Erick Iván Ochoa Flores
Expediente 5/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Erick Iván Ochoa Flores
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio 3182, procedente del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual acusa recibo de nuestro oficio a través del cual se le remitió el juicio de amparo 5/2018-I, promovido por Ricardo Navarro Alamilla, en nombre de ERICK IVÁN OCHOA FLORES; así también, informa que se avocó al conocimiento del aludido sumario. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo, y para que de conformidad a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, el antedicho Centro proceda a la destrucción del mismo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo.
- Principal
En ocho de enero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con la demanda de amparo promovida por Ricardo Navarro Alamilla, en nombre y representación de Erick Iván Ochoa Flores, la cual quedó registrada con el folio 137. Conste.Reynosa, Tamaulipas, ocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda que promueve Ricardo Navarro Alamilla, en nombre de ERICK IVÁN OCHOA FLORES, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO", con sede en Gómez Palacio, y otras autoridades; con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV y 20 y demás relativos de la de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 5/2018-I. Ahora, cabe invocar que la competencia es de orden público, y por lo tanto, preferente a la procedencia del asunto; ante lo cual, este Juzgado de Distrito, con residencia en esta ciudad, estima carecer de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida serán expuestas. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". En el caso, la parte quejosa reclama la decisión de acortar el tiempo de visita intima de cuatro a dos horas, del directo quejoso y su concubina, por parte de las autoridades responsables, entre ellas del Director del Centro Federal Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS-DURANGO", con sede en Gómez Palacio, Durango. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado por el inconforme tienen ejecución en el Centro de Reclusión ubicado en Gómez Palacio, Durango y que es el lugar en el que residen las autoridades responsables. Por lo anterior, a quien corresponde conocer del presente juicio constitucional por ser la circunscripción territorial en la cual se ejecutan los actos que aquí se reclaman, es al Juzgado de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, en turno, y no a este órgano jurisdiccional, pues la decisión tildada de inconstitucionalidad, tiene ejecución en una localidad ajena a los que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, esto es, en Gómez Palacio, Durango, por tanto, recaerá en el Juez de la jurisdicción en donde se llevan acabos dichos actos; lo anterior, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Así, tomando en cuenta que el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, coincide con el inserto en el 36 de la abrogada Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AÚN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Sin que en el caso, por el hecho de que la parte quejosa señale domicilio convencional en esta ciudad, proceda fincar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, pues de hacerlo equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Tiene aplicación al caso por las razones que lo conforman la tesis 1a./J. 12/95, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, página 97, número de registro 200455, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". En las relatadas circunstancias, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, se declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, en turno; al efecto, remítase al citado Juzgado el expediente en que se actúa, para que dentro del término de ley manifieste si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por otra parte, cabe hacer mención que en el presente caso no se está en presencia de ninguno de los actos que menciona el artículo 15 de la Ley de Amparo, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que motive a este tribunal proveer sobre la suspensión de plano. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Carlos Iván Arteaga Gamboa. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Josué Martínez Jasso, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario Jaime Izaguirre Revilla, quien autoriza y da fe.
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