Erick Jhavani Luis Villaseca
Expediente 1128/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1128/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Erick Jhavani Luis Villaseca
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el peticionario de amparo interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. Se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda y los anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1128/2018. Este juzgado considera que debe desecharse la demanda por las razones que se exponen a continuación: Como es sabido, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; La fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo contiene la causal de improcedencia consistente en la litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: (1) en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; (2) en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, (3) en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Cabe precisar que el texto del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada -que también establecía como causa de improcedencia la litispendencia-, tenía una redacción similar al texto vigente, en cuanto señalaba, en lo que interesa: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: [.] III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; [.]". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversos criterios que interpretaron, precisamente, el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada; a manera de ejemplo, se citan los siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Conforme a los criterios recién transcritos, y al texto mismo del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: (i) que la ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; (ii) que los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; y (iii) que ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso concreto, se actualizan esos supuestos, porque no es la primera vez que Erick Jhovani Luis Villaseca acude ante la Justicia Federal solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro por el haber librado orden de reaprehensión en la causa penal 54/2015 de su índice. Anteriormente ya lo había hecho el cinco de octubre de dos mil dieciocho cuando promovió el juicio de amparo indirecto 1018/2018. En ese asunto el quejoso también reclamó la orden de reaprehensión librada en la causa penal 54/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. El siguiente cuadro comparativo lo demuestra: Juicio de amparo 1128/2018 Juicio de amparo 1018/2018 "AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA: 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS A LOS: 2. Fiscal General del Estado de Oaxaca; 3. Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; 4. Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones; 5. Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones; y, 6. Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata." "AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA: 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS A LOS: 2. Fiscal General del Estado de Oaxaca; 3. Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; 4. Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones; 5. Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones; y, 6. Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata." "ACTOS RECLAMADOS 1.- Reclamo de la autoridad señalada como responsable, en su calidad de ordenadora, EL LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN, DICTADO EN LA CAUSA PENAL NÚMERO 54/2015, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL; que han dictado para que al suscrito se le prive de la libertad (sic). 2.- Las violaciones al debido proceso porque jamás fui informado o notificado para la celebración de algún acto procesal en la que se me informa de la revocación de las medidas cautelares, para poder gozar de mi libertad bajo caución, las que dicho sea de paso en cumplido todas y cada una de ellas (sic). 3.- La privación del derecho a una defensa efectiva, pues no se me permitió refutar legalmente los motivos de hecho o derecho que la responsable pudo haber tenido para el libramiento de la orden judicial de reaprehensión. 4.- Reclamo de las restantes autoridades ejecutoras, el cumplimiento material de los actos que se reclaman a las autoridades ordenadoras". "ACTOS RECLAMADOS 1.- Reclamo de la autoridad señalada como responsable, en su calidad de ordenadora, EL LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN, DICTADO EN LA CAUSA PENAL NÚMERO 54/2015, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL; que han dictado para que al suscrito se le prive de la libertad (sic). 2.- Las violaciones al debido proceso porque jamás fui informado o notificado para la celebración de algún acto procesal en la que se me informa de la revocación de las medidas cautelares, para poder gozar de mi libertad bajo caución, las que dicho sea de paso en cumplido todas y cada una de ellas (sic). 3.- La privación del derecho a una defensa efectiva, pues no se me permitió refutar legalmente los motivos de hecho o derecho que la responsable pudo haber tenido para el libramiento de la orden judicial de reaprehensión. 4.- Reclamo de las restantes autoridades ejecutoras, el cumplimiento material de los actos que se reclaman a las autoridades ordenadoras". En consecuencia, como a la fecha en que se emite este acuerdo, la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo indirecto 1018/2018 aún no se ha declarado firme, es evidente que en el caso concreto se actualiza el supuesto de la litispendencia (en lo que respecta a los referidos actos), pues al momento de presentar la demanda de amparo que se atiende, existía un diverso proceso de amparo promovido por el mismo quejoso, con identidad de actos reclamados y autoridades señaladas como responsables. De ahí que se actualice la casual de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y se tiene como autorizados únicamente para recibir notificaciones a Dalia Bautista Pacheco, Rigoberto Aguirre Reyes e Ismael Pérez López, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho no aparece registrada la cédula profesional de dichas personas. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que el quejoso, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
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