Erick Daniel Álvarez de la Cruz
Expediente 1407/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1407/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Saydi Guadalupe Briceño Hernández
- Erick Daniel Álvarez de la Cruz
- Erick Daniel Álvarez de la Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la tercero interesada Saydi Guadalupe Briceño Hernández, con el cual se le tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, en calle Guayacán, número 100, Privada Guayacán, colonia Atasta de Serra (entre Usumacinta y 27 de febrero) de esta ciudad. Asimismo, como autorizados a Paola Calcáneo Villegas, Leobardo Salazar Salazar y José Luis Cerino Isidro, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia y conforme al segundo párrafo del citado numeral a Karina Vanessa Álvarez Jiménez y Gabriela del Carmen Montejo May, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "Leobardo66". Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Por tanto, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. En relación a los números telefónicos y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, ya que carecen de eficacia jurídica los efectos de citas y notificaciones. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el once de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Erick Daniel Álvarez de la Cruz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1407/2021-5, promovido por **********, contra los actos que reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el ocho siguiente, Erick Daniel Álvarez de la Cruz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La RESOLUCIÓN emitida dentro de la Audiencia Especial de Junta de Padres, específicamente el resolutivo señalado como punto TERCERO, donde Decreta un régimen de convivencia provisional para los menores de identidad reservada de iniciales L.D.A.B. y X.A.A.B. dictada el 28 de octubre de 2021, por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Décimo Sexto Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco, en el expediente número 530/2021 relativo al Juicio Ordinario de Preferencia de Guarda y Custodia"." (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Décimo Sexto Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco. SEGUNDO. RADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el expediente 1407/2021-5; se requirió al promovente a efecto de que acreditase la personalidad con la que se ostenta, esto en relación con la representación que aduce tener respecto de los menores de edad de identidad reservada con iniciales L.D.A.B. y X.A.A.B; asimismo, debería acompañar copias de traslado correspondientes a su escrito aclaratorio; lo anterior, bajo el apercibimiento que, en el caso de no atender lo anterior, la demanda se admitiría únicamente por propio derecho. TERCERO. NOTIFICACIÓN POR LISTA. Vista la razón actuarial levantada por el fedatario adscrito a este juzgado, por la que se advirtió la imposibilidad de notificar personalmente a la parte impetrante, en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el inciso a) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, se instruyó que todas las notificaciones, incluso las de carácter personal se llevarían a cabo por lista de acuerdos. CUARTO. APERCIBIMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se dio cuenta que el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en el auto de radiación, motivo por el cual se hizo efectivo el apercibimiento y se admitió el asunto a trámite únicamente por propio derecho; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal del Ministerio Público de la adscripción; por separado se ordenó el trámite del incidente de suspensión; se reconoció carácter de tercero interesada a Saydi Guadalupe Briceño Hernández, por lo que se instruyó su emplazamiento; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante lista de acuerdos y al fenecer el término de dos días del citatorio correspondiente, el tres de diciembre de dos mil veintiuno se emplazó a juicio a Saydi Guadalupe Briceño Hernández en su calidad de tercero interesada. [Foja 74 vuelta] Luego, en auto de tres de febrero de dos mil veintidós se reconoció carácter de terceros interesados a los menores de edad de identidad reservada con iniciales L.D.A.B. y X.A.A.B, por lo que se ordenó su emplazamiento a través de su madre Saydi Guadalupe Briceño Hernández. En cumplimiento a lo anterior, por lista de acuerdos de catorce de febrero siguiente y tras no acudir a emplazarse personalmente en el recinto que ocupa este juzgado, no obstante, el citatorio que se dejó para tal efecto en su domicilio, se emplazó a los citados menores. [Foja 101 vuelta] SEXTO. VISTA CON EL INFORME Y OPORTUNIDAD DE SEÑALAR DIVERSA AUTORIDAD RESPONSABLE. En proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Nacajuca rindiendo su informe de ley y se dio oportunidad al quejoso para que dentro del término de tres días, manifestase si era o no su deseo señalar como responsable en la presente controversia al Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se fijaría la litis únicamente con la autoridad responsable nombrada en primer término. Luego, mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se regularizó el procedimiento y con fundamento en la fracción II del artículo 111 de la ley de la materia, se otorgó término de quince días al impetrante, para que manifestase si era su deseo ampliar la demanda respecto del citado Juez Cuarto Familiar antes aludido. Tras no atender lo anterior, una vez transcurrido el plazo concedido, en audiencia constitucional de esta misma data, se determinó que la presente litis constitucional únicamente versará respecto de la autoridad responsable originalmente señalada en la demanda de amparo. SÉPTIMO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de Artículo 74. La sentencia debe contener: la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? El régimen de convivencia a través de video llamadas por WhatsApp entre Saydi Guadalupe Briceño Hernández y sus menores hijos de identidad reservada con iniciales L.D.A.B. y X.A.A.B, establecido en el punto tercero de la audiencia especial de padres de veintiocho de I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. octubre de dos mil veintiuno, celebrada en el expediente 530/2021 del registro del Juzgado responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Civil responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama. [Foja 75] Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 623 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 3 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el supuesto previsto en la fracción I del numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente disponen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [...]" Ahora, del contenido del citado numeral 77, se desprende que las sentencias de amparo que resuelvan como inconstitucional el acto reclamado, generan en consecuencia un marco de derechos y obligaciones. En esa tesitura, a la parte quejosa se le constituye la facultad de exigir ante las responsables, la destrucción del acto generador de la afectación y en vía de consecuencia, la restitución del derecho que se acreditó afectado, siempre y cuando, tal condición hubiese sido calificada como positiva -acción-; de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de que se produjeran los motivos de agravio; o en su defecto, si se trata de actos de carácter negativo -omisión-, obligar a la autoridad responsable, a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Al respecto, el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 2871/96, estableció que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 73 en relación con el arábigo 80 de la legislación de la materia -cuyo contenido es correlativo a la condición prevista en la fracción XXIII del 61 en relación con el supuesto de la fracción I del diverso 77 de la Ley de Amparo vigente- aplicado en sentido contrario, es decir, en el momento que existe imposibilidad jurídica para concretar los efectos de la concesión del amparo. Así, la procedencia de la vía constitucional se encuentra estrictamente ligada a la posibilidad que la sentencia que resuelva la controversia, en el caso que fuese en sentido favorable para la parte impetrante, pueda producir la restitución en el ejercicio y goce del derecho que se acreditó vulnerado; lo que genera en vía de consecuencia, obligación de la autoridad responsable a cumplir con la exigencia en la hipótesis de que el acto reclamado sea de carácter negativo, o en su defecto, a restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado, en el supuesto de que éste sea de carácter positivo. Con base en el estudio anterior se estableció el criterio de jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, novena época, materia común, registro digital 197245, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En esa guisa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 488/2010 estableció que, para resolver la cuestión planteada se debe tener presente que la técnica rectora del juicio de amparo permite que, previo al examen del fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado, ya que carecería de lógica y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si de antemano se prevé que la restitución en el goce del derecho fundamental vulnerado resultaría inalcanzable. Por tanto, constituye obligación del órgano de amparo que conozca de la controversia, verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de garantías individuales, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime transgredido, pues la sentencia protectora además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de la prerrogativa alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción, pero sin beneficiar a nadie más que a la parte quejosa; esto con arreglo al principio de relatividad de la sentencia. De tal suerte que el ejercicio de previsión de los efectos del fallo protector guarda la finalidad de evitar que, con la reparación de la violación se generen infracciones al marco constitucional o legal, pues el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, tampoco debe propiciar que la sentencia tenga efectos más allá del caso concreto que fue enjuiciado. Con ese sustento argumentativo y por reiteración, surge la tesis 2a./J. 35/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1059, décima época, materia común, registro 2000583, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." Hasta aquí el marco de análisis normativo y jurisprudencial. En el caso concreto, el reclamo de la presente controversia constitucional lo constituyen el acuerdo TERCERO de la Audiencia Especial de Junta de Padres de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual, el Juez responsable estableció régimen de convivencia, a través de video llamadas de la aplicación móvil de mensajería instantánea denominada "WhatsApp" entre Saydi Guadalupe Briceño Hernández y sus menores hijos de identidad reservada con iniciales L.D.A.B. y X.A.A.B, dentro del expediente 530/2021. Ahora bien, del análisis de las constancias que el Juez responsable acompañó al rendir su informe justificado se advierte que, en el acuerdo SEXTO de la misma diligencia fuente del reclamo en este juicio de amparo, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por lo cual remitió los autos al Juez Familiar en Turno del Distrito Judicial de Centro, Tabasco. Lo cual, se llevó a cabo mediante el oficio 4061 de ocho de noviembre de dos mil veintiuno. [Foja 78] Luego, mediante oficio 7817 signado por el Juez Cuarto Familiar de Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, hizo del conocimiento al Juez Civil responsable, que mediante proveído de doce de diciembre de dos mil veintiuno, aceptó la competencia y se avocó al conocimiento de la controversia, radicando el asunto bajo el expediente 909/2021 de su registro, relativo al juicio ordinario civil de guardia y custodia. [Foja 79] En arreglo a lo anterior y con base en el estudio acotado en el presente considerando, se estima que el efecto de una posible protección constitucional establecería, por un lado la insubsistencia del acto reclamado -régimen de convivencia- y por otro, que el Juez Civil responsable dicte una nueva resolución, donde con libertad de jurisdicción resuelva sobre la convivencia entre los menores de identidad reservada con iniciales L.D.A.B. y X.A.A.B con su madre Saydi Guadalupe Briceño Hernández -aquí terceros interesados-, lo cual en el caso concreto no sería posible dado que el asunto ya no se encuentra bajo su jurisdicción. En ese orden de ideas, deviene incontrovertible el hecho que, de concederse la protección constitucional, su cumplimiento sería imposible, pues la restitución buscada por el quejoso no puede ser ordenada mediante sentencia a órgano judicial responsable, si en su caso, tras el análisis de constitucionalidad resultase procedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio y por las razones apuntadas; con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)4 , si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos 4 Véase Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, página 487. el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********* por las razones apuntadas en el considerando cuarto. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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