Erick Marquez García
Expediente 371/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Erick Marquez García
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, en contra del auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho (fojas 162 a 168), ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Destruible. De igual modo, anótese que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Carece de relevancia histórica documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. No obran documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales y billetes de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala; por medio del cual rinde su informe justificado, mediante el cual anexa copia certificada relativa a la resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente número 27/2017, relativo al Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria número 136/2015, del índice de la referida autoridad; atento a su contenido; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. A la documental que exhibe la autoridad responsable Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del informe justificado que rinde la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las siguientes consideraciones: El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, Erick Márquez García, en su carácter de ex Presidente Municipal; Víctor Contreras Aguilar, en su carácter de Ex Tesorero Municipal; y Bernardo Islas Cervantes; en su carácter de Ex Síndico Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, promovieron ante la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, recurso de revocación contra la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria número 136/2015 de diez de mayo de dos mil diecisiete. Por lo que, el veinte de abril de dos mil dieciocho, se resolvió en definitiva el recurso de revocación interpuesto por Erick Márquez García, Víctor Contreras Aguilar y Bernardo Islas Cervantes, dentro de los autos del expediente número 27/2017, relativo al Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria número 136/2015, del índice de la autoridad responsable, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, cuya resolución se notificó a la parte quejosa el ocho de mayo del año en curso. Ahora, resulta conveniente señalar, que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se hizo consistir en: La omisión de dictar resolución, dentro del recurso de revocación que se promovió en contra de la resolución de procedimiento de responsabilidad indemnizatoria número 136/2015. En ese sentido, del análisis de la documental aportada por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, se advierte que el veinte de abril de dos mil dieciocho, se resolvió en definitiva el recurso de revocación interpuesto por Erick Márquez García, Víctor Contreras Aguilar y Bernardo Islas Cervantes, dentro de los autos del expediente número 27/2017, de su índice. Corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas de la resolución emitida el veinte de abril de dos mil dieciocho, así como de la notificación correspondiente practicada a la parte quejosa el ocho de mayo del año en curso (fojas 148 a 151 y 156). Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse la resolución, y practicara su notificación, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar resolución, dentro del recurso de revocación que se promovió en contra de la resolución de procedimiento de responsabilidad indemnizatoria número 136/2015, del oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así también, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de dictar resolución, dentro del recurso de revocación que se promovió en contra de la resolución de procedimiento de responsabilidad indemnizatoria número 136/2015, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada de la resolución emitida el veinte de abril de dos mil dieciocho, en el expediente número 27/2017, relativo al Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria número 136/2015, la cual se notificó a la parte quejosa el ocho de mayo del año en curso, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: Como ya se indicó, la citada resolución fue notificada a la parte quejosa el ocho de mayo de dos mil dieciocho, como se muestra en la siguiente imagen: De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al emitir la resolución emitida el veinte de abril de dos mil dieciocho, en el expediente 27/2017, en los términos apuntados. Sin que en el caso puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
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