Erick López Romero

Expediente 1189/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1189/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Erick López Romero

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Conforme a la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda dictado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ....

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta remitido por el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla en representación de la autoridad responsable de dicho instituto, a través del cual manifiesta la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en lo siguiente: Que mediante memorando DPJ/880/2021 de trece de agosto de dos mil veintiuno emitido por el Departamento de Vigencia de Derechos de dicho organismo, de conformidad con los artículos 1, 3, 6, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, existe imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el Instituto no cuenta con el servicio médico facultativo. Lo cual, se traduce en que no es posible que una persona pague el servicio médico que presta sin ser trabajador del Gobierno del Estado de Puebla; por lo que si el quejoso ***, actualmente no se encuentra activo para poder contar con el servicio médico que presta dicho instituto a sus trabajadores afiliados, existe imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al efecto, remite copia firmada electrónicamente del citado memorando. Sin embargo, no debe perderse de vista que los lineamientos para arribar a la concesión del amparo en este juicio, fijados en el toca RT (PRAL) 62/2021, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, fueron -en lo que interesa- los siguientes: "(.) Expuesto lo anterior, este órgano colegiado advierte que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla contiene una categoría sospechosa en relación al derecho de seguridad social que se considera vulnerado. Ello es así, pues del análisis integral de dicho ordenamiento no se advierte que esté regulado el caso en que un trabajador encontrándose en rehabilitación, pueda continuar con el servicio médico a pesar de que no exista relación laboral. Empero, una interpretación conforme en sentido estricto, a juicio de quienes resuelven, permite armonizar la Ley del ISSSTEP con el derecho fundamental que la parte quejosa estima vulnerado, como a continuación se procede a demostrar. En efecto, los artículos 1, 3, 6 fracciones IX y X, 12, 14, 26 fracción VI, 31 fracción IX, 37, 38, 43, 55 y 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, prescriben lo siguiente: (.) De la lectura de los preceptos legales anteriormente transcritos y atendiendo al método de interpretación conforme en sentido estricto, este órgano colegiado llega a la conclusión de que la ley que rige al ISSSTEP si bien no prevé el supuesto de que un trabajador continúe con el servicio médico por encontrarse incapacitado por motivos de salud a pesar de que ya no sostenga vínculo laboral con una entidad o dependencia pública; en términos del artículo 26 fracción VI y 43 fracción IV de la ley que rige el acto reclamado, puede continuar disfrutando del servicio médico siempre y cuando cubra la cuota que le corresponde. Se afirma lo anterior, pues quedó demostrado que el instituto responsable dio de baja de la seguridad social al aquí quejoso por ya no ser trabajador al servicio del Estado de Puebla; sin embargo, la parte quejosa también demostró que ha demandado ante tribunal ordinario competente el reconocimiento de su base como trabajador del estado y la reinstalación de su empleo con motivo de que la materia de trabajo aún subsiste. En este orden de ideas, es inconcuso que al encontrarse sub judice la existencia de la relación laboral, el pago de las cuotas o aportaciones en materia de seguridad social estarán sujetas a las resultas del juicio laboral burocrático; es decir, si el tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla mediante el laudo ejecutoriado ordena la reinstalación del actor por el motivo que fuere, sus derechos en materia de seguridad social deberán ser resarcidos conforme a las propias disposiciones de la ley que rige el acto reclamado. No obstante, la rehabilitación del quejoso no puede quedar sujeta a que el tribunal de Arbitraje competente resuelva la controversia laboral, pues ello no solo vulneraría el artículo 123 apartado B fracción XI inciso b) sino pondría en riesgo la bio seguridad de la parte quejosa al no ser debidamente rehabilitado en términos médicos. En este orden de ideas y en una interpretación conforme del artículo 43 fracción IV de la ley del ISSSTEP puede razonarse que al encontrarse la relación laboral suspendida y por ende al no percibir el operario íntegramente su salario, el instituto responsable puede proporcionarle el servicio médico necesario para su rehabilitación siempre y cuando el aquí quejoso cubra la cuota que le corresponde y que de acuerdo a los recibos que aportó, asciende a la cantidad de $435.11 (cuatrocientos treinta y cinco pesos con once centavos) quincenales. Lo anterior, en la inteligencia de que la parte quejosa tendrá que cubrir la cuota que le corresponde hasta que sea rehabilitado o en su caso, exista un laudo adverso en la vía ordinaria burocrática que determine la legalidad de la separación y por ende, de la inexistencia de la relación laboral. Ello es así, pues el sistema de seguridad social del que ha gozado el quejoso, como lo razona la responsable en su informe justificado, no es de carácter público sino se financía con base en las cuotas y aportaciones que de manera bipartita enteran los trabajadores burocráticos y las entidades o dependencias públicas. Sin que la anterior consideración implique que la responsable esté obligada a expedir incapacidades o licencias médicas pues es inconcuso que la relación laboral burocrática se encuentra suspendida y a resultas del juicio laboral incoado por la parte quejosa. La anterior determinación se considera progresiva y acorde a la tutela de los derechos humanos que en materia de la salud consagra la Constitución Federal y permite armonizar la ley que rige el acto reclamado con tales derechos que se consideran vulnerados con motivo del acto reclamado." (Énfasis añadido) De tales directrices, destaca que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito hizo la acotación de que en una interpretación conforme del artículo 43 fracción IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla puede razonarse que al encontrarse la relación laboral suspendida y por ende al no percibir el operario íntegramente su salario, el instituto responsable puede proporcionarle el servicio médico necesario para su rehabilitación siempre y cuando el aquí quejoso cubra la cuota que le corresponde y que de acuerdo a los recibos que aportó, asciende a la cantidad de $435.11 (cuatrocientos treinta y cinco pesos con once centavos) quincenales. Aunado a ello, los efectos del amparo se fijaron de la siguiente manera: ".se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal que se solicita para el efecto de que el instituto responsable deje insubsistente la negativa de atención médica reclamada y en su lugar emita una resolución debidamente fundada y motivada por conducto de su junta directiva para que conforme a sus atribuciones legales y con base en los artículos 26 fracción VI y 43 fracción IV de la ley que la rige, permita a la parte quejosa cubrir las cuotas que le corresponden para que pueda tener acceso a su plena rehabilitación o hasta en tanto se determina en la vía ordinaria laboral su situación laboral." De ello deriva que la autoridad vinculada a dar cumplimiento a la ejecutoria es la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que en el término de tres días siguientes contados a partir de la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Deje insubsistente la negativa de atención médica reclamada. Emita una resolución debidamente fundada y motivada para que conforme a sus atribuciones legales y con base en los artículos 26 fracción VI y 43 fracción IV de la ley que la rige, permita a la parte quejosa cubrir la cuota de $435.11 (cuatrocientos treinta y cinco pesos con once centavos) quincenales para que pueda tener acceso a su plena rehabilitación o hasta en tanto se determine en la vía ordinaria laboral su situación laboral. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se advierte que los quejosos ***, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y respecto de los actos siguientes: .... Por ello, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y los Acuerdos Generales 23/2015 y 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto; y, por ende, se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos. En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Fórmese expedientillo de antecedentes. Con motivo de la incompetencia planteada, se ordena dejar sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. ...

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