Erick Díaz Méndez y Otros.
Expediente 458/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Erick Díaz Méndez y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el veinte de mayo de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo de cuenta, remitido por la directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual, en relación al oficio DDH/02565/2022 de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita diversa información relacionada con el juicio de amparo 56/2013, del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia se procede a dar contestación a los puntos que solicita: 1. Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del juicio de amparo 56/2013, así como los datos relativos a los recursos interpuestos en la secuela procesal o contra las sentencias que se hubieren emitido. 2. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes, el sentido de la sentencia, así como la fecha en que fue notificada a los peticionarios. RESPUESTA: El once de enero de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, entonces con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez (fojas 3 a 30 tomo I), se recibió la demanda de amparo promovida por el COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN JALTEPEC DE CANDAYOC, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DISTRITO MIXE, ESTADO DE OAXACA, por conducto de Emiliano López Victoriano, Modesto Miguel Fuentes, y Apolinar Martínez Marcelino, presidente, secretario y tesorero, respectivamente, y de EUSTOLIA GARRIDO ZACARÍAS, LIZ MARÍA GARRIDO ZACARÍAS, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ REYES, ADELINA VARGAS BIELMA, MARGARITA CAYETANO CRUZ, MAURILIA ZACARÍAS TINOCO, MARÍA REMIGIO REYES, GUILLERMINA REYES REMIGIO, OBDULIA BIELMA GARRIDO, NATALIA VICTORIANO FRANCISCO, ABDÍAS PACHECO HERNÁNDEZ, ESPERANZA REYES Y LEONOR MARTÍNEZ MEDINILLA, de la cual correspondió conocer a este juzgado por razón de turno; en ella, los quejosos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal por violación a sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 2 apartado B, fracción III y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; artículo 5° de la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y artículos 2, 3, 4, 7 y 12 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, contra actos de las siguientes autoridades: 1.- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- Secretario de Salud. 3.- Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. 4.- Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca. Autoridades a quienes reclamaron los siguientes actos: "IV.- ACTOS RECLAMADOS A). Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos reclamamos la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en los artículos 87 y 89 fracción X de la Constitución y en los artículos 9, 10, 11 y 13 apartado A y relativos de la Ley General de Salud, respecto de nuestro derecho a disfrutar del más alto nivel de bienestar físico, mental, espiritual y social (derecho a la salud), reconocido por el artículo 1°, 2° apartado B, fracción III y 4° de la misma, sin discriminación ni obstáculo alguno; reconocido también por el artículo 12 del PIDESC y por el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, artículo 2 inciso b) del Convenio 169 de la OIT; los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana; el artículo 5° de la Convención Para la eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y los artículos 2, 3, 4, 7 y 12 de la CEDAW. B). Del Secretario de Salud reclamamos su omisión en el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 9, 10, 11, 13 apartado A y relativos de la Ley General de Salud, para garantizar a los suscritos, a nuestras familias y a todos y cada uno de los miembros de la comunidad que representamos, el disfrute del derecho a la salud reconocido en los preceptos constitucionales y convencionales mencionados en el párrafo anterior. C). Del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, reclamamos su omisión en el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el artículo 80 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en los artículos 9, 10, 11, 13 apartado B y relativos de la Ley General de Salud, así como en los artículos 2°, 4° y relativos de la Ley Estatal de Salud, para garantizar a los suscritos, a nuestras familias y a todos y cada uno de los miembros de la Comunidad que representamos, el disfrute del derecho a la salud reconocido en los preceptos constitucionales y convencionales mencionados en el inciso A) del presente apartado. D). Del Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, reclamamos su omisión en el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y en los artículos 2°, 4° y relativos de la Ley Estatal de Salud, para garantizar a los suscritos, a nuestras familias y a todos y cada uno de los miembros de la Comunidad que representamos, el disfrute del derecho a la salud reconocido en los preceptos constitucionales y convencionales mencionados en el inciso A) del presente apartado." La demanda de amparo se admitió el quince de enero de dos mil trece, en donde se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se programó la audiencia constitucional (fojas 105 a 107 del tomo I). La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiuno de noviembre de dos mil trece (fojas 473 a 488 del tomo I). El veinte de febrero de dos mil catorce, se engrosó la sentencia correspondiente, en la cual, el entonces titular de este órgano jurisdiccional determinó sobreseer por una parte en el juicio de amparo, respecto de las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, con residencia en la Ciudad de México, toda vez que las mismas negaron la existencia de los actos reclamados, y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa. Por otra parte, al considerar que las diversas autoridades responsables vulneraron en perjuicio de la parte quejosa los derechos humanos tutelados por el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho a disfrutar del más alto de nivel de bienestar físico, mental, espiritual y social. Mediante la puesta a su disposición de servicios de atención de salud de calidad, gratuita, completa, universal y adaptada a su cultura, tradiciones y forma de organización, sin obstáculos y sin discriminación alguna; concedió el amparo y protección de la justicia federal a los aquí quejosos, contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca (fojas 489 a 533 del tomo I); para los siguientes efectos: "...subsanen las omisiones señaladas acápite, debiendo ampliar y adecuar suficientemente las instalaciones de la unidad médica que actualmente existe en la comunidad de San Juan Jaltepec de Candayoc, Municipio de San Juan Cotzocón, Distrito Mixe, Oaxaca, que cuente con los elementos y servicios para su buen funcionamiento, esto es, de infraestructura y equipamiento, personal administrativo bilingüe o intérpretes (español y ayuuk mixe), médicos especializados, y medicamentos suficientes para garantizar el ejercicio efectivo al acceso a la salud de calidad..." Dicha determinación fue notificada a los peticionarios de amparo de manera personal, el cinco de marzo de dos mil catorce, por conducto de su representante común (foja 550 del tomo I). Inconformes con dicha determinación, los aquí quejosos interpusieron en su contra recurso de revisión; del que correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quien lo radicó con el número amparo en revisión 113/2014, de su índice (foja 605 tomo II), y el veintiséis de mayo de dos mil catorce, ese Tribunal admitió el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, por conducto de su Delegado (foja 610 tomo II). El citado medio de impugnación fue resuelto en sesión celebrada el treinta de septiembre de dos mil catorce, por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el que, al considerar que el Juez de Distrito debe resolver el juicio la efectiva actualización o no del interés legítimo con base en la fijación de los actos reclamados y la valoración de las constancias de autos, determinaron revocar la sentencia recurrida y ordenaron reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo (fojas 621 a 690 tomo II), para el efecto de que este órgano jurisdiccional procediera en los siguientes términos: ".es necesario requerir a esas personas para que exhiban copia certificada del documento que aportaron en copias simples, o bien, exhiban el original para que el personal del Juzgado certifique aquellas, dado que, en este caso específico no es posible soslayar que existen datos deducidos de las pruebas anteriormente relacionadas (documentales y pericial) que indiciariamente revelan que la localidad de Jaltepec de Candayoc, San Juan Cotzocón, Oaxaca, tiene un alto grado de marginación y las características de una comunidad indígena, por ende, como el Juez debe resolver en el Juicio la efectiva actualización o no del interés legítimo con base en la fijación de los actos reclamados y la valoración de las constancias de autos; se estima procedente se formule el requerimiento conducente, para que en su caso , se verifique si quienes promovieron por su propio derecho, tienen interés legítimo para accionar en el caso concreto como vecinos de "la agencia municipal de San Juan Jaltepec de Candayoc, municipio de San Juan Cotzocón, Distrito Mixe, Oaxaca. Por tanto, resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento en el juicio constitucional, a efecto de que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por una parte, formule el requerimiento a que se alude en esta consideración y por otra, recabe, desahogue y, en su caso, perfeccione las pruebas que conforme a lo aquí precisado, y también estime conveniente, resulten necesarias e indispensables para resolver el asunto." En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, el siete de octubre de dos mil catorce, el titular de este órgano jurisdiccional requirió a los aquí quejosos EUSTOLIA GARRIDO ZACARÍAS, LIZ MARÍA GARRIDO ZACARÍAS, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ REYES, ADELINA VARGAS BIELMA, MARGARITA CAYETANO CRUZ, MAURILIA ZACARÍAS TINOCO, MARÍA REMIGIO REYES, GUILLERMINA REYES REMIGIO, OBDULIA BIELMA GARRIDO, NATALIA VICTORIANO FRANCISCO, ABDÍAS PACHECO HERNÁNDEZ, ESPERANZA REYES Y LEONOR MARTÍNEZ MEDINILLA, para que exhibieran los originales de sus credenciales de elector o bien, copia certificada de las mismas, apercibidos que de no cumplir con ello, en su oportunidad se resolvería lo que en derecho procediera y entre otras cosas, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se reservó proveer respecto a los diversos tópicos ordenados por el Tribunal Colegiado (foja 691 tomo II). El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, se solicitó al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Delegación Oaxaca; al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Oaxaca; y al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, rindieran informes respecto a diferentes puntos relacionados con la comunidad de San Juan Jaltepec de Candayoc, Municipio de San Juan Cotzocón, Distrito Mixe, Oaxaca (foja 733 a 734). En auto de veinte de abril de dos mil quince, se tuvo a la autorizada de la parte quejosa exhibiendo copia certificada de las credenciales de elector, únicamente de los quejosos: LIZ MARÍA GARRIDO ZACARÍAS, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ REYES, ADELINA VARGAS BIELMA, MARGARITA CAYETANO CRUZ, MAURILIA ZACARÍAS TINOCO, MARÍA REMIGIO REYES, GUILLERMINA REYES REMIGIO, OBDULIA BIELMA GARRIDO, NATALIA VICTORIANO AMBROSIO, ABDÍAS PACHECO HERNÁNDEZ Y LEONOR MARTÍNEZ MEDINILLA, no así de las diversas quejosas Eustolia Garrido Zacarías y Esperanza Reyes (foja 760 tomo II). Una vez cumplidos los requerimientos solicitados por el Tribunal de Alzada, la audiencia constitucional tuvo verificativo el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 1373 a 1374 del tomo II). El diez de abril de dos mil diecisiete, se engrosó la sentencia respectiva, en la que el entonces Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, determinó sobreseer el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, pues consideró que los quejosos no acreditaron la afectación a su interés jurídico (fojas 1375 a 1386 del tomo II). Resolución que fue notificada a la parte quejosa el diecisiete de abril de dos mil diecisiete (foja 1395 del tomo II). Inconformes con dicha determinación, los aquí quejosos interpusieron en su contra recurso de revisión; del que correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quien lo radicó con el número amparo en revisión 414/2017 de su índice, de igual manera, admitió el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretaría de Salud. Mediante sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 1445 a 1544 del tomo II), dicho Tribunal al considerar que las autoridades responsables fueron omisas en garantizar a los miembros de la Comunidad Mixe de Jaltepec de Candayoc, el ejercicio efectivo del derecho a disfrutar del más alto nivel de bienestar físico, mental, espiritual, y social, al no atender con suficiencia los determinantes sociales de la salud y no proveer de servicios de atención a la salud de calidad, en forma gratuita, integral, universal, oportuna, resolutiva y adaptada a su cultura sin discriminación alguna, ya que las políticas de salud que implementaron en dicha comunidad no cumplen con lo previsto en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no garantizarles el goce efectivo de tal derecho a través del cumplimiento de un mínimo de condiciones, respecto a la disponibilidad, la accesibilidad geográfica, económica y cultural, la aceptabilidad, la calidad de los servicios y la no discriminación, determinó revocar la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".las autoridades responsables, en el ámbito de sus responsabilidades: Provean de inmediato lo necesario a fin de subsanar las omisiones destacadas. Esto es: a). Determinen la ampliación del Centro de Salud de San Juan Jaltepec de Candayoc, Municipio de San Juan Cotzocón, Distrito Mixe, Oaxaca: b). Doten de una unidad móvil nueva y debidamente equipada (ambulancia) al Centro de Salud; c). Provean al Centro de Salud del instrumental o equipo médico necesario y suficiente, para atender las necesidades de la comunidad; d). Doten al Centro de Salud del cuadro básico de medicinas y del personal administrativo y médico que hable y entienda suficientemente la lengua Ayuuk o bien de algún intérprete del español y Ayuuk Mixe a fin de facilitar la comunicación en las atenciones y programas que se realicen; e). Provean lo necesario a fin de que se proporcione atención médica en un horario más amplio, con personal de apoyo que atienda con esmero y el debido respeto a quienes requieren de esos servicios y que además proporcionen la atención de partos y urgencias, esto es de lunes a domingo, las veinticuatro horas del días, los trescientos sesenta y cinco días del año." En proveído de once de julio de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal de Alzada (foja 1546 del tomo II). El presente juicio de amparo actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento de ejecutoria. Informe si en los expedientes las personas peticionarias manifestaron transgresiones a su derecho a la participación política derivado de la falta de una consulta libre e informada respecto de medidas administrativas o legislativas relacionadas con el diseño e implementación de los Programas de Desarrollo Humano Oportunidades y de Inclusión Social (Programa Prospera). De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. RESPUESTA: No se advierte. Si señalaron violaciones a su derecho humano a la vida digna, derivado de que los referidos programas omitieron implementar medidas adecuadas, pertinentes y efectivas orientadas a la satisfacción, comunitaria e individual de sus derechos económicos, sociales y culturales. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. RESPUESTA: Los quejosos, señalaron violaciones a su derecho humano a la vida digna, los pronunciamientos respectivos fueron el auto de admisión de demanda de amparo, la sentencia de veinte de febrero de dos mil catorce, dictada por este Juzgado de Distrito, así como la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el amparo en revisión 414/2017, de su índice. Si alegaron vulneraciones a su derecho a la igualdad y no discriminación o a su derecho a la igualdad protección ante la ley, atribuido a una presunta falta de acceso a políticas sociales y/o a sus derechos culturales, a la salud o algún otro derecho progresivo, ante la falta de adecuaciones pertinentes que les permitieran tener acceso en igualdad de condiciones que las demás personas a los beneficios de los programas de interés. En este mismo sentido, si adujeron una ausencia de igualdad de circunstancias respecto de otras beneficiarias y beneficiarios en virtud de que al diseñar los programas no se consideró su cultura, tradiciones, lengua, cosmovisión, así como su forma de organización y toma de decisiones. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. RESPUESTA: Sí, el pronunciamiento respectivo fue admitir la demanda de amparo, la sentencia de veinte de febrero de dos mil catorce, dictada por este Juzgado de Distrito, y la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el amparo en revisión 414/2017, de su índice. Si manifestaron afectaciones al derecho a una vida libre de violencia de las peticionarias, debido a que en el diseño e implementación de los programas mencionados no se consideró un impacto diferenciado en las mujeres de la Comunidad Indígena de San Juan Jaltepec de Candayoc, dado contexto de violencia de género en el que aludieron vivir. Adicionalmente si adujeron que los Programas de Desarrollo Humano Oportunidades y de Inclusión Social reforzaron estereotipos de género. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. RESPUESTA: Sí, el pronunciamiento respectivo fue admitir la demanda de amparo, la sentencia de veinte de febrero de dos mil catorce, y la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el amparo en revisión 414/2017, de su índice. Comunique si las personas peticionarias refirieron vulneraciones a su derecho a la protección judicial y/o a las garantías del debido proceso derivado de la falta de un recurso eficaz contra las aludidas transgresiones a derechos humanos. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. RESPUESTA: No se advierte Si alegaron la vulneración a sus derechos humanos en virtud de la falta de medidas legislativas o de cualquier otro carácter para garantizar los derechos arriba referidos y en particular el ejercicio si discriminación de las mujeres de la comunidad a su derecho a una vida libre de violencia y a que se adoptaran medidas positivas con la debida diligencia a fin de prevenir cualquier tipo de violencia o discriminación, erradicarla y brindarles protección contra cualquier afectación. De ser el caso, los pronunciamientos emitidos al respecto. RESPUESTA: Sí, el pronunciamiento respectivo fue admitir la demanda de amparo, la sentencia de veinte de febrero de dos mil catorce, y la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el amparo en revisión 414/2017, de su índice. Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante, remítase copia certificada de manera electrónica de las constancias que solicita, a excepción del auto en el que se ordena el archivo del juicio, toda vez que el mismo se encuentra en etapa de cumplimiento; para lo anterior, se le tiene proporcionando los correos electrónicos dgdhigai@correo.cjf.gob.mx, e informes_dgdhigai@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que estén en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga. Ahora bien, con la finalidad de poder resolver este asunto, con apoyo en lo dispuesto 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, para que en el plazo de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, remita copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 263/2019, a que se refiere en el informe de cuenta, así como de la notificación realizada a las partes de dicho laudo. Apercibido que de no hacerlo o manifestar el impedimento legal que le asista, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con los preceptos 238 y 259 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta y anexos, suscrito por la Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Segundo Especializado en Oralidad Mercantil, del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por el que devuelve sin diligenciar el despacho 106/2022, en el que se ordenó girar por este juzgado el cuatro de marzo del año en curso, a fin de notificar diversos oficios a la Asamblea de la comunidad de la Agencia de Policía, agente de Policía y secretario de la Agencia de Policía, todos de Santiago Progreso, San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca. Por tanto, téngasele devolviendo la referida comunicación oficial y hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno respectivo. Ahora, en diligencia levantada el veinticuatro de febrero pasado, por la actuaria adscrita al aludido juzgado del orden común, se advierte la imposibilidad para hacer entrega de los oficios 12018/2020, 12019/2020 y 12020/2020, dirigidos a la Asamblea de la comunidad de la Agencia de Policía, agente de Policía y secretario de la Agencia de Policía, todos de Santiago Progreso, San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca; en la cual expuso lo siguiente: "RAZÓN DE JUDICIAL DE IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN.- En la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día seis de abril del año dos mil veintidós, la suscrita Actuaría Judicial adscrita al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Segundo Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de la Cuenca, con las medidas de sanidad necesarias, esto para prevención al contagio del virus Coronavirus, SARS-COV2 (COVID-19) y con las formalidades de Ley, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de techa diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, dictado por la Juez de este Órgano Jurisdiccional, y el de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós dictado por la autoridad federal, dentro del despacho 0020/2022 del índice de este Juzgado, formado con motivo de su similar número 106/2022, con número de origen 56/2022, deducido del Juicio de Amparo número 1803/2016, del índice del Juzgado de Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, saliendo del Juzgado de mi adscripción en compañía del Oficial de Transporte del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, ciudadano Antero Regalado Heras, en vehículo oficial proporcionado por el Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, con el resguardo de la Policía Estatal, a cargo del Policía Tercero Paulino Cruz Pacheco, quien se identifica con su Gafete de Identificación expedido por la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca, con clave CURP CUPP790622HOCRCL08, en la que aparece una fotografía que coincide con los rasgos faciales de la persona que me la proporciona, misma que le devuelva por ser de su uso personal, conjuntamente con tres elementos a bordo del vehículo oficial con número económico 1402, con dirección al domicilio señalado como del Agente de Policía, Secretario de la Agencia de Policía, Asamblea de la Comunidad de la Agencia de Policía, todos de Santiago Progreso, San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca, haciendo un recorrido por aproximadamente de una hora con cuarenta minutos, hasta llegar a la comunidad de San Martin Soyoloapan, San Juan Bautista Valle Nacional Oaxaca, por así indicarlo un letrero que se encuentra fijado a la entrada de la citada comunidad, cuyo nombre aparece rotulado en una placa metálica fijada sobre un tubo metálico a orilla de carretera federal que conduce a las comunidades vecinas, entre ellas Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, letrero en donde textualmente se lee: "San Martin Soyoloapan", teniendo a la vista inmediatamente diversos vehículos estacionados tanto particulares, de transporte de pasaje, de carga, de venta de refrescos, entre otros: por lo que procedo a descender del vehículo oficial haciéndome acompañar del policía estatal, para informarme de la situación y ver si es posible nos permitan el acceso a la población de Santiago Progreso, por lo que al dicho de las personas que se encuentran en los vehículos son conflictos entre pueblos indígenas, por lo que caminamos al lugar en donde se encuentran los pobladores que ocasionan el bloqueo por aproximadamente ciento veinte metros del vehículo oficial al lugar del bloqueo, estando ubicados en el mismo pregunto a las personas que tienen cerrado el paso, "si es posible me permitan el acceso a Santiago Progreso", a lo que responden "quizá te dejemos entrar, pero no saldrán hasta que se resuelvo el conflicto", y comenzaron a hablar entre ellos en dialecto y a ponerse agresivos, por lo que nos retiramos inmediatamente del sitio de conflicto hacia los vehículos que nos trasladan, esto por proteger nuestra integridad física, ya que comenzaron a agarrar palos, machetes y a concentrarse en ese lugar; por lo que ante tal situación no es posible dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad federal, lo que se hago constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe." En tal circunstancia, y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria a la ley de la materia y, tomando en consideración el acuerdo 1/2002, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que se aprueba la redistritación judicial para la determinación de la competencia territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, así como la división territorial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, teniéndose presente la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este Juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese despacho al juez Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de la Cuenca, Oaxaca, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique los referidos oficios, dirigidos a la Asamblea de la comunidad de la Agencia de Policía, agente de Policía y secretario de la Agencia de Policía, todos de Santiago Progreso, San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca. Ahora bien, a efecto de resguardar la integridad del personal a quien se encomiende su desahogo, deberá informar la fecha y hora que señale para el desahogo de la diligencia de notificación que nos ocupa, lo que deberá informar con quince días de anticipación, a efecto de hacerlo del conocimiento del comisionado de la Policía Estatal. Hecho que sea, devuelva a la brevedad posible el despacho de que se trata, así como las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo anterior, apercibido que de no cumplir con lo anterior se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($96.22) por cincuenta (50), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, a fin de que la aludida fedataria judicial esté en condiciones de cumplir con la diligencia encomendada, gírese oficio al Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, adjuntando copia certificada de la razón levantada por dicha servidora pública, a fin de que tome las providencias necesarias para que el actuario encargado de llevar a cabo la diligencia, cuente con los elementos necesarios para cumplir con la diligencia de notificación ordenada. En relación con lo anterior, tomando en consideración que en la ejecutoria relativa a la sentencia dictada en el amparo en revisión 777/2019, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concedió el amparo a la parte quejosa en el presente juicio constitucional para los efectos siguientes: "[.] En este contexto lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Dionicio de la Cruz Méndez contra los actos que reclamó de la Asamblea General de la Agencia de Policía de Santiago del Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, para los efectos siguientes: a) Permita a Dionicio de la Cruz Méndez ingresar a la comunidad a hacer uso de los derechos que le fueron privados, sobre su vivienda y la tierra que le fue asignada en términos del Certificado de Derechos sobre Tierras de Uso común número 000001012384, que le deberán ser restituidos. b) Las autoridades comunitarias, en el ámbito de su competencia, deben emitir las providencias necesarias encaminadas a garantizar la paz en la comunidad y la integridad física del quejoso. c) El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través de las autoridades estatales y municipales competentes deberá supervisar el cumplimiento de esta sentencia, y colaborar conforme a las atribuciones que les hayan sido legalmente conferidas, para que el quejoso y la comunidad lleguen a un régimen de convivencia en el cual se respeten los derechos humanos y la libre determinación de la comunidad. Lo anterior sin perjuicio de que en caso de existir alguna conducta que sancionar, lleven a cabo el procedimiento correspondientes conforme a sus lineamientos, observando en todo momento los principios generales de la Constitución Federal, respetando las garantias individuales y los derechos humanos en el ejercicio de sus formas propias de gobierno. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos reclamados del Agente de Policía y Secretario de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, por tratarse de autoridades ejecutoras. [.]" Por tanto, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que, por su propio conducto, o en su caso, a través de las autoridades que al efecto designe, provea de todas las providencias necesarias para que el actuario encargado de llevar a cabo la diligencia encomendada, cuente con los elementos necesarios a fin de cumplir con lo requerido por este órgano jurisdiccional federal, consistente en hacer entrega de los oficios 12018/2020, 12019/2020 y 12020/2020, dirigidos a la Asamblea de la comunidad de la Agencia de Policía, agente de Policía y secretario de la Agencia de Policía, todos de Santiago Progreso, San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca. Oficios 12018/2020, 12019/2020 y 12020/2020, en virtud de los cuales contienen la transcripción del auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, en donde se realizaron los requerimientos para el debido cumplimiento la ejecutoria relativa a la sentencia dictada en el amparo en revisión 777/2019, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le informa que en su oportunidad se hará de su conocimiento la fecha en que se desahogará la diligencia encomendada. Apercibidos, dicha autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en su caso, las autoridades que al efecto se designen para tal encomienda, que de no cumplir con lo anterior se harán acreedores a una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($96.22) por cincuenta (50), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, 47, fracción XXIV de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, requiérase mediante oficio al comisionado de la Policía Estatal en el Estado de Oaxaca, a efecto de que designe a personal de la institución a su digno cargo, a efecto que preserven el orden y la seguridad pública, así como la integridad del personal del juzgado, durante el desahogo de las funciones propias del actuario judicial adscrito al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Primero Especializado en Oralidad Mercantil, del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Se le informa que en su oportunidad se hará de su conocimiento la fecha en que se desahogará la diligencia encomendada. En el entendido que de no cumplir con lo anterior se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($96.22) por cincuenta (50), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo. Ahora, respecto al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en virtud de que hasta la fecha no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al citado gobernador del Estado, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación, de cumplimiento a la misma, para los efectos por la que fue concedida. Se apercibe a la autoridad ante mencionada, a través de la persona física que la representa, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas atrás, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, conforme a lo dispuesto por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos con 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física, que ocupa el cargo de la autoridad a que se requiere, por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan. NOTIFÍQUESE.
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