Erick Ernesto Gonzalez Torres

Expediente 548/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
548/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Erick Ernesto Gonzalez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    I. Causa estado. Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de dieciséis de mayo del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2 del referido manual, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el escrito firmado electrónicamente por el quejoso ***; en atención a lo que solicita, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como del 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio, a quien tiene como nombre de usuario "***", así como también se le autoriza que la recepción de las posteriores notificaciones que deban ser personales, se le efectúen por el mismo medio electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ****. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento por definitividad. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ****. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, dispone, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. ****" A fin de dar cumplimiento a la voluntad del constituyente, el legislador ordinario estableció dicho motivo de improcedencia en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en cita. Así, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, debe cumplirse cuanto éste se promueve y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. ****" El referido principio de definitividad responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos fundamentales de los gobernados, por lo cual lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos. Ahora, de lo manifestado por el quejoso en su demanda de amparo y de las copias que como prueba anexó a ésta, se desprende que es parte actora en el juicio administrativo de origen, en el cual no se ha dictada sentencia definitiva, dado que apenas se va a celebrar la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos (veinticinco de mayo de dos mil veintidós). Por lo que, al tener pleno conocimiento del juicio promovido por el mismo y que todavía no se emite sentencia definitiva, adquirió con ello cargas, derechos y obligaciones, como son vigilar la secuela del procedimiento para estar en aptitud de hacer valer los recursos o medios de impugnación procedentes, contra las resoluciones o actuaciones judiciales que estimara violatorias de sus garantías. De ahí que no puede considerarse al peticionario de amparo como tercero extraño a juicio, puesto que no se ubica en el supuesto de que tenga desconocimiento del juicio de origen. Es aplicable al caso, por las razones que indica, el criterio siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. ****" Ahora, los artículos 156 y 222, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, prescriben lo siguiente: "Artículo 156. Los actos impugnados y su ejecución podrán ser objeto de suspensión en los casos y bajo las condiciones y modalidades que prevé este ordenamiento. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de la libertad por faltas administrativas o actos que de llegar a consumarse hicieren imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por la Sala, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, ante la Sala que conozca del asunto hasta en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoria. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento, apercibiéndolas que en caso de desacato, se les aplicarán las sanciones previstas en el artículo 215 en correlación con el 218 de esta Ley. En los casos de juicios de lesividad se otorgará, a solicitud de la autoridad promovente, la suspensión de las actividades del particular ejecutadas al amparo del acto de cuya lesividad se trate, siempre que de continuarse con los mismos se afecte el entorno urbano, el medio ambiente, la debida prestación de servicios públicos o la seguridad de las personas" "Artículo 222.- El recurso de revisión es competencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y es procedente contra los acuerdos y resoluciones dictados por las Salas ordinarias del Tribunal que: I. Admitan la demanda; II. Nieguen o revoquen la suspensión, a excepción del caso contenido en el último párrafo del artículo 159 de esta ley" De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que dentro del juicio contencioso administrativo, se podrá solicitar la suspensión del acto impugnado y, el auto que la niegue o la revoque, será recurrible por medio del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Pues bien, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente **** del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, por medio del cual, entre otras cosas, se negó al aquí quejoso Erick Ernesto González Torres la medida suspensional que solicitó, consistente en la devolución de su licencia para conducir; por lo que ese auto puede ser impugnado a través del recurso de revisión. En efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 222, fracción II, de la citada Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, procede el recurso de revisión contra el auto que niega conceder la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad. Cabe destacar que aun cuando el recurso ordinario no prevé la suspensión, no se actualiza el supuesto de excepción establecido en la jurisprudencia 1a. /J. 77/2013, que lo condiciona a que esté involucrado un menor y se alegue un riesgo para él. Tienen aplicación la tesis de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. ****" Por consiguiente, en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, se concluye que si la legislación administrativa local, aplicable en el caso concreto, prevé el recurso de revisión como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; razón por la cual, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de garantías que nos ocupa. Tienen aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo" También son aplicables al caso los criterios siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ****" "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. ****" Además, cabe precisar que no se actualiza alguna hipótesis de excepción de las prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; no es persona extraña al procedimiento; no se trata del auto de vinculación a proceso; y, la procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente. Es aplicable al caso, por las razones que indica, la tesis de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA (INTERPRETACIÓN ADICIONAL O FUNDAMENTO INSUFICIENTE), EN EL CASO DE LOS RECURSOS DE RECLAMACIÓN Y DE REVISIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 90 Y 94, FRACCIÓN I, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 24 DE MARZO DE 2021. Hechos: La quejosa y recurrente promovió juicio de amparo indirecto contra la suspensión definitiva otorgada por la autoridad jurisdiccional responsable en favor de la actora en el juicio de nulidad. El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, porque la quejosa incumplió con el principio de definitividad, pues no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 90 o, en su caso, el del 94, fracción I, ambos de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial local el 24 de marzo de 2021, antes de acudir al juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los artículos 90 y 94, fracción I, citados, que prevén los recursos de reclamación y de revisión, respectivamente, no requieren de una interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para establecer la procedencia del recurso idóneo, por lo que no se actualiza la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo, en términos del precepto 61, fracción XVIII, último párrafo, de la ley de la materia. Justificación: Lo anterior, porque el recurso de reclamación previsto en el artículo 90 indicado procede contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión provisional o definitiva del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo salvo que, tratándose de la definitiva, la materia del asunto se refiera a alguna de las señaladas en el artículo 94, fracción I, de ese ordenamiento, en cuyo caso el recurso idóneo es el de revisión. Entonces, la regla de procedencia de uno y otro recursos está perfectamente delimitada: el de reclamación procede contra el auto que conceda o niegue la suspensión provisional, con independencia de la materia y contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva, salvo que se refieran a la materia de transporte público, salud, menores o incapaces; el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos y en materia ambiental, pues en estos supuestos el recurso idóneo será el de revisión. En consecuencia, la circunstancia de que el legislador haya establecido dos recursos distintos para impugnar las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva, no implica la necesidad de una interpretación adicional ni un fundamento insuficiente, dado que está claro que la idoneidad del medio ordinario de defensa dependerá de la materia sobre la que versó la medida cautelar. Por ello, no es opción para el quejoso agotar el recurso o acudir directamente al juicio de amparo" IV. Intervención de las partes. 1. Quejosa: ****. a. Domicilio. ****. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

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