Erick Díaz Cortes
Expediente 571/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Erick Díaz Cortes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dictada en el presente juicio (fojas 67 a 71.). En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. En cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional misma que no es posible desahogarla (foja 14 reverso), en razón de que el suscrito encargado considera que no ha mediado el tiempo suficiente para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio 4407/2016 de diez de junio de dos mil dieciséis, acordado en proveído de trece siguiente (foja 60). En razón de lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su verificativo.
- Principal
A sus autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido el informe justificado que le corresponde; en consecuencia, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales.
- Principal
Visto el escrito presentado por Erick Díaz Cortes, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 2, 3, 5, 6, 19, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda propuesta. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 571/2016 y fórmese expediente. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace del conocimiento que en términos de los artículos 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información; asimismo, las partes podrán solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las TRECE HORAS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafos primero y cuarto, 63 fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo vigente, remitiendo a este juzgado: Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. En orden. Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien días Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que la Unidad de Medida y Actualización es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238, del texto normativo antes mencionado que estatuye lo siguiente: "Artículo 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo.= Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." De igual manera, solicítese a la autoridad responsable informe si tiene conocimiento de algún juicio de garantías promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. TERCERO INTERESADO: En términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado a la Secretaría de Educación Guerrero; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con la copia de demanda emplácesele al presente juicio por medio de oficio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionista que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo vigente. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo vigente. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su intención las documentales que anexa a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Jueza Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal.
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