Erick Jesús Pérez Cortés
Expediente 2010/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 36 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2010/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 20/10/2017
Partes del expediente
- Erick Jesús Pérez Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Visto el estado de los autos se provee: Toda vez que existe la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías. Tiene aplicación la tesis jurisprudencial número 1ª/J.90/2007, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, visible a página 491 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla.". SE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA LA SENTENCIA EJECUTORIA. Mediante sentencia protectora de garantías, dictada por Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, en auxilio de las labores de este juzgado, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete y recibido en este juzgado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 122 a 140 y 160), se concedió por vicios de fondo, para el efecto de que el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, realice lo siguiente: ".deje insubsistente el acto reclamado consistente en la determinación de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, por el que se ordenó la "suspensión temporal y de carácter preventivo" de funciones como elemento de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, dictada en el expediente administrativa de investigación SSP/DA/135/2016. b) Dicte uno nuevo en el que reitere todo aquello que no es materia de la presente concesión, como lo es la procedencia de la suspensión temporal preventiva del hoy quejoso en sus funciones como elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, hasta en tanto resuelve el procedimiento instaurado en su contra. c) No obstante lo anterior, la autoridad responsable deberá considerar que de una interpretación conforme de los artículos 83 al 88 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el texto de los artículos 1°., 3°., 4°.,6°., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, debe garantizar al quejoso Erick Jesús Pérez Cortés: 1. Un ingreso mínimo para su subsistencia, desde que fue suspendido el salario hasta que se resuelva el procedimiento instaurado en su contra. 2. El acceso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que se vean mermadas las cuotas respectivas. 3. Para determinar el ingreso mínimo del elemento de seguridad pública, la autoridad responsable deberá tomar en consideración que el quejoso tiene que cubrir sus necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras; por lo que deberá tomar como base el equivalente al 30% (treinta por ciento) de su ingreso real, el cual no deber ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución policiaca a la que pertenece, en términos de la parte final de la tesis aislada 2ª XVIII/2015 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" (fojas 138 y 139). Por auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la citada sentencia y mediante proveído de quince de mayo siguiente, se requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable (fojas 178, 181 y 182). Ahora bien, en cumplimiento a dicho fallo, el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, mediante oficio SSP/0306174/2017 de veintitrés de mayo del año en curso, recibido en este juzgado el veinticinco de mayo siguiente, remitió copia de la resolución de quince de febrero del año en curso, por la cual dejó sin efecto el acuerdo de suspensión de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente administrativo SSP/DAI/135/2016 y notificó personalmente al aquí quejoso el dieciséis de febrero siguiente, asimismo, ordenó su reinstalación a partir del primero de marzo del año en curso (fojas 190 y 191). Del mismo modo, remitió copia certificada del oficio SSP/04/04448/2017 de veintiocho de marzo del año en curso, signado por el Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, dirigido al Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por el cual comunicó que el quince de marzo del año en curso, fue entregado al quejoso el cheque correspondiente al salario que tenía y anexó copia de la nómina firmada por el impetrante, así como de la constancia de movimiento de personal de la que se advierte la reanudación de labores (fojas 203 a 208). Por tanto, el diez de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional dio vista a la parte quejosa con las referidas constancias (foja 223), sin que realizara manifestación alguna en el término concedido para tal efecto. Visto lo anterior, y toda vez que mediante oficio SSP/03P06174/2017 de veintitrés de mayo del año en curso, el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia de la resolución de quince de febrero del año en curso, por la cual dejó sin efecto el acuerdo de suspensión de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente administrativo SSP/DAI/135/2016 y notificó personalmente al aquí quejoso el dieciséis de febrero siguiente, asimismo, remitió copia certificada del oficio SSP/04/04448/2017 de veintiocho de marzo del año en curso, signado por el Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, dirigido al Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por el cual comunica que el quince de marzo del año en curso, fue entregado al quejoso el cheque correspondiente al salario que tenía derecho y anexó copia de la nómina firmada por el impetrante, así como de la constancia de movimiento de personal de la que se advierte la reanudación de labores. Bajo este contexto, debe indicarse que la responsable reinstaló al quejoso en las funciones que venía desempeñando y ante ello no le resultó necesario emitir una nueva determinación en la que valorara la procedencia de la suspensión temporal preventiva del impetrante en sus funciones como elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por ende, que no pudiera dar cumplimiento a los restantes efectos de la ejecutoria es decir garantizar al quejoso Erick Jesús Pérez Cortés, un ingreso mínimo para su subsistencia, desde que fue suspendido el salario hasta que se resuelva el procedimiento instaurado en su contra; acceso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que se vean mermadas las cuotas respectivas y determinar el ingreso mínimo del elemento de seguridad pública. En estas condiciones, ésta potestad federal llega a la conclusión, de que en el caso, existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano de control constitucional debido a que la responsable se encuentra imposibilitada jurídicamente para atender los efectos de la ejecutoria, ya que determinó reinstalar al quejoso a su fuente de trabajo, en lugar de ordenar la suspensión temporal y de carácter preventivo del aquí quejoso; por tanto, el cumplimiento de la ejecutoria debe considerarse de imposibilidad jurídica. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Guárdese por separado el original y duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó y concedió la medida cautelar definitiva, y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO ERICK JESÚS PÉREZ CORTÉS, EL ACUERDO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: "Visto el estado de los autos se provee: Toda vez que existe la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías. Tiene aplicación la tesis jurisprudencial número 1ª/J.90/2007, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, visible a página 491 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla.". SE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA LA SENTENCIA EJECUTORIA. Mediante sentencia protectora de garantías, dictada por Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, en auxilio de las labores de este juzgado, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete y recibido en este juzgado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 122 a 140 y 160), se concedió por vicios de fondo, para el efecto de que el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, realice lo siguiente: ".deje insubsistente el acto reclamado consistente en la determinación de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, por el que se ordenó la "suspensión temporal y de carácter preventivo" de funciones como elemento de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, dictada en el expediente administrativa de investigación SSP/DA/135/2016. b) Dicte uno nuevo en el que reitere todo aquello que no es materia de la presente concesión, como lo es la procedencia de la suspensión temporal preventiva del hoy quejoso en sus funciones como elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, hasta en tanto resuelve el procedimiento instaurado en su contra. c) No obstante lo anterior, la autoridad responsable deberá considerar que de una interpretación conforme de los artículos 83 al 88 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el texto de los artículos 1°., 3°., 4°.,6°., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, debe garantizar al quejoso Erick Jesús Pérez Cortés: 1. Un ingreso mínimo para su subsistencia, desde que fue suspendido el salario hasta que se resuelva el procedimiento instaurado en su contra. 2. El acceso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que se vean mermadas las cuotas respectivas. 3. Para determinar el ingreso mínimo del elemento de seguridad pública, la autoridad responsable deberá tomar en consideración que el quejoso tiene que cubrir sus necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras; por lo que deberá tomar como base el equivalente al 30% (treinta por ciento) de su ingreso real, el cual no deber ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución policiaca a la que pertenece, en términos de la parte final de la tesis aislada 2ª XVIII/2015 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" (fojas 138 y 139). Por auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la citada sentencia y mediante proveído de quince de mayo siguiente, se requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable (fojas 178, 181 y 182). Ahora bien, en cumplimiento a dicho fallo, el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, mediante oficio SSP/0306174/2017 de veintitrés de mayo del año en curso, recibido en este juzgado el veinticinco de mayo siguiente, remitió copia de la resolución de quince de febrero del año en curso, por la cual dejó sin efecto el acuerdo de suspensión de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente administrativo SSP/DAI/135/2016 y notificó personalmente al aquí quejoso el dieciséis de febrero siguiente, asimismo, ordenó su reinstalación a partir del primero de marzo del año en curso (fojas 190 y 191). Del mismo modo, remitió copia certificada del oficio SSP/04/04448/2017 de veintiocho de marzo del año en curso, signado por el Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, dirigido al Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por el cual comunicó que el quince de marzo del año en curso, fue entregado al quejoso el cheque correspondiente al salario que tenía y anexó copia de la nómina firmada por el impetrante, así como de la constancia de movimiento de personal de la que se advierte la reanudación de labores (fojas 203 a 208). Por tanto, el diez de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional dio vista a la parte quejosa con las referidas constancias (foja 223), sin que realizara manifestación alguna en el término concedido para tal efecto. Visto lo anterior, y toda vez que mediante oficio SSP/03P06174/2017 de veintitrés de mayo del año en curso, el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia de la resolución de quince de febrero del año en curso, por la cual dejó sin efecto el acuerdo de suspensión de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente administrativo SSP/DAI/135/2016 y notificó personalmente al aquí quejoso el dieciséis de febrero siguiente, asimismo, remitió copia certificada del oficio SSP/04/04448/2017 de veintiocho de marzo del año en curso, signado por el Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, dirigido al Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por el cual comunica que el quince de marzo del año en curso, fue entregado al quejoso el cheque correspondiente al salario que tenía derecho y anexó copia de la nómina firmada por el impetrante, así como de la constancia de movimiento de personal de la que se advierte la reanudación de labores. Bajo este contexto, debe indicarse que la responsable reinstaló al quejoso en las funciones que venía desempeñando y ante ello no le resultó necesario emitir una nueva determinación en la que valorara la procedencia de la suspensión temporal preventiva del impetrante en sus funciones como elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por ende, que no pudiera dar cumplimiento a los restantes efectos de la ejecutoria es decir garantizar al quejoso *************, un ingreso mínimo para su subsistencia, desde que fue suspendido el salario hasta que se resuelva el procedimiento instaurado en su contra; acceso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que se vean mermadas las cuotas respectivas y determinar el ingreso mínimo del elemento de seguridad pública. En estas condiciones, ésta potestad federal llega a la conclusión, de que en el caso, existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano de control constitucional debido a que la responsable se encuentra imposibilitada jurídicamente para atender los efectos de la ejecutoria, ya que determinó reinstalar al quejoso a su fuente de trabajo, en lugar de ordenar la suspensión temporal y de carácter preventivo del aquí quejoso; por tanto, el cumplimiento de la ejecutoria debe considerarse de imposibilidad jurídica. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Guárdese por separado el original y duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó y concedió la medida cautelar definitiva, y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General."
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido, se provee: Téngase al Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, remitiendo diversas constancias, sin hacer mayor pronunciamiento, dado que por auto de diez de agosto del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la ejecutoria de amparo. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con anexo de cuenta, visto su contenido se provee. Se tiene al Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector de garantías. VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO. Dese vista a las partes, con el oficio antes mencionado, por el término de tres días legalmente computado, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado resolverá el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
Quedan 32 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,777 expedientes
- Erick Castillo Espinoza678/2017
- Erick Cotoñeto Carmona1371/2016
- Erick Cuevas Ramírez730/2021
- Erick Fernando Valdes Gutierrez271/2020
- Erick Fernando Valdes Gutiérrez1395/2019
- Erick Fernando Valdez Gutiérrez248/2018
- Erick Jonathan Pérez Barbosa1597/2022
- Erick Mauricio Cordero Limon1359/2015
- Erick Miguel Galindo Vázquez1760/2021
- Erick Perez Melchor270/2015
- Erick Portugal Ortega17/2020
- Erick Rafael Sánchez Olvera1193/2020