Erick Figueroa Urias

Expediente 329/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 29 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
329/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Erick Figueroa Urias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por la licenciada Patricia Guadalupe Anguiano Cahue, en su carácter de apoderada legal de la parte tercera interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores --personalidad que acredita con copia certificada de la escritura pública número 132,857, Libro 3428, del protocolo a cargo del licenciado José Ángel Fernández Urías, Notario Público número 217, con ejercicio y residencia en la Ciudad de México, que acompaña-, mediante el cual se apersona al presente juicio de amparo, solicita la devolución de dicha escritura, previa copia certificada que quede en autos, designa persona para recibir dicho documento, además solicita la autorización de medios electrónicos y designa persona para obtener constancias o copias digitales; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo solicitado por la promovente, previo a acordar lo que en derecho proceda, se hace de su conocimiento que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y archivado; una vez señalado lo anterior, se tiene a la parte tercera interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por apersonada al presente juicio de amparo a través de su apoderada legal, y como lo solicita, hágase la devolución de la a la persona autorizada para tal efecto, de la copia certificada de la mencionada escritura pública, previa copia certificada que se deje en autos. En relación con la diversa solicitud de la tercero interesada, en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos como escanner y cámara fotográfica a la profesionista indicado en el libelo de cuenta; con apoyo en los preceptos 14 y 17 de la Carta Magna, se le permite la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en este expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión se encuentre reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Robustece lo expuesto con antelación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.".

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de seis de julio del actual, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, toda vez que en líneas que antecede se está ordenando el archivo del presente juicio por estar definitivamente concluido, resulta innecesario seguir conservando las constancias en un tomo que fueron remitidas por la responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en Torreón, Coahuila, como anexo a su informe justificado; por tanto, mediante oficio que para el efecto se expida, remítanse dichas constancias a dicha autoridad judicial, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, y Jueza Segunda Letrada en Materia Civil, ambos con sede en Torreón, Coahuila, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó por lista que se fija en este órgano jurisdiccional el pasado veintiocho de junio del actual; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de veintiséis de febrero del presente año (fojas 331 a 341), se concedió al quejoso Erick Figueroa Urías, la protección constitucional contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, y Jueza Segunda Letrada en Materia Civil, ambos con sede en Torreón, Coahuila, consistente en: ? Del Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, se reclama: El emplazamiento realizado a la parte quejosa en el juicio hipotecario 1204/2018, Como consecuencia, todo lo actuado en el expediente referido. ? Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, lo siguiente: Ilegal emplazamiento en el juicio especial hipotecario 747/2015. ? Del Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila: La publicación por edictos de las sentencias definitivas que se emitieron en los juicios antes señalados. Resolución que causó ejecutoria el siete de mayo del presente año, al no ser recurrida por las partes (fojas 355 y 356). Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que: 1. El Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio hipotecario 1204/2018, solo en relación con el aquí quejoso Erick Figueroa Urías. 2. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio hipotecario 747/2015, solo en relación con el aquí quejoso Erick Figueroa Urías. 3. Emitan nuevo acuerdo dentro de los expedientes en cita, en el que ordene se lleve a cabo el emplazamiento conforme los lineamientos precisados en la presente sentencia subsanando las irregularidades en que se incurrieron; lo anterior, para que cuente el impetrante con la garantía de audiencia y pueda defenderse adecuadamente. Por su parte, mediante oficios presentados el cuatro, once y veintiuno de junio de dos mil veintiuno (fojas 361, 362, 369, 374 a 377, 378 y 379), el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, y Jueza Segunda Letrada en Materia Civil, ambos con sede en Torreón, Coahuila, remitieron copias certificadas de los acuerdos de treinta y uno de mayo del actual, emitidos en los expedientes 1204/2018 y 747/2015 de origen. Por tanto, mediante autos de siete, quince y veintiuno de junio del año en curso, se dio vista al quejoso con los oficios y constancias allegadas por las responsables para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que los Juzgados responsables dejaran insubsistente todo lo actuado en los juicios hipotecarios 1204/2018 y 747/2015 de su índice, solo en relación con el aquí quejoso Erick Figueroa Urías, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO ERICK FIGUEROA URÍAS, EL AUTO DICTADO EL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO; QUE A LA LETRA DICE:Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, y Jueza Segunda Letrada en Materia Civil, ambos con sede en Torreón, Coahuila, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó por lista que se fija en este órgano jurisdiccional el pasado veintiocho de junio del actual; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de veintiséis de febrero del presente año (fojas 331 a 341), se concedió al quejoso Erick Figueroa Urías, la protección constitucional contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, y Jueza Segunda Letrada en Materia Civil, ambos con sede en Torreón, Coahuila, consistente en: ? Del Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, se reclama: El emplazamiento realizado a la parte quejosa en el juicio hipotecario 1204/2018, Como consecuencia, todo lo actuado en el expediente referido. ? Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, lo siguiente: Ilegal emplazamiento en el juicio especial hipotecario 747/2015. ? Del Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila: La publicación por edictos de las sentencias definitivas que se emitieron en los juicios antes señalados. Resolución que causó ejecutoria el siete de mayo del presente año, al no ser recurrida por las partes (fojas 355 y 356). Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que: 1. El Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio hipotecario 1204/2018, solo en relación con el aquí quejoso Erick Figueroa Urías. 2. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio hipotecario 747/2015, solo en relación con el aquí quejoso Erick Figueroa Urías. 3. Emitan nuevo acuerdo dentro de los expedientes en cita, en el que ordene se lleve a cabo el emplazamiento conforme los lineamientos precisados en la presente sentencia subsanando las irregularidades en que se incurrieron; lo anterior, para que cuente el impetrante con la garantía de audiencia y pueda defenderse adecuadamente. Por su parte, mediante oficios presentados el cuatro, once y veintiuno de junio de dos mil veintiuno (fojas 361, 362, 369, 374 a 377, 378 y 379), el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, y Jueza Segunda Letrada en Materia Civil, ambos con sede en Torreón, Coahuila, remitieron copias certificadas de los acuerdos de treinta y uno de mayo del actual, emitidos en los expedientes 1204/2018 y 747/2015 de origen. Por tanto, mediante autos de siete, quince y veintiuno de junio del año en curso, se dio vista al quejoso con los oficios y constancias allegadas por las responsables para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que los Juzgados responsables dejaran insubsistente todo lo actuado en los juicios hipotecarios 1204/2018 y 747/2015 de su índice, solo Zen relación con el aquí quejoso Erick Figueroa Urías, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Notifíquese por lista electrónica, y personalmente al quejoso.

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