Erick del Jesus Espinosa Ferrer
Expediente 168/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2023
Partes del expediente
- Erick del Jesus Espinosa Ferrer
Actuaciones
- Principal
MESA V..."Ciudad del Carmen, Campeche, uno de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, radíquese con el expediente 168/2023-V, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 2 porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 3 relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de "imposible reparación en juicio", entendiéndose por tales, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 4 supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias emergieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 5 de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 6 Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 7 por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." A partir de lo anterior, es factible concluir que a raíz del nuevo marco normativo generado con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, han quedado superados los criterios jurídicos donde el Máximo Tribunal de Justicia del País, ha fijado los alcances de la expresión "actos de imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tales criterios, se reflejan en la tesis aislada P. LVII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena Época, intitulada: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 8 dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Asimismo, en la tesis aislada P. LVIII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 10, Novena Época, con la voz: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Lo anterior, porque los criterios jurídicos transcritos, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual, a la fecha ya no acontece, debido a que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo, pone de manifiesto que el acto reclamado es la resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés, que declaró parcialmente fundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 44/20-2021/2C-II, por ende, modificó el auto recurrido en el sentido de que no era procedente declarar desierta la prueba adminiculada con reconocimiento judicial ofrecida por la actora. En ese tenor, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil catorce. Es así, en razón de que esa determinación no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo de la quejosa en forma actual o presente, sino que se trata de una resolución que sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva sin llegar a trascender al resultado del fallo, pues los efectos y consecuencias que llegare a producir la resolución reclamada, no son materializables inmediatamente, sino que dependerá de que la prueba que el quejoso pretende se declare desierta llegue a trascender al sentido de la sentencia que se emita en el procedimiento civil 44/20-2021/2C-II. Lo anterior, en razón de que la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 10 material a los derechos sustantivos del quejoso, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, pues únicamente tiene por objeto tener a las demandadas contestando en tiempo la demanda promovida y en su contra y que el procedimiento siga su curso hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal. En esa medida, podrá darse el caso de que el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen,al resolver el procedimiento civil 44/20-2021/2C-II, emita una determinación que favorezca los intereses de la parte quejosa. Por el contrario, de dictarse una resolución contraria a los intereses de la parte quejosa, hasta ese momento podrá determinarse si lo decidido por el juez responsable en la resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés, le causa una afectación a sus derechos sustantivos. Momento en que la parte quejosa podrá instar el juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva y hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron durante la tramitación del procedimiento ordinario laboral y precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que respecto a las pruebas, el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se desahoguen en forma contraria a la ley. Resulta aplicable la tesis aislada de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 11 Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXVI, página 862, Cuarta Época, intitulada: "CONFESION EN MATERIA DE TRABAJO. Si se reclaman en amparo los acuerdos por los que no se tuvo por desierta la prueba confesional ofrecida por el actor, y no se dieron por contestadas en sentido afirmativo las posiciones que la parte quejosa le articuló al mismo actor, así como la prevención de que ambas confesiones se verificaran nuevamente al ser notificadas a las partes interesadas, y el Juez de Distrito desecha la demanda, por improcedente, por tratarse de actos que constituyen violaciones a las leyes de procedimiento que sólo pueden ser reclamadas en el amparo que se promueve contra el laudo definitivo, debe confirmarse tal desechamiento, y no puede decirse que el juicio de amparo sea procedente porque el laudo que llegue a pronunciarse, no tienen segunda instancia, pues si la ley no le concede ese recurso, entonces tal laudo tiene el carácter definitivo y debe reclamarse mediante un juicio de amparo directo ante esta Suprema Corte." De igual forma, resulta aplicable la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuitito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Segunda Parte-2, julio -diciembre de 1988, página 428, Octava Época, intitulada: "PRUEBA PERICIAL, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE PROVEER LO CONDUCENTE PARA EL DESAHOGO INTEGRO DE LA. De acuerdo con las formalidades de la prueba pericial establecidas en los artículos 823, 824, 825 y 826 de la Ley Federal del Trabajo, al nombrar perito una de las partes debe dársele oportunidad a la contraparte de designar el suyo, y en caso de discrepancia en los dictámenes, la Junta nombrará un tercero en discordia. Por lo tanto, al no permitir la autoridad responsable que el perito de una de las partes rinda su dictamen, es claro que se actualiza la hipótesis contemplada en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, trascendiendo al resultado del laudo reclamado, porque la prueba pericial en que se apoye se apreciará unilateralmente, al no haberse permitido la emisión del dictamen de uno de los peritos, y en su caso el del tercero en discordia". Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****. 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 12 DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en ****. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 13 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, secretario proyectista de juzgado con quien actúa y da fe.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ERIK DEL JESÚS ESPINOSA FERRER, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 168/2023, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. MESA V..."Ciudad del Carmen, Campeche, uno de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, radíquese con el expediente 168/2023-V, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 2 porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 3 relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de "imposible reparación en juicio", entendiéndose por tales, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 4 supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias emergieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 5 de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 6 Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 7 por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." A partir de lo anterior, es factible concluir que a raíz del nuevo marco normativo generado con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, han quedado superados los criterios jurídicos donde el Máximo Tribunal de Justicia del País, ha fijado los alcances de la expresión "actos de imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tales criterios, se reflejan en la tesis aislada P. LVII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena Época, intitulada: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 8 dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Asimismo, en la tesis aislada P. LVIII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 10, Novena Época, con la voz: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Lo anterior, porque los criterios jurídicos transcritos, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual, a la fecha ya no acontece, debido a que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo, pone de manifiesto que el acto reclamado es la resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés, que declaró parcialmente fundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 44/20-2021/2C-II, por ende, modificó el auto recurrido en el sentido de que no era procedente declarar desierta la prueba adminiculada con reconocimiento judicial ofrecida por la actora. En ese tenor, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil catorce. Es así, en razón de que esa determinación no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo de la quejosa en forma actual o presente, sino que se trata de una resolución que sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva sin llegar a trascender al resultado del fallo, pues los efectos y consecuencias que llegare a producir la resolución reclamada, no son materializables inmediatamente, sino que dependerá de que la prueba que el quejoso pretende se declare desierta llegue a trascender al sentido de la sentencia que se emita en el procedimiento civil 44/20-2021/2C-II. Lo anterior, en razón de que la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 10 material a los derechos sustantivos del quejoso, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, pues únicamente tiene por objeto tener a las demandadas contestando en tiempo la demanda promovida y en su contra y que el procedimiento siga su curso hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal. En esa medida, podrá darse el caso de que el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen,al resolver el procedimiento civil 44/20-2021/2C-II, emita una determinación que favorezca los intereses de la parte quejosa. Por el contrario, de dictarse una resolución contraria a los intereses de la parte quejosa, hasta ese momento podrá determinarse si lo decidido por el juez responsable en la resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés, le causa una afectación a sus derechos sustantivos. Momento en que la parte quejosa podrá instar el juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva y hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron durante la tramitación del procedimiento ordinario laboral y precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que respecto a las pruebas, el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se desahoguen en forma contraria a la ley. Resulta aplicable la tesis aislada de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 11 Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXVI, página 862, Cuarta Época, intitulada: "CONFESION EN MATERIA DE TRABAJO. Si se reclaman en amparo los acuerdos por los que no se tuvo por desierta la prueba confesional ofrecida por el actor, y no se dieron por contestadas en sentido afirmativo las posiciones que la parte quejosa le articuló al mismo actor, así como la prevención de que ambas confesiones se verificaran nuevamente al ser notificadas a las partes interesadas, y el Juez de Distrito desecha la demanda, por improcedente, por tratarse de actos que constituyen violaciones a las leyes de procedimiento que sólo pueden ser reclamadas en el amparo que se promueve contra el laudo definitivo, debe confirmarse tal desechamiento, y no puede decirse que el juicio de amparo sea procedente porque el laudo que llegue a pronunciarse, no tienen segunda instancia, pues si la ley no le concede ese recurso, entonces tal laudo tiene el carácter definitivo y debe reclamarse mediante un juicio de amparo directo ante esta Suprema Corte." De igual forma, resulta aplicable la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuitito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Segunda Parte-2, julio -diciembre de 1988, página 428, Octava Época, intitulada: "PRUEBA PERICIAL, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE PROVEER LO CONDUCENTE PARA EL DESAHOGO INTEGRO DE LA. De acuerdo con las formalidades de la prueba pericial establecidas en los artículos 823, 824, 825 y 826 de la Ley Federal del Trabajo, al nombrar perito una de las partes debe dársele oportunidad a la contraparte de designar el suyo, y en caso de discrepancia en los dictámenes, la Junta nombrará un tercero en discordia. Por lo tanto, al no permitir la autoridad responsable que el perito de una de las partes rinda su dictamen, es claro que se actualiza la hipótesis contemplada en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, trascendiendo al resultado del laudo reclamado, porque la prueba pericial en que se apoye se apreciará unilateralmente, al no haberse permitido la emisión del dictamen de uno de los peritos, y en su caso el del tercero en discordia". Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****. 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis 12 DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en ****. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 168/2023-V 13 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, secretario proyectista de juzgado con quien actúa y da fe.
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