Erick Olivos Ayala
Expediente 823/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Erick Olivos Ayala
Actuaciones
- Principal
VIII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio proveniente del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, se le tiene devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 406/2023-VII, derivado del juicio biinstancial en que se actúa. Sin que sea necesario acusar recibo del mismo, toda vez que la homóloga federal no lo solicita. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado téngase al Juzgado Sexto de Distrito en Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, informando que dicho Juzgado acepta la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Ahora bien, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior en atención a que este juzgado se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes. Además de que este asunto no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del aludido Acuerdo General. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023 del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las diez horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 456/2022-V, promovido ********************, por derecho propio, contra actos del Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas que fueron ofrecidas por la parte quejosa en la demanda de amparo; así como las documentales que las autoridades responsables remitieron en alcance a sus informes justificados. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones en vía de alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 456/2022-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado el veinte de abril siguiente, ********************, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades. II. Por auto del veintiuno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 456/2022-V; se pidió a las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada ********************, antes ********************; finalmente, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, y se dictó la sentencia correspondiente el quince de junio del dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio. III. Inconforme con dicha determinación, se interpuso recurso de revisión del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual mediante resolución del veintiocho de octubre del año dos mil veintidós, en el recurso de revisión 249/2022 de su estadística, resolvió revocar la resolución recurrida y reponer el procedimiento. Finalmente, se ordenó notificar a las partes y se señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo el treinta de noviembre de dos mil veintidós y se sobreseyó en el juicio. IV. Contra dicha determinación se interpuso recurso de revisión al cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien por resolución del ocho de junio del año en curso, en el recurso de revisión 23/2023, de su estadística, que resolvió revocar la resolución recurrida y reponer el procedimiento en este juicio de amparo. Finalmente, se ordenó notificar a las partes y se señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se reclaman actos de naturaleza civil atribuidos a autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: a) Del Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad ordenadora: 1. La orden de lanzamiento y desocupación del inmueble ubicado en ********************, dictada en los autos del expediente ********************, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por ********************, antes ********************, en contra de ********************. b) Del Juez Tercero de lo Civil de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como ejecutora: c) Del Ejecutor adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como ejecutora: d) Del Juez Segundo de lo Civil de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como ejecutora: e) Del Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como ejecutora: La ejecución de los actos reclamados. TERCERO. El Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, aceptó los actos reclamados, por lo que debe tenerse por cierto, lo que se corrobora con las constancias relativas al expediente ********************, relativo al juicio especial hipotecario, que remitió el juez responsable en apoyo a dicho informe; las cuales revisten valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, del Apéndice 1917-2000, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". En tanto que, las autoridades responsables Juez Tercero de lo Civil de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Ejecutor adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Juez Segundo de lo Civil de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados, sin embargo éstos deben tenerse por ciertos al tratarse de autoridades ejecutoras, además que de sus manifestaciones se aprecia que el acto que se le reclama es cierto. Es aplicable a lo anterior la tesis titulada: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 814, que aparece en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Precepto legal que tiene íntima relación con el diverso artículo 5o., fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos103 y constitucionales, que literalmente establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causa un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejoso en los términos de esta Ley". De lo anterior se advierte que si bien el artículo 5o., fracción I, citado, amplía el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal, a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico, esto es, reconoce la institución del interés legítimo para demandar el amparo. Sin embargo, tal reconocimiento no opera tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya que en tales hipótesis el quejoso debe aducir y por tanto demostrar ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, es decir deberá acreditar contar con interés jurídico como lo dispone el propio precepto legal en estudio. Precisado lo anterior, se colige como postulado fundamental del juicio constitucional, que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que los peticionarios de amparo demuestren su interés jurídico, el cual, ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio constitucional. En el caso los actos reclamados se hacen consistir en: 1. La orden de lanzamiento y desocupación del inmueble ubicado en ********************, dictada en los autos del expediente ********************, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por ********************, antes ********************, en contra de ********************. 2. La ejecución de los actos reclamados. Sin embargo, se advierte que de los informes justificados de las autoridades responsables, no se desprende que a la fecha actual se haya realizado el emplazamiento a la quejosa ********************, y que más aun no es parte en el procedimiento de origen juicio especial hipotecario ********************, y exhibe un contrato de arrendamiento lo que no prueba que tiene la propiedad del inmueble materia de la controversia, es por ello, que el suscrito estima que no se puede entrar al estudio del fondo del presente asunto, dado que no acredita un interés jurídico. Para que esta detentación sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho; de manera que el impetrante tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho sobre el bien de que se aduzca y no tener el carácter de simple detentador material del inmueble. Es aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Novena Época, con registro 1002427, fuente Apéndice 1917-Septiembre 2011, localización Apéndice 1917-Septiembre 2011, materia civil, cuyo rubro y texto a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Ahora, la quejosa ofreció como prueba un contrato de arrendamiento celebrado entre ******************** y ******************** y/o ********************, del veintitrés de enero de dos mil veintidós, respecto del inmueble ubicado en ********************, del cual, no se advierte ninguna certificación que se encuentre inmersa en el mismo ni tampoco se advierte que adquirió fecha porque no fue presentado ante ningún notario público para su certificación y cotejo con el original. De tal manera que el mismo es ineficaz para acreditar el interés jurídico de la quejosa, dado que no tiene fecha cierta. En ese tenor, la documental mencionada es ineficaz para acreditar en forma plena el interés jurídico de la quejosa para acudir al presente juicio de amparo en defensa del derecho de propiedad que aduce tener respecto del inmueble que pretende defender. En efecto, si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el multicitado contrato de arrendamiento como documento privado hace prueba plena de los hechos mencionados en él, no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico, al carecer de fecha cierta. Se afirma lo anterior, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que sea pasado ante fedatario público o funcionario autorizado, o que sea inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, o bien, a partir de la muerte de alguno de los firmantes; de ahí que si no se dan esos supuestos, como en el caso acontece, se estima justo y legal que al documento privado que incumpla con esos requisitos, no se le otorgue ningún valor probatorio, en relación con terceros. Lo anterior es así, dado que no fue celebrado ante notario público, ni tampoco se inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y menos aún se encuentra probado en autos que quien figuró como testigo en el mismo en ese sentido, dicho documento en la forma que se exhibió, resulta insuficiente para probar de manera plena el extremo pretendido por el quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 46/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192662, materias Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, página 78, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO". Por lo tanto lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, al no reclamarse por vicios propios su actuar, sino consecuencia del acto ordenador. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio promovido por ********************, por derecho propio, contra actos del Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades, por las razones establecidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; hágase por lista electrónica a la parte quejosa; por lista electrónica a la moral tercero interesada ********************, antes ******************** y personalmente a la tercero interesada ********************; por oficio a las autoridades responsables, y al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, secretaria quien da fe. Doy fe
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