Erick Emmanuel Hernandez López
Expediente 740/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 740/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Erick Emmanuel Hernandez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 740/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que por una parte se SOBRESEYÓ el presente asunto, y por otra se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Erick Emmanuel Hernández López, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se desprende de la resolución interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veintidós, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, por tanto, devuélvase a su lugar de origen para los efectos legales conducentes. Finalmente, agregase el oficio signado por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 5267 con el cual se ordenó notificar la sentencia dictada en autos el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.********************En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que por una parte se SOBRESEYÓ el presente asunto, y por otra se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. ********************Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración.********************En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se desprende de la resolución interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veintidós, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Por otro lado, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, por tanto, devuélvase a su lugar de origen para los efectos legales conducentes.********************Finalmente, agregase el oficio signado por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 5267 con el cual se ordenó notificar la sentencia dictada en autos el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.********************Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En Boca del Río, Veracruz, a las once horas con veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 740/2022 promovido por Erick Emmanuel Hernández López, el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe justificado rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las pruebas documentales y disco óptico exhibidos por la autoridad responsable 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, se hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: ténganse por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y la autoridad responsable en cita, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. No habiendo más pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. Abierto el período de alegatos, la secretaria con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, da cuenta con los escritos de alegatos presentados por la parte quejosa el doce de septiembre y tres de noviembre del año en curso; asimismo, hace constar que las demás partes no formularon alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Se tienen por presentados los alegatos presentados por la parte quejosa, los que se ordenan tener a la vista al momento de resolver el presente asunto; por otra parte, como de la certificación secretarial que antecede se aprecia que las demás partes no formularon manifestaciones en esta vía, se da por concluido este período de la audiencia constitucional. Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 740/2022, promovido por Erick Emmanuel Hernández López. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y turnado en esa misma fecha a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 7-20). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticuatro de agosto siguiente (fojas 21-28) se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las responsables sus informes justificados y dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita, señalar fecha y hora para la audiencia constitucional. Asimismo, se hace constar que fueron legalmente emplazados la parte interesada Ubaldo Martínez González y Primitivo Reyes Hernández, así como el Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz (fojas 99). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 30, 42-49) tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 106-107) quedando el expediente en estado de resolución. Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la negativa de sobreseer el proceso penal iniciado en contra del quejoso, resolución susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado . En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: La resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, la cual niega sobreseer el proceso penal 781/2021, dictada por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala C, con residencia en Veracruz, Veracruz. Resolución notificada de manera verbal al aquí quejoso y a su defensa en la audiencia de cinco de agosto de dos mil veintidós, según se observa del registro audiovisual respectivo (contenido en el DVD) y de su reproducción en documento (fojas 42-49). Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado a la responsable 2. Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial del XVII Distrito en Veracruz, Veracruz. Lo anterior en razón que así lo manifestó dicha responsable al rendir su respectivo informe justificado, puesto que dicho acto no le resulta atribuible, dado que la resolución reclamada fue dictada por diversa autoridad (fojas 30). En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dicha responsable, es decir, que ésta haya ordenado la prórroga de jurisdicción que se reclama; por tanto, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto a dicho acto reclamado a tal responsable, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido a la 1. Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala C, en Veracruz, Veracruz, en razón de que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la determinación reclamada (fojas 42-49). Pero además, porque así se desprende de las copias certificadas que remitió dicha responsable del proceso penal 781/2021, se advierte la existencia de la resolución reclamada y del disco óptico que contiene la audiencia de la resolución de sobreseimiento. Medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse, de audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que se lee: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, se reitera, debe tenerse por cierto el acto controvertido en esta instancia constitucional. QUINTO. Procedencia. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. No se advierte causa de improcedencia; por tanto, se estudiarán los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos, en obvio de innecesarias repeticiones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sin que aplique al presente asunto la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, consistente en la prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, que el quejoso no agotó el medio ordinario de defensa susceptible de revocar o modificar la resolución reclamada, que es la apelación, al tratarse de una resolución que pone fin al proceso. Ello es así, dado que el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales determina, que: "Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. Mientras que el artículo 468 de dicho código cita las resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables. "Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento: Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso". De la lectura de ambos preceptos se advierte que no contemplan la negativa del Juez de Control de decretar el sobreseimiento en la causa penal en el sistema acusatorio, por lo que con fundamento en el artículo 107, fracción XVIII, último párrafo de la Ley de Amparo, que establece como excepción cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, indicando que el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, relativos a que se viola en su perjuicio la garantía individual contenida en el artículo 20 apartado letra a, fracción I Constitucionales al declararse improcedente su solicitud de sobreseimiento de la causa penal 781/2021, y sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 19 y 133 Constitucionales, al considerar que la resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo del Distrito Judicial, Sala B, en Veracruz, Veracruz, en la que se negó el sobreseimiento de la causa penal y se dijo que la misma carece de fundamentación y motivación. MARCO NORMATIVO En este punto es importante destacar que el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Federal, dispone: "Art. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de supropiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Tal disposición constitucional ha sido interpretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el derecho de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, previamente a que se emita el acto privativo, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 47/95, que se lee: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Del contenido del citado precepto constitucional y de la tesis de jurisprudencia que lo interpreta, se puede advertir que las autoridades tienen el deber de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de hacer efectivo el derecho de audiencia previa y para garantizar la defensa adecuada, únicamente cuando se trata de un acto que priva de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. Las formalidades esenciales del procedimiento han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. De esta manera, tales formalidades se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia. Por otra parte, el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. El artículo 16 de la Constitucional Federal, en su parte conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Es aplicable a lo hasta aquí dicho, la siguiente jurisprudencia: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De manera más explícita, para todo acto de molestia dirigido a los gobernados, el artículo 16 constitucional antes aludido exige la satisfacción de los elementos siguientes: a).- Mandamiento escrito. Presupuesto que implica la existencia material del mandamiento u orden de la autoridad, el cual además debe estar firmado autógrafamente para satisfacer plenamente esta formalidad y entregarse al destinatario copia del mismo, mediante el procedimiento que prevenga la ley, todo ello, a fin de darle a conocer en forma cabal y completa el contenido de la providencia que permita la defensa y su posterior impugnación, por lo que cual perturbación que no provenga de mandamiento escrito es inconstitucional en sí mismo. b).- Autoridad competente. Este apartado entraña la existencia expresa de la facultad específica otorgada por la ley al emisor del acto que se trate, ya que caso contrario el mismo deviene arbitrario por exceder del ámbito del Estado de derecho que así lo exige. c).- Fundamentación. El fundamento del acto de molestia es el señalamiento con precisión del precepto legal aplicable al caso, pero todavía más, la cita de los preceptos debe ser íntegra y puntual, esto es, debe incluir la fracción e inciso en caso de que exista duda de los numerales que se aplican, todo ello en beneficio de la seguridad jurídica. d).- Motivación. Es la invocación de circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinan la aplicación de ciertas hipótesis normativas al caso concreto. Son razonamientos que vinculan a nivel de pertenencia ciertas situaciones, hechos o actos al supuesto de la norma, también, argumentos que vinculan a las facultades en abstracto con el caso particular. Así, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos generales, establece el derecho fundamental de legalidad, cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica. En este punto es importante destacar que los artículos 327, 328 y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley. Artículo 328. Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. "Artículo 329. Sobreseimiento total o parcial El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél." Hasta aquí las premisas normativas que informan el asunto. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del proceso penal 781/2021 del índice de la 1. Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo del Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, con las que se formó el cuaderno de pruebas: 1.- El diez de agosto de dos mil veintiuno, se inició el proceso penal 781/2021, del índice del Juzgado de Control y Proceso Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, instruido en contra de Erick Emmanuel Hernández López y otros; en resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del término constitucional ampliado, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de dicho imputado, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de 1. Ultrajes a la autoridad, 2. contra las instituciones de seguridad Pública, 3. Contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana, 4. lesiones y 5. robo específico por custodiar vehículo robado (fojas 119-133). 2. En auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se dio por cerrada la investigación complementaria en términos del artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requiriendo a la Fiscalía para que solicitara alguno de los tres supuesto que prevé el artículo 324 del código en cita (foja 159) 3. Mediante oficio 238/2022, de ocho de marzo de dos mil veintidós, el Fiscal de Distrito y el Fiscal Quinto ambos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, formularon acusación en contra de Erick Emmanuel Hernández López, como autor material de los delitos 1. Contra las instituciones de seguridad Pública, 2. Contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana, 3. lesiones y 4. robo específico por custodiar vehículo robado (fojas 170-183). 4. En auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la fiscalía formulando acusación en contra del aquí parte quejosa y demás imputados, señalando las catorce horas del diecinueve de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia intermedia, la cual se difirió en esa misma fecha (foja 184). 5. Mediante escrito de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, el aquí quejoso Erick Emmanuel Hernández López, designó como sus defensores particulares a los licenciados Vianney Sinnai Vicente Guevara y Saulo Pablo Alcudia González, quienes se presentaron ante la Jueza de Control y Proceso Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, Sala "C", el día cuatro de abril de dos mil veintidós, a aceptar el cargo conferido (fojas 189-191). 6. A través de escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, la licenciada Vianney Sinnai Vicente Guevara, solicitó a la autoridad responsable fijara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia para exponer causal de sobreseimiento de la causa penal (foja 239). 7.- Mediante proveído de doce de julio de dos mil veintidós, el Juez de Control del Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, fijó las diez horas del veintiocho de julio de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de sobreseimiento prevista en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales (foja 245). 8.- El veintiocho de julio de dos mil veintidós la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo del Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, hizo constar que en virtud de no encontrarse las condiciones idóneas para aperturar la audiencia, se fijó como nueva fecha las catorce horas del día cinco de agosto de dos mil veintidós (foja 258). 9.- El cinco de agosto de dos mil veintidós, la 1. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo del Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, declaró no procedente la solicitud de sobreseimiento realizada por la defensa del imputado Erick Emmanuel Hernández López (fojas 44-47 del juicio, el que constituye el acto reclamado). SUBSUNCIÓN Así, contrario a lo aducido por la parte quejosa, como se adelantó, se encuentra debidamente fundada y motivada, la resolución de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Jueza responsable en los autos del proceso penal 781/2022. El quejoso refirió en sus conceptos de violación que se viola en su perjuicio la garantía individual contenida en el artículo 17 Constitucional al declararse improcedente su solicitud de sobreseimiento de la causa penal 781/2022, y sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 Constitucionales, al considerar que la resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo del Distrito Judicial, Sala B, en Veracruz, Veracruz, en la que se negó el sobreseimiento de la causa penal carece de fundamentación y motivación. En la audiencia la defensa del imputado solicitó el sobreseimiento total de la causa penal, en el ejercicio de la potestad que le confiere los artículos 1°, 8, 14, 17, 20 apartado letra a) fracciones I y X, letra b), 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 2, 10, 16, 107, 113 fracciones I y XIX, 117 fracción VII, 134 y 327 en su fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, planteando la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327 fracción I, es decir que el hecho no se cometió. Asimismo, estableció los antecedentes y hechos que a su defendido se le imputan, refiriendo que a éste se le acusa por diversos hechos constitutivos de delitos tales como: Contra las instituciones de seguridad Pública, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio o suministro de marihuana, lesiones dolosas calificadas y custodiar vehículo robado, y que en momento se le vinculó por el delito de ultrajes a la autoridad; hechos atribuidos en la acusación presentada por parte de la representación social en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, formulada por el fiscal de Distrito en conjunto con el fiscal Quinto, respecto de los delitos que fueron dados a conocer por el testimonio del policía de la Fuerza Civil de nombre Luis Arturo López Castellanos y que según fueron cometidos por el imputado, el siete de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete hora, relatando de manera detallada las circunstancias de tiempo modo y lugar. Bajo esos antecedentes la defensa, estableció que la causa de sobreseimiento se deviene a que su defendido el día seis de agosto del año dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las dieciséis horas fue sustraído violentamente del inmueble que se ubica en la calle Reina Colorado, número trece, del fraccionamiento Santa Rosa, en el municipio de Coatepec, Veracruz, que ese día se encontraba acompañado de Rubén Ocon Calzada persona a quien también sacaron del domicilio en el que habitaba la mamá de su defendido, la señora Inés López Morales y que fue de ese lugar de donde agentes de la policía irrumpieron para sustraerlo, llevárselo y someterlo a tortura, bajo el argumento de que se estaba realizando un operativo limpieza, lugar en donde fue sustraído por elemento de Seguridad Pública, lo que quedó establecido mediante la declaración que rindió su patrocinado en fecha nueve de agosto del año dos mil veintiuno, ante el Fiscal Quinto, lo cual obra en la carpeta de investigación 4657/2021, estableciendo diverso hecho del que se le acusa; además dijo que cuenta con un dato de prueba consistente en el folio de reporte con número 911, registrado con el 0119210807101151 de seis de agosto de dos mil veintiuno, con el que se dejó establecida la sustracción de su defendido del domicilio de su mamá; así como se cuenta con la carpeta de investigación con número UI PJ-DX2-403/2021, ante el fiscal Tercero del Municipio de Coatepec, con la que se denunció el hecho delictivo del que fue objeto el acusado, es decir de la sustracción violenta con la que fue sacado de su domicilio; de igual forma se cuenta con la información pública de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, registrada con el URL HTTPS://www.facebook.com /107293427296136/POSTS/565325618159579/?D=N de la cual se observó una imagen que corresponde al señor Erick Emmanuel Hernández López con la que se corrobora y acredita que el día en que fue privado de su libertad data del día siete de agosto, es decir esta página subió la imagen el día siete de agosto de mil veintiuno, información que robustece lo declarado por el imputado ante el fiscal Quinto, el nueve de agosto, es decir se tiene la llamada y la página en donde se encuentra su imagen y en el que se dio cuenta a la Jueza en aquella fecha, informándole que su patrocinado había sido sustraído en su domicilio; también cuenta con el dato de prueba consistente en una noticia pública difundida por la Web bajo el texto y video titulado "Siguen los levantones en Coatepec, grupo armado sustrae a dos hombres de su domicilio, de diez de agosto de dos mil veintiuno, y que corresponde al trabajo periodístico del reportero Hernan Casas Olivo corresponsal y colaborar de la empresa Imagen del Golfo, nota periodística que se ubica en el apartado de policíaca registrado bajo el link https://imagen del golfo.mx/policiaca/siguen-levantones-en Coatepec-grupoarmado-sustrae a dos hombres de su domicilio /50115228, de dicha nota se corrobora la versión de la declaración de su defendido, en la que refirió haber sido detenido en el domicilio de su mamá la tarde del viernes seis de agosto, por personal de seguridad Pública como se advierte de la nota periodística; segundo, que fue puesto a disposición por los elementos de Seguridad Pública puesto que es evidente que quienes lo sacaron de su domicilio y lo pusieron a disposición de la representación así lo dejo establecido; tercero que de la nota periodística aludida se establece categóricamente la dirección en donde fueron levantados dos sujetos por parte de elementos de seguridad pública, siendo dicho domicilio el ubicado en calle Reina Colorado, número trece, del fraccionamiento Santa Rosa, en el municipio de Coatepec, Veracruz; también se cuenta con otra nota periodística emitida por el señor Hugo Cruz Ojeda de nueve de agosto de dos mil veintiuno, de la empresa al Calor político de la sección del estado de Veracruz, con el título "Se llevan a dos hombres del fraccionamiento Santa Rosa en Coatepec" con el link htpps:/www.alcalorpolitico/información/se-llevan-a-dos hombres-del-fraccionamiento-SantaRosaenCoataepec-350189. htpml, datos de prueba descubiertos al Ministerio Público, sin embargo para estar en condiciones de robustecer enunció la tesis con número de registro 2004949 "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL". Concluyendo que su defendido no pudo estar presente el día en que según los policías dijeron estaba parado en frente de una unidad, que las páginas descritas se pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, las cuales dan cuenta de que el hecho no se cometió, además cuenta con el testimonio de tres personas siendo Andrés Antonio Cuevas Chena, Delia Cristina Cuevas Chena y Andrés Cuevas Melo, quienes en fecha doce de diciembre comparecieron ante el ministerio Público, siendo que el único dato de prueba con que se cuenta en la carpeta de investigación en contra de su defendido, es el dicho de los policías; así como narró diversas medios de prueba desahogados en la carpeta de investigación; por lo que solicitó se le concediera el uso de la voz a su defendido. Por su parte, la fiscalía refirió que las manifestaciones realizadas por la defensa no eran propias de la etapa procesal en la que se encontraban, puesto que estaban previo a celebrar una audiencia intermedia, significando que fue presentada la acusación, por otra parte, refirió que la pretensión de la defensa era solicitar un sobreseimiento basando sus argumentos en la fracción I del artículo 327, que el hecho no se cometió, sin embargo no sustenta su pretensión puesto que, no ofertaron medio de prueba alguno y lo que pide es que se analicen pruebas que serán materia en una audiencia de juicio en la que se les dará pleno valor probatorio. En esa tesitura, los argumentos del quejoso resultan infundados, en virtud de que la Juez responsable, en la audiencia de cinco de agosto de dos mil veintidós, al cerrar el debate de las partes resolvió no procedente a ese momento la solicitud de ampliación de declaración de imputado, refiriendo que si bien es cierto, en términos del artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un derecho que le asiste al acusado en declarar en cualquier etapa del procedimiento, sin embargo, la materia de la audiencia de sobreseimiento no tiene esa finalidad, dado que en la audiencia inicial se le dio la oportunidad con independencia de quien fue su defensa en ese momento, para que emitiera su declaración y la etapa procedimental en la que se encontraban era para analizar una causal de sobreseimiento. A lo que la defensa refirió que los datos de prueba descritos en la diligencia ya le fueron puesto a disposición de la representación social y ya pudo apreciar por sus sentidos que el hecho no se cometió lo que se corrobora con lo asentado en las páginas web, en donde la Comisión de Búsqueda tiene identificada la foto de su representando. En replica de lo anterior la fiscalía se sostuvo en la postura de que la veracidad o autenticidad de las pruebas que integran el asunto serán materia de la audiencia de juicio, reiterando que si bien es cierto, la defensa manifestó que sí ofertó medio de prueba, en ese acto solicitó que fueran desechadas puesto que fue omiso en mencionar cómo incorporaría los datos de prueba para ser desahogados en la audiencia en términos del artículo 387 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que sólo se podrán incorporar la pruebas materiales y documentales previamente admitidas, por lo que los datos de prueba deberán de ser anunciados para que en términos del 383 puedan ser admitidas; que en relación a la valoración de los medios de prueba que anunció la defensa, la misma concierne única y exclusivamente al órgano jurisdiccional, particularmente al juez que le toque conocer a la etapa del juicio. Finalmente, al cerrar el debate de las partes la Jueza determinó que por parte de la defensa voluntaria se evidenció una deficiencia en la técnica de litigación en el sistema acusatorio adversarial para efecto del ofertamiento de datos o medios de prueba, ya que en términos de los que establece el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece la diferenciación entre dato de prueba, medio o elemento de prueba y prueba, ello derivado de las diversas etapas procedimentales del sistema acusatorio adversarial que se encuentran previstas en el numeral 211 del ordenamiento legal en consulta, bajo en dichas circunstancias quedó evidenciado del desarrollo de la audiencia en el que la defensa trato de incorporar datos de prueba sin que fuera justificada con la debida fundamentación y motivación para su incorporación, que sin bien es cierto se trataba de datos de prueba con los cuales únicamente se requería el relato por parte de la defensa, sin embargo, no fundo ni motivo la petición para que fueran admitidas esos datos de prueba, motivo por el cual a pesar de haberse ejercido la contradicción por parte de la fiscalía, en donde de manera acertada refirió que no fueron ofertados de manera adecuada, así como también que faltó a lo que establece los numerales 383 y 387 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no estableció la forma en que había de incorporarse esos datos de prueba y que si bien el estándar probatorio como lo refirió el defensor es diverso al que se toma en consideración para efecto de resolver la vinculación a proceso, lo que estable los numerales 16 y 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se desprende que lo que se debe de analizar por parte del órgano jurisdiccional al momento de resolver la situación jurídica inicial de los imputados debe obedecer a una valoración indiciaria de un bajo estándar probatorio en donde únicamente se debe apreciar el debate tendente a establecerse los datos de prueba que pudieran considerar una conducta socialmente que no pudiera ser considera cotidiana y además de que tenga apariencia criminal, así como también, que sus mismos datos de prueba permitan establecer al órgano jurisdiccional de manera indiciaria que exista una responsabilidad a manera de probable intervención o participación de la persona que se encuentra señalada por parte de la fiscalía al momento de formularle imputación, precisamente derivado de lo anterior el auto de sobreseimiento tiene el efecto equiparable a una sentencia absolutoria motivo por el cual es que el estándar probatorio es diverso al que debe analizarse por parte del Juez de Control al momento de resolver la situación jurídica inicial, ello por así haberlo resuelto en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno y que inclusive se desconoce si en esos momentos se trataba de la misma defensa o quien haya sido lo consintiera, no se estableció un medio ordinario o extraordinario de defensa por el cual se combatiera la resolución de término constitucional de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la cual originó la acusación presentada por parte de la fiscalía el ocho de marzo de dos mil veintidós. Que el motivo de la audiencia era para resolver sobre el sobreseimiento planteado, en la que se expusieran diversos criterios, sin que sea esta una segunda oportunidad para la defensa de poder sustentar con otros argumentos lo que ya fue analizado de manera inicial en el término constitucional de fecha dieciséis de agosto del dos mil veintiuno, en virtud de que precisamente dicha circunstancias fueron advertidas en su oportunidad por parte de la Jueza de Control; que para dictar un auto de sobreseimiento se debe analizar desde un estándar probatorio altísimo en virtud de que los datos de prueba deben ser idóneos, suficientes y pertinentes para desarrollar lejos de una duda razonable, que si bien los datos de prueba a que hace alusión la defensa esto es las notas periodísticas no fueron valorados por la juez de Control al no existir en la materialidad jurídica en ese momento, dado que fueron recabados en la investigación complementaria, sin embargo no se debe desatender algunas circunstancias que fueron motivo por parte de la juez de control tras resolver la situación inicial del acusado, en la que se estableció la denuncia presentada por la madre del encausado lo cual fue valorado en su momento por la homóloga Jueza de Control. Reiterando la Jueza responsable, que dicha audiencia no es la etapa procesal para el desahogo de pruebas, esto corresponde a la etapa de juicio oral, es ahí donde se van a desahogar los medios de prueba. De igual forma, adujo que básicamente en ese momento, como lo plantea la defensa es una revaloración en confrontación con los datos de prueba propuestos en la fase inicial y que sustentaron el auto que determinó la situación jurídica del imputado en confrontación con otros datos de prueba obtenidos por la defensa, sin pronunciarse sobre los datos de licitud de las pruebas que eventualmente sustentaran la teoría del caso de la defensa en las etapas procesales consecuentes esto es en la fase intermedia, en la fase de juicio oral, si su defensa es la de establecer una teoría del caso distinta, esta podrá sustentarse en la fase del juicio oral, pero lo que se plantea es que el juez revalore la determinación que evaluó su homóloga Jueza de Control en la Audiencia Inicial con los datos de prueba que obraban en ese momento procesal, concluyendo la Jueza responsable que eso no es el sobreseimiento. Explicando que el sobreseimiento tiene que sobrevenir y nacer a la vida jurídica actualizando las hipótesis que la contemplan según el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que los datos de pruebas perse como fueron enlistados por la defensa con su contenido, no demuestran las hipótesis que planteó enunciada en la fracción I, ya que el sobreseimiento es procedente al quedar establecida la inocencia del imputado y estén exentos de la responsabilidad penal del hecho delictuoso. Además, de que los datos aportados por la defensa hacen alusión a una teoría fáctica distinta a la propuesta por la Fiscalía al solicitar vinculación a proceso y eso no revela la inocencia, ni se acredita la exensión de la responsabilidad del imputado. Asimismo, expuso que tampoco es que el hecho no hubiera constituido delito, porque para eso ya hubo un pronunciamiento en la fase inicial y tampoco las demás hipótesis fueron aludidas por la defensa, y no advierte que del contenido de los datos de prueba quede justificada alguna hipótesis. Por lo anterior, la Juez de origen negó la solicitud de sobreseimiento, al no haberse acreditado la hipótesis contenida en la fracción I del numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales al no haberse desahogado ni aportado medios probatorios que si bien es cierto fueron anunciados datos de prueba, no se cumplió con las técnicas de litigación para efecto del desahogo o el ofrecimiento de datos de prueba tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien es cierto en términos del numeral 20 Constitucional, apartado b) fracciones IV y VI deben de recibírsele todos y cada uno de los medios probatorios que sean ofertados por parte del imputado para efecto de una defensa técnica adecuada, sin embargo, ese no era el momento procedimental idóneo para que se tomara en consideración esos datos prueba que se encuentran dentro de la carpeta de investigación y que son derivados del desahogo de una etapa procedimental consistente en la investigación complementaria y que de igual manera serán motivo de análisis en la audiencia intermedia, prevista por el numeral 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que obra dentro del proceso penal la acusación enderezada por la fiscalía en contra de los ahora acusados el ocho de marzo de dos mil veintidós, insistiendo que al equipararse un auto de sobreseimiento a una sentencia absolutoria debe existir una estándar probatorio altísimo para efecto de que no exista duda razonable de que no se haya cometido el hecho constitutivo de delito motivo de la acusación del misterio, siendo que la denuncia que refiere la defensa sí fue tomada en consideración por la homologa en la audiencia inicial de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y la audiencia de sobreseimiento no es una nueva oportunidad de subsanar lo que en su momento en el término constitucional fuera omiso o no planteado de manera adecuada por la defensa; por lo que al no haber sido procedente la petición de la defensa voluntaria únicamente queda emitida la resolución en términos del artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no dar motivo a la terminación del procedimiento, siendo notificadas a las partes. Contestación conceptos de violación El suscrito juzgador considera que fue correcto y apegado a derecho, en virtud de que la autoridad responsable se sujetó a lo previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a la tesis jurisprudencial propuesta por la Fiscalía, tomando en cuenta que no está contemplada en dicha audiencia la posibilidad de incorporar medios de prueba para su desahogo y valoración, como lo solicitó la defensa, aunado a que de acuerdo a lo expuesto dicha resolución se encuentra fundada y motivada. Ello es así, dado que el objeto de la etapa intermedia prevista en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales se basa en el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral previsto en el artículo 348 del mismo ordenamiento. En ese tenor, al solicitar el sobreseimiento previsto en el artículo 327 del referido código, en la etapa intermedia, la audiencia respectiva debe versar en anular aquellos medios de prueba que fundaron el auto de vinculación a proceso, mediante datos supervenientes que demuestren de manera evidente e indiscutible el sobreseimiento de la causa penal, surgiendo así, la necesidad de hacer cesar sus efectos. De lo anterior, se desprende el hecho de que el referido sobreseimiento no comprende la acción de revalorar los datos de prueba que fueron ofrecidos y apreciados por el Juez de Control en la resolución de vinculación a proceso, es decir, la mencionada solicitud de sobreseimiento no tiene por objeto abrir otra instancia en donde se valoren anticipadamente los medios de prueba que fueron ofrecidos para la etapa de juicio oral, ya que éste es el momento procesal en donde se deberán desahogar y valorar los diversos medios de convicción para conocer la verdad jurídica, razón por la cual, el Juez de Control que conozca de la audiencia de sobreseimiento se encuentra imposibilitado para analizar y valorar dichos medios; realizar lo contrario y valorar anticipadamente las pruebas ofrecidas, desvirtuaría la solicitud de sobreseimiento y, por ende, dejaría de tener razón de existir la etapa de juicio oral. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida en el Amparo en Revisión 158/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y título dice: "SOBRESEIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 327 DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIENTOS PENALES. EL JUEZ DE CONTROL QUE CONOZCA DE LA AUDIENCIA RESPECTIVA SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA ANALIZAR Y VALORAR MEDIOS DE PRUEBA." Se sostiene lo anterior, en virtud de que la Jueza responsable, en la audiencia de cinco de agosto de dos mil veintidós, al cerrar el debate de las partes resolvió no procedente la solicitud de sobreseimiento de la defensa, ya que en esa audiencia y de acuerdo con el contenido previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no está contemplada la posibilidad de incorporar pruebas para su desahogo y valoración, como lo solicitó la defensa, en virtud de que se estaría hablando de otra etapa procesal distinta, lo cual el suscrito juzgador considera fue correcto. Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". CONCLUSIÓN En esa tesitura al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, y por ende, no haberse acreditado que se transgredan en su perjuicio derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública que se señala la ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los arábigos 74 al 77 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Erick Emmanuel Hernández López, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Erick Emmanuel Hernández López, contra el acto reclamado y la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa ********************; en atención a su contenido, téngansele designado como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ******************** y ********************, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. De igual forma, se tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, con fundamento en el artículo 12 párrafo segundo de la ley de la materia, a ********************y********************, puesto que no se encontró registro de sus cédulas en el aludido Sistema. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, como lo solicita, se autoriza la consulta vía internet, con el nombre de los usuarios ********************, ********************y********************, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por último, respecto a su diversa petición en el sentido de que se notifique a los terceros interesados a través de su superior jerárquico Secretaria de Seguridad Pública, dígase que se esté a lo acordado mediante proveído de uno de febrero actual, en el que entre otras cuestiones, se tuvieron por emplazados dichos terceros. Notifíquese en términos de ley.
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