Erick Enrique Avila Sánchez y Otros.
Expediente 208/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/08/2022
Partes del expediente
- Erick Enrique Avila Sánchez
- A. N. A. D. y Otros.
- Erick Enrique Avila Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiocho de junio del año en curso, por el que se sobreseyó en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente asunto (artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración pues se concedió y se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados (artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General). 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible conforme a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a) del multicitado acuerdo. 4. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo aludido en párrafos que anteceden. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su depuración. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa, se enviará físicamente al archivo. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio de cuenta por el que el Juez Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, informa las determinaciones tomadas en la audiencia de escucha de menores celebrada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós dentro del expediente 8/2021. En esas condiciones, acorde con los ordinales 119 y 123 de la legislación invocada, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, la documental que adjuntó la responsable consistente en copias certificadas del acta de audiencia de escucha de menores veinticuatro de junio de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el presente asunto, el acto reclamado por el quejoso Eric Obed Ramírez Salazar, consiste en el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio de divorcio incausado 8/2021, donde el Juez Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, no acordó favorable la petición del aquí quejoso Erick Enrique Ávila Sánchez, en relación a que se decretara a su favor la guarda y custodia de los menores de iniciales A.N.A.D. y I.A.A.D., así como que se fijara a favor de éstos una pensión alimenticia; con el argumento de que las medidas provisionales solicitadas serían determinadas una vez que fueran escuchados dichos menores. Del oficio remitido por el Juez Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, México y de las constancias que se adjuntaron, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos que se exponen enseguida. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Tomo IX, junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse las hipótesis siguientes: 1. Revocación; y 2. Sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado, desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en supuesto y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso, da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para los efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. En ese sentido, de las constancias remitidas por el Juez Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, México, se advierte que en la audiencia de escucha de menores celebrada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós dentro del expediente 8/2021; decretó la guarda y custodia provisional de los menores de iniciales A.N.A.D. y I.A.A.D. a favor del ahora quejoso Erick Enrique Ávila Sánchez, siempre y cuando se encontraran bajo su cuidado; asimismo, fijó como pensión alimenticia provisional a favor de los citados menores, el equivalente al treinta por ciento del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias, previos descuentos de ley, que Karen Zuleyma Díaz Camaco, aquí tercera interesada, obtiene de su fuente de trabajo. Por ende, el acto reclamado ha quedado sin efectos, esto es, como si no hubiere afectado la esfera jurídica del inconforme, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efecto alguno ni los surtirá, y que ya no produce afectación alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que se deja sin efectos la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; así como todas las medidas y determinaciones decretadas con motivo de su tramitación. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y, su Gaceta Novena época, con número de registro 176813, de título, subtítulo y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, para que válidamente pueda sobreseerse en el juicio, debe invocarse alguna fracción del artículo 73 de la propia ley; sin embargo, no necesariamente toda causa de improcedencia puede considerarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías que dé lugar a decretar el sobreseimiento, fuera de la audiencia constitucional, pues para ello es menester que la causa se manifieste con tal notoriedad que la haga aplicable sin ulterior comprobación de datos o elementos que la integren, porque éstos surgen a la vista y, además, se tenga la certeza absoluta de que no existe, ni puede sobrevenir, elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Estado de México, por medio del cual en atención a lo solicitado el seis de junio del año en curso, propone como representante de los menores de identidad reservada A.N.A.D. y I.A.A.D., al Asesor Jurídico Luis Edgardo Serralde Moreno. Atento a ello, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito y por designado a tal profesionista como representante especial de los menores quejosos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico el escrito firmado electrónicamente por Luis Edgardo Serralde Moreno asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual acepta y protesta el cargo de representante especial de los menores de identidad reservada de iniciales A.N.A.D. y I.A.A.D.; asimismo señala domicilio, usuarios electrónicos y designa autorizados. Atento a lo anterior, téngase al ocursante aceptando y protestando el cargo de representante especial de los menores quejosos. Asimismo, toda vez que los nombres de los usuarios "sermor" y "ERICKGARCIA", el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza la consulta del expediente por la vía electrónica, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, por lo que, se comisiona al Analista Jurídico SISE de esta adscripción para que aperture los campos necesarios para tal fin. DOMICILIO. En otro orden, de conformidad con el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS DE LA REPRESENTANTE ESPECIAL DE MENOR. En otro punto, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la personas que refiere en dichos términos, dado que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos al resto de los profesionistas indicados en el ocurso de cuenta, por solicitarlo de dicha forma el promovente. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil veintidós. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE ESPECIAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el presente juicio de amparo, se encuentra involucrado el interés de los menores de iniciales A.N.A.D. y I.A.A.D.; por lo que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a nombrarles un representante especial para que intervenga en el juicio de amparo en su nombre, con la finalidad de salvaguardar sus derechos fundamentales. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 29, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, requiérase al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Estado de México, con residencia en esta ciudad, a fin de que, en el término de tres días legalmente computados, designe a un Asesor Jurídico como representante especial de los menores quejosos, dentro del presente juicio de amparo quien dentro del mismo plazo deberá remitir oficio con su firma autógrafa y copia de su identificación oficial vigente, en el que manifieste que acepta y protesta el cargo conferido, apercibido de que en caso de ser omiso se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Remítase copia del escrito inicial de demanda, así como del auto admisorio, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, a fin de garantizar la imparcial protección de los intereses de los infantes y la naturaleza del acto reclamado. En esas condiciones, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, la audiencia constitucional prevista para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, se difiere anticipadamente y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para que verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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