Erick Josué Colmenares Moreno
Expediente 1219/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2017
Partes del expediente
- Erick Josué Colmenares Moreno
Actuaciones
- Principal
Previo desglose que se realice remítase el original y copia del escrito de agravios, así como el original del presente incidente de suspensión, para la tramitación del recurso interpuesto, en el entendido de que se ordena a la Secretaría remita dicho expediente debidamente integrado, foliado, rubricado y entresellado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso correspondiente.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: la sentencia de diez de julio de dos mil diecisiete, emitida en el toca 353-BC01/2017, que confirmó el auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil de perdida de la patria potestad 260/2017, que desechó las pruebas nueve y diez del quejoso consistentes en la comparecencia del menor Gabriel Sánchez y la concubina Marisol Escobar. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Así, del análisis de la demanda de garantías, se desprende que el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, mediante auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, desechó las pruebas nueve y diez del quejoso consistentes en la comparecencia del menor Gabriel Sánchez y la concubina Marisol Escobar; sin embargo, inconforme el aquí quejoso contra dicho proveído interpuso recurso de apelación, correspondiendo conocer del mismo a la Primera Sala Civil señalada como responsable, misma que por resolución de diez de julio de dos mil diecisiete, dictada en el toca 353-BC01/2017, confirmó el auto recurrido, resolución que constituye el acto reclamado. Ahora bien, ese acto no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando la resolución reclamada como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III de la ley de la materia. Esto es así, toda vez que el acto impugnado emitido por la autoridad responsable que confirmó el auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, queda de manifiesto que las violaciones procesales en comento, dada su naturaleza, no son de modo alguno irreparables, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. Luego, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, la promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada...
- Principal
1. Archivo y depuración. Visto el estado procesal de los presentes autos, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, último párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se concedió la suspensión provisional; por lo que en su momento únicamente se dejara para su conservación las actuaciones relativa al otorgamiento de dichas medidas cautelares y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. 2. Transferencia. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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