Erick Fabian García Cuellar

Expediente 1246/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1246/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Erick Fabian García Cuellar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, en razón de que el promovente, no recurrió, en queja, el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. II. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Orden de depuración y/o destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. IV. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. V. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VI. Devolución de documentos. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Erick Fabián García Cuellar, por propio derecho, contra actos del Instituto de Salud del Estado de México, con sede en Toluca, Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Decisión sobre la instancia constitucional. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla, se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El oficio de dos de octubre de dos mil veintiuno, por el cual, se impuso como sanción la suspensión temporal, dentro del Hospital donde labora. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, pues no les asiste el carácter de autoridades responsables en el presente asunto. Para explicar el porqué de esa calificativa, es necesario tener en cuenta el contenido de los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]". De la interpretación de los numerales transcritos, se colige, que para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. También se advierte que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que realicen actos de autoridad en los términos previstos por el numeral antes citado y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, entendido como en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en las leyes los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, contempladas en las legislaciones respectivas, por lo que ambas están en el mismo nivel; así, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. . . . . . . De esa manera, a la luz de las características que debe revestir el acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se concluye que las señaladas por el promovente no tienen esa calidad, porque la sanción de suspensión temporal, no es un acto de autoridad, sino que es un acto entre particulares, derivado de una relación obrero-patronal. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en los siguientes términos: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del precepto transcrito, así como de los diversos 1º, fracción I, y 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya citados, se colige que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. . . . Las anteriores consideraciones no implican denegación de justicia en perjuicio de la parte quejosa, pues ante la emergencia sanitaria generada por el covid-19, que provocó la suspensión de actividades no esenciales, en los sectores público, social y privado, la Secretaría de Trabajo del Estado de México, habilitó guardias en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para la atención de personas que se consideren hayan sido vulneradas en sus derechos laborales, desde el tres de abril del año pasado. Sin que se reclame en el juicio de amparo, alguna omisión u acción atribuible a la citada Secretaria del Trabajo del Estado de México, a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, atinente a los medios efectivos de atención en materia de justicia ordinaria laboral. Tampoco se desatiende el contenido del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) atendible acorde al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". De su contenido se obtiene que uno de los derechos humanos, es el de audiencia, el cual consiste en que toda persona tiene derecho comparecer ante un juzgador a fin de que sea escuchado a través de un procedimiento que garantice un debido proceso y se pueda realizar una determinación de sus derechos; asimismo, se desprende el derecho al acceso a una autoridad encargada de dirimir el conflicto de interés que se sujete a su potestad y con ello obtener el acceso a una impartición de justicia. . . . En el marco de la contingencia sanitaria que se vive, el Ejecutivo Federal instauró las acciones preventivas que estimó convenientes para permitir el acceso a la justicia ordinaria, que se comunican y materializan, a través de los medios electrónicos ya indicados (el Poder Judicial de la Federación, en el marco de sus competencias, hizo lo propio); pues bien, la quejosa no reclama transgresión a esos derechos. Por eso, al contar la quejosa, con medios ordinarios que el ejecutivo federal (a cargo de los entes que imparten justicia laboral ordinaria) determinó para la atención de asuntos urgentes -en esa materia- por la situación generada por la pandemia, no se le deja en estado de indefensión. La existencia de esos medios electrónicos, es un hecho notorio para este órgano colegiado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí se advierte la habilitación de un servicio en línea a través del cual los trabajadores que consideren sufrir una afectación a sus derechos laborales inherentes al salario, despidos o descansos sin goce de sueldo, derivados de la emergencia sanitaria emanada del COVID-19, podrán hacerlo del conocimiento de la referida autoridad para ser asesorados e incluso, resolver de forma pronta dicho conflicto. Es decir, el sistema gubernamental del país, si bien con el fin de mitigar la propagación del virus antedicho, ha minimizado el desarrollo de diversas actividades, incluso las jurisdiccionales, lo cierto es que no puede considerarse que está suspendida totalmente la impartición de justicia ordinaria, ni el acceso a la misma en materia laboral, puesto que a través de ese sitio, la Procuraduría en cita creó un portal electrónico de solución de conflictos laborales derivados de la pandemia, a través del cual se persigue brindar a la base trabajadora una instancia que colme los reclamos de justicia que se pudieren ver afectados en razón de la situación que atraviesa no solo nuestro país, sino el mundo entero. De ahí que, al contar con al menos un medio electrónico brindado por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, mediante el cual se ofrece solución a los conflictos labores que tienen relación con el tópico del cual la quejosa se duele en su demanda de amparo, se considera que el juicio de amparo no es el medio idóneo para ventilar de primera mano conflictos de esa naturaleza, a pesar de la situación de emergencia, pues sí se cuenta con procedimientos alternos, cuya finalidad es que garanticen el acceso a la justicia ordinaria, como pretende la parte quejosa. Así, en el caso, el acto reclamado es de naturaleza eminentemente laboral y no fue emitido por una autoridad, en términos de la Ley de Amparo, ni por un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica en las consideraciones que rigen la jurisprudencia 2a./J.2/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación de enero de dos mil diecisiete, con registro en su versión digital 2013538, que resuelve: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". De ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos preceptos 1, fracción I y 5, fracción II, estos últimos a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, se DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, al ser notoriamente improcedente. Intervención a las partes del juicio de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de Distrito por así designarlo expresamente. Se tiene por autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 2 de la Ley de la Materia, a Antonio Ochoa Flores, no por contar con registro de su cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF. Se exhorta para tramitación de juicio en línea. de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, se exhorta a la parte promovente para que, de ser posible y tomando en consideración las herramientas tecnológicas necesarias, para ello, solicite la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones. Copias y reproducción de constancias. a) Expedición de copias, se ordena la expedición a las partes, hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal; ellos por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Transparencia. con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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