Erick Omar GArrido Montiel

Expediente 829/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
829/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Erick Omar GArrido Montiel

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dos de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...M-I

  2. Principal

    RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Erick Omar Garrido Montiel, contra un acto del Director del Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo; fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 829/2021-I. DESECHAMIENTO. Respecto del acto reclamado se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda (.) La porción normativa contiene el principio de definitividad en materia administrativa, mismo que descansa en que la procedencia de la acción constitucional no es irrestricta, pues al ser el juicio de amparo un medio de control constitucional extraordinario, procederá una vez que se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que dicha promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible. Debiendo tener presente que para efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que se reclame un acto de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el presente caso, contra el acto del que se duele el quejoso procede la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En principio, conviene mencionar que los artículos artículo 18, párrafo segundo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución General, prevén las directrices básicas del sistema penitenciario y de la competencia exclusiva de la autoridad jurisdiccional en la ejecución de penas. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un sistema de impugnación conformado por procedimientos administrativos y jurisdiccionales a fin de 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda salvaguardar los derechos de los sujetos relacionados con la etapa de ejecución el procedimiento penal. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces penales de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar a la autoridad jurisdiccional como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por eso, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. En el caso, el quejoso Erick Omar Garrido Montiel señaló como acto reclamado el oficio 2834/2021 de cuatro de junio de dos 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda mil veintiuno signado por el Director del Centro de Reinserción Social de Pachuca, Hidalgo. Asimismo, de la demanda que se provee y de las constancias que exhibe el accionante se advierte lo siguiente: ? El quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, Hidalgo, compurgando la sentencia a la que fue condenado. ? Mediante escrito ingreso ante la autoridad responsable solicitó: (i) se le otorgarán los beneficios de libertad condicional y en su defecto de libertad anticipada, y (ii) copia simple de su expediente único de ejecución penal, plan de actividades del quejoso y carpeta de ejecución. ? En contestación a tal solicitud, el director responsable emitió el oficio 2834/2021 de cuatro de junio de dos mil veintiuno en el que: (i) otorgo copias certificadas del acta y plan de actividades del quejoso, (ii) le informo que se encontraban relacionado con la causa penal 12/2018 instruida en su contra por la Jueza Penal de Control y Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, por el delito de asalto equiparado, (iii) respecto las constancias solicitadas del expediente administrativo de ejecución de penas le informó que estaba a su disposición en el centro de reinserción social que representa, y (iv) en cuanto a la solicitud de los beneficios, le informo que no cumplía con los requisitos establecidos en los artículo 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Oficio que constituye el reclamado en el presente juicio. Al respecto, los artículos 116 y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. (.) Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia." Con base en tales porciones normativas, los jueces de ejecución conocerán de las controversias sobre la duración, modificación y extinción de la pena. Por tanto, es evidente que contra el acto reclamado el quejoso debió promover la controversia judicial prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a interponer demanda de amparo indirecto. En abono a lo anterior, se toma en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.)1 , consideró que la controversia judicial, regulada por la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, incluso si el afectado alega que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir. Explicó que ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación 1 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2023190, de rubro: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Si bien, en el caso no se reclama una orden de traslado, se considera aplicable ese criterio en virtud de que el Máximo Tribunal se pronunció respecto del potencial que tiene la controversia judicial para confirmar, modificar o revocar la determinación de la autoridad penitenciaria, y estableció que ese medio ordinario no rebasa los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX. Por otra parte, no pasa inadvertido que el quejoso aduce que procede al amparo, debido a que el acto reclamado esta indebidamente fundados y motivado. Conforme el artículo 61 fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no existe obligación de agotar los recursos ordinarios si el acto reclamado carece de fundamentación. En el entendido de que la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. En el caso, el acto no carece de fundamentación, pues el oficio emitido por la autoridad responsable funda la negativa de otorgarle los beneficios que solicita en lo establecido en los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que significa que el sentenciado conoce el orden jurídico aplicable; por lo que se encuentra obligado a interponer el recurso ordinario correspondiente, previo a acudir al juicio de amparo. Por las razones que la sustentan, la jurisprudencia PC.IV.A. J/28 A (10a.) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo II, página 895, de rubro y texto siguiente: BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA.De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. En esas condiciones, si el quejoso no acudió a la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal para impugnar el acto que aquí reclama, se actualiza de forma manifiesta e indudable el motivo de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que se constituya en dicho centro de reclusión y notifique personalmente al quejoso Erick Omar Garrido Montiel el presente auto. AUTORIZADOS DEL QUEJOSO. Se tiene como autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriela Félix Vargas, y únicamente para recibir notificaciones a Miguel Ángel Félix Vargas, toda vez que no se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Se tiene al quejoso proporcionando el número telefónico 5579605876 así como el correo electrónico mialfe59@gmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del acuerdo general de referencia, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizada el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo....M-I

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