Erick Eduardo Orrantes Castro

Expediente 1337/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1337/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Erick Eduardo Orrantes Castro

Actuaciones

  1. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, el que suscribe KARLOS GONZÁLEZ BAUTISTA, actuario judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, al TERCERO INTERESADO *** el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, de conformidad a lo ordenado en auto de doce de junio de dos mil veintitrés, que dice...Vista la certificación secretarial de cuenta, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable respecto de dicho cumplimiento. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. El dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa *** la cual causó ejecutoria en acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés; motivo por el cual, en dicho proveído se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos a) Deje insubsistente el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, únicamente en lo relativo a la admisión de la prueba pericial en materia de contabilidad asociada con la inspección judicial señalados en el considerando que antecede, y b) Con plenitud de jurisdicción, emita uno nuevo de manera fundada y motivada, en el que deberá realizar nuevamente un estudio ponderado entre los puntos del ofrecimiento de la prueba pericial en materia de contabilidad asociada con la inspección judicial, con los hechos materia de la controversia que se pretenden probar; Y para el caso de que determine procedente su admisión, la realice formulando una acotación, precisando la temporalidad tanto del periodo que abarcara, el lugar, forma y términos en que se efectuará la misma, precisando la manera en que se tendrá accesibilidad a los documentos que deberán ser considerados, los alcances y facultades que tendrán los peritos designados en la materia. Sin que tenga permitido guardar o registrar datos de otros elementos, por cualquier medio, ya sea escrito, óptico, digital, etcétera, para que de ese modo queden en secrecía los asientos contables y datos que no tienen por qué ser difundidos, así como implementar medidas que salvaguarden la secrecía de la contabilidad de la moral quejosa y no constituya una revisión integra de documentación y registros informáticos, pues ello revela como una transgresión a las normas que rigen el procedimiento. En proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se agregó el oficio 1697/2023, por el cual el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, envió copia certificada del auto dictado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el juicio ejecutivo mercantil 896/2020 de su índice, donde dejó insubsistente el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, únicamente en lo relativo a la admisión de la prueba pericial en materia de contabilidad asociada con la inspección judicial, y conforme a los lineamientos del fallo protector, dictó un nuevo proveído en el cual se pronunció sobre la admisión y pertinencia de dichas pruebas. Con lo anterior, se dio vista a las partes sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, únicamente en lo relativo a la admisión de la prueba pericial en materia de contabilidad asociada con la inspección judicial, en el juicio ejecutivo mercantil 896/2020 de su índice; asimismo, con plenitud de jurisdicción, emitiera uno nuevo de manera fundada y motivada, en el que realizara un estudio ponderado entre los puntos del ofrecimiento de la prueba pericial en materia de contabilidad asociada con la inspección judicial, con los hechos materia de la controversia que se pretenden probar; y, para el caso de que determinara procedente su admisión, la realizara formulando una acotación, precisando la temporalidad tanto del periodo que abarcara, el lugar, forma y términos en que se efectuará la misma, precisando la manera en que se tendrá accesibilidad a los documentos que deberán ser considerados, los alcances y facultades que tendrán los peritos designados en la materia. Sin que tenga permitido guardar o registrar datos de otros elementos, por cualquier medio, ya sea escrito, óptico, digital, etcétera, para que de ese modo queden en secrecía los asientos contables y datos que no tienen por qué ser difundidos, así como implementar medidas que salvaguarden la secrecía de la contabilidad de la moral quejosa y no constituya una revisión integra de documentación y registros informáticos, pues ello revela como una transgresión a las normas que rigen el procedimiento; lo cual así sucedió. Pues en efecto, el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, en proveído dictado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el juicio ejecutivo mercantil 896/2020 de su índice, dictó un nuevo proveído, donde dejó insubsistente el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, únicamente en lo relativo a la admisión de la prueba pericial en materia de contabilidad asociada con la inspección judicial, y conforme a los lineamientos del fallo protector, dictó un nuevo proveído en el cual se pronunció sobre la admisión y pertinencia de dichas pruebas. Es decir, ponderando el test de proporcionalidad, determinó que la probanza en cuestión es idónea ya que con ella se verificará si la parte demandada recibió la cantidad que amparan los documentos base de la acción; es necesaria, ya que aportará información para determinar la excepción en que la parte demandada basa su defensa, estimando que no existe una forma diferente o menos lesiva de llegar a la verdad; y, por último se estableció que si bien se debe velar por proteger el derecho a la intimidad de la parte actora, también lo es que por encima del derecho a la privacidad, está el de debido procedimiento. Por tanto, el juez responsable admitió la prueba de inspección judicial asociada a la pericial contable a cargo del contador público José Atanacio Andrés Muñoz Magaña, la cual ordenó desahogar específicamente en los registros contables realizados el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, a efecto de que señalara si existe registrado como pasivo y egreso por la cantidad de ***** (setecientos ochenta y tres mil trescientos veinticinco dólares 00/100 moneda americana), misma fecha en la que se suscribió el documento base de la acción; lo cual ordenó fuera revisado en los registros contables en el apartado donde se registren los documentos como en el que se basa la acción; y no así en los diversos documentos, estados de cuenta bancaria; pólizas contables; diario general; mayores generales; documentos comprobatorios; y, registros de control, ya que en los registros contables se concluye todo lo relacionado a la contabilidad del actor. Así también, por lo que respecta a la prueba de inspección judicial, la autoridad responsable señaló las once horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto de que el secretario actuario de su adscripción, en compañía del perito se constituya en el domicilio fiscal de la parte actora, para llevar a cabo dicha inspección. De ahí que este órgano jurisdiccional no advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se aprecia que transcurrió el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes, manifestaran su inconformidad en contra del proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto, sin que ello ocurriera; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que: El expediente principal es conservable por haberse concedido la protección constitucional, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 17 del acuerdo normativo. El incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, es susceptible de destrucción, por encontrase en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción III, inciso a), del Acuerdo General en cita. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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