Erick Garcia Santander

Expediente 195/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
195/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
03/07/2017

Partes del expediente

  • Erick Garcia Santander

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a tres de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales, el oficio signado por el Juez Primero de lo Civil en el Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, por medio del cual acusa recibo de las copias certificadas del expediente 167/2004 del juicio ejecutivo mercantil en contra de Ernesto Morales Venegas, situación de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIO A NOTIFICARSE A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL DEL PROVEIDO DE 26 DE JUNIO 2017, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA: Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de siete de junio de dos mil diecisiete, que SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Erick García Santander, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Hágase la devolución de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 167/2004 al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, solicitando la confirmación de dichas constancias. Por otra parte, toda vez que en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérase a ésta para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, los mismo podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal, es destruible. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de siete de junio de dos mil diecisiete, que SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Erick García Santander, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Hágase la devolución de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 167/2004 al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, solicitando la confirmación de dichas constancias. Por otra parte, toda vez que en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérase a ésta para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, los mismo podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal, es destruible. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acto seguido, la Secretaria procede a hacer la relación de constancias que obran en autos, escrito inicial de demanda, acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en que este juzgado admitió la demanda de derechos, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, constancias de emplazamiento al tercero interesado Eduardo Ugalde Zamora, e informes con justificación rendidos por las autoridades responsables como a continuación se señala: NO AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA O ACUSE INFORME JUSTIFICADO 1 Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Hidalgo. 22 NEGO 2 ********************67 NEGÓ A lo que el Juez de Distrito acordó: téngase por hecha la anterior relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio. A continuación, se declara abierto el período de pruebas, teniéndose por ofrecidas las documentales exhibidas por las autoridades responsables Director General del Instituto de la Función Registral consistente en las copias certificadas que anexó a su informe justificado; así como la diversa responsable Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, ambas en el Estado de Hidalgo, que anexó a su informe justificado, consistente en el juicio ejecutivo mercantil 167/2004 de su índice, y la que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, la cual se hace consistir en la escritura pública número 12,894 de treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, sin que ninguna de las otras partes hubiera aportado otras probanzas, se cierra esta etapa. El Juez cierra el mencionado período y abre el de alegatos, quedando de manifiesto que ninguna de las partes realizó manifestaciones en esta vía, con lo cual se cierra esta etapa, sin que exista promoción pendiente por acordar se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de este año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: **************************************** ACTOS RECLAMADOS: ********************En la demanda de derechos se invocaron como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, la demanda de amparo fue remitida a este Juzgado de Distrito, el veintiuno de febrero de este año, por auto de veintidós de enero de la presente anualidad, se radicó con el número de expediente ********************, se admitió a trámite, se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 54, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 36 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud que el presente asunto se reclama un acto atribuido a autoridades con residencia en la jurisdicción territorial de este Órgano de Control Constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de derechos con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis integro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente) en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según tratan la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO". De lo anterior conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir en: ******************** TERCERO. Acto existente. Las autoridades responsables ********************, si bien es cierto al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado, lo cierto es que se advierte que existe una anotación de un embargo dictado por la autoridad responsable y la existencia de un Juicio Ejecutivo Mercantil 167/2004 promovido por Eduardo Ugalde Zamora en su carácter de Endosatario en Procuración de Nacional Ferretera de Hidalgo S.A. de C.V. contra Ernesto Morales Venegas, de ahí que se tenga por cierto el acto que reclama que el hoy quejoso. Es aplicable al caso la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Lo anterior se corrobora con la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 167/2004, que remitió el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en apoyo a su informe justificado, documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, párrafo segundo; por tanto, dicho acto debe tenerse plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Estudio sobre la procedencia del juicio. Examinada la existencia del acto reclamado se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Del precepto transcrito se advierte que para la procedencia de la acción constitucional debe demostrase plenamente el interés jurídico o legítimo, de acuerdo con lo que establece el numeral 5º, fracción I, de la propia norma, el cual dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". De este numeral se advierte que en el juicio de amparo se protege al titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. En ese tenor, es preciso señalar que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que se refiere a la titularidad de los derechos afectados con la ley o el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de tales derechos puede ocurrir al juicio de garantías y no otra persona, por lo que el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que es titular del derecho que la ley o el acto de autoridad reclamados vulneran en su perjuicio, es decir, del derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, mismo que le causa un daño, perjuicio o menoscabo, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Asimismo, apoya lo anterior, la tesis que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." Al respecto, el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente señala que todas las controversias a que se refiere el artículo 103 de la misma ley suprema, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, entre otras, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. El artículo 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de Amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, mientras que el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento, establece como parte en el juicio de garantías, al quejoso, entendido como quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º del referido cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior se desprende, que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona titular de un derecho respecto del cual reciente un perjuicio, daño o menoscabo, es decir, sobre sí o sobre su patrimonio, por lo que, el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia, y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Asimismo, cabe precisar que el interés jurídico de que se habla, en tratándose del juicio de garantías, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal y como lo establece la jurisprudencia que señala: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el interés legítimo a que alude el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la necesaria tutela jurídica que corresponde a la "especial situación frente al orden jurídico", en que se encuentra el quejoso en relación con el acto reclamado, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. En este punto se cita por su aplicación al caso, la tesis que a continuación se transcribe: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En relación con lo anterior, cabe señalar algunos antecedentes que se desprenden de las constancias que obran en autos y de las remitidas por la multicitada autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a saber: Que ********************suscribió en su carácter de comprador contrato de compraventa con el ingeniero Ernesto Morales Venegas en su carácter de vendedor, así como contrato de Otorgamiento de Crédito con Garantía Hipotecaria con el moral Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, la cual se hizo constar mediante escritura pública número 12,894 de treinta de agosto de mi novecientos noventa y nueve pasada ante la fe del licenciado Rigoberto Fabrice Rodríguez Couson Notario Público Número Dos del Municipio de Huichapan, Estado de Hidalgo, respecto del bien inmueble identificado como Circuito Doña Mina Manzana 17 Lote 72, del Fraccionamiento Bosques del Peñar en Pachuca de Soto. Por proveido de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, se radico el juicio ejecutivo mercantil promovido por el licenciado Eduardo Ugalde Zamora en su carácter de endosatario en procuración de Nacional Ferretera de Hidalgo, S.A. de C.V. contra Ernesto Morales Venegas. Seguido el Juicio en todos sus trámites por sentencia de once de abril de dos mil cinco, se condenó al demandado Ernesto Morales Venegas, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que causará ejecutoria la resolución de la fecha antes mencionada, pagara a la parte actora Nacional Ferretera de Hidalgo, S.A. de C.V. la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, más intereses moratorios a razón del 6% (seis porciento) mensual vencidos y los que se sigan venciendo hasta la total solución del adeudo, más el pago de los gastos y costas que el presente juicio origine, previa su regulación correspondiente en ejecución de sentencia, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se hará trance y remate de los bienes embargados y con su producto se pagará al actor. El Juez responsable llevo a cabo la ejecución de la sentencia respecto de los bienes embargados al demandado ordenando en proveído de quince de junio de dos mil siete realizando la subasta de dichos bienes a primera almoneda. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil cuatro, se advierte anotación del embargo de la propiedad urbana el predio ubicado en Calle Circuito Doña Mina Lote 72 Manzana 17 Fraccionamiento Bosques del Peñar, ello con motivo de la tramitación del juicio ejecutivo mercantil 167/2004, del índice del ******************** Ahora, como ya se mencionó, la parte quejosa reclama en esencia ********************, que dice es de su propiedad. Por lo que debe decirse que si bien el quejoso ostenta tener derecho sobre dicho bien inmueble ello con motivo de haber realizado contrato de compraventa con el ingeniero Ernesto Morales Venegas parte demandada en el juicio natural respecto del bien inmueble identificado como Circuito Doña Mina Manzana 17 Lote 72, del Fraccionamiento Bosques del Peñar en Pachuca de Soto, lo cierto es que no es parte el quejoso dentro del juicio ejecutivo mercantil 167/2004, y no se advierte que se haya apersonado al mismo. Máxime que el presente juicio de derechos no lo promovió para ser emplazado ni en su carácter de tercero extraño a dicho juicio natural, de ahí que las responsables no tienen la obligación de cancelar algún embargo, dado que no lo ha promovido dentro del multicitado juicio natural; lo que permite reiterar que los actos reclamados no irrogan perjuicio alguno al quejoso ********************. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se hayan considerado como ciertos los actos reclamados, en razón de que el quejoso no es parte dentro del juicio natural. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia consultable en la página novecientos veintitrés del Semanario Judicial de la Federación III, Segunda Parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." En este orden de ideas, de tener un interés legítimamente tutelado la parte quejosa, la autoridad responsable estaría obligada a abstenerse de ordenar y ejecutar cualquier acto de molestia dentro del juicio que trastocara los derechos que afirma defender en esta vía; sin embargo, al no existir tal interés, es evidente que las autoridades responsables no tenían la obligación de pronunciarse en la cancelación del embargo del bien inmueble que dice es de su propiedad pues se insiste, el solicitante del amparo carece de interés para promover el presente juicio de amparo, porque no existe en su contra ningún agravio en términos jurídicos. Sirve de apoyo la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que versa: "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACION DEL. La causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo puede configurarse con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, puesto que el quejoso puede, desde la presentación de su demanda hasta antes de que concluya la correspondiente audiencia constitucional, presentar las pruebas idóneas para acreditar que el acto reclamado afecta sus intereses jurídicos, y si en el referido lapso procesal no acredita o no se encuentra comprobada tal situación, debe sobreseerse en el juicio por configurarse la causal de referencia." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, de la propia legislación, SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, promovido por ********************. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora ********************toda vez que los actos a ella atribuidos fue en vía de ejecución y no por vicios propios. Asimismo, una vez advertidas causas suficientes para decretar el sobreseimiento en esta instancia constitucional, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues nada obliga a quien resuelve a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues se ha presentado una razón de estudio preferente, como lo es una causa de sobreseimiento, y sabido es que actualizada dicha figura se impide el análisis de la cuestión de constitucionalidad planteada. "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6º apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5 al 9, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Se cita en lo conducente, el criterio 1/2011, emitido en sesión ordinaria de veintisiete de enero de dos mil once, por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la clasificación de información 241/2010-J, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de derechos. SEGUNDO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. De conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple de la presente sentencia a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido de la licenciada Sandra Silva Jaimes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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