Erick Emanuel Sosa Rivera
Expediente 1139/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Erick Emanuel Sosa Rivera
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. LO ANTERIOR HAGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante el cual acompaña los autos del juicio de amparo indirecto 1393/2015-2; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, tomando en consideración que por resolución de dieciocho de noviembre del año en curso, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto 1393/2015-2 con que se da cuenta, en virtud de que tal y como lo adujo la autoridad federal oficiante, del escrito de demanda de amparo se advierte que el quejoso Erick Emmanuel Sosa Rivera, reclamó la sentencia definitiva de veintinueve de junio de dos mil once, dictada en la causa penal 84/2010, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Huichapan, Hidalgo, que condenó al amparista en comento como responsable en la comisión del delito de asalto equiparado agravado. En tales circunstancias, el juez federal estimó que acorde a lo antes expuesto, la resolución reclamada, en su caso, debe ser combatida a través del juicio de amparo directo que se promueva ante el Tribunal Colegiado competente, por lo que con fundamento en el artículo 47, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dicha autoridad constitucional ordenó remitir la demanda de garantías, escrito aclaratorio y copias al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, por surtirse en su favor la competencia para su trámite y conocimiento, tocando por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. En mérito de lo anterior, este tribunal colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Lo anterior es así, pues de las constancias remitidas por la autoridad federal oficiante, mismas que por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se desprende que en el acto reclamado que se combate en la demanda de garantías promovida por el quejoso Erick Emmanuel Sosa Rivera, se hace consistir en la sentencia de veintinueve de junio de dos mil once, emitida por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de lo Penal, del Distrito Judicial de Huichapan, Hidalgo, en la cual condenó al amparista como responsable en la comisión del delito de asalto equiparado agravado. Inconforme con dicha resolución, el hoy amparista promovió juicio de garantías, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien por las razones ya asentadas, mediante resolución de dieciocho de noviembre del año actual, se declaró incompetente para avocarse y tramitar la demanda de amparo en comento. Sin embargo, es menester señalar que si el quejoso no apeló la resolución de primer grado, de acuerdo con lo que establece el artículo 337, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, razón por la que se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Erick Emmanuel Sosa Rivera, contra el acto que reclama del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huichapan, Hidalgo, en estricta observancia a lo dispuesto por el ordinal 179 de la ley de la materia citada. Es aplicable a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia P./J.6/2015 (10 a), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diez de abril de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución al quejoso, téngase como domicilio y autorizados los indicados en el escrito de cuenta. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local. Notificación personal.
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