Erick Daniel Muciño Bravo

Expediente 515/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
515/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Erick Daniel Muciño Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. Agréguese a los autos el escrito signado por Erick Daniel Muciño Bravo, quejoso en este juicio de amparo, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de diecisiete de junio pasado; en tal virtud, se provee: DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone:... La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. La porción normativa antes transcrita tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. A efecto de evidenciar la existencia de la causa de inejercicio invocada, es de vital importancia traer a contexto lo consagrado en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, los cuales establecen:... Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL..." En vinculación directa con lo anterior, este Juzgado de Distrito estima pertinente destacar que los actos reclamados no se encuentran comprendidos en el caso de excepción que prevé la fracción IV, del artículo 17, de la Ley de Amparo antes transcrita, que autoriza la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo, en razón de que fue emitido dentro del procedimiento penal. Al respecto, no debemos olvidar que a raíz de la reforma de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el tres de abril de esta anualidad, se limitó la procedencia del juicio de amparo en cualquier tiempo siempre que se trate de actos fuera de procedimiento. En efecto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución dictada en el toca penal 91/2019, así como la orden de reaprehensión y su ejecución; sin embargo, la promoción del juicio resulta extemporánea, en virtud de que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de mayo del año en curso, tal como se desprende del escrito de mérito. [.] " B) Se hizo conocimiento de la orden así como del fallo hasta el 16 de Mayo de 2019."[sic] [.] Aspecto que por exclusión obliga a la promoción del juicio de amparo en el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17, de la ley de la materia, por tratarse de un acto emitido dentro de procedimiento. A efecto de evidenciar la extemporaneidad de la demanda de amparo respecto de los actos controvertidos, conviene reproducir el siguiente cuadro: Acto reclamado Fecha de conocimiento. Término de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Fecha de presentación de la demanda de amparo. La orden de reaprehensión y su ejecución. la resolución dictada en el toca penal ***. Dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Del diecisiete de mayo al seis de junio de dos mil diecinueve. Diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Bajo esa tesitura, es inconcuso que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en esta ciudad, el diecisiete de junio de la presente anualidad, esto es, cuando el plazo de quince días concedido por el artículo 17, de la Ley de Amparo, había transcurrido en exceso. En consecuencia, se materializa la causal de improcedencia aquí analizada. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la pag. 5, del libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, materia común, de la Gaceta del Semanario de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.." En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 113, del mismo ordenamiento. Por tanto, de conformidad los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del acto consistente en el auto de vinculación a procesos de catorce de marzo de dos mil dieciocho. Finalmente, del estado de autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que el término de tres días otorgados a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de los corrientes, a efecto de que designara a un licenciado en derecho, transcurrió sin que la parte quejosa haya desahogada dicha prevención; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto. En consecuencia, requiérase al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, designe a un defensor que asesore al quejoso en este juicio y se encuentre en condiciones de imponerse de autos. Apercibida que de incumplir con lo anterior, con fundamento en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización. Resulta aplicable la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de publicarse, cuyo rubro indica: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.

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