Erick Diaz Mendez

Expediente 827/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
827/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Erick Diaz Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 2 C "... Agréguese el oficio firmado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad; al cual acompaña copia certificada del testimonio de la ejecutoria de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 184/2021, interpuesto por Erick Díaz Méndez; acúsese recibo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que el Tribunal Colegiado aludido declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte..."

  2. Principal

    ...Vista la certificación secretarial de cuenta, téngase a la parte quejosa designando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo a Griselda Rodríguez Muñoz y Celiflora Santiago Osorio, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Manuel Torres Ojeda, por no encontrarse registrado en dicho sistema y no haberse proporcionado documento alguno que lo acredite como licenciado en Derecho. Por otra parte, agréguese el escrito de Griselda Rodríguez Muñoz, recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), autorizada legal en términos amplios del qeujoso Erick Díaz Méndez, mediante el cual solicita la devolución del memorándum No B00.810.01-0453/2021, de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, exhibido con el escrito inicial de demanda En consecuencia, como lo solicita hágase la devolución del documento que refiere, la cual se efectuará únicamente al quejoso o a sus autorizados en términos amplios, previa copia certificada que se deje en autos, y constancia de recibo. Para lo cual, deberá presentarse ante este Juzgado Federal, con domicilio en Privada de Aldama, número ciento seis, código postal 71256, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con treinta y siete minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, con identificación oficial, copia simple de la misma y con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes en ella actúan, debido a la actual pandemia causada por el virus SARCoV2 (COVID 19). En la inteligencia que, conforme al artículo 6, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentran en posibilidad de generar la cita respectiva a través del sistema "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    ...Agréguese el oficio con firma electrónica signado por la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez; en su atención, se le tiene acusando recibo el diverso con el que se le remitió copias certificadas deducidas del presente juicio y original del escrito de expresión de agravios del quejoso Erick Díaz Méndez, contra el auto de veintiséis de julio pasado e informando que admitió el recurso de queja, el cual quedó registrado bajo el numero de 184/2021, de su indice. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por 0****, contra actos de la Comisión Nacional del Agua a través de su departamento de Dirección de Administración del Organismo de Cuenca Pacifico Sur, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 827/2021. Desechamiento. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1º fracción I y 5, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" Al efecto, existen las jurisprudencias siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Jurisprudencia 2a.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Jurisprudencia 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Los artículos y jurisprudencia transcritos, revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad, verbigracia las relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en los cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama sustancialmente de las autoridades responsables, lo siguiente: El memorándum No B00.810.01-0453/2021, de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, suscrito por la Administradora de Cuenca de Pacífico Sur dependiente de Comisión Nacional del Agua, a través del cual se le notifica la regularización por pagos en demasía durante los meses de marzo a septiembre del año dos mil veinte; y en vía de consecuencia, los descuentos aplicados a su salario a partir de la primera quincena de julio de dos mil veintiuno. Pues bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, en el particular, el impetrante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que presta sus servicios para la Comisión Nacional del Agua, asimismo, de las constancias acompañadas a su escrito inicial de demanda, se desprende que el peticionario de amparo se desempeña con el cargo de "SUPERVISOR TÉCNICO", con número de empleado 49792, esto es, como empleado de dicha Comisión. Bajo ese contexto, es dable concluir que los actos que se reclaman, no tienen el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque derivan del punto de coordinación existente entre la Comisión Nacional del Agua y Erick Díaz Méndez, como trabajador, que incide en el pago de su salario, con motivo de los descuentos realizados a partir de la primera quincena del mes de julio de dos mil veintiuno, a fin de recuperar el excedente del pago que le fue depositado durante los meses de marzo a septiembre del año dos mil veinte. Al respecto, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Los artículos 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo prevén que es competencia de los Tribunales de las Entidades Federativas, conocer de los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación. De igual manera, el ordinal 124, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (la cual regula las relaciones laborales entre los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión y organismos similares), prevén que será competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otras cosas, para conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre aquéllos y sus trabajadores. Así, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre Comisión Nacional del Agua y el quejoso como trabajador, regulada por el artículo 123 constitucional, cuyo propósito, esencialmente, es que cesen los descuentos aplicados el pago de sus prestaciones de ley; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. Entonces, entre el peticionario de amparo y Comisión Nacional del Agua, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, pues ya que el conflicto que entre ellos se suscita subyace de una relación de coordinación de carácter laboral. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y éste resulta notoriamente improcedente. Son aplicables al respecto, las tesis de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación. (Época: Décima Época. Registro: 2011343. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III. Materia(s): Común, Laboral. Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.). Página: 1956) "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. (Época: Décima Época. Registro: 2011298. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II. Materia(s): Común, Laboral. Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.). Página: 1639.) En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Consulta y notificación electrónica Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado el usuario GRISELDARODRIGUEZ en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en tal virtud, se le autoriza al referido usuario, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Es así, habida cuenta que conforme al numeral 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. Asimismo, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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