatamiento al criterio 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, localizable bajo el rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN.". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 1o, fracción I, 37, 107, 124 y 192, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Leticia Cuacuila Aldama en contra del acto reclamado de la Directora del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A Directora del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Erick Pérez Barrientos y Leticia Cuacuila Aldama, en contra del acto reclamado de la Jueza Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y del Encargado del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala, consistentes en el auto de vinculación a proceso de fecha dieciséis de abril del año dos mil diecisiete, y su ejecución, en términos de los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. TERCERO.- Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 433/2017 y su acumulado 434/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Erick Pérez Barrientos, a través de su defensora Lucía Hernández Vargas, promovió juicio de amparo en el que como autoridad responsable señaló a la Jueza Segundo Mixto del Sistema Penal de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, de quien reclamó el auto de vinculación a proceso de dieciséis de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa 27/2017; y su correspondiente ejecución. SEGUNDO. Por auto de once de mayo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo bajo el número de amparo 433/2017; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, quienes lo rindieron con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, se emplazó al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable y a la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de uno de junio de dos mil diecisiete, se ordenó tramitar el incidente de acumulación de autos, respecto del juicio de amparo 434/2017 al diverso 433/2017, ambos del índice de este juzgado, por lo que se suspendió el procedimiento. Por resolución de seis de julio del presente año, se declaró procedente la acumulación respecto del juicio de amparo 434/2017, promovido por Leticia Cuacuila Aldama, al diverso juicio de amparo 433/2017, promovido por Erick Pérez Barrientos, ambos del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estrado. Mediante auto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se acumularon los juicios de amparo 434/2017, promovido por Leticia Cuacuila Aldama, al diverso juicio de amparo 433/2017, promovido por Erick Pérez Barrientos, se ordenó reanudar el procedimiento y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; Notifíquese personalmente.
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