Erick Eduardo Carriles Gasca
Expediente 339/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 24 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- David Carmona Ávila
- Erick Eduardo Carriles Gasca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Vista la cuenta y certificación que anteceden se advierte que ha transcurrido el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia, mediante la cual por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo de la Justicia de la Unión a David Carmona Ávila, sin que las partes hayan interpuesto recurso alguno contra la misma; en consecuencia, con fundamento en los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Comuníquese a las autoridades responsables la circunstancia anterior y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS. En virtud de lo anterior, devuélvanse al Juez Penal de Control adscrito al Segundo Circuito de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, las copias auténticas a la causa penal 86/2020, las cuales remitió en apoyo a su informe justificado. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado de autos, del cual se advierte que no existe actuación alguna pendiente por realizar; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio, es susceptible de depuración, al haberse concedido tanto la suspensión provisional como la definitiva. El duplicado del incidente de suspensión en comento es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis contenida en el numeral 20, fracción II, inciso a), del mismo cuerpo normativo..-. M-VI
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de agosto de dos mil veintiuno. ACUERDO SOBRE NUEVO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso David Carmona Ávila, a través del cual señala como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tiro número 202, colonia Real de Minas, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Asimismo, como lo refiere el promovente, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Rosas García y Jaime Saúl Rosas García, toda vez que se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). Por tanto, se le tiene revocando todo nombramiento hecho con anterioridad..-. M-VI
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; ventidós de julio de dos mil veintiuno. SE ORDENA GLOSAR CUADERNO DE ANTECEDENTES. Glósese a lo autos el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en el que se actua, formado al encontrarse pendiente de dictar la sentencia definitiva. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO A LA PARTE TERCERO INTERESADA. Ahora bien, visto el estado de autos se advierte que la parte tercera interesada Karen Denisse Rodríguez Centeno no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dentro del término que para tal efecto se le otorgó en auto de nueve de febrero del año en curso, el cual le fue notificado vía exhorto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se ordena que la notificación de la sentencia dictada dentro del presente juicio así como las ulteriores, se le practiquen por medio de lista que se fije en los tableros notificadores de este juzgado, aún aquellas de carácter personal. SE REGULARIZA EL PROCEDIMIENTO. En otro tenor, de las contancia de autos también se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte quejosa de la sentencia dictada dentro del presente juicio; así también que por auto de diecisiete de junio de dos mil veinte, se tuvo al quejoso revocando el domicilio que señaló en su escrito inicial de demanda para oír y recibir notificaciones sin que se hubiera acordado al respecto. En ese tenor, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento dentro del presente juicio y se ordena que, tomando en consideración que el quejoso revocó el domicilio que inicialmente señaló para oír y recibir notificaciones y toda vez que no desginó uno nuevo; en lo subsecuente se le notifique por medio de las listas que se fijen en el tablero de este juzgado federal; y de esa forma se le notifique la sentencia dictada dentro del presente juicio..-. M-VI ...S E N T E N C I A S E N T E N C I A Que resuelve el juicio de amparo 339/2020-VI, promovido por Erick Eduardo Carriles Gasca, contra actos del Juez de Control de Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Circuito en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. ANTECEDENTES PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en línea el veinticinco de mayo de dos mil veinte, David Carmona Ávila, por conducto de su defensor particular Erick Eduardo Carriles Gasca, derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Circuito en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. El veinticinco de mayo de dos mil veinte, se admitió a trámite, previo cumplimiento a la prevención realizada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo tiene competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Esto, porque se trata de un asunto del orden penal, en el que el acto reclamado se ejecuta dentro del territorio del Estado de Hidalgo, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos que se reclaman son: 1. El auto de vinculación a proceso de treinta de abril de dos mil veinte, decretado en contra del quejoso en la causa penal 86/2020, por la comisión de los hechos que la ley califica como los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas agravadas. 2. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; y 3. El análisis del control de la detención. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado destacado el que el quejoso señala como: La violación al derecho a la presunción de inocencia, al tomar como media aritmética para imponer la medida cautelar la máxima de la pena del delito que se le imputa al quejoso. Dado que constituye una violación alegada, que el peticionario de amparo aduce se actualizó al decretarle la medida cautelar y, por tanto, será materia de estudio al analizar dicho acto. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Debe tenerse como inexistente el acto reclamado consistente en el análisis del control de la detención; porque aunque el juez de control omitió pronunciarse con relación a dicho acto y ello traería como consecuencia la presunción de su existencia en términos del artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, esa presunción se desvirtúa al tener a la vista la copia auténtica de la causa penal de origen 86/2020, que se le sigue el quejoso por la probabilidad de haber participado en un hecho que la ley califica como el delito de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas agravadas, de las que se advierte que la detención del imputado ocurrió con motivo de la orden de aprehensión girada en su contra el veintiocho de abril de dos mil veinte, de ahí que el juez de control no emitió pronunciamiento con relación al control de la detención cuya legalidad pueda analizarse. En efecto, en el escrito de demanda el quejoso señaló como acto reclamado la falta de motivación y valoración del fondo de la cuestión planteada con relación al control de la detención del quejoso; sin embargo, dado que en el caso la detención del imputado ocurrió con motivo de la orden de aprehensión girada en su contra, no existió tal pronunciamiento. Pues dicho análisis solo resulta procedente tratándose de las detenciones en flagrancia o caso urgente, caso en el cual, la libertad personal del imputado no ha sido sometida al control judicial previo, como ocurre con la emisión de la orden de aprehensión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia1a./J. 32/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 149 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, con registro digital 2022158, que dispone: DETENCIÓN, CONTROL DE SU LEGALIDAD. NO PROCEDE EJERCERLO RESPECTO DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN (ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de los amparos en revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si el control de legalidad de la detención previsto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los casos de flagrancia o urgencia, se debe realizar tratándose de órdenes de aprehensión. Criterio jurídico: Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el criterio que debe prevalecer, es que este control únicamente procede cuando la privación de la libertad personal del imputado tiene como antecedentes casos de flagrancia o urgencia, sin que pueda hacerse extensivo a las órdenes de aprehensión. Esto no significa que sea inviable alegar vicios cometidos en la ejecución de una orden de aprehensión, o bien, que el Juez de Control esté impedido para analizar oficiosamente violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cumplimiento de dichas órdenes. Justificación: Ello, porque en los supuestos de flagrancia o urgencia, la privación de la libertad personal del imputado no ha sido sometida a un control judicial previo, como sí ocurre tratándose de órdenes de aprehensión, las cuales en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben librarse por la autoridad judicial competente. La razón se estructura atendiendo a que el bien jurídico tutelado por la Constitución Federal en ese supuesto, es la libertad personal de los inculpados, por lo que la finalidad de la audiencia es proteger esa prerrogativa, en los supuestos en que no existe un mandamiento judicial, tomando en cuenta que la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público (en caso urgente) o ejecutada por cualquier persona (flagrancia), por lo que la consecuencia en caso de que se determinara su ilegalidad sería la libertad con reservas de ley. Mientras que en el caso de las órdenes de aprehensión, la privación de la libertad ya se encuentra justificada legalmente. Sin embargo, no escapa a la consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la ejecución de una orden de aprehensión pudieran surgir cuestiones que la autoridad judicial deba analizar, incluso de oficio; por ejemplo, cuando se alega que aquélla se materializó contra diversa persona (verbigracia, un homónimo), o bien, con posibles violaciones a derechos humanos. En este último supuesto, el Juez deberá actuar en términos de la normatividad aplicable, sin que la decisión respectiva forme parte del control de la legalidad de la detención a que se refiere el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, como se dijo, solamente resulta procedente tratándose de las detenciones en flagrancia o caso urgente. En ese tenor, al ser inexistente el acto reclamado consistente en el estudio del control de la detención del quejoso, debe sobreseerse en el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Circuito en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, consistentes en el auto de vinculación a proceso de treinta de abril de dos mil veinte, decretado en contra del quejoso en la causa penal 86/2020, por la comisión de los hechos que la ley califica como los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas agravadas, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; ya que así la manifestó al rendir su informe justificado. Además, su existencia se corrobora con copias certificadas de la causa penal 86/2020, así como los discos versátiles digitales (DVD), que por constituir actuaciones judiciales merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en las que consta el acto reclamado. QUINTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron causas de improcedencia ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia implique falta de congruencia o exhaustividad, pues tales principios se cumplen una vez que se estudien los conceptos de violación formulados por el quejoso. SEXTO. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA CON RELACIÓN AL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Los conceptos de violación respecto al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de treinta de abril de dos mil veinte, decretado en contra del quejoso en la causa penal 86/2020, por la comisión de los hechos que la ley califica como los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas agravadas, son infundados. A fin de evidenciar lo anterior es necesario precisar que el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, reformado en dos mil ocho, establece: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé lo siguiente: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso: El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior, se pueden deducir los requisitos de forma y fondo que se necesitan para el pronunciamiento de un auto de vinculación a proceso: a) Requisitos procedimentales 1. Que se haya formulado la imputación contra el inculpado. 2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. b) Requisitos de forma Expresar: 1. El delito que se impute al indiciado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y 3. Los datos o antecedentes expuestos por la representación social. c) Requisitos de fondo Que esos datos o antecedentes establezcan: 1. Que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y 2. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, la suscrita estima que el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso se encuentra ajustado a derecho pues cumple con los requisitos procedimentales, formales y de fondo. En efecto, en el caso consta en las actuaciones, dentro de la audiencia inicial celebrada el treinta de abril de dos mil veinte, en la causa penal 86/2020, que la representante social formuló imputación en contra del ahora quejoso; y de esa propia diligencia se advierte que se le dio oportunidad de declarar, lo cual realizó; de ahí que se colman los requisitos procedimentales. Respecto de los requisitos de forma también se estiman cumplidos, dado que la jueza de control fue clara en precisar que a la quejosa se le atribuyen hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas agravadas. Asimismo, se advierte que señaló las circunstancias de tiempo, lugar y ocasión, pues indicó que los datos de prueba aportados por la representación social son aptos para sostener, de manera razonable, que los días diecinueve y veintidós de junio, nueve de julio y dos de septiembre de dos mil diecinueve, así como veintitrés de abril de dos mil veinte, ocurrieron cinco eventos en los que el imputado ejerció actos de violencia física y psicológica en contra la víctima, al dirigirse hacia ella con adjetivos ofensivos y amenazarla con cortarle los dedos, apuñalarla o matarla, así también golpearla en diversas partes del cuerpo; hechos que ocurrieron tanto en el domicilio ubicado en calle Ejército Nacional número 129, fraccionamiento Polanco, Colonia la Morena en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, así como fuera de éste, existiendo entre la víctima y el imputado una relación de hecho, dado que mantuvieron una relación durante aproximadamente cinco años, procreando a dos menores, precisando el juez de la causa que en dos eventos el imputado hizo uso de armas punzocortantes, consistentes en un cuchillo y una tijeras para cortar pasto, y destacando que, en el caso, existen documentados antecedentes de denuncias anteriores hechas por la víctima en contra del agresor. Además, el auto de vinculación a proceso decretado en contra del imputado, fue dictado por un Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Circuito en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Ahora bien, respecto de los requisitos de fondo a juicio de la suscrita se encuentran también cumplidos. Ello es así, porque el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso por la probabilidad de haber participado en un hecho que la ley califica como los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas agravadas, se encuentra ajustado a derecho, pues los datos y antecedentes expuestos por la representación social son aptos para demostrar tales hechos. En efecto, el delito de violencia familiar equiparada se encuentra previsto y sancionado por los artículos 243 Bis, 243 Ter, fracción I, 243 Quáter, fracciones I y II, y 243 Quintus, fracción V y VII, que disponen: Artículo 243 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de: (.) A quién cometa el delito de violencia familiar, se le impondrá de uno a seis años de prisión, multa de 50 a 100 días y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se sujetará a tratamiento psicoterapéutico reeducativo especializado para personas agresoras que refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, el que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión. En caso de que la víctima sea menor de edad, incapaz o persona mayor de sesenta años, se aumentará en una mitad la pena que corresponda. No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la violencia hacia cualquier persona con algún trastorno mental o adicción. Artículo 243 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas, al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo 243 Bis, en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un período hasta de dos años antes de la comisión del acto u omisión. Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes: I. Hagan vida en común, en forma constante y permanente, por un período mínimo de seis meses; (.) Artículo 243 Quáter.- Independientemente de que resulte otro delito, para los efectos del presente Capítulo se entiende por: I. Violencia física: Cualquier acción intencional, en la que se utilice parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; II. Violencia psicológica: Cualquier acción u omisión que puede consistir en insultos, marginación, restricción a la autodeterminación, humillación, amenazas, intimidación, coacción o condicionamiento que provocan en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación en las diferentes áreas de su autoestima y personalidad; (.) 243 Quintus. Los delitos previstos en este Capítulo, se perseguirán por querella excepto cuando: V. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes; (.) VII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima; o (.) Las punibilidades previstas en este Capítulo, se aplicarán independientemente de la que resulte por la comisión de otros delitos. De acuerdo a la descripción legal antes trascrita la representación social sostuvo que para tener por demostrado el hecho que la ley califica como el delito de violencia familiar equiparado que se atribuye al quejoso es necesario demostrar: 1. Que el sujeto activo ejerza violencia sobre la víctima; 2. Que ello ocurra fuera o dentro del domicilio o lugar en el que habitan; 3. La existencia de una relación de hecho entre el imputado y la víctima. 4. El uso de una arma punzocortante; y, 5. La existencia de antecedentes documentados o denuncias de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima. Por otra parte, el ilícito de lesiones dolosas agravadas se encuentra previsto por los artículos 140, fracción I, y 141 Bis, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que disponen: Artículo 140. Comete el delito de lesiones el que causa a otro un daño en su salud. Cuando no concurra alguno de los resultados enunciados en el artículo siguiente, las lesiones se sancionarán: I. Si no ponen en peligro la vida y tardan en sanar hasta quince días, con multa de 10 a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; Artículo 141 bis. Al que dolosamente lesione a una mujer, se aumentará una tercera parte a la punibilidad que le corresponda por la lesión inferida. Descripción de la que se desprenden los siguientes elementos: 1. Que el sujeto activo cause un daño en la salud del pasivo. 2. Que ello ocasione lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar hasta quince días. 3. Que la sujeto pasivo sea una mujer. Ahora bien, precisado lo anterior, la suscrita estima que, como en forma acertada lo sostuvo el jueza responsable, dentro de la causa penal de origen, la representación social proporcionó datos de prueba suficientes para demostrar que se cometió un hecho, que la ley señala como el delito de violencia familiar equiparada, pues son aptos para afirmar de manera razonada que: 1. El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, entre las doce y catorce horas, cuando la víctima regresó a su casa ubicada en la calle Ejército Nacional número 129, fraccionamiento Polanco, colonia La Moreno, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, después de hacer su despensa, fue abordada por el imputado con quien tenía una relación desde hacía cinco años en la que procrearon dos hijos; quien le preguntó: ¿dónde chingada madre estabas? ¿por qué no contestas el puto teléfono?, haciéndole saber que ya le había marcado treinta y ocho veces sin que ella le contestara, para después tomar las bolsas de la despensa y al advertir que la sujeto pasivo había comprado una blusa y brasier le dijo que era una pinche piruja y comenzó a jalonearla para sacarla de la casa. 2. El veintidós de junio de dos mil diecinueve, siendo aproximadamente las diez horas, cuando la víctima se encontraba en la cocina de su casa, llegó su pareja y le dio un puñetazo en la boca, diciéndole que era una fácil, después la aventó en la espalda una botella de agua y una jarra eléctrica, le dio de puñetazos en la cara y cabeza y la golpeó en la cabeza con un sartén; que tomó un cuchillo de la cocina y le dijo que si hablaba le cortaría los dedos y la valía madres que la tuviera que apuñalar. 3. El nueve de julio de dos mil diecinueve, aproximadamente a las diez de la noche, el imputado llevó a cenar a la sujeto pasivo y al conducir sobre la autopista de Santa María Asunción, le dijo que la iba a dejar ahí en la sierra por piruja y puta; y llegando a la casa el agresor tomó una tijeras para cortar el pasto y le dijo que si gritaba le cortaría el primer dedo, que le haría preguntas y por cada mentira le cortaría un dedo. 4. El dos de septiembre de dos mil diecinueve, a las dieciocho horas aproximadamente, el imputado golpeó a la víctima con los puños cerrados en los ojos y nariz, ocasionándole un sangrado y protuberancias en la frente, así como moretones y heridas en la sien del lado izquierdo y golpes en todo el cuerpo. 5. El veintitrés de abril de dos mil veinte, siendo aproximadamente las trece horas, cuando la víctima se encontraba en la cocina, el sujeto activo la agredió verbalmente diciéndole que ya estaba de puta y piruja, que él no estaba para mantener pirujas y que ha chingar a su madre por puta y piruja, por lo que la jaló de ambos brazos tirándola al piso y la llevó hasta la puerta principal de la casa. Se afirma lo anterior, porque el agente del Ministerio Público hizo del conocimiento del juez de control, las entrevistas realizadas a la víctima Karen Denisse Rodríguez Centeno, quien manifestó que tuvo una relación de pareja con el imputado por aproximadamente cinco años, con quien procrearon dos hijos, que tenían su domicilio en la calle Ejército Nacional número 129, fraccionamiento Polanco, colonia La Moreno, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y que él siempre fue celoso y violento. Que el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la entrevistada salió de su casa para hacer la despensa y al regresar entre las doce y catorce horas, su pareja la estaba esperando y le preguntó qué ¿dónde chingada madre estaba? que ¿por qué no contestas del puto teléfono?, que tenía treinta y ocho llamadas perdidas, por lo que le arrebató las bolsas de las compras y comenzó a revisarlas advirtiendo que se había comprado una blusa y brasier, cosa que lo molestó diciéndole que las había comprado para irse de pinche piruja, por lo que comenzó a jalonearla para sacarla de la casa. Que el veintidós de junio de dos mil diecinueve, cuando se encontraba en la cocina de su casa, siendo aproximadamente las diez horas, llegó su pareja cuestionándola sobre su teléfono celular y al no encontrar respuesta de la entrevistada le dio un puñetazo en la boca, diciéndole que era una fácil, después la aventó en la espalda una botella de agua y una jarra eléctrica, le dio de puñetazos en la cara y cabeza, después tomó una sartén y la golpeó en la cabeza, que también tomó un cuchillo de la cocina y le dijo que si hablaba le cortaría los dedos y la valía madres que la tuviera que apuñalar. Que el nueve de julio de dos mil diecinueve, aproximadamente a las diez de la noche, el imputado llevó a cenar a la sujeto pasivo y comenzó a cuestionarla sobre una persona que le había enviado mensajes, por lo que durante el trayecto cuando transitaban sobre la autopista de Santa María Asunción, le dijo que la iba a dejar ahí en la sierra por piruja y puta, y llegando a la casa el agresor tomó una tijeras para cortar el pasto y le dijo que si gritaba le cortaría el primer dedo, insistiéndole en preguntar quién era el sujeto que le había enviado mensajes y le dijo que le haría preguntas y por cada mentira que ella le dijera le cortaría un dedo. Que el dos de septiembre de dos mil diecinueve, a las dieciocho horas aproximadamente, el imputado golpeó a la víctima con los puños cerrados en los ojos y nariz, ocasionándole un sangrado y protuberancias en la frente, así como moretones y heridas en la sien del lado izquierdo y golpes en todo el cuerpo. Finalmente narró que el veintitrés de abril de dos mil veinte, siendo aproximadamente las trece horas, cuando la víctima se encontraba en la cocina, el sujeto activo le pidió le entregara su teléfono celular y al negarse a hacerlo, la agredió verbalmente diciéndole que ya estaba de puta y piruja, que él no estaba para mantener pirujas y que ha chingar a su madre por puta y piruja, por lo que la jaló de ambos brazos tirándola al piso y la llevó hasta la puerta principal y la saco de la casa. Manifestaciones de la ofendida que toman valor preponderante como dato de prueba apto y suficiente para demostrar los hechos que la ley califica como el delito de violencia familiar equiparada; pues de ellas se desprende que la existencia de una relación de hecho entre ella y su agresor con quien hizo vida en común y tuvieron dos hijos. Así también que el sujeto activo ejerció en su contra actos de violencia tanto física como psicológica, como en forma acertada lo sostuvo el juez de la causa, dado que de los hechos narrados se advierte que el imputado además de golpearla en diversas ocasiones, también se ha dirigió a la víctima con calificativos ofensivos tales como piruja y puta, y la ha amenazado con cortarle cada uno de los dedos en caso de que ésta incurriera en mentiras ante cuestionamientos que él le realizó, o incluso apuñalarla con el cuchillo que empuña. Dato de prueba que se estimó suficiente para demostrar la existencia de la acción consistente en la uso de la violencia física y moral ejercita por el imputado en contra de la víctima con quien tiene una relación de hecho; sobre la base de que no constituye un dato de prueba asilado. Contrario a ello, el dicho de la ofendida se ve robustecido con dos dictámenes sobre descripción, clasificación y temporalidad de lesiones. El primero, de fecha veintidós de junio de dos mil diecinueve, emitido por la doctora Diana Hernández Soto, quien después de tener a la vista a la ofendida, concluyó que presentó las siguientes lesiones: aumento de volumen en región pariental derecha de forma irregular de 5 X 5.3 centímetros; región temporal del lado derecho con equimosis vinosa irregular de 6 X 4.5. centímetros; occipital lado derecho con equimosis vinosa irregular de 6 X 3 centímetros; equimosis vinosa irregular de 6 X 3 centímetros en región posterior del cuello; equimosis violácea irregular de 4.5 X 3 centímetros en pirámide nasal; en mejilla derecha equimosis violácea irregular de 4.5 X 3 centímetros, labio superior con aumento de volumen en línea media irregular de 3.5 X 2 centímetros; equimosis violáceo irregular de 4.5 X 3 centímetros en el tercio medio distal cara posterior del brazo izquierdo; equimosis violácea irregular de 7 X 3.5 centímetros en dorso de la mano izquierda; equimosis violácea irregular de 11 X 8 centrímet9os en región escapular derecha; equimosis violácea irregular de 7 X 5 centímetros en región escapular izquierda; lesiones que fueron clasificadas como aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar hasta quince días. El segundo de veinticuatro de abril de dos mil veinte, emitido por el doctor Eduardo Arturo Rivadeneira Figueroa, en el que hizo constar que a la exploración física de la víctima presentó equimosis violácea de 2X2 centímetros en cara lateral del cuello lado izquierdo; equimosis roja violácea de 4 X 4 centímetros a nivel del brazo del lado izquierdo; equimosis roja violácea de 3X4 centímetros en brazo del lado izquierdo; equimosis roja violácea a nivel antebrazo izquierdo; equimosis violácea roja de 4X2 centímetros en glúteo izquierdo; lesiones que clasificó como aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar hasta quince días, además de que guardan temporalidad acorde a los hechos. Datos de prueba que permiten sostener válidamente que lo narrado por la ofendida es verosímil, pues como lo sostuvo de manera acertada el juez de la causa, el dicho de ésta en el sentido de que fue agredida físicamente por su pareja pues efectivamente presentó lesiones en cara y cuello. Y por lo que hace a las agresiones verbales con las que tuvo por actualiza la violencia psicológica, el juez responsable consideró el contenido del dictamen pericial en materia de piscología emitido por la psicóloga Olga Salcedo Nube, quien después de valorar a la ofendida concluyó que se venía desenvolviendo en un núcleo familiar secundario que se volvió conflictivo, disfuncional y amenazante derivado de las actitudes y comportamiento por parte de quien ella identifica como su pareja, que se tornó codependiente del imputado, ello a pesar de haber sufrido eventos de insatisfacción, sufrimiento personal, tolerando malos tratos, que posee dificultad para establecer límites con personas abusivas, que todo ello le ha ocasionado desvalimiento y autoestima baja, que posee indicadores de afectación en su estado emocional como son autoestima baja, tensión, ansiedad, que se muestra cautelosa al mantenerse a la expectativa, pues se siente observada y vigilada, y afirmó que tales indicares guarda relación con los hechos denunciados, pues son afines a víctimas de violencia familiar. Finalmente, por lo que hace a la existencia documentada de antecedentes o denuncias presentadas en contra del mismo agresor, el juez de control consideró lo manifestado por la representación social, en el sentido de que existe la carpeta de investigación 18/2018/3770, radicada en la Unidad IV CAVIT del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, iniciada por Karen Denisse Rodríguez Centeno, en contra del mismo imputado por violencia familiar. Datos de prueba que son aptos y suficientes para afirmar que el sujeto activo ejerció actos de violencia en contra de la víctima con quien sostenía una relación de hecho, lo cual ocurrió tanto fuera como dentro del domicilio en el que habitaban, utilizándose en uno de los eventos un arma punzocortantes, además de que existen antecedentes de una denuncia presentada con antelación en contra del mismo imputado por violencia familiar. Hechos que se adecuan a la descripción legal del delito de violencia familiar agravada que se atribuye al quejoso. Por otra parte, también son aptos para demostrar la actualización de un hecho que la ley califica como el delito de lesiones dolosas agravadas, dado que de acuerdo a lo manifestado por la ofendida al ser entrevistada, fue agredida por el sujeto activo en diversas ocasiones ocasionándoles diversas lesiones en la cara, cuello y manos; las cuales fueron ya descritas con antelación, y que de acuerdo a los dictámenes periciales que obran en la carpeta de investigación fueron clasificadas como aquellas que no ponen en peligro la vista y tardan en sanar hasta quince días, destacándose que la víctima es una mujer. En otro tenor, con relación a la existencia de datos que generen la probabilidad de que el imputado cometiera o participara en los hechos que la ley señala como los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas agravadas, la suscrita considera que también es acertada la determinación de la autoridad responsable, al afirmar que la Agente del Ministerio Público aportó datos de investigación suficientes para estimar probable la participación del quejoso pues en su contra obran las imputaciones realizadas por la ofendida así como sus hermanas de nombres Carla Cecilia y Ana Catiuska de apellidos Rodríguez Centeno, quienes al ser entrevistadas coincidieron en señalar al imputado como la persona que agredió a la denunciante. En ese tenor, se afirma que el auto de vinculación a proceso decretado en contra de la imputada el treinta de abril de dos mil veinte, con relación al delito de violencia familiar, cumple con los requisitos que para su emisión exige el artículo 19 constitucional; por tanto, no es violatoria de derechos fundamentales. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA CON RELACIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados. En efecto, el juez de control decretó dentro de la causa penal de origen, la medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa por el término de dos años, en razón de que uno de los hechos que se le imputan son constitutivos del ilícito de violencia familiar equiparada, en la que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 243 Quintus del Código Penal para el Estado de Hidalgo, pues al ejercer el activo violencia psicológica en contra de la víctima hizo uso de armas punzocortantes, consistentes en un cuchillo de cocina y unas tijeras para portar pasto, amenazándola con apuñalarla o cortarles uno a uno los dedos. Determinación que, a juicio de la suscrita, se encuentra ajustada a derecho. Para comprensión de lo anterior, conviene puntualizar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, señala: "Artículo 19. (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. (.)". De la interpretación gramatical de dicho precepto constitucional, se tiene que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, se tiene que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, tratándose de delitos cometidos con medios violentos como armas. De igual manera, los artículos 155, fracción XIV, 156 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: (.) XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. (.)" "Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. (.) Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. (.) El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. (.)". De la interpretación de dichos preceptos legales, se tiene que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias medidas cautelares, entre ellas la de prisión preventiva. De tal manera que el juez de control, al imponer alguna de ellas, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución; también, para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. De igual forma, se advierte que el legislador determinó la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, entre otros casos, tratándose de delitos cometidos con medios violentos como armas. Así, se tiene que el supuesto de procedencia para la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva que fue decretada por el juez responsable, se encuentra contenido en los artículos 19 de la Constitución y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que se refiere a la prisión preventiva oficiosa, por virtud de la comisión de delitos cometidos con medios violentos como armas. En la especie, de las constancias atinentes y de la reproducción del disco versátil digital respectivo, se advierte que al ahora quejoso antes de decretársele la medida cautelar de la que se duele, se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de violencia familiar equiparada previsto y sancionado por los artículos 243 Bis, 243 Ter, fracción I, 243 Quáter, fracciones I y II, y 243 Quintus, fracción V y VII, del Código Penal para el Estado de Hidalgo; pues al ejercer el activo actos de violencia psicológica en contra de la sujeto pasivo hizo uso de armas punzocortantes. Luego, si del artículo 19 constitucional transcrito en párrafos que anteceden se advierte que la medida cautelar de prisión preventiva se impondrá de manera oficiosa cuando se dé, entre otros supuestos, tratándose de delitos cometidos con medios violentos como armas; es inconcuso que en el particular sí se está ante uno de los casos en que dicho numeral prevé la imposición de la prisión preventiva oficiosa. De ahí que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se encuentre justificada; de lo que deriva la legalidad de la medida cautelar oficiosa acorde con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se observa que el juez responsable determinó que la medida cautelar sería por dos años, que es el tiempo que durará su proceso, lo que es ajustado a derecho dado que para la imposición de ese tipo de medidas cautelares el plazo no podrá exceder de dos años. De esta manera, es dable concluir que la determinación reclamada no transgrede prerrogativa alguna del peticionario del amparo, amén de que dicha medida cautelar se resolvió como consecuencia de los hechos criminosos que le imputó la representación social, esto es, violencia familiar equiparada, cometidos con medios violentos como armas. Por tanto, este juzgador de amparo estima válida la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, aquí quejoso. No obsta para afirmar lo anterior, las manifestaciones vertidas por el solicitante de amparo en el sentido de que la resolución reclamada es violatoria de los principios de interpretación conforme y criterio pro persona; la garantía de presunción de inocencia; derecho a la legalidad; de contradicción e inmediación; acusatorio y presunción de inocencia; de proporcionalidad en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad y; el derecho a la libertad personal; que, refiere, tutelan sus derechos fundamentales e imponen la obligación al juez de control del uso de herramientas interpretativas que justifiquen la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar dentro del proceso penal al que se le vinculó. Consideraciones que son infundadas dado que, contrario a lo sostenido por el solicitante de amparo, la juez natural no se encontraba obligada a realizar el análisis sobre la procedencia de la medida cautelar de prisión preventiva, pues ese ejercicio fue realizado ya por el constituyente durante la reforma del artículo 19 constitucional, que fue trasladado al numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcritos. Esto es, el análisis que el quejoso pretende realice la juez de control, fue efectuado ya por el constituyente; pues tal ejercicio se realizó durante el desarrollo de la formación de la norma en la que se determinó que el delito de violación (equiparada), forma parte del catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. De ahí que no le sea exigible a la juez de control efectuar el análisis de idoneidad y proporcionalidad de tal medida, a través de la evaluación de riesgo. Es decir, no está obligada a exponer la justificación que motive su establecimiento de acuerdo con los lineamientos contenidos en los artículos 156, 167, párrafo primero, 168 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados. Por todo lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa y, toda vez que el suscrito no advierte queja deficiente que suplir a su favor, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por David Carmona Ávila, con relación a los actos y por las razones precisadas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a David Carmona Ávila, contra los actos y autoridad responsable precisados en el considerando sexto de esta sentencia... M-VI
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...SE SOBRESEE CON RELACIÓN A LOS ACTOS Y POR LAS RAZONES PRECISADAS EN EL CONSIDERANDO TERCERO LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE...M-VI
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