Erick Emilio Cruz Díaz

Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1028/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Erick Emilio Cruz Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, de los cuales se advierte que el plazo de diez días para recurrir el auto de quince de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha transcurrido sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto causa estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite los diversos oficios firmados por el Director del Hospital General Regional 1, "Doctor Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro", adscrito al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Sur del Distrito Federal (en su denominación correcta) del Instituto Mexicano del Seguro Social y por el delegado del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Sur del Distrito Federal, por medio de los cuales, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, rinden su informe respecto al cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano concedida en autos, ya que fueron remitidos de manera errónea a dicho juzgado. Atento a lo anterior, téngase al juzgado oficiante remitiendo los oficios de cuenta, por los que las autoridades responsables informan el cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano concedida en autos. Ahora, de las constancias remitidas se advierte el acta de defunción del directo quejoso ***************; en consecuencia, agréguense a los autos para que obren como correspondan y tomando en consideración que se encuentra acreditado el deceso del quejoso, la suscrita considera que en el presente juicio de amparo debe de decretarse el sobreseimiento en términos de la fracción III, del numeral 63 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; [.]" Del artículo transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando el quejoso muere durante la tramitación del mismo, siempre y cuando el acto reclamado afecte únicamente derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, no trascienda más allá del gobernado, dado que, sin parte agraviada el juicio de amparo queda sin garantía que tutelar. Lo anterior es así, porque si entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; se colige, que si éste muere y es un acto que sólo le afectaba a él, procede el sobreseimiento. Para demostrar lo anterior, se estima conveniente citar el contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ... De la interpretación de estos preceptos, se advierte que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una norma general, que conculquen derechos fundamentales; esto es, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte que sufre directa y personalmente el agravio originado por el acto de autoridad que se reclama. En estos términos, si fallece la persona que resulta afectada por virtud de la emisión de un acto de autoridad, el juicio de amparo deberá sobreseerse al no trascender el acto de autoridad a la esfera de derechos de terceros que tengan algún vínculo con el promovente del juicio. En otras palabras, el fallecimiento del gobernado genera que el acto de autoridad no pueda seguir produciendo efectos jurídicos; por tanto, a nada práctico conduce la resolución del fondo del asunto, si ha dejado de existir el gobernado respecto del cual se podría materializar la decisión jurídica. A efecto de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es oportuno poner de relieve que en el presente juicio de amparo el quejoso reclamó el siguiente acto: ... En ese contexto, resulta evidente que el acto que reclamó el quejoso, sólo afectaba su derecho a la atención médica y a la salud, lo cual es inherente únicamente a su persona ante las autoridades responsables. En efecto, si el hoy occiso ***************, promovió juicio de amparo en contra de la negativa de atención médica, la negativa de realizar los estudios clínicos necesarios y la negativa de informar a los familiares del quejoso el estado de salud del mismo, que atribuía al Director General del Hospital General Regional número 1, Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; es inconcuso, que dicho acto únicamente afectaba a su persona, pues se encontraba hospitalizado en dicho hospital y durante el trámite del presente juicio de amparo, en específico el seis de julio de la presente anualidad, falleció en el Hospital General Regional número 1, Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a neumopatia crónica, infección por SARS-COV2 y bajo ventilación mecánica invasiva, como se desprende del acta de defunción correspondiente. Documental la citada, que alcanza pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2°. Ello, además con apoyo en la Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, con el rubro y texto siguientes: ... Bajo esa óptica, ya no existe sujeto en cuyo favor pudiera dictarse sentencia de amparo con el efecto natural de reponerlo en el pleno uso y goce de los derechos humanos fundamentales que pudieren haber sido violados en su perjuicio; por lo que resulta procedente sobreseer el juicio de garantías, con base en el numeral 63, fracción III, de la Ley de Amparo. ... Resulta oportuno precisar que, el cinco de julio de dos mil veintidós, este órgano de Control Constitucional concedió la suspensión de plano, respecto de los actos atribuidos al Director General del Hospital General Regional número 1, Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, para efecto de que: ... Así, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, pues es claro que el derecho defendido es estrictamente personal del agraviado, es decir, no transciende más allá de quien lo impugna, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y dése el aviso correspondiente a la autoridad responsable. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; electrónicamente al promovente del amparo.

  3. Principal

    Ciudad de México, once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que por autos de seis y veinte de enero, veintiocho de febrero y veintidós de marzo del año en curso, se concedió a la autoridad responsable prórrogas por el plazo de diez días cada una, asimismo, por auto de veintisiete de abril pasado se concedió una última prórroga por el término de cinco días. Ahora, por auto de diecisiete de mayo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se impuso a la autoridad responsable una multa, asimismo se requirió para que en el término de cinco días diera cumplimiento al fallo protector, sin que lo hubiese hecho no obstante encontrarse debidamente notificada. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las determinaciones tomadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deben ser atendidas de forma inmediata, a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo en favor de la parte quejosa, restituyéndola en el goce del derecho fundamental que se consideró vulnerado, en resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí que, con fundamento en los numerales 192 y 193, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, ante la actitud contumaz de la autoridad responsable Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, consistente en multa por el equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del tercer transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis Por lo cual, se impone dicha multa a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el valor descrito. Lo anterior, sin que haya lugar a examinar las condiciones subjetivas de la persona que respectivamente ostenta el cargo de las autoridades responsables, debido a que el parámetro de la sanción fue la mínima establecida por el artículo 258 de la Ley de Amparo. En atención a ello, una vez que se encuentre firme la presente resolución, se requerirá a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a fin de que proporcione a este Juzgado Federal su nombre completo, clave de Registro Federal de Contribuyentes, con homoclave, domicilio completo y Clave Única de Registro de Población, además de que se librará oficio al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que respectivamente, proceda al cobro de la multa impuesta. Con independencia de lo anterior, a fin de dar certeza al acatamiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto, requiérase a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México así como al Coordinador General de Administración de dicha Fiscalía, para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del presente proveído, remitan las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en este asunto, además de que el segundo, deberá justificar que ordenó a su inferior jerárquica, su cumplimiento. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad omisa, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también, se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 tercer párrafo, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ... En ese sentido, cabe destacar que los efectos de la sentencia concesoria de amparo, consistieron en:... Esto es para que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México remita la respuesta dada al escrito presentado por la parte quejosa. Es importante destacar que al tratarse de las autoridades obligadas al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual están vinculadas al cumplimiento en todas las etapas correspondientes. En el entendido de que al acreditarse la omisión de cumplir con la ejecutoria de amparo, se actualizaría el delito de violación a la ley de amparo, en su modalidad de incumplir con la sentencia de amparo o no hacerla cumplir, tipificada en la fracción I, del precepto 267 de la Ley de Amparo, que se sanciona con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos; y, para tales efectos, se daría vista al Fiscal Federal adscrito. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las citadas autoridades, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, en nombre y representación de ******************, contra actos del Director General del Hospital General Regional número 1, Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades Integración del expediente. Fórmese el expediente 1028/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Acto Reclamado: Para estar en posibilidad de resolver sobre la suspensión solicitada, es necesario precisar que tal como se desprende del escrito inicial de demanda, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Director General del Hospital General Regional número 1, Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social (1), Director Responsable del Piso número 6 del Área de Hospitalización del Hospital General Regional número 1, Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social (2) y Doctora "Ramírez" Ubicada en el Piso 6, del Hospital General Regional número 1, Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social (3), los siguientes actos: "1. Se reclama la negativa de atención médica urgente al quejoso. 2. Se reclama la negativa de realizar los estudios clínicos necesarios a efecto de conocer CON CERTEZA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO A EFECTO DE PODER COMBATIR SU PADECIMIENTO. 3. Se les reclama la negativa DE INFORMAR DE MANERA VERBAL Y/O ESCRITA A LOS FAMILIARES DEL QUEJOSO EL ESTADO DE SALUD DEL MISMO ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO CERTERO DE SU PADECIMIENTO (AL MOMENTO DE PRESENTAR EL PRESENTE AMPARO INCLSUIVE (SIC) NO SE TIENE CERTEZA SI AUN SE ENCUENTRA CON VIDA)" Consideraciones previas. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la negativa de atención médica urgente a efecto de conocer su padecimiento, los estudios clínicos necesarios, así como la negativa de informar de forma verbal o por escrito el estado de salud del mismo; esto, materializado en que se le otorgue un tratamiento adecuado. Según relata el promovente, el pasado veintisiete de junio del año en curso, se percataron que el quejoso se estaba convulsionando y que tenía sangre en la boca, por lo que pidieron auxilio al 911, quienes al llegar (ERUM) manifestaron que tenía un cuadro de signos vitales muy bajo, por lo que requería atención hospitalaria urgente, así que fue canalizado de inmediato al Hospital General Regional número 1, Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que fue intubado para poder preservar sus signos vitales. En ese sentido, al tratarse de cuestiones que ponen en peligro la vida del quejoso, se provee: El artículo 4, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, asimismo, en lo que a aquí importa, establece: . De lo transcrito se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, el precepto constitucional en comento, reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Ahora bien, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", establece lo siguiente: . A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por tanto, este Juzgado Federal concluye que la falta de asistencia médica al quejoso, podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental y al derecho de atención a la salud, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, imposible reparación. Suspensión de plano. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida del quejoso, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados que consisten en proporcionar a ***************** la atención médica, hospitalaria, estudios y/o procedimientos médicos y quirúrgicos, así como el suministro de medicamentos necesarios para su salud respecto de padecimiento que tiene "diabetes mellitus", y se realicen los procedimientos que sean necesarios a efecto de preservar su derecho a la salud, e informe el estado de salud del aquí quejoso a los familiares. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, así como a la urgencia de la medida cautelar concedida en autos, y los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que den cumplimiento a la mencionada medida cautelar, y de ser el caso, emitan las instrucciones necesarias a efecto de acatar tal mandamiento a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas a todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. Debiendo acreditar con constancias fehacientes a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que hayan realizado a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, inclusive ante autoridades diversas a las señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda, anexando las constancias que demuestren el cumplimiento dado a la misma, las cuales podrán enviar vía correo institucional 17jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, este órgano jurisdiccional estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes ante el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente asunto; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada número I.12o.A.8K, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1289, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE REQUERIR EL CUMPLIMIENTO DE LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE, A CUALQUIER AUTORIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SEA PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. . En ese sentido, dada la naturaleza del presente asunto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que con copia autorizada del presente auto, notifique y corra traslado a la parte quejosa. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión. En párrafos que anteceden se determinó procedente la suspensión de plano motivo por el cual resulta innecesario la apertura del incidente de suspensión. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las partes que se estima innecesario emitir oficio a las autoridades responsable para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, toda vez que tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, la cual es equiparable a una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes, siendo aplicable la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Solicitud de informe justificado Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, refiriéndose al número de oficio en el que se les comunique la presente determinación. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no remitir su informe justificado en los términos precisados, se le impondrá multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Además, deberán: a) Manifestar si es cierto o no el acto reclamado, en el entendido que la aceptación de su existencia no implica la admisión de su inconstitucionalidad. b) Informar a este juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señalen a qué órgano correspondió conocerlo. c) Hacer saber a este órgano jurisdiccional sobre la cesación de efectos de los actos reclamados o la existencia de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento del presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aún durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. d) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados en la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos a), b), c) y d), se len impondrá multa a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, con base en el artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Obligación de las partes sobre la actualización de alguna causa de improcedencia. Hágase del conocimiento de las partes que, en términos informar de inmediato a este órgano de control constitucional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63 de la referida ley, debiendo exhibir las constancias que la acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este juzgado les impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 251, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Apercibimiento relativo a la denominación de autoridades Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; tendrá como efecto, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. Intervención del Fiscal adscrito. Dese al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a este Juzgado la intervención que le confiere el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese tenor, atendiendo a la certificación de cuenta, se autoriza la consulta y la práctica de notificaciones que deban realizarse por oficio y aún las de carácter personal, vía electrónica, a la representante social de la adscripción, en virtud de que, conforme a la referida certificación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "**************" que corresponde a *******************. Autorizados. Ténganse por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Por lo que hace al número celular y correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento de los mismos, para los efectos legales a que haya lugar. Acceso a expediente electrónico y notificaciones por dicho medio. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "******************" corresponde a **************** Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.2 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: . Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: . Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

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