Erick Martín Martínez Zúrita

Expediente 547/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
547/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Erick Martín Martínez Zúrita

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo ***. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este expediente constituye un cuaderno de antecedentes formado con motivo de que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia propuesta por el Juzgado Décimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio *** suscrito por el Secretario del Juzgado Décimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que remite la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas. Acúsese recibo. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ***. III. Decisión sobre la competencia para conocer del asunto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso está actualmente recluido en el Centro Federal número Catorce "CPS Durango", en Gómez Palacio, Durango. Ahora bien, en acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, dictado en el cuaderno varios ***, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el Alto Tribunal no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ****, por lo que ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien a su vez de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, consideró carecer de competencia para conocer de dicha demanda. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado deriva de la petición del quejoso-sentenciado para obtener algún beneficio, por lo que es competente el Juzgado de Distrito cuya jurisdicción se ubique en el domicilio del centro penitenciario donde aquél se encuentre interno, ello, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que consideró que dicha competencia correspondía a un Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, ya que el quejoso está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Catorce "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango. No obstante, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo, toda vez que se carece de ésta por cuestión de territorio. En efecto, el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en lo que interesa, dispone: PRIMERO.- El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] VIII. OCTAVO CIRCUITO: Estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. [.] XXV. VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO: Estado de Durango, con excepción de los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo. [.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] VIII. OCTAVO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo. El juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza. Los juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura y Sierra Mojada. Los juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. De lo anterior se desprende que los Juzgado de Distrito que tienen jurisdicción territorial en el municipio de Gómez Palacio, Durango, son los del Octavo Circuito, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Por tanto, si el Juzgado Décimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México consideró que es competente el Juzgado que ejerce jurisdicción en el lugar donde está recluido el quejoso, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social número Catorce "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio; entonces, en su caso, la competencia, por razón de territorio, correspondería a los Juzgado de Distrito del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza. Bajo este tenor, este Juzgado de Distrito es incompetente para conocer el reclamo constitucional que se plantea. En las relatadas condiciones, devuélvanse las constancias originales del presente asunto al Juzgado Décimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para efecto de que provea lo conducente. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. IV. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo, del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los diversos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas y constancias que obren en el expediente, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales. Además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará acorde a los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. V. Firma del presente acuerdo. El presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º. de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese.

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