Erick Jafet Rivera Ramírez
Expediente 1140/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Erick Jafet Rivera Ramírez
Actuaciones
- Principal
veintidós de noviembre de dos mil veintitrés En veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el once de octubre de dos mil veintitrés. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del seis al diez de noviembre del presente año. Con la anterior certificación se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de once de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Conforme a lo dispuesto por el artículo 3, fracción XX, del multicitado Acuerdo General, en el presente expediente no existe documento original que devolver a la parte promovente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jaime Santillán Chávez, secretario proyectista que autoriza y da fe. Yas En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. veintidós de noviembre de dos mil veintitrésEn veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el once de octubre de dos mil veintitrés. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del seis al diez de noviembre del presente año. Con la anterior certificación se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de once de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Conforme a lo dispuesto por el artículo 3, fracción XX, del multicitado Acuerdo General, en el presente expediente no existe documento original que devolver a la parte promovente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jaime Santillán Chávez, secretario proyectista que autoriza y da fe. Yas En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 11 DE OCTUBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Erick Jafet Rivera Ramírez contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y otras. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1140/2023 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Ahora bien, el suscrito considera procedente desechar la demanda de amparo; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XIV, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora bien, el primero de los supuestos que contiene el artículo 18 de la Ley de Amparo para determinar el plazo para la presentación de la demanda de amparo, se refiere a que éste comenzará a transcurrir después de que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo respectivo. Así, esta regla es inaplicable cuando se reclama una ley heteroaplicativa y el acto de aplicación consiste en el pago del impuesto o derecho establecido en esa norma, puesto que la notificación de un acto constituye una actuación procesal que requiere formalidades y produce su conocimiento, por lo que es indudable que en este caso no puede atenderse a las reglas de la notificación de un acto para computar el plazo para la presentación de la mencionada demanda, sirve de apoyo a lo anterior: "Registro digital: 166183 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: XXI.1o.P.A.117 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Octubre de 2009, página 1520 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY HETEROAPLICATIVA Y EL ACTO DE APLICACIÓN CONSISTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESA NORMA, PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA, ES INAPLICABLE EL PRIMER SUPUESTO QUE CONTIENE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. El primero de los supuestos que contiene el artículo 21 de la Ley de Amparo para determinar el plazo para la presentación de la demanda de garantías, se refiere a que éste comenzará a transcurrir después de que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo respectivo. Así, esta regla es inaplicable cuando se reclama una ley heteroaplicativa y el acto de aplicación consiste en el pago del impuesto establecido en esa norma, puesto que la notificación de un acto constituye una actuación procesal que requiere formalidades y produce su conocimiento, esto es, la notificación se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas. Acorde con lo cual, el pago del impuesto no forma parte de algún procedimiento administrativo regido por una norma procesal en la que se establezca la figura de la notificación para hacer saber al quejoso el acto reclamado, sino que constituye una demostración plena del cumplimiento de una obligación fiscal que únicamente puede hacer la persona que tiene esa carga, por lo que es indudable que en este caso no puede atenderse a las reglas de la notificación de un acto para computar el plazo para la presentación de la mencionada demanda. De ahí que, se insiste, la quejosa conoció de los actos que reclama el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, ya que fue cuando realizó el pago del derecho de servicio de control vehicular, y se le aplicó el artículo que ahora refiere es inconstitucional. Por lo tanto, si la parte quejosa conoció del acto de aplicación el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, por lo tanto el término de quince días para la presentación del juicio de amparo transcurrió del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, concluyendo el seis de octubre del año actual; descontándose del plazo señalado el quince de septiembre de dos mil veintitrés, al ser inhábil de conformidad con la CIRCULAR 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. No pasa inadvertido para este Juzgador que el acto de aplicación se realizó en día inhábil (catorce de septiembre de dos mil veintitrés) de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, de ahí que el plazo comenzó el día hábil siguiente dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, sirve de apoyo el siguiente criterio: "Registro digital: 176759 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.3o.A.29 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 837 Tipo: Aislada AMPARO CONTRA LEYES. SI EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN EN DÍA INHÁBIL, EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS COMIENZA AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE AQUÉL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a tal dispositivo, el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días contados a partir del día siguiente: a) al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o c) al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En razón de lo anterior, si la parte quejosa manifiesta que tuvo conocimiento del acto de aplicación de la norma jurídica que tacha de inconstitucional en día sábado, éste considerado inhábil conforme al precepto 23 de dicho ordenamiento legal, el término a que hace alusión el precepto legal citado en primer término, inicia al día siguiente hábil, es decir, el plazo empieza a correr el día lunes, sin que obste a lo anterior, el hecho de que el conocimiento del acto de aplicación se haya generado en día inhábil, pues esa circunstancia de ningún modo nulifica el hecho de que el impetrante de garantías haya manifestado tener conocimiento del acto de aplicación tal día, pues una cosa es el conocimiento del acto y otra muy distinta el término, dado que, lo primero implica tener noticia y saber de la existencia de ese acto; y lo segundo es el plazo o término que establece la ley para hacer valer algún derecho o cumplir con alguna obligación; consecuentemente, el plazo para la impugnación de normas heteroaplicativas comienza a partir de aquel al en que el peticionario de amparo manifieste estar enterado de la aplicación de la norma combatida, aun cuando éste, se insiste, sea inhábil.". Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el nueve de octubre de dos mil veintitrés, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17 que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado es la aplicación de un artículo de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por lo que es claro que no encuadra en alguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.
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