Erick Michel Carmona Esquivel

Expediente 123/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
123/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Erick Michel Carmona Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; asimismo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió y negó la medida cautelar solicitada. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 123/2019-I-D; y, RESULTANDO: ÚNICO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; Erick Michel Carmona Esquivel solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez admitida la demanda y seguido el juicio conforme a las formalidades de ley, se programó fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se desahogó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues, en el caso, los actos reclamados tendrían ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben tenerse como autoridades responsables al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y al Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a quienes se les reclama: El proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, en el que se impuso al aquí quejoso una multa por la cantidad de cincuenta días de salario, por no comparecer al desahogo de la diligencia programada para las trece horas con treinta minutos del dieciocho de enero del año en curso, dentro del juicio oral 280/2018, de su índice; y, en caso de no cumplir con la misma, se le impondría un arresto por treinta y seis horas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se les reclama (fojas 9), sin que el peticionario de amparo haya aportado prueba en contrario para desvirtuar tal negativa. En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto que por esta vía se combate, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la citada autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió con dicho informe, consistentes en las actuaciones de la causa 280/2018 en formato digital y un DVD certificado; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, así como de registros de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa, además de que su contenido se encuentra certificado por la autoridad judicial competente, de ahí que se tenga certeza de los actos que se les atribuyen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del presente juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en el proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, en el que se impuso al aquí quejoso una multa por la cantidad de cincuenta días de salario, por no comparecer al desahogo de la diligencia programada para las trece horas con treinta minutos del dieciocho de enero del año en curso, dentro del juicio oral 280/2018, de su índice; y, en caso de no cumplir con la misma, se le impondría un arresto por treinta y seis horas, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; ello, con base en las consideraciones siguientes. En el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del numeral en cita, en lo que interesa, se colige que recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia jurídica del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la vía constitucional biinstancial, es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar ese acto. Con base en esa premisa, a fin de determinar si en el caso particular se surte o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. Al respecto los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta.". De los preceptos transcritos, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, ya que el acto que se reclama fue emitido por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, mismo que mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, impuso al aquí quejoso una multa por la cantidad de cincuenta días de salario, por no comparecer al desahogo de la diligencia programada para las trece horas con treinta minutos del dieciocho de enero del año en curso, dentro del juicio oral 280/2018, de su índice; y, en caso de no cumplir con la misma, se le impondría un arresto por treinta y seis horas, con lo cual se cumple el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer, que en el caso es el recurso de revocación. La tercera hipótesis en estudio también se actualiza, ya que el recurso de revocación que procede está previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La última de las hipótesis relacionadas también opera, en virtud de que lo determinado en el proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, puede ser modificado o nulificado, a través del recurso de revocación, que se interponga en su contra, que tiene por objeto que se revoque, nulifique o modifique esa actuación. En ese sentido, si el quejoso no interpuso el recurso de revocación en contra de la determinación adoptada por el Juez de Enjuiciamiento en el proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en el que se impuso al aquí quejoso una multa por la cantidad de cincuenta días de salario, por no comparecer al desahogo de la diligencia programada para las trece horas con treinta minutos del dieciocho de enero del año en curso, dentro del juicio oral 280/2018, de su índice; y, en caso de no cumplir con la misma, se le impondría un arresto por treinta y seis horas, evidentemente el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J./11/2018 (10ª), publicada en la página 8, Libro 55, Junio de dos mil dieciocho, Tomo I, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". No se soslaya que en el acto reclamado también se estableció un apercibimiento de arresto. Sin embargo, esa circunstancia no hace procedente la vía constitucional sin antes cumplir el principio de definitividad. Ello, porque el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, establece como excepción al principio definitividad, entre otros, el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior. [.] b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal." Ahora bien, ese precepto establece entre otras excepciones al principio de definitividad cuando se reclame la orden de arresto; sin embargo, esa excepción no implica o abarca los apercibimientos de esa medida; por ello, si el legislador no estableció como salvedad aquellos apercibimientos, entonces no es dable aplicar por analogía ese tipo de actos como exclusión a la definitividad, máxime que las excepciones son de estricta interpretación. Tampoco, se soslaya que el propio precepto refiere como diversa salvedad el principio de definitividad, cualquier otro acto que afecte la libertad personal del quejoso; sin embargo, se estima que el apercibimiento reclamado tampoco encuadra dentro de esa hipótesis, pues el legislador al establecer "actos que afecten" dio por hecho que se trataban de actos que transgredieran realmente la libertad personal, lo que no acontece con los apercibimientos, acto que no ocasiona un daño irreparable, porque dicho acuerdo no causa por sí solo un perjuicio, pues el proveído o resolución que pudiera originar perjuicio se actualiza cuando se hace efectivo tal apercibimiento a través de un diverso acuerdo, el cual sí será susceptible de impugnarse. En otras palabras, la actualización del daño surgiría cuando por la postura procesal del quejoso, consistente en el incumplimiento respecto del requerimiento, la Juez de Enjuiciamiento haga efectivo el apercibimiento decretado en su contra, a través de otro proveído. Por tanto, se estima que sólo contra la orden de arresto ya decretada es que se actualiza la excepción al principio de definitividad y no con el sólo apercibimiento. De ahí que se insista en que el quejoso debió agotar el medio de defensa que tenía a su alcance para dotarlo de definitividad y, por ende, hacer procedente el juicio de amparo. Asimismo, no se soslaya lo dispuesto en la Jurisprudencia P./J./17/98, publicada en la página 6, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Tomo VII, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE EL AMPARO EN CONTRA DEL AUTO QUE APERCIBE CON SU IMPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA. No obsta para la procedencia del amparo el hecho de que no se agote el medio de defensa ordinario previsto en el ordenamiento respectivo, en contra del auto en el que se manda apercibir al quejoso con la imposición de un arresto específico como medida de apremio, porque siendo el auto que se reclama de carácter concreto e individualizado, el agraviado se halla en riesgo inminente de privación de su libertad personal, respecto de la cual opera una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; máxime que en ningún medio ordinario de defensa pueden plantearse cuestiones de constitucionalidad." En efecto, si bien en la citada jurisprudencia se precisó que contra el apercibimiento de arresto se actualizaba una excepción al principio de definitividad; lo cierto es que ese criterio se creó al tenor de la Ley de Amparo abrogada, en la cual existía una protección diversa de los actos privativos de libertad. Tal es el caso, de que en la ejecutoria que le dio origen se estimó que como en esa legislación se protegía a la libertad en un grado predominante, entonces contra los actos de esa naturaleza podría promoverse el juicio de amparo en cualquier tiempo, aún los emitidos dentro de juicio. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente se ha hecho la distinción expresa en el artículo 17, fracción IV, de que el juicio de amparo podrá promoverse en cualquier tiempo, entre otros casos, cuando el acto implique peligro de la libertad fuera de procedimiento; sin embargo, ese precepto interpretado en sentido contrario, denota que en tratándose de actos dentro de juicio, el amparo debe promoverse dentro de los quince días, según la primera parte de ese precepto. Distinción que no existía en la Ley de Amparo abrogada, específicamente en su artículo 22, fracción II. Por ello, se estima que dicha jurisprudencia no cobra aplicación en la actualidad; ello, con base en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, pues ese criterio se creó a la luz de la legislación abrogada cuyas disposiciones en el caso concreto difieren de la actual. Por ello, se considera que no se desacata ni se deja de aplicar. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de garantías, atento a lo dispuesto en el precepto 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 74 a 76 y 124 de su Ley Reglamentaria; se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Erick Michel Carmona Esquivel, contra actos de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el diverso tercero y quinto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe. El Juez El Secretario

  3. Incidental

    se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a *****, respecto de los actos que reclama a las autoridades precisadas y por los motivos expuestos en el considerando segundo incisos A) y B) del presente fallo. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva ***, respecto de los actos que reclama a las autoridades precisadas y por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta resolución interlocutoria.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de febrero de dos mil diecinueve. Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la oficiante las que anexa en su misiva de cuenta, y dada su naturaleza por admitidas y desahogadas para dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano