Erick Eduardo Durán Valenzuela

Expediente 1659/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1659/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Erick Eduardo Durán Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante oficio dirigido al Juez de Distrito en el Estado en Turno, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en aquella ciudad, se remitió transcripción del acuerdo de veintisiete de julio año en curso, emitido dentro del juicio de amparo 1659/2023-VII-4 del índice de este juzgado promovido por promovido por ******************** quien se ostentó como defensor particular del directamente quejoso ********************, contra actos del Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como los autos del presente juicio de amparo, en virtud de que este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver de dicha demanda, por los motivos expuestos; sin que a la fecha haya dado respuesta a lo anterior. Ahora, de las actuaciones obrantes en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, mismas que se tienen a la vista como hecho notorio, se desprende que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, aceptó la competencia propuesta por este Juzgado de Distrito, para conocer de la referida demanda, misma que fue radicada bajo el número ********************de su orden y posteriormente fue desechada en atención al proveído de ********************. Lo anterior, se invoca como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, así como al tenor de la tesis de rubro HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. ARCHIVO En tal virtud, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, en la inteligencia de que una vez transcurridos tres años, será destruido en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; así como capítulo octavo, punto 8.1.2, sub punto 10, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Finalmente, se precisa que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa, visto su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veinticinco de julio del año en curso. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Distribúyanse entre las partes la copia del oficio de agravios, en la inteligencia de que a la Agente del Ministerio Público adscrita y el tercero interesado se le entregará al momento de notificarles el presente auto por conducto del Actuario de la adscripción y a las autoridades responsables por oficio, dígase al actuario que deberá asentar en la diligencia respectiva lo antes señalado. Ahora bien, dentro de los tres días contados a partir de que se encuentre debidamente integrado el presente expediente remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito en turno, con sede en esta capital, el original de dicha misiva, copia de la misma para el Agente del Ministerio Público de su adscripción y legajo de pruebas consistente de tres tomos, para la substanciación del referido recurso de revisión. Asimismo, vincúlese y hágase visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el expediente electrónico derivado del presente juicio al tribunal de alzada, para su consulta y efectos legales correspondientes, hágase del conocimiento dicha situación al tribunal colegiado de referencia. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público adscrita y al tercero interesado.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por el licenciado quien se ostenta como defensor particular del directamente quejoso así como por este último, contra actos del Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 1659/2023-. Del mismo modo, fórmese el expediente electrónico en términos de la normatividad vigente y el cuadernillo material únicamente con las promociones que se presenten en forma física y con las constancias de notificación correspondientes; lo anterior, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. SUSPENSIÓN DE PLANO En la especie, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa citó el artículo 126 de la Ley de la Materia, el cual dispone: Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Los artículos de la Ley de Amparo, disponen en esencia, que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por otra parte, en la jurisprudencia 1a./J70/2019 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en lo que aquí interesa, que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados. Lo que, a su vez, señaló, es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, indicó, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, pues esto último depende, en todo caso, de que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. No obstante lo anterior, no ha lugar a conceder a la parte quejosa la suspensión de plano, pues la misma deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, y para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional. Así, en el caso, el amparista atribuye auto de vinculación a proceso e imposición de medida cautelar, dictado por una autoridad jurisdiccional; de ahí que el hecho de que el peticionario del amparo haya invocado como fundamento el dispositivo legal en estudio, ello no determina la procedencia de la suspensión de oficio. Lo anterior evidencia, que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis señaladas en los artículos de la Ley de amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; menos aún se trata de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En tal virtud, no ha lugar a conceder a la quejosa la suspensión de plano, pues la misma deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, el cual no encuadra en las hipótesis previstas por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, por tanto, el hecho de que la peticionaria del amparo la haya citado, ello no determina la procedencia de la suspensión de oficio. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." INCOMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en atención a las consideraciones que adelante se expondrán. En primer término, del análisis integral del ocurso de amparo que se examina, se advierte que el licenciado Juan Ignacio Calleros Carbajal quien se ostenta como defensor particular y directamente quejoso ERICK EDUARDO DURÁN VALENZUELA, señalan como actos reclamados los siguientes: ACTOS RECLAMADOS El auto de vinculación a proceso en contra del quejoso el C. Erick Eduardo Duran Valenzuela dictada en audiencia de fecha 4 de julio del año 2023 emitido por el Lic. Alberto Ocón Campos en su carácter de Juez de Control Especializado en el sistema Penal Acusatorio de Ciudad Juárez, Chih. Dentro de la causa penal La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta al imputado, hoy quejoso por el delito que se le atribuye en la causa penal De lo transcrito con antelación se evidencia que el acto reclamado medularmente se hace constituir en el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva ambas dictados por el Juez de Control Especializado en el sistema Penal Acusatorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en contra del directamente quejoso ERICK EDUARDO DURÁN VALENZUELA dentro de la causa penal Luego, es pertinente establecer lo que señala el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo . Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la anterior trascripción se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, el que acontece en la especie; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. En ese mismo orden, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los actos que se ejecuten en el Ciudad Juárez, Chihuahua, corresponden conocer a la Jurisdicción de los Juzgados de Distrito con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo que, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues atendiendo a las reglas previstas por el primer párrafo del artículo 37 de la ley invocada, así como el acuerdo citado con antelación, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, debe convenirse que atendiendo a que la prosecución al proceso penal, tuvo lugar y tendrá su desarrollo en Ciudad Juárez, Chihuahua; en consecuencia corresponde a los Juzgados de Distrito de Ciudad Juárez, Chihuahua. Apoya a lo anterior, la Tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doce, Volumen 199-204, Cuarta Parte, Séptima Época, del Seminario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Por tanto, con apoyo en el numeral trascrito y 48 de la Ley que rige este contradictorio federal, se estima que esta autoridad debe declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda planteada y declinar la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en aquella ciudad; por tanto, remítase la demanda original, así como las copias de la misma y anexos, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, fórmese cuadernillo de antecedentes, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cobra aplicación a los argumentos que anteceden, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo , del mes de Agosto de dos mil uno, página mil doscientos noventa y nueve que se invoca con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo; y, cuya voz y contenido son los siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridd ejecutora". DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según se insta en el ordinal 2° de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio procesal para oír y recibir toda clase de notificaciones, el que refiere para tal efecto en el proemio de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones en los términos que precisa a las personas que indica en su ocurso. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DE "JUICIO EN LÍNEA". Se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el eje rector de la actividad en los órganos jurisdiccionales será la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, se les exhorta a que, de ser posible, continúen la tramitación del asunto bajo el esquema de "juicio en línea", en términos del multicitado artículo fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General de referencia. Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: Solicitar su continuación en su modalidad "en línea Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Con independencia de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, se les hace del conocimiento que, en términos de la fracción IV del artículo del citado Acuerdo, así como el 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las partes podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea; sin embargo, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto. Dispositivos que a la letra se reproducen: Artículo 263. Con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, los órganos jurisdiccionales adoptarán como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE, en el SIGE y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: "Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; "Artículo 41 Bis. Todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos fracción VI, fracción fracciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde ahora se autoriza a su costa la expedición de copias certificadas que sean de su interés, previa constancia que se deje en autos de tales efectos; en la inteligencia que dicha autorización no abarca la reproducción de otros documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. PUBLICIDAD DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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