Erick Paredes García

Expediente 1652/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1652/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
05/12/2017

Partes del expediente

  • Erick Paredes García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    I.- La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de trece de noviembre del año en curso (fojas 29 a 32), donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista al quejoso, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. 4. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    I.- El estado procesal de los presentes autos evidencia que el nueve de noviembre de dos mil diecisiete (foja 28) se tuvo por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México, y remitió copia certificada de diversas constancias del expediente laboral J.29/88/2017. Ahora, en el presente juicio Hilda Alba Hernández, en su carácter de apoderada legal de Erick Paredes García reclama la reserva decretada en audiencia de ocho de junio de dos mil diecisiete dictada en autos del juicio laboral J.29/88/2017, en cuanto a la admisión de pruebas, de señalar día y hora para su desahogo y su notificación; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable como complemento a su informe justificado, se advierte que el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la junta responsable emitió un acuerdo donde tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes, señaló hora y día para la celebración de la audiencia de pruebas y lo notificó. A las constancias remitidas por la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Se invoca en lo conducente, la tesis 226 con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. La representante legal del quejoso Erick Paredes García aduce que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México, no había acordado la admisión de las pruebas ofrecidas, de señalar día y hora para su desahogo y su notificación; sin embargo, como complemento a su informe justificado la Presidenta de la Junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral J.29/88/2017 de su índice estadístico, de las cuales se advierte que el veinticinco de octubre del presente año, emitió pronunciamiento respecto de dicha solicitud. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Presidente de la Junta responsable, emitió un acuerdo donde tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes, señaló hora y día para la celebración de la audiencia de pruebas y la notificó; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues la omisión reclamada a la fecha ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, con número de registro 168189, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." De la misma manera, sirve de apoyo la jurisprudencia 103 con número de registro 917637, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 415 con número de registro 917949, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis aislada P. CL/97, con número de registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con veinticinco minutos del quince de noviembre de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    V.- Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el cual el Roberto Rojas Collado representante del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, acusa recibo de las constancias devueltas en justificación de sus actos, relativas al expediente personal del ahora quejoso Cirilo Ricardo Robles González. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, se tiene por cumplido el requerimiento; y, se deja sin efectos la multa con la cual se le conminó por auto de treinta de octubre del año en curso (foja 101). Por otra parte, el estado procesal de los autos evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso IV), pues, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal; por tanto, deberán conservarse la demanda y la sentencia respectivas. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo. Asimismo, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  4. Principal

    Toluca, México; ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta por el cual el Apoderado Legal del Organismo Público Descentralizado por Servicio de carácter Municipal denominado Agua y Saneamiento de Toluca, pretende dar cumplimiento a lo acordado el veinticinco de octubre del año en curso (fojas 282 a 284). Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar; y, se provee: Con motivo que por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se le requirió para que en el plazo de tres días remitiera: Las constancias que integran el expediente SHA/CABILDO/141/2016; Copia certificada del plano relativo a la tubería colocada por ese organismo descentralizado en San Andrés Cuexcontítlán, sección 3, correspondiente al mes de mayo de dos mil diecisiete; El permiso o autorización de las cuatro interconexiones que realizaron a los vecinos de las calles pertenecientes a dicha comunidad (calle de Guillermo Prieto esquina El Tejocote; calle Dos de Marzo y Matamoros; calle Matamoros; y calle Melchor Ocampo esquina con Matamoros) para ocupar la red hidráulica. Establecido lo anterior, no ha lugar a tener por cumplido dicho requerimiento, ello con motivo que por lo que hace a lo marcado en el inciso uno, únicamente remite copias simples, manifestando que las originales se encuentran en la Secretaria del Ayuntamiento de Toluca; por lo que con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, se le requiere de nueva cuenta para que en el plazo de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita a este Juzgado de Distrito copias debidamente certificadas de las constancias que se han hecho alusión, en el entendido que deberá de realizar las gestiones correspondientes a fin de que se pueda allegar de las mismas, pues este órgano de control jurisdiccional no puede darles valor probatorio alguno a las copias simples que envía. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el tiempo establecido; o bien, de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por lo que hace a las constancias marcadas en los incisos dos y tres, se tiene por satisfecho el requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa con las constancias enviadas relativas al inciso tres, para que en el plazo de tres días contados a partir de que tengan conocimiento del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho corresponda ello en virtud de que las mismas han sido enviadas en copias simples. Con el apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna dentro del plazo establecido, se les tendrá por conformes con dichas constancias. Finalmente, por lo que hace a sus manifestaciones en el sentido de que informa el fallecimiento de José Luis González Ramírez, no se realiza mayor pronunciamiento ello con motivo de lo acordado el siete anterior. Notifíquese; y, personalmente al representante común de los quejosos. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretario Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, por licencia otorgada al titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/3960/2017 de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza y da fe. Doy fe

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