Erick Manriquez Marquez

Expediente 448/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
448/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Erick Manriquez Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, el cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha resolución quedó firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    "... Agréguese el oficio 870/2022, suscrito por Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, donde rinde su informe justificado, en el que niega el acto reclamado y en justificación al mismo, remite la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, pronunciada dentro del expediente laboral *******, de su índice. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la documental que ofrece la responsable citada, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias que se anexan al oficio que se provee, se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se desprende que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". Con relación a esta causa de improcedencia, el Máximo Tribunal emitió el criterio, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL... Criterio que continúa vigente, a pesar de haberse emitido a la luz de la Ley de Amparo abrogada, por así permitirlo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, toda vez que la causa de improcedencia invocada está prevista en términos idénticos tanto en la Ley de Amparo vigente, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama en su demanda de amparo lo siguiente: -La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral ******* Ahora, de las constancias que acompaña la responsable, se advierte que el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictó el laudo dentro del expediente laboral ******, de su índice. Lo anterior, revela que han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, en virtud que la responsable dictó dicho laudo, tal como se advierte en el párrafo que antecede. Por lo expuesto, es evidente que se destruyeron los efectos de la omisión reclamada de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido. Ahora, cabe precisar que en el caso, resulta improcedente dar vista a la quejosa para que amplíe su demanda de amparo, contra el laudo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral *******, pronunciado por la Junta responsable, en la que por una parte condenó al ahí demandado y por la otra lo absolvió; ello, de conformidad con el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra el laudo emitido el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, porque dicha determinación puso fin al juicio laboral ********. Lo anterior en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. [.]" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)". En relación con las resoluciones que ponen fin al juicio, existe el criterio siguiente: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO...Los artículos y tesis transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, que procede contra sentencia definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento; que por resoluciones que pongan fin al juicio, se entenderá las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En el caso, tomando en consideración que, en el caso, la determinación emitida por la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, es una resolución que pone fin al juicio sin decirlo en lo principal, el conocimiento correspondería al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno. Es así porque, como ya se dijo procede el juicio de amparo directo en contra de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, de las cuales se duela la quejosa, como lo es el laudo emitido el dieciséis de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia antes analizadas; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque del citado numeral se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE... Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: En esas condiciones, lo que procede es dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional..."

  3. Principal

    "... Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días, concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para que rinda su informe justificado, transcurre del dos al veinticuatro de mayo del año en curso, tomando en consideración que se le notificó el veintinueve de abril del año citado; descontando sábados y domingos, así como cinco y seis de mayo, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora, es importante señalar que de los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, se desprende que es opcional para las partes acudir al desahogo de las audiencias constitucionales, pues las mismas pueden llevarse a cabo, incluso, sin contar con la presencia de éstas. Por tal motivo, no se genera la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a que se refiere el numeral 6, fracción I,1 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La cual, sólo será procedente siempre y cuando se actualice el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, en el que la parte quejosa pueda alegar verbalmente; es decir, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada, o bien se encuentre pendiente el desahogo de probanzas o incidentes que ameriten la presencia física o virtual de las partes en la audiencia constitucional. Aunado, a que si quisieran formular alegaciones, éstas podrán ser presentadas por escrito con anterioridad a la hora y fecha de la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que el presente auto se trata del diferimiento de la audiencia constitucional por el motivo expuesto, esta potestad considera que el presente proveído se notifique a las autoridades responsables por medio de lista y no por oficio, toda vez que es facultad de este juzgador establecer los medios para hacerles del conocimiento sus determinaciones, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar; en el caso, se considera este acuerdo de mero trámite. Apoya lo anterior la jurisprudencia siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO..."

  4. Principal

    "... Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que el plazo de tres días otorgado a la parte tercero interesado ******, en proveído de doce de abril del año en curso, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta población o municipio conurbado, transcurrió del veinticinco al veintisiete de abril del año citado, descontando sábados y domingos, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que se le notificó el veintiuno de abril de la presente anualidad, sin que lo hiciera. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de doce de abril del año en curso; y con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por lista de acuerdos, sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para tal efecto. Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, dése vista a dicha parte procesal, con la totalidad de las constancias de autos, ello a fin de no dejarla en estado de indefensión y, en su caso, darle oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos en este juicio de garantías..."

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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