Erick Lemus De la Torres
Expediente 656/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Erick Lemus De la Torres
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, dentro de la revisión número 201/2021, promovido por María Marcela Salazar Flores; asimismo, devuelve el original del juicio de amparo en que se actúa y doce tomos de prueba. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante la indicada determinación, resolvió: "PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Rafael Ledesma García, en contra de los actos y autoridades indicados en el resultando primero, por las consideraciones expuestas en el considerando último de esta ejecutoria" ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 3368/2022 a la autoridad oficiante, para los efectos legales conducentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. SE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE CUMPLA CON LA EJECUTORIA Por otra parte, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, se requiere a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, les será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así son omisas se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para lo siguiente: Quede en sus términos la determinación de dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 71/1995 a partir del ilegal emplazamiento a Rafael Ledesma García, así como todas las actuaciones que ocurrieron con posterioridad, entre ellas, la sentencia y actos e ejecución de la misma. Se ordene al Actuario de su adscripción se constituya en el domicilio que señale la parte actora donde habite el demandado y proceda emplazarlo con todas las formalidades de ley." NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Por otro lado, tomando en consideración que al interior del Poder Judicial del Estado, no existen jerarquías orgánicas, sino fundamentalmente una distribución de funciones, no ha lugar a notificar a ninguno de los órganos del Poder Judicial del Estado para los efectos del artículo 194, de la Ley de Amparo. Por su contenido jurídico e ilustrativo se invoca la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 66, Tomo VII, Conflictos Competenciales, P.R., de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO ES UN ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Devuélvanse al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, las documentales cconsistente en el juicio ejecutivo mercantil 71/1995, que acompañó a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Oscar Lemus de la Torre, en favor de Erick Lemus de la Torre, contra actos del Director de Seguridad Pública del Municipio de Senguio, Michoacán. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Resulta pertinente señalar que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable diversas causales de improcedencia, las que se explicarán a continuación. Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". I. Ahora, como se adelantó, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el ordinal 5° de ese ordenamiento. Conforme al primer precepto legal el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Por otro lado, de acuerdo al diverso artículo 5º de la misma Ley de Amparo, tiene carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de esa ley y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es decir, de esos artículos se advierte que puede ejercer la acción constitucional la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, perjuicio que se debe entender como toda afectación que se produce por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y precisamente, esto es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio constitucional; lo que se conoce como el principio de instancia de parte agraviada. De lo anterior se establece que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general) y, se sigue, siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio de garantías únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto reclamado, ya sea a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo. El presupuesto jurídico que contienen los preceptos transcritos, interés jurídico o interés legítimo, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando acude en demanda de amparo debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de garantías resultará improcedente por no acreditarse un interés jurídico. Con independencia de lo anterior, también se requiere que se lesione el interés legítimo en el supuesto de que no sea directamente titular de un derecho subjetivo contenido en una norma, el cual supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. En efecto, para promover el juicio de amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos o legítimos entendiéndose por éstos, lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. c) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; d) No es suficiente para acreditar el interés jurídico o legítimo en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página treinta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número sesenta, Octava Época, misma que se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." También apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada I.4o.A.357 A sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página mil trescientos nueve del tomo XVI, agosto de dos mil dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONCEPTO. El gobernado en los supuestos de que sea titular de un interés legítimo y se considere afectado con el acto de autoridad, puede acudir a la vía contencioso administrativa a solicitar que se declare o reconozca la ilegalidad del acto autoritario que le agravia, para lo cual es necesario que: a) sea el titular o portador de un interés (no derecho) como son tantos los que reconoce la Constitución o la ley; b) se cause una lesión subjetiva; y, c) la anulación del acto traiga como consecuencia y se concrete, ya sea en el reconocimiento de una situación individualizada, el resarcimiento de daños y perjuicios, en un beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en estos casos, por ende, un derecho a la legalidad en el actuar de las autoridades. En este orden de ideas, es evidente que un acto de privación, proveniente del ejercicio de una norma de acción y susceptible de incidir sobre propiedades o posesiones de uno o múltiples sujetos, por supuesto que les confiere una posición jurídica calificada para reclamar su ilegalidad, traduciéndose esta situación, entre otras más, en un supuesto del interés legítimo." En la especie, no se cumple con tal principio, porque Óscar Lemus de la Torre promueve a nombre de Erick Lemus de la Torre y, al respecto, se destaca que el artículo 6° de la Ley de Amparo, establece por una parte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto que se reclame, y por otra, que también puede hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que derive de un procedimiento penal, y por medio de algún pariente o persona extraña en los casos de que esta ley lo permita expresamente. Mientras que el numeral 15 de la misma ley, prevé en lo conducente, que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Empero, en el caso se advierte que el quejoso directo no se encuentra en alguno de los supuestos que establece éste último dispositivo. Ello porque se advierte que se trata de un elemento de policía asignado a través de una orden verbal a una caseta de "policía municipal" ubicada en la carretera federal número 126, a la altura de la comunidad de Tupataro, Municipio de Sanguio, Michoacán, pero no por ello, se encuentre imposibilitado para promover el amparo o que se justifique la necesidad de que lo realice por conducto de otra persona a su nombre. Tampoco precisa el promovente las causas o motivos que imposibilitan al amparista para promover directamente la demanda de control constitucional, por lo que, en ese sentido, no puede válidamente incoar el presente juicio. Dicho de otro modo, para obtener la declaración de que el acto materia del reclamo es violatorio de derechos fundamentales, es necesario tener legitimación activa, situación que no se actualiza en la especie, ya que Óscar Lemus de la Torre carece de esa legitimación o aptitud jurídica para comparecer a nombre de Erick Lemus de la Torre; aun en su carácter de hermano del citado quejoso, pues no se está en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, en el caso, quien acuda a promover el amparo y protección de la justicia federal, debe demostrar encontrarse en alguno de los supuestos de los preceptos 6° y 15 de la ley en comento, lo que en el caso no acontece. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el ordinal 5° de ese ordenamiento. II. Con independencia de lo anterior, y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, este Juzgador advierte que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo ya citado, pero en relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos México. Del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso es miembro de la Policía Municipal de Senguio, Michoacán y ocurre al juicio de amparo a reclamar la orden verbal de cambio de adscripción, para estar asignado a la caseta de "Policía Michoacán", Municipio de Senguio. Ahora bien, la Jurisprudencia 2a./J. 38/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de dos mil cinco, página 310, de rubro y texto siguiente establece: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento". En la ejecutoria que dio origen la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró lo siguiente: "...Por lo que, en este sentido, el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, que tiene dos elementos: I) Una facultad de exigir. II) Una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En este orden de ideas, resulta necesario precisar que el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, dice lo siguiente: "Artículo 13. Son atribuciones del director general de Seguridad Pública y Tránsito: "... "VII. Nombrar a los integrantes del cuerpo preventivo de seguridad pública estatal, cambiarlos de adscripción de acuerdo a las necesidades del servicio ysancionarlos en términos de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias."El artículo 4o. de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 4o. Los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública estatal y municipales, se regirán por esta ley, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones sobre la materia. "La relación laboral de los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública con el Estado o con los Municipios es de naturaleza administrativa y sus funciones de confianza." Así las cosas, la orden emitida por el director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones labores, por equiparación a las relaciones administrativas que guardan los agentes policiacos y el Estado, atento de no tratarse de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho de inamovilidad en las funciones a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México y del Reglamento de Seguridad Pública del Estado de México, y de ahí que si con motivo de la readscripción el agente readscrito continúa desempeñando el cargo en igualdad de funciones y condiciones laborales, que sus derechos subjetivos no se vean afectados. En consecuencia, la orden de cambio de adscripción, en igualdad de funciones y condiciones laborales, no necesita estar fundada y motivada, en relación con las necesidades del servicio, pues no se ve afectación alguna al agente de policía readscrito, cosa contraria sucedería, como se dijo, cuando se afecten las funciones y condiciones laborales desempeñadas..." De lo anterior es dable concluir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo. La propia Segunda Sala del Máximo Tribunal, emitió la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de dos mil once, página 815, de rubro y texto siguiente: "POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.- Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo". La ejecutoria que sirve de sustento a este criterio indica: "Del estudio de las normas legales transcritas, se desprende que en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco existe un servicio civil de carrera al cual se encuentran sujetos los agentes de la policía investigadora, entre otros. El servicio de carrera tiene un carácter permanente, abarca los programas, cursos, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas de las distintas ramas; dicho servicio se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, y tiene como objetivos la capacitación, actualización y especialización en el marco de esos principios. En lo que interesa para la resolución de la presente contradicción de tesis, en el servicio de carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco destacan las figuras de adscripción, permanencia y cambio de adscripción. Respecto de esta última figura, se observa que, en términos del artículo 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cambio de adscripción puede ser por decisión del procurador o del funcionario en quien delegue esa facultad, por solicitud del propio interesado o por permuta.El análisis sistemático de los numerales de la ley orgánica y de la ley burocrática mencionados permite sostener que la institución ha expedido una normatividad interna con la finalidad de establecer, en el marco del servicio civil de carrera, reglas específicas en materia de cambio de adscripción de los agentes de la policía investigadora. Tales reglas, señalan qué autoridad tiene la facultad de solicitar el cambio de adscripción de un agente de la policía investigadora, así como las circunstancias y derechos que rodean ese cambio de adscripción. De ese modo, si bien los agentes de la policía investigadora mencionados no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir. En ese contexto, el hecho de que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco junto con la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establezcan un conjunto de reglas en torno de la readscripción de los agentes de la policía investigadora de ese Estado, concretamente la condición de que para el cambio de adscripción se deba pedir al agente su anuencia, no supone una limitación a la facultad de su titular o del funcionario en quien delegue la facultad a decidir los cambios de adscripción del personal del servicio de carrera, sino el deber de acatar las reglas que propenden a mejorar la calidad del servicio público que la Constitución Federal le asigna. Lo anterior implica no sólo lograr la pronta y profesional procuración de justicia en materia penal, sino también que el personal del servicio de carrera tenga reglas específicas que le permitan conocer los casos y las condiciones en que se puede producir un cambio de adscripción, esto es, se encuentra imbíbita la intención de equilibrar el ejercicio de las facultades de la institución y sus funcionarios facultados en el caso de decidirse el cambio de adscripción de un agente de la policía investigadora. Es evidente que estos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, pero una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad. Tal garantía, en el caso, obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés del agente de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco de acudir al juicio de amparo cuando estime que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción. Siendo así, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo no podría entenderse actualizada, pues no obstante que dichos agentes no tienen permanencia en su adscripción, su cambio debe sujetarse al procedimiento establecido para esos fines en las leyes aplicables que rigen en la institución, lo cual deberá ser objeto de análisis al resolver el fondo del asunto. Esta conclusión se fortalece si se toma en cuenta que la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 7605/86, interpuesto por el secretario de Educación Pública, resuelto por unanimidad de votos en sesión del veintidós de abril de mil novecientos ochenta y siete, determinó que: "De conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, una de las causas por las cuales puede ordenarse el traslado de un trabajador de una población a otra, es porque así lo exigen las necesidades del servicio; pero si en la propia disposición se establece que éstas han de ser debidamente justificadas, debe considerarse que para que opere válidamente el cambio de adscripción, no basta con que el titular invoque la causa referida, sino que se requiere que específicas que le permitan conocer los casos y las condiciones en que se puede producir un cambio de adscripción, esto es, se encuentra imbíbita la intención de equilibrar el ejercicio de las facultades de la institución y sus funcionarios facultados en el caso de decidirse el cambio de adscripción de un agente de la policía investigadora. Es evidente que estos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, pero una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad. Tal garantía, en el caso, obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés del agente de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco de acudir al juicio de amparo cuando estime que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción. Siendo así, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo no podría entenderse actualizada, pues no obstante que dichos agentes no tienen permanencia en su adscripción, su cambio debe sujetarse al procedimiento establecido para esos fines en las leyes aplicables que rigen en la institución, lo cual deberá ser objeto de análisis al resolver el fondo del asunto. Esta conclusión se fortalece si se toma en cuenta que la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 7605/86, interpuesto por el secretario de Educación Pública, resuelto por unanimidad de votos en sesión del veintidós de abril de mil novecientos ochenta y siete, determinó que: "De conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, una de las causas por las cuales puede ordenarse el traslado de un trabajador de una población a otra, es porque así lo exigen las necesidades del servicio; pero si en la propia disposición se establece que éstas han de ser debidamente justificadas, debe considerarse que para que opere válidamente el cambio de adscripción, no basta con que el titular invoque la causa referida, sino que se requiere que demuestre los elementos concretos que constituyen esas necesidades del servicio." En el caso sujeto a estudio no estamos ante una relación de trabajo, pero ese criterio es ilustrativo para advertir que el cambio de adscripción no escapa al principio de legalidad y que la autoridad, aun en los casos de los agentes de la Policía Investigadora del Estado de Jalisco tiene el deber de observar el procedimiento que ha establecido para esos supuestos. Estas consideraciones también encuentran apoyo en los argumentos sustentados por esta Segunda Sala, al fallar la contradicción de tesis 227/2007, por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en sesión de fecha catorce de noviembre de dos mil siete, donde se examinó el procedimiento de cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público Federal, se externaron afirmaciones semejantes a las aquí sustentadas y se emitió la siguiente tesis de jurisprudencia: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CUANDO ESTIMEN QUE QUIEN ORDENÓ SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN CARECE DE FACULTADES. Los artículos 11, 30, 38 y 41 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1o, 2o, 61, 62, 63, 65 y 67 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y los Lineamientos Generales para realizar los cambios de adscripción y la rotación de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en materia de adscripción y cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación, prevén las autoridades facultadas para solicitarlo y los requisitos que debe cumplir; quién es el encargado de analizar tales propuestas y dictaminar sobre su conveniencia; en quién recae la facultad de resolver en definitiva; y, los casos en que el cambio de adscripción del personal del servicio de carrera puede ser general, parcial o específico. Por tanto, los agentes del Ministerio Público de la Federación pueden promover juicio de amparo en contra del cambio de adscripción cuando quien lo ordenó carece de facultades, pues de acuerdo con las normas citadas, esa determinación sólo puede ser emitida por quien está facultado y lo contrario afecta el interés jurídico del promovente." (No. Registro: 170700. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, tesis 2a./J. 246/2007, página 205). Lo hasta aquí razonado es acorde con lo que ha sostenido esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 38/2005, donde se sostuvo medularmente que el cambio de adscripción del agente perteneciente a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, cuando se realiza en igualdad de funciones y condiciones, no afecta su interés jurídico, toda vez que, según ya se explicó, si bien en principio le asiste interés jurídico al agente de policía para acudir a la instancia constitucional a impugnar su cambio de adscripción; sin embargo, cuando de autos se demuestra que ese cambio de adscripción se realiza en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, entonces, sí se actualizaría la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, tal cual lo indica la tesis de jurisprudencia mencionada, que señala a la letra:..." Lo transcrito permite concluir que el juicio de amparo es improcedente si el cambio de adscripción reclamado, no refleja el ejercicio de un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, así como tampoco se advierte una disminución de las prestaciones que percibe. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que si bien no se trata de un cambio de adscripción, si se combate una comisión verbal para que realice funciones propias de seguridad pública en una caseta de policía; de ahí que aplica por mayoría de razón el criterio aludido. Más aún que dicha comisión no contempla un cambio de jerarquía, o bien, una disminución en los emolumentos que se le deben cubrir al quejoso directo. En ese sentido, tampoco se desprende que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el peticionario, ni que tal cambio de área de trabajo dentro del mismo Municipio donde labora implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho cargo, además de que el promovente a su favor, no exhibe prueba alguna que demuestre esa afectación. Máxime que no se tiene certeza de que las aludidas fotografías corresponden a su lugar de comisión. En ese contexto, tomando en consideración los referidos criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por mayoría de razón al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que la orden verbal de Comisión a una caseta de seguridad en particular, dentro del mismo Municipio donde ya labora, aquí reclamado, no afecta el interés jurídico del quejoso, dado que no se advierte alguna modificación en cuanto a su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. Habida cuenta de que no se evidencia se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario, o bien, una reducción en el salario que percibía, de modo tal que siendo el quejoso elemento de la Policía Municipal, en todo momento y por necesidades del servicio o bien para que la prestación del Servicio de Seguridad Pública se realice respetando las garantías individuales de los gobernados y manteniendo el orden público en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Por tanto, no se afecta el interés jurídico del promovente, ni se advierte que con motivo de aquél se causara un perjuicio (se alteraran sus funciones y condiciones en la institución), que hiciera procedente el presente juicio de amparo. De ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo ya citado, pero en relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos. III. No obstante, este Juzgado de Distrito advierte que también se actualiza una diversa causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el ordinal 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, quienes, en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, para establecer cuándo se está en presencia de actos equivalentes a los de autoridad, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterios, que pueden ser corroborados de la jurisprudencia de la Novena Época, de registro 161133, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, la cual es localizable a página 1089, es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, se estima que un particular podrá ser autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando: a) La existencia de un particular que establece una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota a un particular de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En tal virtud, los actos equivalentes a los de autoridad serán aquellos que sean ejecutados por particulares, con las características apuntadas y, además, sus funciones estén determinadas por una norma general. Luego, a contrario sensu, los particulares no serán autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando no cumplan con lo anterior. Cobra aplicación al respecto, la tesis de la Novena Época, de registro 175910, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, consultable a página 1827, de rubro y texto siguientes: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." En efecto, se puede concluir que para la procedencia del juicio de amparo con relación a los "actos de autoridad", el artículo 5°, fracción II, del ordenamiento legal en cita, no debe analizarse en forma aislada, sino vinculada al sistema y principios constitucionales a los que pertenece, regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Federal dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Además, debe precisarse que el artículo 107 constitucional, que igualmente constituye la columna rectora del juicio de amparo en México, tampoco incluyó como actos combatibles en el juicio constitucional los actos propios de particulares. Por tanto, es necesario resaltar que si los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen los principios constitucionales en el juicio de amparo, disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de autoridades"; quien esto resuelve, concluye que la Ley de Amparo, aun cuando en su artículo 5°, fracción II, estatuye como actos combatibles en amparo los de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, no se refiere a otro supuesto jurídico sino cuando el particular, los realiza alejado de su ámbito privado o particular convencional. Lo anterior es así, puesto que como se anticipó, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable", consiste en que un ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. De esta forma, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Ciertamente, "el acto de autoridad" al que en su caso debe ser "equivalente" el acto del particular, tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. Ahora bien, a fin de evidenciar que en el caso, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, conviene reiterar que el acto reclamado en la presente instancia se hace consistir en la orden verbal que comisiona al quejoso, como Elemento Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Sanguio, Michoacán, en la caseta de policía ubicada en la carretera federal, número 126, a la altura de la Comunidad de Tupataro, Municipio de Senguio, Michoacán. De lo anterior, se evidencia por una parte, que el acto reclamado a la autoridad, se materializa en el contexto de una relación administrativa propia del servicio de seguridad pública entre la parte quejosa y dicho ente público. Por tanto, se torna patente para este Juzgado Federal, que en la especie se está en presencia de un acto entre particulares, que se lleva a cabo con base en la relación administrativa burocrática que los une, actuando en un plano de igualdad. De modo que, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe labores de seguridad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una auténtica relación administrativa burocrática surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio de seguridad pública, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. Al hilo de lo anterior, si la parte quejosa reclama de una dependencia de seguridad pública, el incumplimiento de ciertas prestaciones o el encargo en el servicio asignado, es inconcuso que los actos no tienen la naturaleza de autoridad para efectos del amparo, pues la responsable señalada por el quejoso no tiene ese carácter, pues actúa como un ente administrativo en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio. Por tanto, como se precisó en líneas que anteceden, al ser el quejoso un elemento de seguridad pública al servicio del Estado, no reciente la afectación con su carácter de gobernado y el sujeto señalado como autoridad no actúa en un plano superior sino en un plano de coordinación. Sirve de apoyo, identidad jurídica esencial, la jurisprudencia de la Undécima Época, de registro 2023974, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, enero de 2022, consultable a página 1253, de rubro y texto siguientes: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente." Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Oscar Lemus de la Torre, en favor de Erick Lemus de la Torre, contra actos del Director de Seguridad Pública del Municipio de Senguio, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NO HA LUGAR Finalmente, no se ignora que el amparista solicita la suspensión de plano del acto reclamado, fundando su petición entre otro precepto, en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que establecen la procedencia de la suspensión de oficio, sin embargo, al haberse desechado la demanda, no existe posibilidad técnica ni jurídica que haga procedente el pronunciamiento relativo a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, al no existir materia que preservar. Además que, como se explicó, el quejoso no se encuentra en los casos de excepción en los que aun sin admitir la demanda, resultara factible proveer sobre esa medida cautelar, cuando del escrito de demanda se desprenda que se actualizan los supuestos previstos en los artículos 15 y 48 de la Ley de Amparo, consistentes en: a) Que el juzgador se declare legalmente impedido para conocer del amparo en términos del artículo 53 de la ley citada; y, b) Que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General En ese sentido, no es dable proveer sobre la suspensión de plano solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: Registro digital: 2024725 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: II.3o.A.3 K (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE IMPEDIDO PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO SI DESECHÓ LA DEMANDA EN EL PRIMER AUTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en representación de su hija menor de edad, contra la omisión de las autoridades responsables de aplicarle la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y solicitó la suspensión de plano. El Juez de Distrito determinó, por un lado, negar la suspensión de plano y, por el otro, desechar la demanda; inconforme, aquél interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Distrito, al desechar la demanda de amparo en el primer auto, está impedido técnica y jurídicamente para pronunciarse respecto de dicha medida cautelar. Justificación: Lo anterior, porque cuando el juzgador de amparo determina desechar la demanda en el primer auto, no existe posibilidad técnica ni jurídica que haga procedente el pronunciamiento relativo a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, al no existir materia que preservar; ello sin soslayar que existen casos de excepción en los que aun sin admitir la demanda, resulta factible proveer sobre esa medida cautelar, los cuales son: a) Cuando del escrito de demanda se desprenda que se actualizan los supuestos previstos en los artículos 15 y 48 de la Ley de Amparo; b) Que el juzgador se declare legalmente impedido para conocer del amparo en términos del artículo 53 de la ley citada; y, c) Que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General. Por tanto, fuera de estos casos de excepción, el objeto de la suspensión no sería técnica ni jurídicamente posible si la demanda de amparo fue desechada pues, como se dijo, no existiría materia que preservar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
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