Erick Ortega Estrada
Expediente 751/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Erick Ortega Estrada
Actuaciones
- Principal
VII... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral citado.
- Principal
VII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Téngase recibido el escrito signado por el quejoso mediante el cual desahoga la prevención formulada el once de agosto del año en curso. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, , que da lugar a su desechamiento, dado que el acto reclamado consiste en: La sentencia interlocutoria de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán, Estado de México, en los autos del Juicio Oral Familiar 381/2021 que resolvió el recurso de revocación promovido en contra del auto de diecisiete de junio del año en curso, cuyo tema sustancial es estimar improcedente la declaración de inconvencionalidad del artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ahora bien, es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Para mayor comprensión se precisa que: DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por lo que, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Los numerales 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación pueda ser analizada nuevamente al dictar la resolución final, sino que con motivo de una sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón que el acto reclamado anteriormente descrito, no reviste el carácter de imposible reparación para considerar procedente el juicio constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que dicho acto, no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana. De ahí que, en el caso a estudio, la determinación reclamada no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos. Además, la intención del legislador fue la de priorizar el principio de economía procesal para evitar la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones estimen se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la parte afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas. Por tanto, es evidente que el acto reclamado, no debe considerarse como emitido dentro del procedimiento y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados para que deba impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, interpretado a contrario sensu. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "Dr.GonzaloLevi"; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación.
- Principal
VII... Vista la demanda de amparo promovida por Erick ..., por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 751/2021-VII. Previo a realizar algún pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda de garantías, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá a la parte quejosa para que aclare su demanda. En ese orden, con fundamento en los artículos 108 fracción V, 112 y 114 fracción I de la ley de la materia, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, mediante escrito y con copia para cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: 1. Deberá transcribir o en su caso exhibir copia de la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno emitida en los autos del juicio oral familiar 381/2021 por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli Estado de México que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Lo anterior a efecto de que el suscrito tenga la certeza del acto que se atribuye a la autoridad que menciona en su escrito, lo que resulta necesario a fin de no generar incertidumbre, fijar debidamente la litis en el sumario en que se actúa y no irrogar perjuicio a las demás partes. 2. Exhiba cinco copias del escrito con el que desahogue la prevención, para correr traslado a cada una de las partes que serán distribuidas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, una para el tercero interesado, dos para la apertura del incidente de suspensión y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, lo anterior con apoyo en el artículo 110 de la ley de la materia. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con las prevenciones formuladas dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del número 114, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones la lista, misma que puede consultarse en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la puerta de acceso al edificio donde se localiza este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gonzalo Levi Obregón Salinas, toda vez que cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a las personas restantes que señala en su escrito, se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 24 del propio ordenamiento legal, es decir, para oír y recibir notificaciones, así como todo tipo de documentos, por haberlo solicitado de dicha manera. Por lo que hace al correo electrónico y número telefónico que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, no ha lugar acordar de conformidad, ya que dichos medios no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo para los fines que pretende, aunado a que de acuerdo a los dispuesto por el artículo precitado, con relación con los numerales 60, 62, 64, 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo general conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamentan la posibilidad de presentar demandas, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través de los sistemas tecnológicos, para acceder a dichos servicios es necesario que la persona interesada cuente con firma electrónica (FIREL) generada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación e informe el usuario ante el órgano Federal que se trámite el asunto de su interés. Sin perjuicio de lo anterior téngase señalada la cuenta de correo electrónico y número telefónico, para entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo pueda promover, consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión.
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