Erick Guadalupe Castillo Castillo
Expediente 402/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/02/2021
Partes del expediente
- Erick Guadalupe Castillo Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído dictado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los ordinales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado. Por otra parte, de la certificación de cuenta y de los presentes autos se advierte que la autoridad responsable Juez Sexagésimo Segundo de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Siete, adjuntó a su informe justificado: Copia certificada del audio y video en formato de DVD, de la continuación de la audiencia inicial, celebrada el veintidós de junio de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial ******; y, Copia certificada de la aludida carpeta judicial. Sin embargo, toda vez que resulta innecesaria la conservación de los mismos, se ordena devolverlos a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitarles el acuse de recibo correspondiente pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recepción. Hágase del conocimiento de las partes, que este expediente se encuentra dentro de lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente, una vez que transcurran TRES AÑOS transfiérase el presente expediente al depósito documental dependiente de la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que es susceptible de DEPURACIÓN. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo referido en el párrafo que precede; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberá transferirse dicho cuaderno original al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, haciéndose constar tal circunstancia en la carátula respectiva. Respecto al duplicado del referido incidente, en atención a lo dispuesto con el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) del ordenamiento invocado, una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES procédase a su DESTRUCCIÓN, resguardando el mismo por separado. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITO DE LA DETERMINACION DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal de autos y posterior a un análisis de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que el presente juicio está promovido por ****, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos consistentes en: El auto que califica de legal la detención; La vinculación a proceso del quejoso, emitida el veintidós de junio de dos mil veinte, en la carpeta Judicial *****; y su ejecución. Mismos que fueron atribuidos a la autoridad responsable Juez Sexagésimo Segundo de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Siete (en su denominación correcta). Asimismo, al rendir su informe justificado dicha potestad aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos argumentando, en esencia, que el veintidós de junio de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial ****, en la que fue presentado como imputado el aquí quejoso *****, por el hecho con apariencia de delito de tentativa de homicidio calificado; agregó que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resolvió calificar y ratificar de legal la detención realizada en contra de *****, al actualizarse el supuesto de flagrancia, previsto por la fracción II, inciso b) del artículo 146 del aludido Código. Posteriormente, se formuló imputación al quejoso y se solicitó que este fuera vinculado a proceso, y se le hizo saber al promovente del amparo el momento en que a su elección podía resolverse esta petición, solicitando fuera resuelta su situación jurídica en dicha audiencia; posteriormente decretó su vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como el delito de tentativa de homicidio calificado, cometido en agravio de ****. Ahora, del tomo de pruebas I, formado con motivo de las constancias remitidas por la responsable como anexo a su informe justificado, consistente en copia certificada de la carpeta judicial ****; así como, de la reproducción de la copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veinte, dentro de la carpeta en mención (diligencia en la que fueron emitidos los actos reclamados), se desprende que el Juez responsable informó al aquí quejoso ****, el derecho y término que contaba para apelar la resolución y se tuvo por notificadas a las partes de las determinaciones emitidas. Documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°. Así, es claro que el quejoso fue notificado de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, desde la propia audiencia de veintidós de junio de dos mil veinte. Ahora, del estado de autos se aprecia que la demanda de amparo fue presentada el dos de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; misma que por cuestión de turno correspondió conocer a este órgano de control de la constitucionalidad de la misma; por lo que, mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, entre otros aspectos, se ordenó registrar la demanda con el número ****. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese orden, de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. Bajo esa óptica, a fin de acreditar la causal de improcedencia de mérito, es importante destacar que de las constancias allegadas al presente sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto que califica de legal la detención; La vinculación a proceso del quejoso, emitida el veintidós de junio de dos mil veinte, en la carpeta Judicial ****; y su ejecución. Mismos que fueron emitidos por el Juez Sexagésimo Segundo de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Siete (en su denominación correcta), dentro de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veinte, dentro de la carpeta ****. Actos respecto de los cuales se notificó a la parte quejosa en esa misma data (veintidós de junio de dos mil veinte), personalmente. Bajo ese contexto, es importante destacar que el citado artículo 18 de la ley de la materia, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, los cuales se cuentan respectivamente a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; y, Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, sustentándose la formalidad de la notificación del acto, en el caso materia a estudio. Aquí, cabe indicar que la conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones se practicarán de manera personal en audiencia; asimismo, el numeral 84 de la misma legislación, establece que las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado; y se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. De igual forma, importa destacar que con la entrada en vigor del nuevo ordenamiento de amparo (tres de abril de dos mil trece), se modificó el supuesto de la temporalidad para la promoción del juicio de amparo, en modo que cuando el acto reclamado implique: Peligro de privación de la vida; Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; Incomunicación; Deportación o expulsión; Proscripción o destierro; Desaparición forzada de personas; Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La demanda de amparo indirecto podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin embargo, el acto aquí combatido no se encuentra dentro de la hipótesis que describe la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el impetrante de amparo promoviera juicio de amparo, transcurrió del cuatro al veintiuno de agosto de dos mil veinte. Lo anterior es así; porque derivado de los Acuerdos Generales 4/2020 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19, se determinó suspender las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, salvo para aquellas en las que su realización se estimara de carácter urgente; asimismo, conforme a lo establecido en el último de los acuerdos en cita (21/2020), se ordenó reanudar los plazos a partir del día tres de agosto de dos mil veinte. Además, de que el artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que las notificaciones se practicarán de manera personal en audiencia; y el diverso numeral 84 de la misma legislación, establece que las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado; y se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Lo que en el caso acontece. Ello es así, porque del tomo de pruebas formado con motivo de las constancias remitidas por la responsable como anexo a su informe justificado, consistente en copia certificada de la carpeta judicial *****; así como, de la reproducción de la copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veinte, dentro de la carpeta en mención (diligencia en la que fueron emitidos los actos reclamados), se desprende que se notificó al aquí quejoso ****, de los actos reclamados en esa data (veintidós de junio de dos mil veinte), incluso, se le hizo saber el derecho y término que contaba para apelar; entonces, resulta válido afirmar que el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del cuatro al veintiuno de agosto de dos mil veinte. Días hábiles Días inhábiles Cuatro de agosto de dos mil veinte; Cinco de agosto de dos mil veinte; Seis de agosto de dos mil veinte; Siete de agosto de dos mil veinte; Diez de agosto de dos mil veinte; Once de agosto de dos mil veinte; Doce de agosto de dos mil veinte; Trece de agosto de dos mil veinte; Catorce de agosto de dos mil veinte; Diecisiete de agosto de dos mil veinte; Dieciocho de agosto de dos mil veinte; Diecinueve de agosto de dos mil veinte; Veinte de agosto de dos mil veinte; Veintiuno de agosto de dos mil veinte; Días inhábiles. Ocho de agosto de dos mil veinte; Nueve de agosto de dos mil veinte; Quince de agosto de dos mil veinte; Dieciséis de agosto de dos mil veinte; Así, los actos combatidos se estiman consentidos tácitamente, en virtud que no se impugnaron dentro del plazo que señala el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que la parte quejosa promovió su demanda de amparo hasta el dos de septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, dicho ocurso es extemporáneo, por lo cual, este órgano federal estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin que se soslaye que si bien conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, se reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo. Sin embargo, lo anterior no puede ser interpretado en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.Así, la demanda de amparo fue presentada fuera del término que para tal efecto establece la Ley de Amparo, por lo que resulta incuestionable que respecto a dichos actos, el presente juicio es improcedente dado que debe estimarse el acto tácitamente consentido. En ese sentido, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, respecto de los actos reclamados antes precisados. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
- Principal
Agréguese a los autos el ocurso de cuenta, signado por el quejoso *****; por medio del cual refiere desahogar la prevención realizada por este órgano de control de la constitucionalidad en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte; asimismo, insiste en objetar el informe justificado rendido por la autoridad responsable y que se corra traslado a las partes con su ocurso. En ese sentido, respecto a su pretensión de objetar el informe justificado rendido por la autoridad responsable; al respecto, reitéresele que no es posible tener por hecha la objeción que pretende realizar ni correr traslado a las partes, ya que nuevamente trata de combatir el contenido de dicho comunicado, y como se le indicó mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinte, el artículo 122 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los informes; por tanto, dicha objeción debe referirse a su autenticidad, es decir a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente en base a los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. No obstante, ténganse por hechas sus manifestaciones a guisa de alegatos; sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que está señalada esta data para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible celebrarla en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo a que alude el numeral 117 de la Ley de Amparo, para que las partes manifiesten lo que a su derecho convenga, respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Sexagésimo Segundo de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Siete, debido a que se puso a la vista el nueve de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no irrogar perjuicio a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su desahogo.
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