Erick Cruz Nava
Expediente 412/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Erick Cruz Nava
- Rebeca Valdez Lechuca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Amparo en revisión
Se admite el recurso de revisión. Como señaló domicilio para oír notificaciones fuera de la residencia de este tribunal y de su zona conurbada, las de carácter personal, hágansele a través de la lista electrónica que se publica diariamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No ha lugar a realizar notificaciones al correo electrónico que señala, toda vez que si bien la reglamentación relativa ya autoriza las notificaciones electrónicas en los juicios de amparo, éstas deben ser hechas a través de cuentas con clave de usuario debidamente autorizadas y registradas en el Portal de Servicios Electrónicos del Poder Judicial de la Federación, y no se encuentran permitidas a correos particulares; sin embargo, en caso de que se lleguen a necesitar comunicaciones extraprocesales será tomado en cuenta ese dato. Se le hace saber a su contraparte que tiene cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, para que si lo estima pertinente se adhiera al presente recurso.
- Juicio de Amparo Directo
Intégrese al expediente electrónico el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo de la misiva de este índice, con la que se remitió testimonio de la sentencia dictada en este juicio, así como de los anexos ahí descritos. Atendiendo al estado de autos, toda vez que se encuentra transcurriendo el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno dese nueva cuenta para proveer lo conducente.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA CUAL FUE DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 382/2023, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA: AMPARO DIRECTO: 412/2023. QUEJOSO: ****. PONENTE: RAÚL ANGULO GARFIAS. SECRETARIA: YOLANDA LETICIA ESCANDÓN CARRILLO. Toluca, Estado de México, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de ocho de noviembre de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo directo civil 412/2023, promovido por ****, por conducto de su endosatario en procuración ****, contra la resolución interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil ****. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo. 1. Presentación. Por escrito presentado el siete de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnada el nueve siguiente al tercero de ellos, el quejoso, por conducto de su endosatario en procuración, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado indicado, que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; y que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo la resolución dictada con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés (25 de mayo de 2023), dictada dentro de los autos del expediente número ****, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por la parte actora **** por conducto de su endosatario en procuración **** en contra de ****." 2. Incompetencia. Mediante acuerdo de doce de junio del presente año, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se declaró incompetente para conocer del asunto, dado que el quejoso reclamó la resolución del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ****, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Tlalnepantla, Estado de México, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por el actor, hoy quejoso, en contra de ****. En la resolución reclamada, el juzgador declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de dieciséis de mayo de la citada anualidad, en el que se declaró la caducidad del juicio ejecutivo mercantil de origen, lo que constituye una resolución que pone fin al juicio pues sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, por ello, es procedente en su contra el juicio de amparo directo en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito y no la vía indirecta, en la que el quejoso hizo valer sus pretensiones y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para efecto de determinar su procedencia. 3. Admisión de competencia. Por auto de quince de junio posterior, este órgano colegiado aceptó la competencia planteada y el siete de julio subsecuente, admitió la demanda de amparo; el agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento. 4. Turno. Por proveído de dieciocho de agosto siguiente, se turnó el asunto al magistrado ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. SEGUNDO. Sesión por video conferencia. Por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el cual reformó entre otros, los artículos 27 y 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se estableció esencialmente que los Tribunales Colegiados y los Plenos Regionales procurarán y podrán celebrar sesiones utilizando el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, que permita la celebración de videoconferencias; es por lo anterior que se justifica que las sesiones ordinarias se celebren por videoconferencia y sin la presencia del público, y como el presente asunto se incluyó en la lista respectiva publicada en la página del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra para resolverse vía remota; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer del presente negocio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107 fracciones V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, 38, fracción I, inciso c), 39 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una resolución que puso fin a un juicio ejecutivo mercantil por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. El acto reclamado es cierto, como se desprende del informe justificado rendido por la autoridad responsable. TERCERO. Materia del amparo. La sentencia reclamada y los conceptos de violación obran en el sumario y en el expediente natural, los cuales se tienen por reproducidos por economía procesal, ya que no hay obligación legal de trascribirlas. CUARTO. Contexto procesal. De las constancias procesales se aprecia lo siguiente: 1. Demanda. Por escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veintidós, cuyo conocimiento correspondió al Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, ****, por conducto de su endosatario en procuración ****, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria, demandó de ****, las siguientes prestaciones: a) el pago de **** pesos por concepto de suerte principal; derivada de los documentos base; b) el pago de los intereses moratorios a razón del ****% mensual; y, c) costas. Como hechos narró. Que en Tlanepantla, Estado de México, en las fechas citadas en los basales, **** como deudor principal, suscribió a favor de su endosante ****, cuatro pagarés seriados del 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4, por las sumas: El primero de **** pesos, el segundo por **** pesos, el tercero por **** pesos y, el cuarto por **** pesos, los que sumados dan como suerte principal **** pesos. Lo que acreditó con los pagarés originales suscritos por el deudor que adjuntó al escrito en original. Que en los citados pagarés se estableció con la parte deudora que el pago del importe de los citados títulos de crédito se efectuaría en las siguientes fechas: 1/4 el 17 de diciembre de 2019. 2/4 el 17 de diciembre de 2019. 3/4 el 20 de febrero de 2020. 4/4 el 20 de febrero de 2020. Que sin necesidad de previo requerimiento, la parte deudora se obligó a pagar la totalidad de los pagarés, endosados en procuración por su beneficiario, lo cual acreditó con el endoso al reverso de dichos títulos de crédito. De igual manera, se estableció en los pagarés base, el pago de intereses moratorios para el caso de incumplimiento a las obligaciones de pago (mora) de la siguiente manera: el 5% cinco por ciento mensual a partir de que dichos documentos fueren exigibles, la que deberá incrementarse de acuerdo con el monto que en su caso resulte por la mora en el pago y hasta que sea totalmente saldada la deuda, al tipo convenido como se aprecia de los pagarés acompañados y se desprende dicho interés moratorio en el pago, y dado que se encuentran vencidos se hace exigible, los que no han sido pagados. Que en esos pagarés se estableció que el deudor pagaría intereses moratorios y cualquier otra cantidad que debiera pagar en moneda nacional (pesos mexicanos), en las fechas precisadas. Que en los títulos de crédito se estipuló el día en que debería ser pagadero, sin necesidad de protesto, reclamación, requerimiento previo o notificación de ninguna clase, siendo el caso que, desde el día del vencimiento del plazo para el pago, el deudor incurrió en mora en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones de pago. Que en los títulos de crédito exhibidos, no se estableció obligación solidaria, es decir, aval en favor del deudor tal y como se desprendió de los pagarés exhibidos. Que aun cuando las obligaciones consignadas en los títulos de crédito base de la acción principal, el deudor, desde el vencimiento del plazo para el pago pendiente, se constituyó en mora y se ha abstenido de cumplir oportunamente con las obligaciones de pago, manteniendo a la fecha su adeudo. Que al tratarse de pagarés suscritos por el deudor principal en los que existe un solo beneficiario, la parte actora, y que se trata de una suma de dinero determinada a pagar por el ahora deudor, hace exigible el total de lo reclamado ante el incumplimiento del deudor a hacer el pago. Que el deudor después de múltiples requerimientos extrajudiciales, se ha negado sistemáticamente a pagar las prestaciones identificadas en la demanda y de las constancias procesales que hacen prueba plena, se desprende la certeza de la deuda, así como su origen, al traer aparejada ejecución, tal y como lo determinan los preceptos de derecho que se invocan en esa demanda, por lo que hasta la fecha el demandado se ha negado a saldar tal adeudo, generando los intereses reclamados al porcentaje aludido, por lo que se vio en la imperiosa necesidad de acudir a la presente vía. 2. Por auto de quince de septiembre de dos mil veintidós se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, a la par que se reservó el auto de ejecución debido a que el ocursante manifestó que tramitó providencias precautorias gestionadas en el expediente ****, ante la Juez Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Por ocurso de veintiséis de septiembre de la citada anualidad la parte actora solicitó copia certificada de lo actuado para exhibirlo en el juzgado donde se gestionan medidas precautorias, lo que se acordó favorable en esa misma data. El once de mayo de dos mil veintitrés el endosatario en procuración de la parte actora se constituyó junto con el ejecutor respectivo en el domicilio de la parte demandada para el emplazamiento a juicio sin poder realizar la diligencia ante las imprecisiones del domicilio. El dieciséis de mayo posterior, el actor proporcionó el domicilio correcto del demandado y pidió al mismo tiempo, que se acumularan las providencias precautorias remitidas por la juzgadora natural, registradas en el diverso expediente 7542/2022. Ese propio día (dieciséis) se decretó la caducidad de la instancia y se ordenó el archivo del asunto como concluido. Determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Sentencia reclamada. El juez responsable declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de dieciséis de mayo de la citada anualidad, que decretó la caducidad de la instancia, desde las siguientes estimaciones: Citó los artículos 1,075 y, 1,076 del Código de Comercio , y explicó que la caducidad de la instancia se produce por la conjunción de tiempo e inactividad en el proceso, independientemente del estado en que se encuentren, cuando ambos factores están reunidos, opera la caducidad, que afecta íntegramente al proceso. Atendió a que el procedimiento es de orden público, por lo cual no pueden aplazarse indefinidamente los litigios por conveniencia de las partes, negligencia, abandono o desinterés en su persecución por sus diversas etapas, al ser la naturaleza de la caducidad una sanción procesal a la conducta de las partes litigantes, por no agilizar el curso del procedimiento en el estado en que se encuentre, siempre y cuando esa inactividad se prolongue en exceso del plazo que fija la ley. Delimitó que para determinar si en el proceso se ha consumado la caducidad de la instancia, no se necesita formular incidencia al operar de pleno derecho, ya que de las actuaciones procesales se puede advertir si se ha consumado o no dicha figura. Tras lo cual tildó de infundados e inoperantes los agravios, en tanto el auto controvertido declaró la caducidad de la instancia con apoyo en el artículo 1,076, fracción I, del Código de Comercio, al desprender que la última actuación que impulsó al procedimiento, fue el auto de exequendo de quince de septiembre de dos mil veintidós, por lo que al trece de abril de dos mil veintitrés, fecha de la certificación secretarial, trascurrió un término continuo mayor de ciento veinte días hábiles, sin que en ese lapso se promoviera escrito alguno para dar impulso procesal al juicio o, solicitar la continuación para su conclusión, del cual no se contabilizaron los días inhábiles que no pudieron tener lugar las actuaciones judiciales, como sábados y domingo, días festivos, entre otros, de los ciento veinte días aludidos en el invocado precepto legal. Precisó que en la fecha de la diligencia de once de mayo de este año, ya habían trascurrido en exceso los ciento veinte días hábiles, después de la última actuación que dio impulso procesal al juicio, siendo esta de quince de septiembre de dos mil veintidós, sin que pudiera estimar como última actuación para impulsar al procedimiento, el auto de veintiséis de septiembre de esa anualidad, en el que se ordenó la expedición de copias certificadas, dado que en términos del numeral invocado, únicamente se tomarán en cuenta las actuaciones judiciales que den impulso al procedimiento. Por lo cual realizó el cómputo de ciento veinte días hábiles desde la actuación del quince de septiembre de dos mil veintidós, para colegir que operó de pleno derecho la caducidad de la instancia. Añadió que la dirección del proceso está confiada al juez, quien la ejercerá tomando las medidas previstas en la ley, para prevenir y, en su caso, sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal. SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación expuestos son esencialmente fundados, suficientes para otorgar la protección constitucional. I. Omisión de estudio de agravios. El peticionario de derechos fundamentales esgrime que el juzgador se centró en cuestiones relacionadas con la inactividad procesal, la falta de promoción de la parte actora y, el plazo para que opere la caducidad, sin pronunciamiento alguno sobre la consideración sustancial de su reclamo, a saber, que la ejecución y continuación del procedimiento se reservó por el propio juez, con violación a los principios de exhaustividad, seguridad y legalidad jurídica del quejoso. Asevera que no se acreditaron las hipótesis de la caducidad, al existir un paradigma dictado por el juzgador en el auto admisorio de la demanda ejecutiva mercantil, relacionado con reservar lo conducente hasta en tanto se diera cumplimiento a la condición establecida, sin ser un acto o carga de las partes interesadas atendiendo al numeral 1,188 del Código de Comercio. Como se anunció, tales disertaciones son fundadas. A. Contexto procesal. Para una mejor información, es pertinente aludir a las constancias que obran en el expediente ****: La parte actora presentó la demanda inicial el catorce septiembre de dos mil veintidós, e hizo notar que promovió providencias precautorias para retención de bienes y dinero en efectivo, radicadas en el Juzgado Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con el expediente **** (fojas uno a ocho). En auto del día siguiente (quince), el juez radicó la demanda y en lo que interesa, reservó el mandato de ejecución hasta en tanto la titular del juzgado donde se gestionan las providencias precautorias remitiera las actuaciones, conforme al artículo 1,188 del Código de Comercio y de ese modo tener por acreditada la ejecución de tales medidas, según se aprecia: "Tlalnepantla, México, quince de septiembre de dos mil veintidós. (.) Visto su contenido y con apoyo en lo establecido por los artículos 1090, 1091, 1105, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1400, 1401 y demás relativos aplicables del Código de Comercio en vigor, de los artículos 1º, 5º, 16, 23, 154, 170, al 174 y demás relativos aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como del artículo 1.10.1 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, SE ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA Y FORMA PROPUESTA, teniendo el presente auto efectos de mandamiento en forma, por tanto, con fundamento en los artículos 93.1 y 93.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, túrnense los autos al EJECUTOR adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Tlalnepantla, México, para que se constituya en el domicilio del demandado ****, con domicilio en: CALLE ****, NÚMERO **** (****), CASA **** (****), MANZANA **** (****), COLONIA ****, CÓDIGO POSTAL ****, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO; y le requiera el pago de la cantidad de $**** (**** PESOS ****/100 MONEDA NACIONAL), como suerte principal más accesorios legales, y en relación al auto de ejecución a que tiene derecho la actora, tomando en consideración que el ocursante refiere que ya se tramitaron Providencias Precautorias ante el Juez Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, bajo el número de expediente ****, con fundamento en el artículo 1077 del Código de Comercio, se reserva lo conducente, hasta en tanto la titular de ese juzgado remita las actuaciones de las providencias precautorias de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1188 del Código de Comercio y se tenga por acreditada la ejecución de las mismas. Sin que haya lugar a girar el oficio que solicita, ya que es la titular de dicho juzgado la que remitirá las actuaciones, una vez ejecutada la providencia precautoria, una vez que se de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1179 y una vez resuelta la reclamación, si se formula." (fojas nueve a once). El endosatario en procuración de la parte actora, por escrito exhibido el veintiséis de septiembre del citado año, pidió copia certificada de lo actuado con el objetivo de justificar ante la juzgadora donde tramitó las providencias precautorias, la promoción del juicio en la vía ejecutiva mercantil: ".****, promoviendo en mi calidad de endosatario en procuración del señor **** personalidad que tengo debidamente reconocida y acreditada dentro de los autos del juicio que se lista al rubro, ante Usted en forma atenta y respetuosa me permito exponer: Que vengo por medio del presente escrito y para el efecto acreditar ante el juzgado tercero mercantil de este distrito judicial en el expediente **** en el que se tramitan las diligencias solicitadas de providencias precautorias, a solicitar de Usted de manera atenta se tenga a bien el expedir a costa de esta parte un juego de copias certificadas del escrito inicial así como el auto por el que se admitió a trámite a la demanda citada al rubro, las que pido me sean entregadas por mi conducto o por conducto de los profesionistas que tengo autorizados para dicho fin, previa toma de razón por su recibo." (foja catorce). Petición que se acordó favorable ese propio día y se ordenó la entrega de copia certificada de todo lo actuado en ese sumario: ".TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO; VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por presentado a **** con el escrito de cuenta, visto su contenido, así como el estado procesal que guardan los autos, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1067 del Código de Comercio, expídanse a costa del promovente, por conducto de las personas autorizadas para ello y previa toma de razón que por su recibo obre en autos, copias certificadas de todo lo accionado en el presente expediente." (foja diecisiete). El once de mayo siguiente, la parte actora y el ejecutor adscrito a la central de ejecutores y notificadores de Tlalnepantla, Estado de México acompañado del endosatario en procuración de la parte actora, acudieron a notificar a emplazar a la parte demandada el inicio del juicio entablado en su contra (fojas veintiuno y veintidós). El dieciséis de mayo posterior, el endosatario del actor pidió al juez tener por aclarado el domicilio del demandado y que levantara la reserva ordenada, dejando expedito su derecho para ejecutar el auto de mandamiento en forma: ".****, promoviendo en mi calidad de endosatario en procuración del señor **** personalidad que tengo debidamente reconocida y acreditada dentro de los autos del juicio que se lista al rubro, ante Usted en forma atenta y respetuosa me permite exponer: PRIMERO. Que vengo por medio del presente escrito atendiendo a la diligencia de fecha once de mayo del año en curso puesta por el ejecutor correspondiente, de donde se desprende inconsistencia en cuanto a la ubicación y dirección del requerido, es por lo cual en este acto claro bajo protesta de decir verdad que la dirección clara y correcta del demandado es la siguiente: AVENIDA ****, NÚMERO ****, MANZANA ****, CASA ****, FRACCIONAMIENTO **** CÓDIGO POSTAL ****, TLANEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. indistintamente AVENIDA ****, NÚMERO ****, MANZANA ****, CASA ****, **** CÓDIGO POSTAL ****, TLANEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. SEGUNDO: Tomando en consideración que las constancias del juicio cuyo rubro es: ****. VS **** JUICIO: PROVIDENCIA PRECAUTORIA PARA RETENCIÓN DE BIENES Y DINERO EN EFECTIVO. EXPEDIENTE: ****, radicado en el extinto juzgado TERCERO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLANEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, constancias procesales que ya fueron remitidas a este juzgado y cuyo expediente quedó registrado bajo el número ****, es por lo cual solicita que las mismas se acumulen agregándose al expediente citado al rubro en términos de lo dispuesto por el artículo 1077 del Código de Comercio que nos rige, para los efectos legales a que haya lugar. TERCERO. Hecho que sea lo anterior, por cuanto hace a que ya fue remitido el expediente de las providencias precautorias, y de conformidad con el auto de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós solicito de su Señoría se tenga a bien el levantar la reserva decretada por cuanto hace a la ejecución y por ende se deje expedito el derecho de la parte actora a efecto de dar cumplimiento al auto de mandamiento en forma, ordenando se remitan los autos al ejecutor adscrito a la central de ejecutores y notificadores de Tlanepantla México, para dar cumplimiento al auto de exequendo, asociado de la parte actora o su endosatario en procuración..." (foja veintitrés). Ese propio día, el juez atendiendo a la certificación secretarial donde hizo constar que trascurrieron ciento veinte días hábiles sin impulso procesal, declaró la caducidad de la instancia: "CERTIFICACIÓN. TLALNEPANTLA, MÉXICO, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, CERTIFICA: QUE TRANSCURRIÓ UN LAPSO CONTINUO MAYOR DE CIENTO VEINTE DÍAS HÁBILES SIN IMPULSO PROCESAL CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE FECHA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS AL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, LO QUE SE CERTIFICA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE. (.) Tlalnepantla, México, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Con el escrito de cuenta se tiene por presentado a ****, visto su contenido, así como el estado procesal de los autos, tomando en consideración que transcurrió un lapso mayor de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del auto de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós al trece de abril de dos mil veintitrés, sin que se haya promovido o realizado acto alguno tendente a impulsar la secuela del procedimiento; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1076 fracción I del Código de Comercio en vigor, se declara la caducidad de la Instancia de acuerdo al precepto legal invocado ya que la misma opera de pleno derecho pudiéndose decretar esta, de oficio o a petición de parte para los efectos legales procedentes. En ese sentido no pasa desapercibido para la suscrita que en el periodo que se ha computado para decretar la caducidad obra la promoción 4576/2022 presentada el día veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, sin embargo, dicha promoción no tiende a impulsar el procedimiento. Finalmente se deja insubsistente la diligencia de fecha once de mayo de dos mil veintitrés al haber operado la caducidad con antelación. En su oportunidad procesal ARCHÍVESE como asunto totalmente concluido, háganse las anotaciones de estilo en el Libro de Gobierno, quedando a disposición de la parte actora los documentos exhibidos en su escrito inicial de demanda, por conducto de las personas autorizadas para ello, previa toma de razón y firma por su recibo que al efecto otorgue..." (foja veinticinco). Inconforme, la parte actora, por escrito de veintitrés de mayo siguiente, interpuso recurso de revocación donde hizo valer en lo que interesa: "(.) Entonces es claro y de explorado derecho que es obligación del juzgador, puesto que, si establece en la trascripción del auto en Io conducente que en cuanto a la ejecución a que tiene derecho la actora "LA RESERVA" decir no podrá ejecutar la actora hasta en tanto no sean remitidas las actuaciones de las providencias precautorias que señala, y que estas deberán ser remitidas por la otrora autoridad, hasta en tanto se cumpla con la condición que refiere podrá el actor actuar y ejecutar el auto de fecha 15 de septiembre de 2022; es incuestionable que si el pronunciamiento sobre la ejecución y el levantamiento de la reserva no es carga procesal de esta parte puesto que la reserva para ejecutar el auto de mandamiento la decretó esta autoridad, puesto que para cualquier auto deben estar agregadas las actuaciones de las providencias precautorias, y por ende dicho expediente quedó en reserva hasta en tanto aconteciera esa condición, esto es que esta autoridad determinó detener mediante la suspensión la ejecución del auto de mandamiento y por ende es obligación del juzgador y una carga para este el dictar proveído para levantar la reserva una vez cumplida la condición de esa reserva, pues ante esta la parte actora está impedida para actuar, su Señoría debió sobre la suspensión correspondiente o bien mandar requerir a la actora se pronuncie sobre lo que crea conducente para realizar el levantamiento de esa reserva porque es de explorado derecho que ante el decreto de reserva debe existir otro decreto que la levante, para que a partir de esa fecha empiece a correr el término de la caducidad, siendo una carga para esta autoridad como se argumenta y no para las partes, pues el actor está impedido para ejecutar el auto de fecha 15 de septiembre de 2022 por ello debe entenderse que es obligación de esta autoridad levantar primero la reserva y posteriormente contabilizar el plazo de la caducidad, lo cual no hizo y por ello se violenta estado de derecho de la actora, porque estando las actuaciones de las providencias precautorias señaladas en este juzgado bajo el rubro: ****. VS **** JUICIO: PROVIDENCIA PRECAUTORIA PARA RETENCIÓN DE BIENES Y DINERO EN EFECTIVO. EXPEDIENTE: **** C. JUEZ PRIMERO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLANEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. Debe pronunciarse respecto de la reserva, analizando si fueron ejecutadas o no, si existe garantía en esa providencia y en su caso decidir sobre lo que en derecho proceda, pero no determinar sin motivación alguna respecto de que la ejecución y continuación de la ejecución cuanto estaba en reserva es ejecución y continuación en términos del auto de fecha 15 de septiembre de 2022, y por ende impedida la actora para ejecutar, de ahí que ante ello no puede correr dicho plazo de la caducidad y si se me está aplicando de esta manera conforme al auto que ahora se recurre es que se están violentando los preceptos de derecho en cuanto a la caducidad y que en todo caso debe ser repuesto, pues en actuaciones aparece que existe determinación en cuanto a que se reserva lo conducente para la ejecución como ocurrió en estas actuaciones debía pronunciarse respecto de la reserva, de ahí que si la caducidad se entiende como una sanción a las partes cuando es a ellas a quien corresponde impulsar el procedimiento y no lo hacen por su falta de interés en la continuación del juicio, dicha sanción no puede imponérseles cuando la falta de prosecución del procedimiento se dé por parte del juzgador, como lo es, dictar el auto por el que se levanta la reserva una vez que se ha cumplido con la condición, antes no podría correr plazo alguno como lo relaciona la siguiente tesis: "CADUCIDAD EN MATERIA MERCANTIL EL IMPULSO PROCESAL NO SIEMPRE CORRESPONDE A LAS PARTES. (la trascribe). En donde para actualizar la figura de la caducidad y ante la reserva que por sí mismo realizó este juzgador, entonces, a este juzgador correspondía acordar lo conducente respecto de la reserva o del acontecimiento por el que suspendido el procedimiento de ejecución, es una obligación y carga del juzgador dictar lo conducente y no actualizar la caducidad como lo pretende hacer con el auto recurrido pues ello implicaría, sancionar a las partes por una omisión que no les es atribuible, ya que si hasta la fecha no hay auto que levante la reserva es que entonces, no podría actualizarse la caducidad, toda vez que conforme al principio pro personae, de que se habla y de la tutela judicial efectiva la interpretación que debe darse a artículo 1076 inciso b) fracción VI del código de comercio no puedo ejecutar porque está suspendido y ante eso no puede operar la caducidad, como ilegalmente se pretende con el auto impugnado. Luego entonces si se está afectando el estado de derecho de la parte actora con el auto ahora recurrido, amén de que no es verdad que el impulso procesal corresponde a la actora, pues ante la suspensión de la ejecución del auto admisorio de fecha 15 de septiembre de 2022 el juez debió dictar auto en lo conducente una vez que se cumpla con la condición referida en el mismo auto, ya que tomando como partida que en el auto admisorio se ordenó la ejecución pero dado que el derecho de ejecutar fue reservado en lo conducente por esta autoridad hasta que se remitieran las constancias de las providencias precautorias, para establecer lo relativo a la ejecución, de ahí que existía reserva y no podía ejecutarse dicho auto es que tampoco podría correr el plazo de la caducidad. Así entonces es claro y evidente que si esta autoridad reservó la ejecución, entonces no corresponde al actor levantar la reserva y al no haberse levantado es que sigue en reserva hasta en tanto se cumpla con la condición establecida en el auto admisorio, siendo exclusivo y una mera actividad de este órgano jurisdiccional de oficio y no de alguna de las partes, pues el artículo 1076 inciso b) fracción VI del código en consulta, determina que no se puede actuar cuando está reservada la ejecución y al no dictar auto en lo conducente, es una omisión de este juzgador, no se podría sancionar con la caducidad a las partes y más en perjuicio de la actora, como en el caso está sucediendo y causando este agravio el cual pido sea reparado y se dicte uno en el que determine lo conducente con la condición establecida que en el caso es: "hasta en tanto el titular de ese juzgado remita las actuaciones de las providencias precautorias de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1188 del código de comercio y se tenga por acreditada la ejecución de estas" De lo cual no se ha dictado el auto en lo conducente, siendo una omisión de esta autoridad y no de las partes menos del suscrito, máxime que dichas actuaciones se encuentran en este juzgado como se anotó anteriormente, de este modo se acusa la omisión del juzgador al no haber dictado el auto en lo conducente y no analizar las actuaciones porque la ejecución está en reserva hasta en tanto se cumpla la condición y se levante la reserva para poder ejecutar en su caso o lo que proceda, en razón de que contaba con la obligación de velar por su realización pues la continuidad del procedimiento dependía exclusivamente de la actuación judicial, pues así lo determina la ley al imponerle que si por voluntad propia suspendió la ejecución, le correspondía levantarla, y al no hacerlo de ese modo me está sancionando con una omisión que no dependía de la actora ni de la demandada, pues ese impulso procesal es la actividad del juzgador pues es su deber que si ya obran las actuaciones de las providencias precautorias es que debió dictar auto en lo conducente y levantar la suspensión de la ejecución, ya que el principio de actividad procesal se relaciona con: "Que no era necesario el impulso procesal de las partes porque la caducidad depende del cumplimiento que haga la autoridad jurisdiccional, con se precisa en este agravio". Siendo claro que el juzgador al no atender las constancias procesales y al percatarse que por sí mismo suspendió la ejecución del auto de mandamiento en forma debió dictar auto relativo para levantar esa suspensión y al omitirlo quedó pendiente su actuación y ahora determina que han trascurrido 120 días sin impulso procesal de las partes, cuando esto es ilegal, ya que la actividad depende de este juzgado como lo señala el artículo citado, sin que se pronunciara siendo una resolución pendiente violando el artículo 1076 de la codificación citada al aplicarlo incorrectamente. De ahí que contaba con dicha obligación, que al desconocerla y omitirla me agravia pues no siempre el impulso procesal corresponde a las partes, pues esta autoridad al ser el rector del proceso debía identificar qué actuación correspondía a las partes y cuál a este órgano jurisdiccional, sin que se haya hecho al no precisar en el auto recurrido qué actuación debía hacer las partes para dar continuidad al proceso hasta su conclusión, ello lo omite pues aduce este juzgado que solo han pasado 120 días sin que se verifique acto procesal, pero no puntualiza si este correspondía a las partes o por disposición legal a este juzgado, tal identificación no la hace y como si existe dispositivo legal no podía el juzgado evadir tal circunstancia, pues por sí mismo suspendió la ejecución de lo mandado, entonces no podía ser simple espectador del proceso violando el principio rector del proceso, este juzgado debía pronunciarse con relación a la suspensión que decretó por sí mismo, conlleva indefectiblemente a una actuación jurisdiccional y no a un impulso procesal omitido por las partes como se califica por esta autoridad lo cual es ilegal como se viene manifestando en este agravio, ya que conlleva a definir como una actuación judicial propia de este juzgado es decir un acto que ha de llevar a cabo a cabo en ejercicio de sus atribuciones y para cual no requiere de mayor promoción de las partes. En este sentido debe ubicarse las actuaciones de las partes para dar impulso procesal como una excepción a la omisión del juzgador para que se consuma la caducidad, es decir que si la actuación depende de este juzgado y no es carga procesal de las partes entonces se traduce en una excepción para que opera la caducidad por la omisión de este juzgado y con la cual me está calificando en perjuicio al decretar dicha caducidad. Analizando que el juez decretó por sí mismo la suspensión de la ejecución hasta en tanto se remitieran las actuaciones de las providencias precautorias y estas ya se han remitido con fecha anterior, al juzgador entonces le corresponde dictar el auto mediante el cual levante la reserva y provea lo conducente respecto de la ejecución y no se hizo de esta forma, por tanto es improcedente dicha caducidad y violatoria de los derechos humanos de esta parte, pues al no existir una carga procesal para las partes el dispositivo legal que se viola debe interpretarse pro personae y en ejercicio de una tutela judicial efectiva, por lo que si se califica la actividad, es omisión del juzgador y no de las partes por ello es violatoria de la ley el auto dictado de caducidad, siendo aplicable al caso la siguiente tesis: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO OPERA MIENTRAS EXISTE UNA CARGA PROCESAL PARA LAS PARTES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, VIGENTE HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2012). (la trascribe). Así, es verdad que si suspendido por sí mismo la ejecución, no ha habido nada que actuar para la persecución del proceso, porque no podía requerir de pago, embargo y emplazamiento en su caso, la ley impone al juzgador el resolver sobre esa reserva cuando los autos de las providencias precautorias estuvieron en su juzgado, lo que desatendió en perjuicio de esta parte, pues nada dijo con relación al estado procesal que guardaba el asunto, mucho menos el imperativo legal de que teniendo a la vista las actuaciones de las providencias precautorias el juez debió dictar auto en lo conducente, entonces es muy claro que el deber del juzgador era estudiar las constancias de autos, determinar si existía suspensión y por ende determinar su extinción pues es una actividad jurisdiccional a cargo del juzgado, entonces la continuación del procedimiento cuando se esté en esa fase procedimental no depende del impulso de las partes, por lo que no opera la caducidad de la instancia si está pendiente de emitirse el acuerdo sobre la suspensión o su levantamiento, lo que al caso violente el estado de derecho de esta parte, por lo que deberá revocarse la determinación recurrida, al caso por analogía es aplicable la siguiente jurisprudencia. "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA CUANDO LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDE DE QUE EL TRIBUNAL DEL TRABAJO PROVEA SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR)." (la trascribe). Luego entonces en síntesis, si la carga procesal no es de la parte actora, ni de la demandada para la prosecución del procedimiento y este solo es del juzgador como se explica, no podría decretarse la caducidad pues tal acto es del órgano jurisdiccional, porque debe partirse de la base de que no se puede continuar con la ejecución al estar reservada con una condición establecida en el auto de fecha 15 de septiembre de 2022 y ante ello ya no sería carga procesal para las partes en este sentido no podría caber la caducidad y al resolverla mediante el auto recurrido me causa este agravio pues no se estudió detenidamente la calificación de los actos de las partes y del tribunal, como se ha explicado a lo largo de este recurso, de ahí que su proceder es ilegal y por ende debe revocarse dicho auto de caducidad en términos de la siguiente tesis: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO OPERA MIENTRAS EXISTE UNA CARGA PROCESAL PARA LAS PARTES." (la trascribe). Así que la omisión del acto incide en la debida consecución del proceso por constituir un elemento esencial del juicio que debe resolverse antes de que el juicio continúe, por lo que al no actualizarse el supuesto a que se contrae este recurso impide que opere la figura jurídica de la caducidad, como ilegalmente lo determinó este juzgado sin que previamente se calificara los actos de las partes y los que son actividad judicial, de ahí que debe revocarse el auto recurrido." (fojas veintiocho a treinta y siete del expediente principal). Dos días después se resolvió el recurso y se declaró infundado, resolución que constituye el acto reclamado. B. Omisión estudio agravios. El quejoso manifiesta, como se anotó previamente, que no se dio respuesta a los agravios expuestos, el esencial, que no operó la caducidad, debido a que el propio juzgador, en el auto de radicación de quince de septiembre de dos mil veintidós, decretó la reserva en cuanto al mandato de ejecución, derivado de la promoción de las diligencias de providencias precautorias, hasta en tanto se remitieran las constancias de dichas medidas. Tiene razón, porque de la reproducción efectuada con antelación, del pliego de agravios se aprecia que justo el punto medular en el que se apoyó la disconformidad del entonces impugnante al pedir la revocación del acuerdo de caducidad, fue que no podía operar esta, dado la reserva ordenada por el propio juzgador. Aspecto que se corrobora de la síntesis de la resolución reclamada, expuesta en el considerando quinto, del cual se observa que el juez reiteró que operó la caducidad, sin dar respuesta alguna a los agravios formulados, lo que por sí, implicó una infracción a los principios de congruencia y exhaustividad, que debe repararse en esta vía. C. Caducidad. Reserva de mandato de ejecución. Son de igual modo fundadas, las disconformidades en las que el quejoso destaca que debió ponderarse que el auto de reserva decretado desde la admisión de la demanda imposibilitaba al juzgador a decretar la caducidad. Para una mejor información, se puntualiza que en el artículo 1,076, fracción VI, del Código de Comercio , se desprenden las causas por las cuales opera la caducidad en materia mercantil, a saber: a. Cuando hubiesen trascurrido ciento veinte días, a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la última resolución dictada, sin que se impulse el procedimiento; y, b. Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión de este. Para que se interrumpa la caducidad, será necesario un acto procesal de las partes que manifieste su deseo o su voluntad de continuar el procedimiento, acto que deberá ser de aquellos calificados como de impulso procesal, esto es, que tienen el efecto de hacer progresar el juicio, a modo tal que si las partes tienen interés en que no opere la caducidad, necesariamente habrá de asumir la conducta procesal correspondiente, a saber: impulsar el juicio mediante la promoción respectiva. Por supuesto que se tiene presente que no se estimará interrumpido el término de la caducidad con promociones frívolas o improcedentes, sino que ello será posible solo a partir de aquellas que revelen o expresen el deseo o voluntad de las partes de mantener viva la instancia, esto es, que tengan como consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia; es por eso que debe tenerse en cuenta que el impulso del proceso por los litigantes no es un deber, sino una carga en el sentido técnico procesal del vocablo, carga que pesa sobre los contendientes. Al ser así, es incorrecto que baste la promoción de cualquier escrito para interrumpir la caducidad de la instancia y que no importe su contenido, siendo más que suficiente que se dirija al expediente por cualquiera de las partes. Al caso se cita la jurisprudencia publicada con el número 1a./J. 1/96 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice : "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SOLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO. (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL). Para que se interrumpa la caducidad será necesario un acto procesal de las partes que manifieste su deseo o su voluntad de continuar el procedimiento, acto que, cabe subrayar, deberá ser de aquellos que la doctrina califica de impulso procesal, esto es, que tienen el efecto de hacer progresar el juicio. Lo dicho se explica no sólo en función de lo que sanciona la ley, o sea, la inactividad procesal de las partes, que de suyo revela el desinterés en que se continúe con el asunto y que se llegue a dictar sentencia, a modo tal que si las partes o alguna de ellas tiene interés en que no opere la caducidad, necesariamente habrá de asumir la conducta procesal correspondiente, a saber: impulsar el juicio mediante la promoción respectiva. También se advierte que la naturaleza de esta última, como puede verse de la exposición de motivos del legislador deberá ser tal que tenga el efecto de conducir o encauzar el juicio hasta llegar a su fin natural. En efecto, la modalidad de la reforma entonces planteada fue también en el sentido de impedir la interrupción del término de la caducidad con promociones frívolas o improcedentes, sino sólo con aquellas que revelaran o expresaran el deseo o voluntad de las partes de mantener viva la instancia, esto es, que tuvieran como consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia. Además, debe tenerse en cuenta que el impulso del proceso por los litigantes no es un deber; es sencillamente una carga en el sentido técnico procesal del vocablo, carga que pesa sobre los contendientes. Sobre el particular, los procesalistas distinguen poder, deber y carga. Por el primero se crean situaciones jurídicas; por el deber se establece la necesidad insoslayable de seguir determinada conducta para satisfacer un interés ajeno a un con sacrificio del propio. Se tiene una carga cuando la ley fija el acto o actos que hay que efectuar como condición para que se desencadenen los efectos favorables al propio interesado quien, para que el proceso no se extinga y se mantenga vivo, es condición que promueva. Así las cosas, no obsta para lo hasta aquí sostenido que el artículo 137 bis no determine la naturaleza de las promociones que puedan interrumpir la caducidad de la instancia, toda vez que dicho carácter deriva de los derechos de acción y contradicción que competen a las partes, esto es, de las facultades que como cargas procesales tienen de activar el procedimiento para poder llevarlo hasta su terminación si quieren conseguir un resultado favorable, de tal manera que si no la realizan no podrán obtener lo que buscan. De entre dichas cargas es la del impulso procesal a la que se refiere la norma en comento al aludir a las promociones de las partes, que consiste en la actividad necesaria para que el proceso siga adelante a través de los distintos estadios que lo componen y que es consecuencia del principio dispositivo que domina el procedimiento civil ordinario, el cual se enuncia diciendo que el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, los límites mismos de la acción y la propia actividad del Juez, se regulan por la voluntad de las partes contendientes. Por tanto, no es cierto que baste la promoción de cualquier escrito para interrumpir la caducidad de la instancia y que no importe su contenido siendo más que suficiente que se dirija al expediente por cualquiera de las partes." En el citado precepto 1,076, fracción VI, de la normativa en consulta, se describen los motivos por los que no opera dicha figura: a. Cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el juez y las partes no pueden actuar; b. En los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o, por otras autoridades; y, c. En los demás casos previstos por la ley. En ese sentido, deben tenerse presentes, solo como referencia, la naturaleza y condiciones de las providencias precautorias, descritas en el Código de Comercio: 1. El dispositivo 1,168, fracción II, inciso b , precisa las medidas precautorias que pueden dictarse en los juicios mercantiles, entre otras, la retención de bienes en acciones personales; 2. El numeral 1,175 , los requisitos para solicitar la medida cautelar de retención de bienes; 3. El precepto 1,176 dice que la retención de bienes decretada como providencia precautoria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles; 4. El artículo 1,177 , alude que las providencias precautorias podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo; 5. El precepto 1,178 , dispone que ni para recibir la información, ni para dictar una providencia precautoria, se citará a la persona contra quien esta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en esa codificación; 6. El numeral 1,179 , señala que una vez ordenada la radicación de persona o practicada la retención de bienes y, en su caso, presentada la solicitud de inscripción registral de este, se concederán tres días al afectado con la medida, para que manifieste lo que estime pertinente; y, que si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, se levantará la providencia; 7. En los artículos 1,181 y 1,182 de la normatividad citada, una vez ejecutada la providencia precautoria prejudicial, el solicitante de la medida deberá presentar la demanda dentro de tres días, salvo que deba seguirse en otro lugar. Si esta previsión no se cumple, la medida se revocará de oficio; y, 8. Conforme al artículo 1,183 , el afectado por la medida cautelar puede interponer recurso de apelación, o bien, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente, antes de la sentencia ejecutoria. Bajo ese panorama, como lo aduce el accionante constitucional, el juzgador responsable en el auto de admisión de demanda, a propósito de que el actor comunicó desde la demanda que promovió las providencias precautorias gestionadas en diverso juzgado, determinó la reserva del mandato de ejecución, acorde al precepto 1,077 del Código de Comercio , hasta en tanto la juzgadora que tramitaba tales medidas, remitiera las actuaciones, y se acreditara la ejecución. A la par, estimó innecesario librar oficio a la juez del conocimiento de las medidas cautelares, una vez concluyera el expediente, pues indicó que estaba obligada a enviarlas una vez ejecutada la providencia precautoria, para acatar el diverso 1,188 de esa propia codificación , una vez resuelta la reclamación, en caso de formularse. Entonces, si como se ha venido exponiendo, el juez responsable literalmente reservó el mandato de ejecución en el auto de quince de septiembre de dos mil veintidós, condicionado a que la juzgadora enviara lo resuelto en las providencias precautorias, al resolver la revocación debió justipreciar dichas circunstancias y determinar si en virtud de esa reserva se materializó o no la caducidad, acorde a la segunda hipótesis comprendida en el artículo 1,076, fracción VI, de la legislación en consulta, en tanto previene que no se materializa esa figura, en los casos en que sea necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o, por otras autoridades. Sin que este Pleno constitucional pase por alto que la parte actora también hace notar que en su oportunidad solicitó se levantara la reserva, porque precisamente en el escrito exhibido el veintiséis de septiembre del año pasado, pidió copia certificada de lo actuado para el efecto preciso de aportarlas a la juzgadora que gestionó las medidas cautelares; y, en el ocurso presentado el dieciséis de mayo posterior, solicitó tener por aclarado el domicilio del demandado y, se levantara la reserva ordenada, dejando expedito su derecho para ejecutar el auto de mandamiento en forma, debido a que ya se habían recibido en ese juzgado las providencias cautelares pero se formó diverso sumario con estas, por lo cual peticionó se decretara la acumulación. Motivos que deberá analizar el juzgador al momento de resolver si en el caso operó o no la caducidad. En las relatadas consideraciones, ante lo fundado de los conceptos de violación propuestos, lo procedente es conceder el amparo impetrado. II. Efectos de la concesión. La concesión del amparo es para que el juez responsable: 1. Deje insubsistente la resolución recurrida; 2. Dicte otra en la cual siguiendo los lineamientos precisados: a. Se pronuncie sobre el tema frontal expuesto en los agravios cuyo estudio omitió; b. Pondere que en el auto de admisión de la demanda, reservó expresamente el mandato de ejecución, hasta en tanto se resolvieran las providencias precautorias promovidas por el propio accionante e incluso, determinó expresamente que esa comunicación corría a cargo de la juzgadora ante quien se gestionan; y, c. Hecho lo anterior, resuelva lo que corresponda. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ****, por conducto de su endosatario en procuración ****, en contra del acto y autoridad precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando. Notifíquese personalmente; y, a la autoridad responsable con testimonio autorizado de esta resolución, para que una vez que cause ejecutoria la presente, se le devuelvan los autos y se le requiera de su cumplimiento. En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados, presidenta Gabriela Elena Ortiz González, Jacinto Juárez Rosas y, Raúl Angulo Garfias, siendo ponente el último de los nombrados, quienes firman ante el secretario de acuerdos licenciado Fernando Lamas Pérez, que autoriza y da fe. EL SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO FERNANDO LAMAS PÉREZ C E R T I F I C A: QUE EL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE FIRMÓ ELECTRÓNICAMENTE EL ENGROSE CORRESPONDIENTE AL AMPARO DIRECTO 412/2023, PROMOVIDO POR ****, POR CONDUCTO DE SU ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN ****. DOY FE. LIC. FERNANDO LAMAS PÉREZ.
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