Erick García Carmona
Expediente 872/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Erick García Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó a demanda de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. ... archívese este expediente como concluido... este expediente es destruible....
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, a doce de septiembre de dos mil veintidós. Quejoso cumple prevención. Agréguese el escrito signado por el quejoso Erik García Carmona, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fuera efectuado por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós. Del ocurso de cuenta, se advierte que el quejoso refiere que el último requerimiento que le solicitó a la responsable tendente al cumplimiento del laudo, fue acordado el doce de abril de dos mil veintidós, en el que se fijó el diez de junio de dos mil veintidós, para efectuar la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada. Asimismo, indica que en su escrito de demanda ya manifestó de manera clara y precisa en el apartado IV de la misma cuál es el acto reclamado del que se duele, manifestaciones que refirió efectuarlas bajo protesta de decir verdad; de ahí que, se le tiene como tal el señalado en su escrito inicial. Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que el quejoso reclama: "Incumplimiento del laudo emitido con fecha 13 de abril del año 2014 dictado en el expediente laboral 185/2014-I del índice del Tribunal Estatal de Conciliación del Poder Judicial del Estado, promovido por el hoy quejoso Erik García Carmona." Asimismo, conviene precisar que de los antecedentes de la demanda se advierte que el ahora quejoso en conjunto con diversas personas el cuatro de febrero de dos mil catorce, demandaron en la vía laboral al Ayuntamiento de Teayo, Veracruz, diversas prestaciones, juicio que fue radicado bajo el número 185/2014-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que seguida la secuela procesal en todas sus etapas el seis de abril de dos mil quince, se dictó el laudo respectivo, el cual no fue favorable a sus intereses. Inconforme con lo anterior, promovió amparo directo el cual fue substanciado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, de esta ciudad capital, bajo el expediente 849/2015 y el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis le fue concedido el amparo, motivo por el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un nuevo laudo el trece de abril siguiente. Así las cosas, una vez que causó ejecutoria el laudo condenatorio el quejoso solicitó la correspondiente sección de ejecución la cual se aperturó por acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó el requerimiento de pago de las prestaciones a las que fue condenada la parte demandada Ayuntamiento de Teayo, Veracruz, diligencia que se llevó a cabo sin que hiciera el pago de las mismas. Aunado a ello, refiere que derivado del incumplimiento de pago por parte de la parte demandada, ha continuado solicitando a la autoridad responsable se le requiera a fin de que acate el laudo condenatorio en diversas fechas, lo que dio origen a los acuerdos de siete de noviembre de dos mil diecisiete, veinte de agosto de dos mil dieciocho, once de marzo de dos mil diecinueve, veinte de agosto de dos mil veinte, trece de noviembre de dos mil veinte, veintidós de marzo, veinticuatro de junio, dos y dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, así como el acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, que refirió en el ocurso aclaratorio de cuenta, sin que la demandada haya dado cumplimiento. Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, los cuales en esencia establecen, que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo y que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en sala, es obligatoria, para este órgano jurisdiccional. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que en el desarrollo de la ejecución forzosa de un laudo, debe imperar el principio de petición del ejecutante, ya que resulta necesaria su intervención y que no opera la oficiosidad en su desahogo por parte del tribunal obrero; asimismo, sostuvo que los alcances por los que se llegue a otorgar la protección constitucional únicamente deben limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), visible en la página dos mil setecientos setenta y uno, libro III, diciembre de dos mil once, tomo 4, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Ahora, como ya se dijo, de la demanda y del ocurso aclaratorio de cuenta se desprende que el acto reclamado es la omisión por parte de la responsable para ejecutar el laudo de seis de abril de dos mil quince, emitido en el juicio laboral 185/2014-I del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como que al momento de dictar los requerimientos no ha aplicado de manera eficaz ni ha impuesto las medidas de apremio conducentes; sin embargo, tal y como lo establece el artículo 223 de la Ley del Servicio Civil del Estado, dicho señalamiento es genérico, dado que el quejoso no precisa de manera concreta cuál es la omisión, acto o resolución de la etapa ejecutiva que estima le causa agravio. Así, de los artículos 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se advierte que una vez dictado el laudo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, tiene la obligación de ejecutarlo, pero al señalar "cuando se pida", se estima necesaria la intervención de la parte actora, aunado a que la fracción III, del artículo 102, de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece que las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje prescriben en dos años, lo que implica el consecuente impulso procesal del trabajador, con la sanción que de no hacerlo, prescribirá la acción para ejecutarlo. En esa tesitura, debe destacarse que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años, para ejecutar el laudo. Por su parte, es verdad que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, así con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 2, inciso c) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial, sin embargo, también lo es que la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de quince días siguientes a su notificación a la entidad pública demandada, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba, so pena que si no lo hace prescribe el derecho para ejecutar el fallo laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". En ese orden de ideas, el presente juicio de amparo es improcedente, pues se reclama genéricamente la omisión del tribunal responsable en tomar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo, dictado en el juicio laboral 185/2014-I, sin especificar en qué consisten estas; motivo por el cual se actualiza el sentir jurisprudencial señalado, dado que la parte quejosa parte del contexto jurídico de que la ejecución del laudo es oficiosa a través de la responsable, y por ello, considera que ha sido omisa en tomar las medidas necesarias para su inmediata ejecución, pero pasa por alto que a la autoridad responsable sólo le corresponde emitir dichas medidas para la ejecución cabal y pronta, previa solicitud que se haga. Máxime que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto, porque el juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse. Apoya a la anterior determinación la Jurisprudencia PC.VII.J/L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." De lo expuesto, queda plenamente demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de amparo que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
...NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCION DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DENTRO DE LOS DOS DÍAS POSTERIORES AL DEL AVISO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa de Enríquez, Veracruz, a doce de septiembre de dos mil veintidós. Quejoso cumple prevención. Agréguese el escrito signado por el quejoso Erik García Carmona, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fuera efectuado por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós. Del ocurso de cuenta, se advierte que el quejoso refiere que el último requerimiento que le solicitó a la responsable tendente al cumplimiento del laudo, fue acordado el doce de abril de dos mil veintidós, en el que se fijó el diez de junio de dos mil veintidós, para efectuar la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada. Asimismo, indica que en su escrito de demanda ya manifestó de manera clara y precisa en el apartado IV de la misma cuál es el acto reclamado del que se duele, manifestaciones que refirió efectuarlas bajo protesta de decir verdad; de ahí que, se le tiene como tal el señalado en su escrito inicial. Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que el quejoso reclama: "Incumplimiento del laudo emitido con fecha 13 de abril del año 2014 dictado en el expediente laboral 185/2014-I del índice del Tribunal Estatal de Conciliación del Poder Judicial del Estado, promovido por el hoy quejoso Erik García Carmona." Asimismo, conviene precisar que de los antecedentes de la demanda se advierte que el ahora quejoso en conjunto con diversas personas el cuatro de febrero de dos mil catorce, demandaron en la vía laboral al Ayuntamiento de Teayo, Veracruz, diversas prestaciones, juicio que fue radicado bajo el número 185/2014-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que seguida la secuela procesal en todas sus etapas el seis de abril de dos mil quince, se dictó el laudo respectivo, el cual no fue favorable a sus intereses. Inconforme con lo anterior, promovió amparo directo el cual fue substanciado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, de esta ciudad capital, bajo el expediente 849/2015 y el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis le fue concedido el amparo, motivo por el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un nuevo laudo el trece de abril siguiente. Así las cosas, una vez que causó ejecutoria el laudo condenatorio el quejoso solicitó la correspondiente sección de ejecución la cual se aperturó por acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó el requerimiento de pago de las prestaciones a las que fue condenada la parte demandada Ayuntamiento de Teayo, Veracruz, diligencia que se llevó a cabo sin que hiciera el pago de las mismas. Aunado a ello, refiere que derivado del incumplimiento de pago por parte de la parte demandada, ha continuado solicitando a la autoridad responsable se le requiera a fin de que acate el laudo condenatorio en diversas fechas, lo que dio origen a los acuerdos de siete de noviembre de dos mil diecisiete, veinte de agosto de dos mil dieciocho, once de marzo de dos mil diecinueve, veinte de agosto de dos mil veinte, trece de noviembre de dos mil veinte, veintidós de marzo, veinticuatro de junio, dos y dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, así como el acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, que refirió en el ocurso aclaratorio de cuenta, sin que la demandada haya dado cumplimiento. Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, los cuales en esencia establecen, que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo y que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en sala, es obligatoria, para este órgano jurisdiccional. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que en el desarrollo de la ejecución forzosa de un laudo, debe imperar el principio de petición del ejecutante, ya que resulta necesaria su intervención y que no opera la oficiosidad en su desahogo por parte del tribunal obrero; asimismo, sostuvo que los alcances por los que se llegue a otorgar la protección constitucional únicamente deben limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), visible en la página dos mil setecientos setenta y uno, libro III, diciembre de dos mil once, tomo 4, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Ahora, como ya se dijo, de la demanda y del ocurso aclaratorio de cuenta se desprende que el acto reclamado es la omisión por parte de la responsable para ejecutar el laudo de seis de abril de dos mil quince, emitido en el juicio laboral 185/2014-I del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como que al momento de dictar los requerimientos no ha aplicado de manera eficaz ni ha impuesto las medidas de apremio conducentes; sin embargo, tal y como lo establece el artículo 223 de la Ley del Servicio Civil del Estado, dicho señalamiento es genérico, dado que el quejoso no precisa de manera concreta cuál es la omisión, acto o resolución de la etapa ejecutiva que estima le causa agravio. Así, de los artículos 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se advierte que una vez dictado el laudo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, tiene la obligación de ejecutarlo, pero al señalar "cuando se pida", se estima necesaria la intervención de la parte actora, aunado a que la fracción III, del artículo 102, de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece que las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje prescriben en dos años, lo que implica el consecuente impulso procesal del trabajador, con la sanción que de no hacerlo, prescribirá la acción para ejecutarlo. En esa tesitura, debe destacarse que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años, para ejecutar el laudo. Por su parte, es verdad que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, así con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 2, inciso c) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial, sin embargo, también lo es que la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de quince días siguientes a su notificación a la entidad pública demandada, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba, so pena que si no lo hace prescribe el derecho para ejecutar el fallo laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". En ese orden de ideas, el presente juicio de amparo es improcedente, pues se reclama genéricamente la omisión del tribunal responsable en tomar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo, dictado en el juicio laboral 185/2014-I, sin especificar en qué consisten estas; motivo por el cual se actualiza el sentir jurisprudencial señalado, dado que la parte quejosa parte del contexto jurídico de que la ejecución del laudo es oficiosa a través de la responsable, y por ello, considera que ha sido omisa en tomar las medidas necesarias para su inmediata ejecución, pero pasa por alto que a la autoridad responsable sólo le corresponde emitir dichas medidas para la ejecución cabal y pronta, previa solicitud que se haga. Máxime que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto, porque el juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse. Apoya a la anterior determinación la Jurisprudencia PC.VII.J/L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." De lo expuesto, queda plenamente demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de amparo que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dos de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por Erik García Carmona, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 872/2022-II-B. Prevención. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece que previo a acordar sobre la admisión de la demanda, se debe verificar que la misma cumpla con las exigencias previstas por el legislador federal. ... Toda vez que el juicio de amparo es procedente contra actos en particular y no en forma genérica como se indica en la demanda, se previene a Erik García Carmona para que dentro del plazo de cinco días hábiles, bajo protesta de decir verdad, por escrito cumpla con lo siguiente: Especifique cuál fue la solicitud o requerimiento que realizó y que la autoridad responsable omitió proveer o, en su caso, la fecha del acuerdo con el que considera de vulneraron sus derechos fundamentales. Apercibimiento. De no dar cumplimiento a la prevención, en términos del penúltimo párrafo del número 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Domicilio y autorizados. ... Medios electrónicos. ... Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye alos (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes
- Erick Antonio Llamas Solís865/2018
- Erick Bonilla Cárdenas548/2019
- Erick Duhalt Nieves590/2022
- Erick Eduardo Díaz Martínez y/o Montes845/2017
- Erick Eduardo Guarneros Cortéz456/2018
- Erick Fernando Hernández Maldonado64/2021
- Erick Gustavo López García790/2019
- Erick Israel Berlín Mojica1070/2016
- Erick Iván Colorado Padilla392/2022
- Erick Iván Colorado Padilla200/2023
- Erick José Alcazar Limón1816/2014
- Erick Mares Segura272/2023