Erick Israel Duarte Sánchez
Expediente 1541/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1541/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2018
Partes del expediente
- Erick Israel Duarte Sánchez
Actuaciones
- Principal
- Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . .
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra una razón levantada por el actuario adscrito a este Juzgado... se ordena notificar el presente auto... así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal al quejoso... por medio de lista... Se ordena notificar el auto de 07 de diciembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: Vista la demanda de garantías promovida por ERICK ISRAEL DUARTE SÁNCHEZ, contra actos del Juez Quinto de lo Civil en San Juan del Río, Querétaro; fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1541/2018-III, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario citar lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De conformidad con el invocado precepto, el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que esta causa sea manifiesta e indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del análisis integro de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa destaca como acto reclamado el siguiente: ? El auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio sumario sobre custodia de menores 150/2018, del índice de la autoridad responsable, por el que se decretó una orden de restricción en contra de ERICK ISRAEL DUARTE SÁNCHEZ. Bajo ese contexto, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Así en el particular el presente juicio de amparo es improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." En efecto, en la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme a la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos. Efectivamente, para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitivo, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter de medio de defensa extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar, en otras palabras, que el acto materia de la violación de derechos fundamentales sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Para satisfacer lo anterior, el gobernado tiene -como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ilustra lo anterior la tesis número 2a. LVI/2000, publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Pues bien, en el caso, atendiendo a los antecedentes del acto reclamado, se agotan los elementos necesarios para justificar la causa de improcedencia invocada, sin que en el caso concurra alguna hipótesis de excepción. En efecto, en la especie, el acto reclamado constituye una determinación emitida por un tribunal judicial, como lo es el Juez Quinto de lo Civil en San Juan del Río, Querétaro; en este sentido, tal circunstancia permite establecer que, de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento de referencia (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro), los autos y resoluciones dictados por el juzgador que conoce de la medida cautelar son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva mencionada. En particular, cabe destacar que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro contempla el incidente a que se refiere el artículo 211, el cual resulta procedente en contra de las medidas cautelares; instrumento con el cual es factible obtener que la resolución reclamada pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así es, de la intelección del artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, se obtiene que el acto reclamado por el quejoso puede reclamarse en términos del procedimiento incidental previsto en la norma citada, pues textualmente dispone: "Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo." Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan, en las tesis relevantes que establecen: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. SU IMPUGNACIÓN EN LA VÍA INCIDENTAL SÓLO COMPRENDE A SU EJECUCIÓN (ARTÍCULOS 252 Y 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE JALISCO). Este Tribunal Colegiado se aparta parcialmente del criterio sustentado en la tesis que aparece publicada en la página 589, Tomo IX, abril de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. SU IMPUGNACIÓN EN LA VÍA INCIDENTAL PUEDE COMPRENDER TANTO LA RESOLUCIÓN QUE LAS AUTORIZA COMO SU EJECUCIÓN (ARTÍCULOS 252 Y 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE JALISCO).". En una nueva reflexión sobre el tema, se advierte que el arábigo 252 del enjuiciamiento civil estatal, precisa que la resolución que conceda la medida precautoria, como la correspondiente ejecución, son irrecurribles; mientras que el diverso numeral 253 de la misma ley dispone que el ejecutado puede reclamar la providencia decretada en cualquier tiempo hasta antes del dictado de la sentencia ejecutoria, mediante la tramitación de un incidente, en caso de no haberse practicado la diligencia con su persona o su representante legítimo. Es evidente que el incidente de reclamación lo instauró el legislador para que quien pudiera resultar perjudicado por vicios propios de la ejecución de una medida precautoria tenga oportunidad de combatirlos a través del procedimiento incidental mencionado, en el que no pueden alegarse aspectos atinentes al contenido de la resolución que autorizó la providencia precautoria." "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICAClÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL. Las medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen de ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicta una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente, es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de prueba que no otorga un recurso, puesto que éste sólo tiene en cuenta las constancias y el contexto en que se dictó el auto impugnado, mientras que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida." En este contexto, de acuerdo con el precepto mencionado, se obtiene que el impetrante, antes de promover el juicio de amparo, debió promover el incidente referido en contra del acuerdo judicial dictado dentro del juicio sumario civil 150/2018, del índice de la autoridad responsable, mediante el cual se proveyó sobre la medida cautelar en materia familiar respecto a la orden de restricción en contra de ERICK ISRAEL DUARTE SÁNCHEZ, por lo cual se determinó que se le prohíbe acercarse a una distancia mínima de trescientos metros alrededor del domicilio de CINTHIA CRUZ RODRÍGUEZ y su menor hijo ubicado en: Calle Garambullo, Número 28, Colonia Hacienda Grande, Tequisquiapan, Querétaro, del lugar donde estudia el menor, ubicado en Av. Alfredo V. Bonfil, Número 69, Colonia Adolfo López Mateos, Tequisquiapan, Querétaro "Cendi Quetzalli" y/o el lugar de la codemandada Cinthia Cruz Rodríguez, ubicado en: Carretera San Juan del Río-Xilitla, Local 11-A, Plaza El Pedregal, en Tequisquiapan, Querétaro; lo anterior, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por tratarse en la especie de un procedimiento familiar, en cuya materia es admisible la interposición del referido medio de impugnación legal. Asimismo, se puede constatar que el objetivo para plantear el trámite del incidente de inconformidad es modificar o revocar la medida cautelar solicitada. De ahí que la inconformidad pudo ser tramitada en forma incidental; oportunidad en la cual, el quejoso está en facultad de hacer valer los conceptos de agravio que en esta vía constitucional se esgrimen; de donde se colige la causal de improcedencia de mérito. Todo lo anterior permite concluir que el acto combatido es de naturaleza provisional y no definitiva; pues existe la posibilidad de que sea modificado o revocado, a través del planteamiento del incidente de oposición previsto en el ordinal 211 del propio ordenamiento jurídico invocado. Entonces, al no haber hecho valer el quejoso el medio de defensa, incumplió con el principio de definitividad, sin que en el caso se advierta alguna de las hipótesis para eximirlo del cumplimiento a ese requisito, dado que la procedencia del recurso es indudable y no está sujeta a interpretación alguna. Tampoco obsta para exigir el cumplimiento a ese requisito de procedencia del amparo, el que se combata transgresión a derechos sustantivos, porque aún bajo ese supuesto, queda obligado a acatar el principio de definitividad, en conformidad con las tesis de jurisprudencia obligatoria, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo, al no oponerse a su disposición vigente que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Al respecto, se cita la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 2a./J. 115/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época)." En el caso, tampoco se actualiza la excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Amparo, relativa a que no existe la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; lo anterior, pues la resolución combatida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Federal. Sin que en el caso concreto, se actualice alguno de los casos de excepción citados para no agotar el principio de definitividad. Así también, esta Juzgadora no advierte que la responsable se haya pronunciado sobre cuestiones atenientes a las convivencias del quejoso con el menor, tan es así, que ordenó girar oficio al Juez Familiar de San Juan del Río, Querétaro, que conoce del expediente 1253/2016. Además que la demanda es promovida únicamente por ERICK ISRAEL DUARTE SÁNCHEZ, por propio derecho. Consecuente con lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, en su fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento jurídico invocado, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA QUE SE PLANTEA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Asimismo, téngasele señalando como domicilio procesal el que indica en el proemio de su demanda. Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente.
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