ERICK HERNÁNDEZ GAMBOA y Otros.
Expediente 105/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 29 de enero de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/01/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ERICK HERNÁNDEZ GAMBOA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA III San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por "............""; contra actos del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 101/2020, que le correspondió. En ese orden, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para el suscrito, que las demandas de amparo 102/2020, 103/2020, 104/2020, 105/2020, 106/2020 y 107/2020 del índice de este Juzgado fueron promovidas por ".............."", respectivamente, contra las mismas autoridades responsables, y los mismos actos; en consecuencia, acatando el principio de economía procesal, y así evitar que de llegarse a la etapa procesal respectiva, se emitan sentencias contradictorias, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de plano, se ordena la acumulación de las demandas de amparo 102/2020, 103/2020, 104/2020, 105/2020, 106/2020 y 107/2020 al juicio de amparo 101/2020, con la precisión de que dada la acumulación de juicios decretada, las demandas deberán obrar en una misma pieza de autos, por lo que las subsecuentes en número deberán agregarse a la primera. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente reclama de las autoridades responsables los siguientes actos: Actos reclamados Autoridades responsables La orden o acuerdo dictado en forma verbal o escrita para la desaparición, cierre definitivo, clausura, desmantelamiento, demolición o cualquier otro, de las instalaciones del Centro de Reinserción Social número uno del Estado de Oaxaca. La reubicación e internamiento a diverso centro de reclusión Estatal o Federal. La falta de información notificación respecto del centro de internamiento al que será reubicado. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Secretario de General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de Oaxaca. Director General de Reinserción Social Del Gobierno del Estado de Oaxaca. Director del Centro de Reinserción Social número uno, también conocido como Penitenciaria Central del Estado de Oaxaca. La ejecución material de dicha determinación. Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca. Director General de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Jefe de Seguridad del cuerpo de custodios, celadores o vigilantes de la Penitenciara Central del Estado. En ese contexto, se considera que dicha demanda debe desecharse, porque existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se advierte que contra el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior: [.]" Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca. En el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal se dispone: "Artículo 18.- El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto [.]" Por su parte, en los artículos 1°, 2°, 4°, 9°, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establece lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales "de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley." "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario. El desarrollo de los procedimientos dentro del Sistema Penitenciario debe regirse por los siguientes principios: Dignidad. Toda persona es titular y sujeta de derechos y, por lo tanto, no debe ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o los particulares. Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta Ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad. Legalidad. El Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución y la Autoridad Penitenciaria, en el ámbito de sus atribuciones, deben fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los Tratados, en el Código y en esta Ley. Debido Proceso. La ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución dictada por un Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución o la autoridad administrativa de conformidad con la legislación aplicable, mediante procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad con los principios internacionales en materia de derechos humanos. Transparencia. En la ejecución de las sanciones penales, exceptuando el expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el acceso a la información, así como a las instalaciones penitenciarias, en los términos que al efecto establezcan las leyes aplicables. Confidencialidad. El expediente personal de la persona privada de su libertad tendrá trato confidencial, de conformidad con la ley en la materia, y sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, la persona privada de la libertad y su defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso salvo las excepciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicables. Publicidad. Todas las cuestiones que impliquen una sustitución, modificación o extinción de las penas y que por su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o producción de prueba, se ventilarán en audiencia pública ante el Juez de Ejecución. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determinen las leyes aplicables. Proporcionalidad. Toda intervención que tenga como consecuencia una afectación o limitación de los derechos de las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades competentes debe ser adecuada, estrictamente necesaria y proporcional al objeto que persigue la restricción. Reinserción social. Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias "correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad." "Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley [.]" "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro "horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." "Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste." "Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda." "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." De los preceptos transcritos, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo para sustanciar lo relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad que, entre otras cosas, guardan relación con los medios o actos que realicen las autoridades penitenciarias tendentes a garantizarles a las personas privadas de su libertad una vida digna y segura dentro del Centro de Federal de Readaptación Social, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9°, fracciones I y IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal). De igual manera, en la ley mencionada se dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad- cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente sobre la base de que en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, en la ley de referencia se establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior revela claramente la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, ya que en el artículo 114 de la legislación mencionada se dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas restringidas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Finalmente, en la Ley Nacional de Ejecución Penal se contempla que las peticiones relativas a casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, dan pie a acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Ahora, en el caso la parte quejosa reclama la orden o acuerdo verbal o escrito para desaparecer, cerrar en definitiva, clausurar o desmantelar las instalaciones del Centro de Reinserción Social número uno del Estado de Oaxaca; y como consecuencia de lo anterior, la reubicación a otro centro de internamiento; así como la falta de información y notificación respecto de eso actos. Por tanto, es evidente la existencia de un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, y que en el caso, por es evidente al tratarse de un tema relativo a las cuestiones de internamiento de los quejosos, dicho procedimiento el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa, es decir, sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable a los quejosos; en el entendido que, no obstante que los actos pudieran requerir atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión, pues como se expuso en párrafos anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil." En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la parte quejosa acude a la instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, la falta de información y notificación respecto del clausura o cierre definitivo del centro de internamiento en el que actualmente se encuentra, la clausura del centro de internamiento referido, y por ello su reubicación a centro diverso, sin haber agotado el procedimiento administrativo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través de ese procedimiento es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien al respecto. Máxime que el artículo 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la autoridad penitenciaria es la encargada de organizar y operar el sistema penitenciario y supervisar las instalaciones de los centros penitenciarios para incrementar la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad del personal y visitante, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para su buen funcionamiento; mientras que el artículo 15 de la misma ley en su fracción XVI la faculta para ejercer las demás atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico, lo cual resulta de relevancia jurídica porque las condiciones de internamiento que atañen, según el diverso artículo 30 de la citada ley, a garantizar una vida digna y segura para las personas privadas de la libertad, pueden ser defendidas por los propios internos a través de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que se generan en su estancia en aquellos. En ese contexto, es ilustrativo el artículo 116, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al establecer que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relativas a las misma, y la fracción III, del artículo 117 de la citada ley, establece que los derechos de las personas privadas de su libertad, podrán ejercitarse al momento de la notificación del traslado o dentro de los diez días siguientes a la misma o a los diez días siguientes a su ejecución, ante el Juez de Control o de Ejecución; incluso se reconoce el hecho de que si se trata de una condición de internamiento que afecta a toda la población penitenciaria, los Jueces de Ejecución puedan dar efecto generalizada a su resolución, extendiendo los efectos a toda la población privada de su libertad según el artículo 128 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, la parte interesada cuenta con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y peticiones y, pueda, en su caso, satisfacerlas. En ese contexto, existe un mecanismo de protección y defensa de derechos humanos que atañe exclusivamente a los reclusos, el cual tiene su fundamento en la incorporación de un modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, contenido en el artículo 21, párrafo tercero Constitucional, reformado mediante decreto publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la cual prevé entre uno de sus objetivos, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, como consecuencia de ello, reglamenta de forma específica diversos mecanismos de defensa en contra de actos que vulneren los derechos humanos del recluso, así como la posibilidad de que aquellos sean suspendidos. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2018, determinó que las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dio lugar a la jurisprudencia 1a.J.79/2018 (10a.), emitida por la Primer Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 61, tomo I, de diciembre de dos mil dieciocho en la página 230, con número de registro 2018548, del rubro y texto siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Además, en la especie no se puede considerar actualizada alguna de las excepciones a que alude la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, referente a las violaciones directas a la constitución; además, no se está en el caso de que el medio de defensa que está previsto para combatir el acto en estudio se encuentre contemplado en un reglamento, pues como se precisó en líneas precedentes, es la propia Ley de Ejecución de Penas la que lo estipula y al ser el acto reclamado una omisión no está sujeto a la condicionante constitucional de estar fundado, precisamente atendiendo a su naturaleza omisiva. Entonces como el acto reclamado consistente en la reubicación de los quejosos a otro centro de internamiento, se hace depender de que se ordene el cierre, desaparición, clausura o desmantelamiento del Centro de Reinserción Social número uno en el Estado de Oaxaca, debe concluirse que se trata de una condición de internamiento que está sujeta a la causa de improcedencia comentada, dado que no guarda relación de autonomía con el acto reclamado señalado antes analizado. Así, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de dicho ordenamiento. La determinación anterior prevalece en relación con el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ya que en términos de lo dispuesto en los artículos 2°, 3°, 7°, fracciones IX, XXV y XXVIII, 10, 14, fracción I, 16, apartado A, fracción I, 44, 45, fracción XXIV, y 46, apartado A, fracción III, inciso b), de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, la seguridad pública es una función a cargo del Estado, entre cuyos fines se encuentra la reinserción social de las personas; mientras que la función de seguridad pública se realiza en los diversos ámbitos por conducto de las instituciones responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas, entre otras. Por su parte, el Sistema Estatal de Seguridad Pública, se integra por el Consejo Estatal, quien es la instancia superior del indicado Sistema, el cual se encuentra integrado y presidido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, quien cuenta con las atribuciones para definir las políticas de seguridad pública, emitir la directrices necesarias para aplicación de las políticas y estrategias del Sistema; asimismo, ejerce el mando de las instituciones de seguridad pública. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito de demanda, y por autorizados para tal efecto a las personas que señalan; sin embargo, se hace la precisión que las notificaciones que se realicen a aquellos, se realizarán por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, sin perjuicio de que de estimarlo este órgano de control constitucional acorde a la trascendencia del proveído, ordenará también la realización de la notificación personal a sus autorizados, lo anterior a fin de que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Sin que sea el caso expedir copia autorizada del presente proveído a los autorizados, toda vez que se notificará personalmente a la parte quejosa en su centro de reclusión, por ende, se le hará entrega de la copia respectiva. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente a cada uno de los quejosos en el lugar de su reclusión.
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